UPD, partido nuevo, viejos tópicos

Por Ignacio Sánchez-Cuenca en El País de 23 de octubre de 2007

En los años noventa, un grupo de personas, formado por intelectuales, periodistas y políticos, denunció muchas de las supercherías ideológicas del nacionalismo vasco (referencias a un pasado mítico, apelación a derechos colectivos, primacía de la comunidad sobre los individuos, ejercicio constante del victimismo, etcétera). Fue en su momento un soplo de aire fresco que sirvió para cuestionar actitudes que se daban por buenas en el ámbito político.

Con el paso del tiempo, sin embargo, algunos de los protagonistas más destacados de aquel movimiento fueron radicalizando y simplificando sus ideas originales, configurándose en ciertos círculos intelectuales y políticos un conjunto de tópicos sobre los llamados nacionalismos periféricos que resultan tan insostenibles como aquellos que defienden los propios nacionalistas.

La acumulación de errores y lugares comunes es evidente en el ideario de Unión, Progreso y Democracia (UPD), el nuevo partido encabezado por Rosa Díez y Fernando Savater. En las páginas de este diario se han publicado en las últimas semanas algunos artículos propagandísticos sobre este partido. Vale la pena analizar sus propuestas, pues se presentan como soluciones sencillas y expeditivas a problemas muy complejos. Más allá de la simpatía o antipatía que puedan despertar el proyecto o las personas del nuevo partido, lo importante es determinar si las ideas que defienden son soluciones aceptables.

Uno de los planteamientos más desconcertantes del nuevo partido consiste en identificar el Estado de derecho con la igualdad de derechos en todo el territorio estatal. Es perfectamente legítimo apostar por la uniformidad y el centralismo, pero no hace falta para ello apropiarse de un concepto como el del Estado de derecho, que es neutral en cuanto a la organización territorial del poder. El Estado de derecho consiste en que los gobernantes cumplan la ley, evitando abusos de poder, y en que los ciudadanos disfruten de unos derechos fundamentales que, en la mayoría de los países, se recogen en una constitución escrita. Hasta el momento, ningún Gobierno ha modificado o violado los derechos fundamentales de los españoles. Otra cosa, que ya no tiene nada que ver con el Estado de derecho, es que pueda haber desigualdad entre territorios en cuanto a derechos no fundamentales. La igualdad ante la ley no quiere decir que la ley sea la misma en todo el territorio.

Nuestro ordenamiento constitucional permite que las comunidades autónomas puedan avanzar en distintas direcciones y a distintos ritmos en cuanto a las prestaciones y derechos no fundamentales que ofrecen a los ciudadanos de sus territorios. Si una comunidad autónoma decide, por ejemplo, dar una renta mínima a quien carece de ingresos, o suprimir el impuesto de sucesiones, nada le impide hacerlo. Normalmente, las diferencias entre unas comunidades y otras se deben al hecho de que en cada región haya mayorías de distinto signo político. Por ejemplo, las gobernadas por el Partido Popular (PP) son las que menos prestaciones sociales tienen, porque así lo decide la mayoría de los ciudadanos en esos territorios.

Habrá gente a la que no le guste la disparidad resultante entre unas regiones y otras, pero eso nada tiene que ver con el Estado de derecho. En países federales como Estados Unidos, la mayoría de edad, la pena de muerte, el derecho a abortar, el divorcio, los impuestos, las normas de tráfico y otras muchas cuestiones varían de Estado a Estado. De acuerdo con los argumentos que propalan los promotores del nuevo partido, Estados Unidos no sería un Estado de derecho.

Resulta también asombroso leer textos recientes de Fernando Savater sobre el partido nuevo en los que se habla de un fantasmal "derecho histórico a permanecer unidos e iguales en el Estado español". Eso es oponerse a los nacionalistas vascos o catalanes... robándoles directamente sus ideas. Si alguien defiende el "derecho histórico" a permanecer unidos, no podrá objetar nada a quienes reclaman el derecho opuesto, el "derecho a separarse". Ni permanecer unidos ni separarnos son derechos ciudadanos, se mire como se mire. Ser español no es un derecho, sino un hecho político, que a unos disgusta, a otros entusiasma y a algunos deja indiferente. Tanto la unión como la separación son proyectos políticos, no derechos.

Esta tesis sobre "el derecho a permanecer unidos e iguales" es el pretexto para combatir el nacionalismo vasco y catalán no con argumentos, sino con una buena dosis de nacionalismo español. De ahí el silencio elocuente de los ideólogos de este partido sobre el renacido nacionalismo español de la derecha. Ni una palabra por su parte sobre el nuevo "orgullo patriótico" que es tan evidente en ciudades como Madrid, con el uso de la bandera española hasta en el collar de los perros. Ni una palabra, como no sea de cariñosa reconvención, sobre los excesos "patrióticos" de los dirigentes del Partido Popular.

Tanta preocupación por la igualdad jurídica de los españoles contrasta con la escasa atención que se presta a la igualdad real entre los ciudadanos. Por supuesto, sobre políticas sociales de igualdad no se ha oído tampoco una palabra al nuevo partido. Y todavía peor: jamás se menciona el hecho de que la descentralización territorial haya supuesto una reducción de las desigualdades económicas entre territorios.

Las regiones más pobres de España son hoy menos pobres en relación con la media nacional que hace veinte años. La convergencia entre territorios se ha acelerado en estos últimos quince años, justo cuando los efectos del sistema autonómico se han agudizado. Es simplemente una falsedad afirmar que la descentralización esté produciendo mayor desigualdad.

El nuevo partido reclama la adhesión a la Constitución como instrumento con el que combatir los excesos de los nacionalismos. Sin embargo, es precisamente la Constitución de 1978 la que hace posible el desarrollo autonómico que, según ellos, rompe el Estado de derecho y elimina la igualdad entre las personas. De ahí que, en una extraña pirueta, propongan una reforma centralista de esa Constitución que, según ellos, es la base de nuestra convivencia.

No son sólo enmiendas a la Constitución que devuelvan al Estado central competencias perdidas lo que necesita España, según los ideólogos del nuevo partido. No; ellos señalan que, además, es necesario aprobar medidas de "regeneración democrática". El término elegido es tremendista. Si hay que "regenerar", es porque algo está "degenerado" en nuestro sistema. Aunque no son capaces de precisar lo que está podrido, proponen reformas de gran calado que son una garantía de desastre. Por ejemplo, apuestan por un cambio en el sistema electoral que impida a los partidos nacionalistas tener presencia -o una importante presencia- en el Parlamento español. Medida, sin duda, de profundas convicciones democráticas. Pero no está de más recordar que son precisamente los partidos nacionalistas de algunas comunidades autónomas los que tienen una representación parlamentaria más ajustada a su peso electoral, frente al PP y el PSOE, que están sobre-representados, e Izquierda Unida, que está manifiestamente infra-representada.

Si en España los partidos nacionalistas han sido cruciales en la gobernabilidad, es porque los ciudadanos no han querido apoyar partidos de centro que pudieran actuar de bisagra. Fracasó el Centro Democrático y Social (CDS) de Adolfo Suárez y fracasó la Operación Roca. El apoyo a los nacionalistas es minoritario en el conjunto de España, pero es mayoritario en algunos territorios. Contra eso no puede lucharse con reformas institucionales, salvo que estemos dispuestos a sacrificar los elementos más esenciales de nuestra democracia.

La entrada de partidos nuevos en una democracia no supone necesariamente una mejora del sistema (baste recordar el GIL o la lista de Ruiz-Mateos). Depende de las posiciones que defiendan. Y en el caso del partido de Díez y Savater, su mercancía ideológica parece claramente averiada.

(Aunque al artículo le sobra mala baba, algunas de las cosas dice son para pensarlas un poco)

Albricias, un nuevo partido

La democracia ateniense duró siglo y pico. En un larguísimo trecho de 2.200 años, desde el siglo IV a C. hasta finales del XVIII, en la Europa que se enorgullece de su ascendencia griega (aunque en el fondo no haya sido más que cabalmente romana, pues también de Roma proviene lo mucho que heredamos de Grecia), no sólo no se practicó esta forma de gobierno, sino que, con escasísimas excepciones, la opinión de los pocos que se manifestaron al respecto fue siempre negativa. Críticas a la democracia leemos en los grandes autores griegos, de Platón a Tucídides; incluso Aristóteles, que durante casi dos milenios domina el pensamiento europeo, considera la democracia una de las formas degeneradas de gobierno.

Si empezamos a contar desde que se establece el sufragio universal, la democracia en Europa apenas alcanza un siglo de antigüedad. La larguísima historia antidemocrática que cargamos sobre las espaldas, debiera al menos servir para frenar la actual exaltación hagiográfica. Porque no sólo se defiende el principio fundamental de gobierno de la mayoría, respetando los derechos, tanto de las minorías, como de los individuos, lo que parece bastante razonable, sino que este fervor se extiende a formas concretas de su implantación que a menudo producen efectos nocivos.

Para acallar cualquier crítica que surja sobre las formas concretas de institucionalización de la democracia, basta con apelar a la ingeniosa ocurrencia de Churchill de que es el peor de los sistemas políticos, con excepción de todos los demás. Tendrá los defectos que se quiera, pero cualquier alternativa sería mucho peor. Argumento archiconservador que deja vía libre a que se cuelen no pocas prácticas que deberían corregirse. Lo peor es que fortalece el dogma de que no cabría otra forma de democracia que la establecida, bloqueando así el debate sobre su naturaleza y posibilidades, inherente a una verdadera convivencia democrática. Se rechaza toda adjetivación de la democracia, en primer lugar, la que contrapone la establecida a cualquier definición de una "verdadera" democracia. En el fondo subyacen dos ideas irreconciliables de democracia, una la entiende como un estadio ya inamovible en la perfección a que habría llegado, la otra como un proceso en continuo perfeccionamiento.

Pero no olvidemos que la democracia, como cualquier otra forma de gobierno, al final tiene que ver con el poder, que supone siempre una relación asimétrica entre los que lo detentan y los que carecen de él. El que el poder en democracia resida en el pueblo ("poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo", según reza el concepto fuerte de democracia) sirve de legitimación, pero no deja de ser una ficción, porque el poder repartido por igual entre todos implica su disolución pura y llanamente, poder de ninguno, a lo que sólo aspira el anarquismo. En las democracias establecidas el poder que ejercen siempre unos pocos no desaparece absorbido por todos, sino que se traslada del pueblo a sus representantes. La gran ventaja de la democracia representativa es que, acorde con la voluntad mayoritaria, cuenta con mecanismos para traspasar el poder de un grupo a otro de manera pacífica.

Pues bien, la democracia representativa, aquella que transfiere el poder a los representantes elegidos, necesita de los partidos políticos, como los agentes que organizan la competitividad electoral. Los partidos políticos surgieron como organizaciones electorales que sólo funcionaban en vísperas de elecciones. Fue la socialdemocracia la que creó el modelo de "partido de masas", incrustado en la clase obrera, con una actividad social, económica y cultural que sobrepasaba con mucho la meramente parlamentaria.

Hoy los partidos socialistas en nada se distinguen de los demás partidos -¿para qué sirven "las casas del pueblo", si es que siguen existiendo?- reducida también su actividad a ganar elecciones y a proponer las personas que ocupen los cargos que se consigan en el reparto de votos. La única diferencia con los primeros partidos políticos de finales del XIX, que se ocupaban tan sólo de ganar elecciones y repartir el botín entre los suyos, es que ahora la campaña electoral dura toda la legislatura.

Los partidos políticos, imprescindibles para organizar la selección de los grupos que acceden al poder, son a la vez la mayor carga que aguanta el sistema. Cada vez más alejados de la sociedad a la que dicen representar, crean sus propios mecanismos internos de ascenso, no precisamente democráticos, que setraducen en una cultura política propia que tiende a alejarse de la que prevalece en la sociedad. Con el paso del tiempo, a la cúspide de los partidos llegan únicamente personas que han pasado toda la vida en el partido, con la socialización política adecuada para ascender en la burocracia partidaria, pero sin experiencia directa de lo que ocurre fuera; en el mejor de los casos han ocupado cargos en la Administración local, autonómica o estatal que les ha permitido echar un vistazo a los problemas reales, pero siempre a través del cristal coloreado por el partido al que pertenecen.

De espaldas a la sociedad, los partidos dependen por completo de las asignaciones públicas, lo que robustece a las cúspides, que no necesitan ya del empuje o del apoyo económico de los afiliados. Si no se conforman con ocupar el ocio en asambleas irrelevantes, los que se inscriben en un partido pretenden vivir un día de la política, sea porque tienen una vocación política que les lleva a renunciar a una vida profesional, bien porque no tienen mejor encaje en la sociedad. En ambos casos, se asciende como miembro de un equipo que encabece un posible líder. Hacer carrera política exige vincularse a un clan desde la fidelidad absoluta.

El resultado es que los reclutados por los partidos políticos para ocupar los cargos de mayor responsabilidad suelen ser inferiores a los que destacan en las distintas profesiones, aunque cada vez más se recurra al prestigio de personas que han alcanzado un cierto éxito social, o han descollado en la Administración. Aun así, la imagen de los pocos políticos profesionales que llegan al conocimiento de la gente acrecienta el alejamiento de los partidos, máxime cuando el debate se reduce a la descalificación personal de los líderes de los partidos con los que se compite.

El mayor fallo de nuestras democracias representativas radica en los partidos políticos. A menudo, sus miembros, intelectual y moralmente, están por debajo de la media nacional. La experiencia muestra que, después que dejó de serlo el Parlamento, el partido político no es la mejor forma de seleccionar a los que detentan el poder. Al cimentarse el oligopolio de los grandes partidos, como el de los grandes bancos, seguros de que no les van a salir fácilmente competidores, con el paso del tiempo esta deficiencia no hace más que aumentar.

Tan necesaria como es la crítica de los partidos políticos, tan difícil es encontrar una alternativa viable. Como siempre en política, más que cambios revolucionarios, cuyos costos suelen ser mucho más altos que los beneficios, habrá que ir manejando el problema con pequeños retoques. Una corrección que parece hacedera, aunque inercia social, estructura de poder y normativa concurran para impedirlo, es que un nuevo partido con gente nueva y nuevas ideas consiga colarse en el sistema establecido que, claro está, los que lo controlan lo quieren cerrado y definitivo. El que se introduzca un nuevo partido que aporte aires nuevos contribuye a renovar todo el sistema de partidos, aunque a la larga termine también por adaptarse, pero lo hace desde el nivel que impuso en su ascenso, al que también tuvieron que acomodarse los demás partidos.

El que, contra todo pronóstico, lograra imponerse un partido "verde" en los setenta en Alemania, no sólo colocó el tema ecológico en el lugar que le corresponde, sino que supuso una apertura de los demás partidos hacia la sociedad y la democracia interna. Tres decenios más tarde, una vez que los "verdes" se desprendieron de algunos maximalismos, han terminado por igualarse a los demás partidos que tampoco pudieron dejar de acoplarse a su mensaje.

Todas estas reflexiones vienen a cuento ante el nuevo partido que se ha presentado en Madrid el 29 de septiembre. Es difícil que logre romper el oligopolio de los partidos establecidos, leyes y reglamentos, ayudas estatales e inercias, lo protegen. Pero es la única esperanza de que entre un poco de aire fresco en el sistema. Ojalá que cortemos el que siga amontonándose mugre y cochambre hasta que un día el sistema salte en mil pedazos, como ha ocurrido varias veces en nuestra historia. Confío en que sean suficientes los españoles que prefieran pequeños remiendos a esperar que un día se derrumbe el edificio, y otra vez a empezar desde los escombros.

Ignacio Sotelo, en El País de 13 de octubre de 2007 (el artículo es de pago)

¡Vuelven los jacobinos!

Unión Progreso y Democracia - el partido encabezado por Fernando Savater y Rosa Díez- puede convertirse en el termómetro que nos indique el grado de desencanto del electorado frente a los grandes partidos tradicionales: unionistas e independentistas, de izquierdas y de derechas. Un partido de ideología 'jacobina', que esta vez no se presenta como una imposición extranjera, sino como un proyecto concebido y parido por unos vascos afectados personalmente por el conflicto civil que venimos padeciendo desde la invasión de Guipúzcoa y Vizcaya por los revolucionarios franceses (en 1794). Es decir, que nos encontramos ante la paradoja histórica de que unos jacobinos traten de contribuir a solventar lo que otros iniciaron.

Vamos a empezar por una fugaz explicación de lo de 'jacobino' -término que el lector no tiene por qué conocer- y que puede interpretarse histórica o peyorativamente. Históricamente, fueron el núcleo duro de los revolucionarios franceses, que en 1789 se reunían en el parisino convento de los frailes jacobitas. El corazón de su ideario era construir una nación de ciudadanos iguales y laicos; aniquilando por el camino a la monarquía, la nobleza y la iglesia católica (y con ellas, a las creencias y tradiciones que estas encarnaban). Su gran éxito fue la creación de una nueva Francia; ésta consiguió en pocos años unirse y fortalecerse de tal modo, que en poco más de una década, no sólo había consolidado su revolución sino que se dedicó a conquistar Europa. En su demérito está la reducción a su mínima expresión de la rica variedad lingüística, jurídica e institucional; en muchos casos, en contra de la voluntad de la población y a costa de ríos de sangre.

En cuanto a su acepción peyorativa, puede tener una o dos versiones. La más generalizada es la de 'demagogo' y 'revolucionario' (o 'violento'); por el estilo de que hicieron gala los jacobinos históricos. Otro, es el sentido que le vienen dando los líderes separatistas de las naciones sin Estado de Europa, que llaman así a los 'centralistas' y 'unitaristas' de los partidos estatales que se oponen a que ellos tengan la posibilidad de tener un Estado propio (y puedan llegar a hacerle lo mismo a sus propios traidores-separatistas).

Pues bien, en este artículo, empleo el término en el segundo de los sentidos peyorativos. Porque nuestros jacobinos de la UPD -al igual que sus predecesores- son igualitaristas, estatistas, anti separatistas, laicos, y provienen de la izquierda; pero no son violentos ni demagógicos, más bien lo opuesto. Curiosamente, sus principales ideólogos son también donostiarras, como los primeros jacobinos españoles; aquellos burgueses que el 4 de agosto de 1794 entregaron San Sebastián a los franceses sin pegar un tiro, y luego trataron de colaborar con ellos (cosa que pocos consiguieron, pues varios de sus líderes acabaron en cárceles francesas). Librecambistas antiforales, simpatizaban con los ideales de una revolución burguesa que acabara con las aduanas interiores y el acaparamiento de los cargos públicos por parte de los jauntxos. No me cuesta nada imaginarme a Savater 'sans culote', con la escarapela y un volumen de Voltaire bajo el brazo.
Los nuevos jacobinos prometen refrescar el triste y anquilosado panorama político español, aportando un nuevo estilo de hacer política que debería anteponer la aplicación de su programa sobre los intereses de los aparatos de los partidos. Algo así como un partido político 'alternativo'. También aportan un ideario diferenciado, pues prometen defender la igualdad de todos los ciudadanos a través de un Estado fuerte. Un tercer rasgo principal, que denota el origen socialista de sus principales ideólogos, es la promoción de los valores cívicos frente a cualquier intromisión de la Iglesia; que se concreta en su defensa de la asignatura de Educación para la ciudadanía. Finalmente, se distinguen por su potente origen intelectual, pues la presencia de Savater, Martínez Gorriarán y Buesa (junto con el apoyo explícito de otros como Boadella y Vargas Llosa) les otorga un caché del que carecen los otros partidos. A diferencia de sus oponentes, estos vienen frescos y con unas cuantas ideas muy claras; producto de una reflexión acerca de lo que ellos perciben como graves problemas para los ciudadanos.

Y tras el 'lanzamiento' ahora viene la implementación del ideario. Entre los retos más complejos que se les presentan, yo destaco cuatro. En primer lugar, hacer llegar su mensaje al electorado, careciendo de dineros empresariales y de aparato burocrático. Por ello, el tratamiento de los medios de comunicación va a ser un factor clave; y no lo van a tener nada fácil, porque el día de su presentación entraron en el minuto 14 del telediario de 'La Primera', durante unos cuarenta segundos, cómo sexta noticia, y detrás de otra aburrida intervención de Moratinos. Que se preparen Tampoco creo que les vaya a tratar bien la prensa derechista; consciente de que la prosperidad de este partido también puede restarle votos al PP (siendo prioritario para esa prensa que deje de gobernar Zapatero).

Otro reto va a ser el mantenimiento de su idealismo inicial. Porque siendo posible encontrar algunos políticos idealistas, más difícil es que los encuentren con las mismas ideas que ellos, y si encuentran los suficientes veremos cuanto les dura; porque pueden acabar con los mismos vicios clientelares que vienen a combatir. Ahí está, como precedente, el espectáculo de las peleas en Ciutatans. Problema que se agravará con el desembarco de políticos rebotados de otros partidos; con toda la experiencia que ya han acumulado en la marrullería para permanecer en la poltrona.
El tercer reto es un sistema electoral que favorece el voto útil y su concentración provincial. Solo tienen verdaderas opciones en las circunscripciones con mayor número de escaños. Al final, la paradoja puede ser que debiliten lo suficiente a los dos grandes partidos, como para que dependan aún más de las formaciones independentistas. Puede así acentuarse la actual deriva hacia un parlamento 'a la israelí', que aumente aún más el mercadeo de asientos y prebendas.
Por último, les auguro escaso éxito en su principal preocupación y lugar de procedencia. Cuantitativamente, solo tienen alguna posibilidad real en Vizcaya (presentando a Rosa Díez y arriesgándose a que no salga). Téngase en cuenta que, a pesar de los excesos de los independentistas, el sentimiento vasquista sigue siendo tan fuerte como justificado; porque la realidad actual y la historia lo avalan ante una población que -como todas las del mundo- antepone el bienestar material a la solidaridad. Guste o no, la tradición foral y el Cupo son parte importante de las señas de identidad de este pueblo y constituyen unos derechos colectivos muy arraigados. No se puede negar que sean unos privilegios, pero lo cierto es que nos vienen sentado fenomenal desde tiempo inmemorial; resultando imprescindibles para financiar un doble sistema educativo, dos culturas y el caro régimen asistencial vasco. Los vascos con mala conciencia -que no creo que sean muchos, porque a lo bueno cualquiera se habitúa- se apuntan a una ONG; no les veo votando por la derogación del actual régimen fiscal.

Lo que sí me atrevo a vaticinar son algunos resultados de la aparición de la UPD. En primer lugar, la reducción del voto a un PSE más vasquista que socialista y a un PP tan exaltado como exagerado; porque Rosa Díez y su gente resultan más estimulantes y creíbles para el votante constitucionalista templado. También es posible que sirvan de revulsivo para los grandes partidos, obligándoles a reflexionar sobre sus renuncias ideológicas y sus políticas de pactos. De ser así, no sería poco, pues habrían contribuido a la regeneración de la clase política. También en sentido positivo, PSE y PP se verán un tanto aliviados de las iras de los independentistas más exaltados, que ahora deberán repartir entre tres sus agresiones (aunque estos siempre pueden superarse, 'arrear' aún más, y que populares y socialistas sigan tocando a lo mismo). En resumen, que el espectáculo de la política va a estar muy animado en este nuevo curso y los periódicos seguirán sin ser monopolizados por las noticias de deportes.

Ignacio Suárez-Zuloaga, en El Correo de 15 de octubre de 2007