El espectáculo de la financiación autonómica

Por Joseba Arregi en El Mundo de 13 de julio de 2009 (leído en Tribuna Libre)

Ayer se produjo al fin el parto de los montes y la ministra de Economía, Elena Salgado, presentó la propuesta del Gobierno de financiación autonómica. Unos habrán quedado contentos, otros insatisfechos. Suponiendo que el límite temporal máximo no tenga que ser prorrogado una vez más. Más difícil de creer es que se haya encontrado la fórmula de estabilidad que tanto necesita, no sólo la propia financiación autonómica, sino España como Estado.

El espectáculo vivido a lo largo del último año es, cuando menos, penoso. A no pocos ha recordado tiempos ya pasados en los que el emperador recibía a los príncipes electores para preguntarles qué es lo que querían. Y a unos les concedía un favor, a otros una regalía, a otros algún tipo de apoyo en sus luchas particulares… Dando por sentado que la finalidad de la ronda de visitas no era el bien del conjunto, ni siquiera el bien particular de cada territorio, sino asegurarse la lealtad de los príncipes.

Algo de lo que está sucediendo con la financiación autonómica es comprensible dada la indefinición del reparto del poder territorial que caracteriza a la Constitución española: ni se definía el número de autonomías, ni se definía el modelo. Abría varias vías, algunas de las cuales han ido confluyendo. La financiación de las autonomías, de las que hubiere, quedaba al aire menos en el caso de las que contaban con el sistema de concierto: País Vasco y Navarra.

Treinta años después, sin embargo, el modelo se va aproximando a su cierre. Todo el territorio del Estado está organizado en autonomías -quedan pendientes Ceuta y Melilla-. Y todas han ido accediendo al máximo de competencias reconocidas a las nacionalidades. El proceso de transferencias está casi acabado. Ha llegado, por tanto, la hora de pensar seriamente en el cierre del modelo.

Y ello requiere responder a la pregunta -mal respondida con el actual Senado- de cómo se representa al conjunto del Estado en virtud de la pluralidad de territorios, completando la representación del conjunto desde la perspectiva de la igualdad de los ciudadanos que se refleja en el Congreso. Y el cierre del modelo requiere establecer de forma definitiva -que no significa ni inflexible ni inmovilista- la financiación del Estado autonómico. Y requiere también adecuar el lenguaje a la realidad del Estado que es España.

No es posible continuar hablando de lo que cada autonomía pide al Estado, como si las autonomías no fueran Estado. Lo son, y muchas veces se les pide a sus gobernantes que actúen con sentido de Estado. Pero entonces no se puede seguir hablando de la cesión de impuestos a las autonomías, como si los recursos fueran propiedad de la Administración central, y no del Estado, es decir, como si esos recursos no fueran, por definición, también propiedad de las autonomías. Todos son Estado: la Administración central, las autonomías, los ayuntamientos, el Congreso, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial.

En todos los estados compuestos, la financiación está sujeta, por un lado, a unos principios básicos, claramente definidos, y, por otro, a la discusión de los ajustes necesarios por los cambios que van definiendo la realidad. Tomemos, de forma simplificada, el caso de Alemania, del que tanto se usa y abusa: la Constitución de la República Federal establece que el impuesto de la renta y el impuesto de sociedades se lo reparten a medias, al 50%, la federación y los länder. Los ingresos del IVA son también correspondientes a ambos niveles de gobierno, pero debe ser establecido, y puede ser cambiado, por una ley federal que requiere de la aprobación del Senado -representación del conjunto del Estado desde la perspectiva de la pluralidad de los distintos territorios, y compuesto por los gobiernos de los länder-. Después de las discusiones provocadas por la reunificación, por poner un ejemplo en el tiempo, el año 1993 el reparto quedó de la manera siguiente: 44% para los länder, 56% para la federación.

Esta distribución de las grandes cantidades no evita que exista un debate permanente sobre la financiación, especialmente sobre el reequilibrio financiero entre los länder. Länder ricos como Baviera, Hesse (Frankfurt) y Baden-Württenberg elevaron su queja al tribunal constitucional entendiendo que pagaban demasiado. Su recurso fue denegado. Y todos toman como ejemplo del buen funcionamiento del reequilibrio el que la pobre Baviera de 1945, tan necesitada de la ayuda de los estados ricos, sea ahora una de las regiones más desarrolladas, punteras y ricas de Alemania gracias a las aportaciones de las regiones ricas.

Es necesario establecer criterios claros. En este punto tienen razón los catalanes, que así lo reclaman, más allá de determinadas cantidades concretas. También tienen razón cuando critican que la lógica actual, que pone patas arriba el ranking de autonomías en el PIB con un ranking de gasto público por habitante sin ninguna relación con el puesto en el PIB, no posee ninguna coherencia. Pero no tienen razón cuando dicen que el Estado, es decir, la Administración central, debe tener interés en que Cataluña siga siendo la economía puntera que ha sido hasta ahora, pues ello significaría que lo que ha sido producto de la historia no tiene más remedio que seguir siéndolo por toda la eternidad.

Es difícilmente comprensible el recurso a los distintos criterios y variables que se argumentan para recibir mayor financiación. Pongamos el caso de la población: si ésta ha aumentado de forma mayor que la media, en especial por el incremento de la inmigración, el 50% del impuesto sobre la renta multiplicado por el aumento de la población activa ya de por sí produce un aumento de la financiación. El problema de las distintas variaciones que favorecen a unos y resultan inaceptables para otros pertenecen al ámbito de los reequilibrios entre las distintas autonomías, y a la posibilidad de actuación discriminada que puede llevar a cabo el Gobierno central, siempre que éste cuente con recursos suficientes y siempre que la autonomía que lo necesite esté dispuesta a hacer un esfuerzo propio.

No sé si sería necesario ni conveniente elevar a rango constitucional los criterios básicos que regulen el reparto de los recursos procedentes de los grandes impuestos entre la Administración general y las autonomías. Pero es algo que debiera quedar fuera del debate permanente sobre la financiación autonómica, y que debiera adquirir el peso de criterio definido. Queda suficiente espacio para el debate en lo que al reequilibrio financiero entre las autonomías se refiere, y en el papel a cumplir por la administración general en la superación de los grandes desequilibrios regionales.

Pero el debate actual sobre financiación autonómica, unido a la propagación de la voluntad de bilateralidad en la relación de cada autonomía con la Administración general, aunque la referencia sea siempre, y es muy significativo, con el Estado, produce inestabilidad y hace que éste, en lugar de serlo, parezca un bazar oriental en el que todo está sometido a la capacidad no del que más puje, sino del que tenga mayor capacidad de chantaje.

Es incomprensible que, a estas alturas del desarrollo autonómico, los dos grandes partidos no intenten acordar unos principios reguladores que doten a todo el proceso de estabilidad, definición, dirección y cohesión. Claro que para ello PSOE y PP debieran obtener claridad sobre los principios básicos que regulan los estados federales: la lealtad federal -del todo con las partes y de las partes con el todo-, el principio de que ley federal se impone a la normativa de los länders -Bundesrecht bricht Landesrecht- y, sobre todo, lo que el ex ministro de Interior en tiempos de Helmut Schmidt decía recientemente en Bilbao: «Las autonomías deben entender como su cometido el bien del conjunto».

El debate de las lenguas en España

Por Joseba Arregi, en El Mundo de 19 de junio de 2009 (pero leído en almendron.com)

No hace falta falta mucha perspicacia para darse cuenta de que la convivencia de las lenguas en España se está convirtiendo en un problema considerable. Es probable que la realidad diaria no sea tan alarmante como lo puedan hacer parecer ciertos casos individuales que existir, existen, y son reflejados por los medios de comunicación, pero también es más que probable que la alarma no se deja reducir al empeño de algunos medios de comunicación, y de algunos partidos, especialmente el PP, a crear alarma donde no existe más que perfecta armonía. Sin engarce en la realidad no se pueden construir comunicativamente ni alarmas ni problemas.

Llama la atención que quienes de un lado hablan de la nación española en el sentido de la nación etnolingüística construida por el romanticismo alemán, y que quienes, por otro lado, se sirven de la diversidad y de la diferencia lingüística para derivar de ellas consecuencias políticas de tipo nacionalista, recurran permanentemente a la necesidad de despolitizar la cuestión lingüística. El tratamiento de las lenguas se ha convertido en cuestión política por excelencia con la constitución de los estados nacionales.

El hecho de que la constitución española establezca una jerarquía entre las lenguas españolas -el español cuyo conocimiento es un deber, y las lenguas españolas que pueden ser cooficiales si así lo determinan los respectivos estatutos de autonomía- es un hecho político por excelencia. Y la declaración de cooficialidad del euskera o del catalán y del gallego, afirmando además que el catalán o el euskera son, a diferencia del español, lenguas propias de las correspondientes comunidades autónomas -con el añadido del deber de conocimiento en el nuevo estatuto catalán-, son también hechos políticos por excelencia.

Estamos, pues, ante un debate ciertamente político. Un debate que tiene mucho que ver con la estructura del Estado, con el discurso de la España plural, con la integración o no de los nacionalismos periféricos en un proyecto estatal común. Un debate que tiene que ver con derechos básicos de los ciudadanos, con obligaciones también importantes de los ciudadanos, con la cohesión social, con el derecho al trabajo, con la libertad lingüística dentro de los parámetros fijados por la declaración de cooficialidad de las lenguas. No es un debate estrictamente cultural, ni un debate puramente lingüístico. Es un debate político y es mejor tomarlo como tal.

Como este debate corre el riesgo de ser malinterpretado por la situación lingüística de los participantes, vaya por delante que quien esto firma es vascoparlante monolingüe de familia, alguien que aprendió español o castellano en la escuela. Pero también alguien para quien el castellano no es lengua extraña, para quien el castellano es tan lengua propia como el euskera, lengua ésta de relación familiar casi en exclusividad, y de trabajo en la universidad. Alguien que no tendría inconveniente alguno en sustituir la obligatoriedad constitucional del conocimiento del castellano por la constatación del valor de lengua franca del español para la cohesión del estado. Y alguien que no tendría inconveniente en cambiar el calificativo aplicado por el estatuto vasco al euskera como lengua propia, a diferencia del español.

España es diversa y plural. Es un hecho. En España se hablan varias lenguas, además del español. También es un hecho que la diversidad de lenguas en España no es como en Suiza, que no cuenta con una lengua franca, o como en Bélgica, donde tampoco existe una lengua común. En España sí existe una lengua común. Por eso, el discurso de la España plural no tiene sentido, ni responde a la realidad, si no se completa con el discurso de la pluralidad de Cataluña, de Euskadi y de Galicia: estas comunidades autónomas no son homogéneas en términos lingüísticos, sino plurales. Como lo son, por cierto, también, en el sentimiento de pertenencia.

Existe, sin embargo, una diferencia en lo que al hecho de la pluralidad de España y de la pluralidad de Cataluña, Euskadi y Galicia se refiere: desde el punto de vista lingüístico existen amplios territorios y amplias demografías en España que son homogéneas en castellano, y la pluralidad se refiere a que existen zonas en las que está presente, además del castellano, otra lengua. En Cataluña, Euskadi y Galicia no existe prácticamente ningún kilómetro cuadrado, ni ningún segmento o zona poblacional homogéneo en cuanto a la presencia de una única lengua: estas comunidades autónomas son estructuralmente mucho más plurales que lo es España en su conjunto.

En los debates recientes muchos se han referido a que el español no está en peligro en Cataluña. Pero no es ésa la cuestión: la cuestión no está en los derechos de la lengua, sino en los derechos de los hablantes. De la misma forma que un hablante bilingüe puede en Cataluña o Euskadi reclamar la satisfacción de su derecho a ser atendido por la administración en la lengua de entre las oficiales que elija, el mismo derecho le asiste a un ciudadano monolingüe, por lo que no puede haber, en este contexto de derechos, una lengua privilegiada de la administración.

En el contexto educativo, no existe un derecho a ser escolarizado en la lengua materna, y menos por razones supuestamente pedagógico-psicológicas. Pero sí existe el derecho de los padres a que la lengua de su elección de entre las cooficiales sea también lengua vehicular. Y ante este derecho fallan los argumentos de que la otra lengua cooficial está en situación de debilidad, de que ya aprenderán esa lengua de elección en la calle o en los medios de comunicación, entiéndase la televisión, que el monolingüismo de inmersión es el único medio que garantiza la cohesión social, y está dando buenos resultados. Ninguno de estos argumentos anula el derecho de los padres a reclamar que la lengua que quieren sea también vehicular en la enseñanza de sus hijos. Dicho simplemente: no hay razón alguna, y menos técnicas, para esconder en la enseñanza ninguna de las lenguas cooficiales de una comunidad autónoma como lengua vehicular.

Otra cosa es que en una sociedad con la presencia de dos lenguas, los monolingües sí debieran reconocer su obligación de facilitar la comunicación en cualquiera de las dos lenguas, siempre desde la constatación de que no existen sociedades bilingües perfectas, unas en las que todos los ciudadanos fueran igual de competentes en las dos lenguas.

En el ámbito del trabajo, se enfrentan dos derechos -y la política es el arte de priorizar unos derechos sobre otros- el derecho de los bilingües a ser atendidos en la lengua de su elección, y el derecho de los monolingües o de los bilingües imperfectos a que muchos puestos de trabajo, además los mejor cualificados -por seguridad de empleo y también por condiciones económicas-, no les estén vedados. El derecho al trabajo debe primar sobre el derecho electivo a ser atendido en una determinada lengua oficial, máxime cuando este derecho puede ser atendido sin dañar el otro.

Todas las políticas lingüísticas se encuentran con un problema crucial: es bastante fácil instrumentar desde la administración los mecanismos necesarios para asegurar que las generaciones futuras tengan un conocimiento básico suficiente de la lengua en situación de minoría o de debilidad. El problema surge cuando al aumento en el conocimiento no le sigue un aumento en el uso social de la lengua aprendida y minorizada.

Es en ese momento en el que todos los responsables de política lingüística se ponen muy nerviosos. Y la reacción más común ante ese problema crucial de las políticas lingüísticas es dar una vuelta más de tuerca, pasar de la planificación posible y aceptable de los instrumentos que garanticen el conocimiento de una lengua por parte de las nuevas generaciones, a intentar planificar por medios de promoción y ayuda, pero también por medios coercitivos lo que ni es posible ni es lícito planificar desde la administración pública: el uso de una lengua, pues esta planificación choca con la libertad básica y fundamental de los individuos. Y ahí está la frontera de lo democráticamente aceptable.

Madrid está en Euskadi

Por Joseba Arregi en El Mundo de 20 de mayo de 2008 (Leído en Reggio)

Tenemos de nuevo al lehendakari preparando un viaje. Uno de los muchos que está realizando en los últimos años. La mayoría, hacia los lugares en los que exite diáspora vasca: ciudadanos que, perfectamente integrados en sus lugares de acogida, siendo fervientes ciudadanos estadounidenses, venezolanos, mexicanos, o argentinos -y sin ninguna tentación de dejar de serlo- mantienen una idea romántica de su País Vasco de origen, un lugar idealizado como la infancia, y de la que se aprovecha Ibarretxe para rascar los votos que quizá le hicieran falta para aprobar su plan.

Pero también ha acudido a Madrid en sus viajes, y hoy vuelve a Madrid. A hablar con Zapatero, para que éste le dé la bendición para que se vaya, pero para que se vaya con buena conciencia, con todas las bendiciones necesarias para seguir manteniendo el mito de que lo que mejor caracteriza a un nacionalista es su derecho innato a la buena conciencia.

El lehendakari acude a Madrid como si de un lugar ajeno a Euskadi se tratara. Va en busca de reconocimiento, del reconocimiento que los extraños le deben a uno mismo, en busca del que los extraños deben a los lugareños. Los lugareños son los vascos -y vascas-, pertenecientes a un pueblo milenario que ha guardado su identidad durante todo ese tiempo sin cambios, y que ahora reclaman de quien en los últimos tiempos se ha atrevido a entrometerse indebidamente en ese permanecer idéntido en el tiempo el reconocimiento para que puedan seguir su camino de permanencia en lo mismo durante todo el futuro.

Madrid se ha convertido para los nacionalistas en la metáfora de lo extraño a Euskadi, del elemento extraño en su, por lo demás, homogéneo corpus lingüístico, cultural, identitario y social. Madrid es madrastra. Madrid es opresión. Madrid es inculturación. Madrid es la bota. Madrid supone subordinación inaceptable de Euskadi a algo extraño. Madrid es la metáfora del extrañamiento del pueblo vasco para consigo mismo, parábola de la alienación que sufre el pueblo vasco. Madrid es aquello de lo que se tiene que librar Euskadi para ser ella misma, en plenitud de autorreconocimiento.

Ibarretxe acude a Madrid para recibir permiso para librarse de Madrid. Para poder volver a casa en el sentido pleno de la palabra: no sólo realizando los kilómetros que separan a la capital española de Vitoria, sino recorriendo hacia atrás, pero proyectado al futuro, el camino hacia una situación en la que el pueblo vasco lo era sin interferencia extraña alguna, en plena autoconciencia y atuoposesión de sí mismo. La vuelta de Ibarretxe del viaje de Madrid de nuevo a Euskadi es la vuelta a Itaca de Ulises como representante del pueblo griego, una vuelta que implica la adquisición de autoconciencia del pueblo griego.

Ya es contradictorio que Ibarretxe tenga que viajar a Madrid para encontrar allí el reconocimiento de lo que el pueblo vasco es, como si éste no fuera capaz de su propia autoconciencia sin que se lo refrende el extraño de los extraños, Madrid. Es como si el Athleti de Bilbao no adquiriera conciencia de su vasquidad plena si no gana la Liga española o la Copa del Rey.

Pero en realidad, Ibarretxe se podría quedar en casa. No necesitaría de tanto viaje. Lo que él considera extraño lo tiene en casa. Madrid está más cerca, lo tiene más cerca de lo que cree. Madrid está en Vitoria, está en Laguardia, está en Llodio, está en Bilbao, está en Guecho, está en Durango, está en San Sebastián, está en Lasarte, en Irún o en Pasajes. No hay sociedad vasca, no hay Euskadi sin Madrid, sin lo que para los nacionalistas representa Madrid: lo distinto al nacionalismo, lo distinto a la visión que los nacionalistas se hacen de Euskadi. No hay Euskadi sin Madrid -es decir, no hay Euskadi sin España-. Porque Madrid, y/o España, no son exteriores a la sociedad vasca, como no lo han sido en los muchos y largos últimos siglos.

Madrid y España están en Euskadi en la medida en que muchos ciudadanos vascos se sienten al mismo tiempo vascos y españoles. Madrid y España están en Euskadi en la medida en que muchos ciudadanos vascos hablan normalmente en español. Madrid y España están en Euskadi, son también Euskadi, en la medida en que más o menos la mitad de los ciudadanos vascos en las condiciones actuales -condiciones de miedo, de amenaza terrorista por quienes consideran España como la gran enemiga del pueblo vasco, condiciones de control extenso e intenso de los resortes sociales, políticos, laborales, financieros y culturales de la sociedad vasca por parte del nacionalismo imperante- son no nacionalistas, y no tienen ninguna voluntad de autolesionarse, de autodividirse, de proceder a una imposible purificación química de su compleja identidad.

Los viajes de Ibarretxe son huidas: huye de la realidad de la sociedad vasca, busca en interlocutores adecuados o imposibles lo que nunca obtendrá de la sociedad vasca en su conjunto, la renuncia a su complejidad, a su pluralismo, a su propia tradición, que no es una tradición de homogeneidad y soberanía, sino una tradición de doble lealtad, de doble patriotismo, de colaboración y de participación en ámbitos más amplios que Araba (Alava), Bizkaia (Vizcaya) y Gipuzkoa (Guipúzcoa).

La solución la tiene más cerca: en el pacto estatutario, en ese espíritu que propició el acuerdo del Estatuto de Guernica gracias al que el pueblo vasco como tal accedió a ser sujeto político unitario: unitario en la medida en que participa en el Estado español más amplio. Si no participa no es más sujeto, no llega ni siquiera a ser sujeto de nada. Porque no debiera olvidar Ibarretxe, tan dado él a recurrir a la Historia, que el pueblo vasco sólo ha estado unido como sujeto político en los dos momentos estatutarios, es decir, en los dos momentos de pacto consigo mismo: en 1936, cuando pactaron Aguirre y Prieto, y en 1979, cuando pactaron todos los partidos vascos menos AP, y con la enemiga violenta de ETA, siendo Juan Echeverría, de UCD, el encargado de llevar el pacto a Madrid, a depositarlo en el Congreso para su trámite parlamentario.

Ibarretxe se ha instalado en el centro de un torbellino que lo está consumiendo, a él y a su partido, amenazando con consumir, o al menos esterilizar, al conjunto de la sociedad vasca. Y sus muchos viajes, sus idas y venidas no son más que camuflaje de ese movimiento a toda velocidad en torno al núcleo absorbente del torbellino. La única forma que tiene de salir de esa espiral destructiva es reconociendo que fuera del torbellino de su propia argumentación autista existe una realidad, histórica, social, cultural, lingüística y política que le indica que Euskadi o es pactada internamente, o deja de existir. Y de esa alternativa no le puede sacar ningún personaje del -supuesto- exterior.

Euskadi es mucho más compleja de lo que permite el imaginario nacionalista. La sociedad vasca es mucho más rica, plural y mestiza de lo que se imagina Ibarretxe. La historia vasca es mucho más multidimensional de lo que pretende la interpretación histórica del nacionalismo y la idea simple que de la misma tiene Ibarretxe. Y a esa historia pertenencen, además, instituidos como víctimas asesinadas en nombre de un proyecto nacionalista por ETA, ciudadanos que han pasado a ser ciudadanos ejemplares por haber sido asesinados por el nacionalismo radical por ser obstáculos en el camino a un ideal de unidad, de homogeneidad, de pureza, de no mezcla, de autoafirmación simple. Son impedimentos que hacen imposible, ética y políticamente, el sueño absurdo de Ibarretxe.

La estrategia del PNV y el terrorismo

Por Joseba Arregi en el Mundo, lunes 3 de diciembre de 2007 (leído en la página de ¡Basta ya!)

El último atentado ha sido obra de ETA. La única y exclusiva responsabilidad es de ella. El PNV ha condenado siempre los atentados de la banda. Las siguientes reflexiones se colocan en este contexto claro: no se trata de ningún intento de responsabilizar directamente al PNV del terrorismo de ETA. Aunque fuera de interés analizar la historia del posicionamiento de este partido ante la banda terrorista desde la Transición, año a año, lo que se diga en las líneas siguientes se dice desde la afirmación de que el PNV siempre ha condenado el terror de ETA.

Esa afirmación, sin embargo, no es impedimento para seguir haciéndose preguntas, para pensar más allá, para analizar si el nacionalismo vasco llamado democrático ha estado a la altura de las circunstancias en la lucha contra el terrorismo. Porque la víspera del último atentado, se produjo la detención de dirigentes del llamado entramado social, cultural e internacional de ETA, es decir, de dirigentes que no habían usado directamente la violencia y el terror. Y ante esas detenciones, y ante la sentencia en la que se fundamentan, el PNV ha hablado de «despropósito» y de «cosas del pasado».

El asesinato del miembro de la Guardia Civil Raúl Centeno muestra la nula voluntad de ETA de dejar de matar. Ese crimen ponde de manifiesto que la banda ha decidido optar por su supervivencia como organización terrorista, aun a riesgo de enterrar definitivamente sus opciones de convertirse en una apuesta política en el juego democrático, aun a riesgo de enconar el problema de sus presos, y aun a riesgo de dañar cada vez más cualquier apuesta del nacionalismo democrático.

Este miedo acompaña desde hace mucho tiempo al nacionalismo vasco. Tomó fuerza clara en los días previos y siguientes al asesinato de Miguel Angel Blanco: el PNV temió por su hegemonía social, y también temió que el terrorismo terminara por dañar a todo el nacionalismo vasco, deslegitimándolo. Pero en lugar de extraer la consecuencia de romper cualquier tipo de relación con el nacionalismo de ETA, intentando definir el suyo propio de forma radicalmente diferente al de la banda criminal, tomó la decisión contraria: para poder mantener la hegemonía social del nacionalismo necesitaba a ETA, a Batasuna y a todo el espectro nacionalista que representan, y por eso entró el PNV en la vía que está siendo su gran hipoteca: buscar el fin de ETA ofreciéndole la unidad de acción para alcanzar fines compartidos.

El fin de ETA y la consecución de fines compartidos o compartibles han pasado a formar una unidad que está dañando profundamente al PNV. Sólo desde esa perspectiva se puede entender que ese partido -tranquilamente conservador, demócratacristiano, asentado en el humanismo cristiano o como se le quiera denominar- se haya manifestado siempre en contra de todas las medidas efectivas contra el terrorismo de ETA.

No sólo afirma que la detención de los dirigentes de Batasuna es un atropello, un despropósito, una cosa del pasado, sino que el propio consejero de interior del Gobierno vasco ha afirmado recientemente que la detención de la cúpula de Batasuna no aporta nada a la lucha antiterrorista, no queriendo ver que si algo ha debilitado estructuralmente a ETA es la imposibilidad de actuar al mismo tiempo como organización terrorista y como organización política que juega al juego democrático. La ilegalización de Batasuna tiene la virtud de obligar a ETA a optar: seguir siendo organización terrorista y renegar de la posibilidad de actuar como partido político, o ser partido político y enterrar su naturaleza terrorista. Es la medida más efectiva contra la banda.

Pero estropea la estrategia del PNV: no romper con Batasuna, para así mantener la ficción de que es posible una reconducción de los terroristas a la política por medio de la promesa de compartir sus fines. Y es que la ilegalización de Batasuna no confronta sólo a ETA con una alternativa radical -o terrorismo o política-, sino que confronta también al PNV con una alternativa igual de radical: o se democratiza reformulando su nacionalismo de forma que se diferencie radicalmente del de ETA, o seguirá bajo la sospecha que la cercanía de los fines de ETA extiende sobre sus propios fines.

El peligro que intuyó el PNV en los días del asesinato de Miguel Angel Blanco sigue vigente, y por errores propios: el terrorismo de ETA puede terminar dañando al conjunto del nacionalismo, deslegitimándolo. La solución que busca el PNV a ese problema ha sido siempre imposible, y se va a poner cada vez más claramente de manifiesto. Porque pretender que ETA deje de existir porque el PNV consigue de forma pacífica lo que quiere la banda -es el núcleo del acuerdo de Estella/Lizarra, y el de los dos planes de Ibarretxe que tratan de vestir a la moda aquel acuerdo inaceptable desde la democracia- significa vincular para siempre el proyecto político del nacionalismo al terrorismo.

No son pocos los que en la sociedad vasca creen que el fin de ETA estaría garantizado si el PNV se pusiera a ello. Y que se ponga a ello pasa porque este partido se decida a romper radicalmente con ETA, con sus métodos, con sus fines, con su simbología, con su proyecto político. Pasa porque el PNV se empeñe en la deslegitimación política de ETA. El día en que el PNV se ponga manos a la obra en esa deslegitimación, ETA se ha acabado.

Pero el PNV se encuentra ante su propio abismo: cree que ello supone renunciar a sus propias esencias, sin darse cuenta de que ese miedo es el que liga sus esencias al terrorismo de ETA. Sin darse cuenta que en lugar de ser un abismo en el que pueda perder su virginidad, la lealtad con sus esencias, la ruptura radical con ETA implicaría su paso decisivo a la homologación democrática. Porque es difícil ser demócrata en una sociedad compleja y plural sin extraer de esa complejidad y de esa pluralidad las consecuencias políticas debidas: que no es posible una definición de esa sociedad única y exclusivamente desde la perspectiva nacionalista, porque implica la negación del pluralismo. Y, sin reconocimiento de ese pluralismo, no es posible ser demócrata.

No hay duda de que la persecución del terror se debe llevar a cabo dentro de los límites marcados por el Estado de Derecho. No cabe lugar a dudas de que cualquier ciudadano, y cualquier partido político, puede plantear con claridad la exigencia del respeto a las normas del Estado de Derecho, cuando de la persecución de los terroristas se trata, y también cuando de la detención de líderes de entramados civiles se trata.

Pero el recurso a las exigencias del Estado de Derecho desde la posición de no compartir ninguna de las medidas efectivas que derivan en el deblitamiento estructural de ETA puede terminar resultando sospechoso: quizá no sea tanto el respeto a la ley -el cumplimiento, por ejemplo, de la Ley de Banderas- cuanto la necesidad de no romper con ETA y con su entorno lo que lleva al PNV a declarar que las detenciones últimas de las organizaciones Ekin, Xaki y otras son cosa del pasado: de un pasado en el que ETA podía jugar en los dos campos de fútbol, en el del terrorismo y en el de la política.

Pero lo único que es del pasado es el deseo, o la necesidad del PNV, de permitir que ETA siga en su juego macabro de matar y además dedicarse a la política como si no pasara nada. Muchos dicen que ETA ha perdido todos los trenes que le podían sacar del agujero. Mucho me temo que es al PNV al que se le están escapando todos los trenes.