El espectáculo de la financiación autonómica

Por Joseba Arregi en El Mundo de 13 de julio de 2009 (leído en Tribuna Libre)

Ayer se produjo al fin el parto de los montes y la ministra de Economía, Elena Salgado, presentó la propuesta del Gobierno de financiación autonómica. Unos habrán quedado contentos, otros insatisfechos. Suponiendo que el límite temporal máximo no tenga que ser prorrogado una vez más. Más difícil de creer es que se haya encontrado la fórmula de estabilidad que tanto necesita, no sólo la propia financiación autonómica, sino España como Estado.

El espectáculo vivido a lo largo del último año es, cuando menos, penoso. A no pocos ha recordado tiempos ya pasados en los que el emperador recibía a los príncipes electores para preguntarles qué es lo que querían. Y a unos les concedía un favor, a otros una regalía, a otros algún tipo de apoyo en sus luchas particulares… Dando por sentado que la finalidad de la ronda de visitas no era el bien del conjunto, ni siquiera el bien particular de cada territorio, sino asegurarse la lealtad de los príncipes.

Algo de lo que está sucediendo con la financiación autonómica es comprensible dada la indefinición del reparto del poder territorial que caracteriza a la Constitución española: ni se definía el número de autonomías, ni se definía el modelo. Abría varias vías, algunas de las cuales han ido confluyendo. La financiación de las autonomías, de las que hubiere, quedaba al aire menos en el caso de las que contaban con el sistema de concierto: País Vasco y Navarra.

Treinta años después, sin embargo, el modelo se va aproximando a su cierre. Todo el territorio del Estado está organizado en autonomías -quedan pendientes Ceuta y Melilla-. Y todas han ido accediendo al máximo de competencias reconocidas a las nacionalidades. El proceso de transferencias está casi acabado. Ha llegado, por tanto, la hora de pensar seriamente en el cierre del modelo.

Y ello requiere responder a la pregunta -mal respondida con el actual Senado- de cómo se representa al conjunto del Estado en virtud de la pluralidad de territorios, completando la representación del conjunto desde la perspectiva de la igualdad de los ciudadanos que se refleja en el Congreso. Y el cierre del modelo requiere establecer de forma definitiva -que no significa ni inflexible ni inmovilista- la financiación del Estado autonómico. Y requiere también adecuar el lenguaje a la realidad del Estado que es España.

No es posible continuar hablando de lo que cada autonomía pide al Estado, como si las autonomías no fueran Estado. Lo son, y muchas veces se les pide a sus gobernantes que actúen con sentido de Estado. Pero entonces no se puede seguir hablando de la cesión de impuestos a las autonomías, como si los recursos fueran propiedad de la Administración central, y no del Estado, es decir, como si esos recursos no fueran, por definición, también propiedad de las autonomías. Todos son Estado: la Administración central, las autonomías, los ayuntamientos, el Congreso, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial.

En todos los estados compuestos, la financiación está sujeta, por un lado, a unos principios básicos, claramente definidos, y, por otro, a la discusión de los ajustes necesarios por los cambios que van definiendo la realidad. Tomemos, de forma simplificada, el caso de Alemania, del que tanto se usa y abusa: la Constitución de la República Federal establece que el impuesto de la renta y el impuesto de sociedades se lo reparten a medias, al 50%, la federación y los länder. Los ingresos del IVA son también correspondientes a ambos niveles de gobierno, pero debe ser establecido, y puede ser cambiado, por una ley federal que requiere de la aprobación del Senado -representación del conjunto del Estado desde la perspectiva de la pluralidad de los distintos territorios, y compuesto por los gobiernos de los länder-. Después de las discusiones provocadas por la reunificación, por poner un ejemplo en el tiempo, el año 1993 el reparto quedó de la manera siguiente: 44% para los länder, 56% para la federación.

Esta distribución de las grandes cantidades no evita que exista un debate permanente sobre la financiación, especialmente sobre el reequilibrio financiero entre los länder. Länder ricos como Baviera, Hesse (Frankfurt) y Baden-Württenberg elevaron su queja al tribunal constitucional entendiendo que pagaban demasiado. Su recurso fue denegado. Y todos toman como ejemplo del buen funcionamiento del reequilibrio el que la pobre Baviera de 1945, tan necesitada de la ayuda de los estados ricos, sea ahora una de las regiones más desarrolladas, punteras y ricas de Alemania gracias a las aportaciones de las regiones ricas.

Es necesario establecer criterios claros. En este punto tienen razón los catalanes, que así lo reclaman, más allá de determinadas cantidades concretas. También tienen razón cuando critican que la lógica actual, que pone patas arriba el ranking de autonomías en el PIB con un ranking de gasto público por habitante sin ninguna relación con el puesto en el PIB, no posee ninguna coherencia. Pero no tienen razón cuando dicen que el Estado, es decir, la Administración central, debe tener interés en que Cataluña siga siendo la economía puntera que ha sido hasta ahora, pues ello significaría que lo que ha sido producto de la historia no tiene más remedio que seguir siéndolo por toda la eternidad.

Es difícilmente comprensible el recurso a los distintos criterios y variables que se argumentan para recibir mayor financiación. Pongamos el caso de la población: si ésta ha aumentado de forma mayor que la media, en especial por el incremento de la inmigración, el 50% del impuesto sobre la renta multiplicado por el aumento de la población activa ya de por sí produce un aumento de la financiación. El problema de las distintas variaciones que favorecen a unos y resultan inaceptables para otros pertenecen al ámbito de los reequilibrios entre las distintas autonomías, y a la posibilidad de actuación discriminada que puede llevar a cabo el Gobierno central, siempre que éste cuente con recursos suficientes y siempre que la autonomía que lo necesite esté dispuesta a hacer un esfuerzo propio.

No sé si sería necesario ni conveniente elevar a rango constitucional los criterios básicos que regulen el reparto de los recursos procedentes de los grandes impuestos entre la Administración general y las autonomías. Pero es algo que debiera quedar fuera del debate permanente sobre la financiación autonómica, y que debiera adquirir el peso de criterio definido. Queda suficiente espacio para el debate en lo que al reequilibrio financiero entre las autonomías se refiere, y en el papel a cumplir por la administración general en la superación de los grandes desequilibrios regionales.

Pero el debate actual sobre financiación autonómica, unido a la propagación de la voluntad de bilateralidad en la relación de cada autonomía con la Administración general, aunque la referencia sea siempre, y es muy significativo, con el Estado, produce inestabilidad y hace que éste, en lugar de serlo, parezca un bazar oriental en el que todo está sometido a la capacidad no del que más puje, sino del que tenga mayor capacidad de chantaje.

Es incomprensible que, a estas alturas del desarrollo autonómico, los dos grandes partidos no intenten acordar unos principios reguladores que doten a todo el proceso de estabilidad, definición, dirección y cohesión. Claro que para ello PSOE y PP debieran obtener claridad sobre los principios básicos que regulan los estados federales: la lealtad federal -del todo con las partes y de las partes con el todo-, el principio de que ley federal se impone a la normativa de los länders -Bundesrecht bricht Landesrecht- y, sobre todo, lo que el ex ministro de Interior en tiempos de Helmut Schmidt decía recientemente en Bilbao: «Las autonomías deben entender como su cometido el bien del conjunto».

El debate de las lenguas en España

Por Joseba Arregi, en El Mundo de 19 de junio de 2009 (pero leído en almendron.com)

No hace falta falta mucha perspicacia para darse cuenta de que la convivencia de las lenguas en España se está convirtiendo en un problema considerable. Es probable que la realidad diaria no sea tan alarmante como lo puedan hacer parecer ciertos casos individuales que existir, existen, y son reflejados por los medios de comunicación, pero también es más que probable que la alarma no se deja reducir al empeño de algunos medios de comunicación, y de algunos partidos, especialmente el PP, a crear alarma donde no existe más que perfecta armonía. Sin engarce en la realidad no se pueden construir comunicativamente ni alarmas ni problemas.

Llama la atención que quienes de un lado hablan de la nación española en el sentido de la nación etnolingüística construida por el romanticismo alemán, y que quienes, por otro lado, se sirven de la diversidad y de la diferencia lingüística para derivar de ellas consecuencias políticas de tipo nacionalista, recurran permanentemente a la necesidad de despolitizar la cuestión lingüística. El tratamiento de las lenguas se ha convertido en cuestión política por excelencia con la constitución de los estados nacionales.

El hecho de que la constitución española establezca una jerarquía entre las lenguas españolas -el español cuyo conocimiento es un deber, y las lenguas españolas que pueden ser cooficiales si así lo determinan los respectivos estatutos de autonomía- es un hecho político por excelencia. Y la declaración de cooficialidad del euskera o del catalán y del gallego, afirmando además que el catalán o el euskera son, a diferencia del español, lenguas propias de las correspondientes comunidades autónomas -con el añadido del deber de conocimiento en el nuevo estatuto catalán-, son también hechos políticos por excelencia.

Estamos, pues, ante un debate ciertamente político. Un debate que tiene mucho que ver con la estructura del Estado, con el discurso de la España plural, con la integración o no de los nacionalismos periféricos en un proyecto estatal común. Un debate que tiene que ver con derechos básicos de los ciudadanos, con obligaciones también importantes de los ciudadanos, con la cohesión social, con el derecho al trabajo, con la libertad lingüística dentro de los parámetros fijados por la declaración de cooficialidad de las lenguas. No es un debate estrictamente cultural, ni un debate puramente lingüístico. Es un debate político y es mejor tomarlo como tal.

Como este debate corre el riesgo de ser malinterpretado por la situación lingüística de los participantes, vaya por delante que quien esto firma es vascoparlante monolingüe de familia, alguien que aprendió español o castellano en la escuela. Pero también alguien para quien el castellano no es lengua extraña, para quien el castellano es tan lengua propia como el euskera, lengua ésta de relación familiar casi en exclusividad, y de trabajo en la universidad. Alguien que no tendría inconveniente alguno en sustituir la obligatoriedad constitucional del conocimiento del castellano por la constatación del valor de lengua franca del español para la cohesión del estado. Y alguien que no tendría inconveniente en cambiar el calificativo aplicado por el estatuto vasco al euskera como lengua propia, a diferencia del español.

España es diversa y plural. Es un hecho. En España se hablan varias lenguas, además del español. También es un hecho que la diversidad de lenguas en España no es como en Suiza, que no cuenta con una lengua franca, o como en Bélgica, donde tampoco existe una lengua común. En España sí existe una lengua común. Por eso, el discurso de la España plural no tiene sentido, ni responde a la realidad, si no se completa con el discurso de la pluralidad de Cataluña, de Euskadi y de Galicia: estas comunidades autónomas no son homogéneas en términos lingüísticos, sino plurales. Como lo son, por cierto, también, en el sentimiento de pertenencia.

Existe, sin embargo, una diferencia en lo que al hecho de la pluralidad de España y de la pluralidad de Cataluña, Euskadi y Galicia se refiere: desde el punto de vista lingüístico existen amplios territorios y amplias demografías en España que son homogéneas en castellano, y la pluralidad se refiere a que existen zonas en las que está presente, además del castellano, otra lengua. En Cataluña, Euskadi y Galicia no existe prácticamente ningún kilómetro cuadrado, ni ningún segmento o zona poblacional homogéneo en cuanto a la presencia de una única lengua: estas comunidades autónomas son estructuralmente mucho más plurales que lo es España en su conjunto.

En los debates recientes muchos se han referido a que el español no está en peligro en Cataluña. Pero no es ésa la cuestión: la cuestión no está en los derechos de la lengua, sino en los derechos de los hablantes. De la misma forma que un hablante bilingüe puede en Cataluña o Euskadi reclamar la satisfacción de su derecho a ser atendido por la administración en la lengua de entre las oficiales que elija, el mismo derecho le asiste a un ciudadano monolingüe, por lo que no puede haber, en este contexto de derechos, una lengua privilegiada de la administración.

En el contexto educativo, no existe un derecho a ser escolarizado en la lengua materna, y menos por razones supuestamente pedagógico-psicológicas. Pero sí existe el derecho de los padres a que la lengua de su elección de entre las cooficiales sea también lengua vehicular. Y ante este derecho fallan los argumentos de que la otra lengua cooficial está en situación de debilidad, de que ya aprenderán esa lengua de elección en la calle o en los medios de comunicación, entiéndase la televisión, que el monolingüismo de inmersión es el único medio que garantiza la cohesión social, y está dando buenos resultados. Ninguno de estos argumentos anula el derecho de los padres a reclamar que la lengua que quieren sea también vehicular en la enseñanza de sus hijos. Dicho simplemente: no hay razón alguna, y menos técnicas, para esconder en la enseñanza ninguna de las lenguas cooficiales de una comunidad autónoma como lengua vehicular.

Otra cosa es que en una sociedad con la presencia de dos lenguas, los monolingües sí debieran reconocer su obligación de facilitar la comunicación en cualquiera de las dos lenguas, siempre desde la constatación de que no existen sociedades bilingües perfectas, unas en las que todos los ciudadanos fueran igual de competentes en las dos lenguas.

En el ámbito del trabajo, se enfrentan dos derechos -y la política es el arte de priorizar unos derechos sobre otros- el derecho de los bilingües a ser atendidos en la lengua de su elección, y el derecho de los monolingües o de los bilingües imperfectos a que muchos puestos de trabajo, además los mejor cualificados -por seguridad de empleo y también por condiciones económicas-, no les estén vedados. El derecho al trabajo debe primar sobre el derecho electivo a ser atendido en una determinada lengua oficial, máxime cuando este derecho puede ser atendido sin dañar el otro.

Todas las políticas lingüísticas se encuentran con un problema crucial: es bastante fácil instrumentar desde la administración los mecanismos necesarios para asegurar que las generaciones futuras tengan un conocimiento básico suficiente de la lengua en situación de minoría o de debilidad. El problema surge cuando al aumento en el conocimiento no le sigue un aumento en el uso social de la lengua aprendida y minorizada.

Es en ese momento en el que todos los responsables de política lingüística se ponen muy nerviosos. Y la reacción más común ante ese problema crucial de las políticas lingüísticas es dar una vuelta más de tuerca, pasar de la planificación posible y aceptable de los instrumentos que garanticen el conocimiento de una lengua por parte de las nuevas generaciones, a intentar planificar por medios de promoción y ayuda, pero también por medios coercitivos lo que ni es posible ni es lícito planificar desde la administración pública: el uso de una lengua, pues esta planificación choca con la libertad básica y fundamental de los individuos. Y ahí está la frontera de lo democráticamente aceptable.

El cambio ante el espejo

Artículo firmado por Alberto López Basaguren, Javier Corcuera Atienza, Joseba Arregi, Andrés de Blas, Teresa Echenique, Juan Manuel Eguiagaray, Juan Pablo Fusi, Luis Haramburu, Juan José Laborda, Francisco Llera, José María Ruiz Soroa, Juan José Solozabal y Carlos Trevilla en El Correo de 31 de mayo de 2009

Patxi López ha sido elegido nuevo lehendakari por el Parlamento vasco y ha nombrado su Gobierno. El cambio que para muchos era casi inimaginable está aquí; ese cambio que algunos se resisten a aceptar, cuya legitimidad han pretendido minar o, incluso, negar.

El acceso de los socialistas vascos al Ejecutivo pone fin a treinta años ininterrumpidos de poder nacionalista, pero, sobre todo, acaba con las pretensiones soberanistas del nacionalismo como política de gobierno. Un cambio trascendental que, como un espejo, va a reflejar la naturaleza más profunda de cada uno de los protagonistas políticos.

El reto es extremadamente difícil. Y deben afrontarlo en una de las peores situaciones que cabría imaginar. La debilidad parlamentaria del partido del Gobierno; la coyuntura económica; y, muy especialmente, la actitud de un nacionalismo enrabietado por la pérdida del poder.

El nuevo lehendakari ha reiterado mensajes conciliadores, con el reto de una integración sin exclusiones que evite la confrontación entre identidades diferentes. Sólo quedan excluidos quienes pretenden la legitimidad de la cobertura política a ETA, al terrorismo, a la eliminación física de quienes no comparten el objetivo independentista. Es un reto de naturaleza casi constituyente por el deterioro de los fundamentos de la convivencia democrática provocados por los doce años de apuesta por el soberanismo.

Las condiciones en que los socialistas acceden al poder les imponen muchas renuncias. Es el precio de la excepción democrática de Euskadi, cuyo dramático significado, y cuya responsabilidad, no parecen haber sido captados en toda su trascendencia por el nacionalismo.

El reto no es menos arduo para quienes están fuera del Gobierno. En primer lugar, para el Partido Popular, que ha apoyado la investidura parlamentaria del nuevo lehendakari y del que depende, en última instancia, su estabilidad. Los dirigentes populares vascos están poniendo de manifiesto una madurez y una capacidad para entender el futuro que superan las expectativas de muchos.

Sigue habiendo riesgos que sólo podrán evitarse si los protagonistas actúan en consonancia con el carácter excepcional de lo que se pretende. El Gobierno de Patxi López no puede desconocerlo, pero los populares no pueden actuar como si se tratara de un pacto de legislatura ordinario, sin dejar un amplio margen de confianza a la actuación del Gobierno. El mayor riesgo procede de la confrontación política general, en el Estado, entre socialistas y populares. Salvaguardar la experiencia exige al Partido Popular una sabia administración de la debilidad añadida que el cambio en Euskadi provoca al Gobierno de Rodríguez Zapatero y una mesurada gestión de la contribución del PNV a la política de acoso al Gobierno socialista en Madrid. Pero a éste también le exige responsabilidad y mesura en la relación con los populares.

También para el PNV el reto es trascendental. Debe reflexionar sobre los efectos de la política de acumulación de fuerzas nacionalistas, que ha fracturado profundamente la sociedad vasca y le ha hecho perder el poder. Necesita reorientar su proyecto político eludiendo la apuesta por la desestabilización. Y está obligado a desvincularlo de las fuerzas que se mueven en la cobertura política del terrorismo, sin cuyo amparo no se hubiese sostenido la estrategia soberanista de estos años.

El nacionalismo se ha enfrentado al cambio mostrando su peor cara: esa tendencia que parece endémica a la descalificación de todo lo que queda fuera de su mundo, de su estrategia política, de sus intereses. Se ha adentrado por el peligroso camino de la deslegitimación del cambio de gobierno y de sus protagonistas; ha socavado de forma irresponsable la legitimidad misma de los resortes del sistema parlamentario, reincidiendo en una comprensión simplista de la democracia. Ha puesto de manifiesto la más profunda carencia del sentido de la proporción y del límite.

El PNV tiene que decidir cuándo retoma su mejor tradición. Y haría bien en reflexionar sobre la advertencia que hace Pedro de Aguerre, Axular, en Guero: «Eta harc bere coleran eguin dituen desordenuez, eta erhokeriez, adiskidec hartu dutela damu eta atsecabe, eta etsaiec atseguin eta placer»; porque las locuras, los actos insensatos provocados por la rabia crean disgusto y preocupación en el amigo y satisfacción y placer en el enemigo. El PNV puede estar facilitando el camino a sus enemigos; y estos no están en el Gobierno.

El entendimiento básico con el nacionalismo resulta indispensable para construir un futuro político sólido para nuestro país; un entendimiento entre todas las fuerzas políticas que quieren que vivamos en democracia y en libertad. Pero no podemos olvidar las lecciones del pasado; hay que impedir que la insistencia en la necesidad de entendimiento haga creer al PNV que tiene una capacidad política especial para determinar sus condiciones; porque así llegó a creer que podía aventurarse por el camino soberanista. No podemos repetir los mismos errores.

El futuro exige mesura y voluntad de integración. Estamos obligados a convivir y la alternativa es inimaginable. Asumirlo nos exige transformar la necesidad en deseo de convivencia. Todos tenemos que contribuir a que se haga realidad.

Ni ez naiz hemengoa (Yo no soy de aquí)

Por Joseba Arregi en El Correo de 31 de octubre de 2008

Vuelvo a tomar prestada la frase del título de una columna radiofónica que existía en Euskadi Irratia, y que venía firmada por el escritor Juan Gartzia. Lo hice ya hace algunos años y me siento impulsado a hacerlo de nuevo por algunos comentarios que he podido leer en la prensa después de la visita de Rajoy y Antonio Basagoiti a San Mamés. El presidente del PNV de Bizkaia ha declarado que ellos, los nacionalistas, no necesitan sacarse fotos en San Mamés porque son de aquí, son aficionados del Athletic y van todos los domingos a San Mamés.

Los del PNV son de aquí. Si ellos son de aquí, los que no son del PNV no lo son. No son de aquí. No tienen el euskolabel. Y menos si además de no ser del PNV tampoco lo son del Athletic. Es decir, que de aquí, lo que se dice de aquí de verdad, de siempre, sólo son los del PNV y los del Athletic. O los del Athletic que sean del PNV. Los demás no son de aquí. Por eso se tienen que hacer fotos en San Mamés.

Vuelve la infame distinción de los de aquí y los que no son de aquí. Vuelve el lenguaje del sucursalismo, vuelve la referencia a que este o aquel político que no sea nacionalista es un mero delegado de un 'no aquí', de un allí inaceptable. La sociedad vasca está dividida entre los de aquí, los nacionalistas del PNV -y me imagino que darán entrada a los nacionalistas que no sean del PNV- y los sucursalistas, los delegados -antaño se hablaba de representantes de potencias extranjeras o enemigas-, los que no son de aquí, los emigrantes, los extraños a la tierra.

Sólo los nacionalistas tienen derecho a reclamarse de aquí. Los demás están de prestado. Transitoriamente. De cuerpo presente, pero no de alma, no de espíritu. No son hijos legítimos, no tienen derecho a la herencia. Quieren echar del poder a los nacionalistas, se decía no hace muchos años. ¡Qué atrevimiento! ¡Echar de casa al hijo legítimo, al primogénito y hacerse con la herencia! ¡A dónde vamos a llegar!

Estamos ante un problema serio. Ser de aquí, ser de la casa, tener derecho a la herencia de la casa de los padres, derecho de primogenitura para gestionar la herencia de la casa del padre, por un lado, y por otro ser delegado de algo de fuera, ser sucursalista de algo cuyo centro está fuera, no ser de aquí, sino de algún otro lado. Una alternativa que pensada en esos mismos términos sólo permite la exclamación 'Ni ez naiz hemengoa!', ¡Yo no soy de aquí!

Porque en democracia el aquí está definido por un espacio de derechos y libertades fundamentales, no por el aquí físico de un espacio geográfico determinado. Porque en democracia lo importante no es ser de aquí, sino ser ciudadano. Porque en democracia lo importante es ser sujeto de derechos y libertades, y vivir en un espacio que garantice los derechos y libertades fundamentales, y no ser de aquí o de allí, hablar una determinada lengua, poseer una determinada creencia, tener un determinado sentimiento de pertenencia o albergar una determinada identidad.

El aquí de la democracia está constituido por los derechos y las libertades fundamentales. Por nada más. Con independencia cada vez mayor del territorio, de cualquier aquí. Son los ciudadanos quienes definen el territorio de la democracia, y no el territorio físico el que define a los ciudadanos. Yo no soy de aquí, 'ni ez naiz hemengoa', porque soy ciudadano, y todos los conciudadanos son de aquí, son de todas las democracias, de cualquier Estado de Derecho.

Ante esta condición de ciudadanía no vale nada el que pueda ser vascoparlante monolingüe de familia, el que el euskera sea mi lengua de trabajo. Ante esta condición de ciudadanía no vale de nada que no encuentre entre mis antepasados nadie que salga de la provincia de Gipuzkoa. Ante esta condición de ciudadanía de nada valdría que fuera nacionalista -y a nadie le concedo el derecho de decidir si lo soy o no, aunque no sea una pregunta que me preocupe-. Ante esta condición de ciudadanía de nada vale ni siquiera el deber de conocer el español.

Cada vez que se habla de ser de aquí, quién es de aquí y quién no lo es -y por eso necesita de una foto en San Mamés-, me asalta una duda: en realidad se trata de dilucidar quién es de aquí y quién no, o se trata, en el fondo, de otra cosa: esto es mío y nadie más tiene un derecho real a poseerlo. ¿Quienes están diciendo que ellos son de aquí, están diciendo sólo eso, o están diciendo también, y quizá sobre todo: esto es mío, el Athletic es mío, el país es mío, el Gobierno vasco es mío, el euskera es mío -y lo que digan a favor del euskera los demás no es más que patraña electoral-, el Estatuto es mío -y por eso lo/la mato-, la nación es mía, o la nación soy yo, el poder es mío y sólo yo tengo derecho a ejercerlo, a gestionarlo, a ocuparlo?

Si es la ciudadanía la condición de ser sujeto de derechos y libertades fundamentales lo que define el espacio de la democracia, entonces da igual el debate sobre quién es más de aquí o menos, porque no tiene significado alguno para el ejercicio de los derechos de ciudadanía, que incluyen el de representar a los demás ciudadanos en el ejercicio del poder. Lo más grande en democracia es ser ciudadano. Quien tiene que recurrir a ejercicios, siempre engañosos, de quién es más de aquí o quién menos, está todavía a las puertas de la democracia, a las puertas del Estado de Derecho. Democracia es espacio de derechos y libertades. No es una casa que se pueda poseer. No es una herencia que se pueda obtener. No es una hacienda que hay que cuidar como un perro. Por eso es tan importante gritar ante quienes dan tanta importancia a ese ser de aquí 'ni ez naiz hemengoa', 'yo no soy de aquí'.

De optar por un algún aquí, quizá sería mejor optar por el aquí que describe el filósofo francés y judío Emmanuel Levinas comentando una poesía de Paul Celan: «Este exterior insólito no es otro paisaje (...) el poema da un paso más: lo extraño es el extranjero o el prójimo. Nada hay de más extraño ni más extranjero que otro hombre y es en la claridad de la utopía en la que se muestra el hombre. Fuera de todo enraizamiento y de toda domiciliación; ser apátrida como lo más auténtico (...) Como si yendo hacia el otro me reencontrara conmigo mismo y me implantara en una tierra, a partir de ese momento tierra natal, descargada de todo el peso de mi identidad. Tierra natal que no debe nada al enraizamiento, nada a la ocupación primera; tierra natal que no debe nada al nacimiento. ¿Tierra natal o tierra prometida?» (Emmanuel Levinas, 'Paul Celan, de l'être à l'autre', 2002, 29-30).

Lenguas y argumentos

Por Joseba Arregi en El Periódico de 20 de julio de 2008 (leído en Tribuna Libre)

Los responsables de las políticas lingüísticas de las autonomías con lengua específica se las habían prometido muy felices mientras la opinión pública, la propia y la española en general, parecía dispuesta a aceptar todo tipo de medidas que a favor de la lengua minorizada fueran capaces de definir y aprobar. Hoy el viento empieza a virar, y ya aparecen contestaciones a cada medida que aprueban las administraciones en materia de promoción de las lenguas específicas. Y el debate al que hemos asistido en los últimos meses probablemente ha venido para quedarse.
Se puede aplaudir que sea así o se puede lamentar la nueva situación, pero lo importante es analizar los argumentos. El ambiente –la opinión pública, lo que consigue establecerse como corrección oficial– importa mucho en la política moderna. Pero no hasta el límite de despreciar los argumentos.

Las respuestas al manifiesto en favor de los derechos de quienes solo hablan la lengua franca española, o los de quienes, siendo bilingües, no quieren que se les fuerce a usar una de las lenguas, han partido en general de la buena salud de la que goza el español. Pero no es esa la cuestión: se trata de los derechos de los hablantes, y no de la salud, buena o mala, de las lenguas. Tampoco tiene nada de objetable que alguien subraye el valor de que el conjunto de la sociedad española cuente con una lengua franca: no tiene por qué desaparecer el valor de las grandes comunidades de lengua que desde la antigüedad se conocen como koiné.

En la misma medida son rechazables, en mi opinión, las acusaciones de nacionalismo exacerbado, y de ser el malo por representar al grande, y de imperialismo lingüístico que más de uno ha utilizado ante las afirmaciones bastante matizadas del manifiesto. Subrayar el valor de la lengua franca y los derechos de los hablantes no tiene por qué ser señal de nacionalismo.

Cierta confusión se ha puesto de manifiesto al analizar y valorar la relación entre los derechos de los hablantes y la territorialidad de una lengua. Se ha llegado a afirmar que el manifiesto incurre en contradicción por basarse en la reclamación de los derechos de los hablantes sin renunciar a la territorialización de las lenguas. Se ha llegado a reclamar que, si se subraya el derecho de los hablantes, cada uno de ellos porta con él, allá donde vaya, su derecho lingüístico como derecho subjetivo.

Pero no hay contradicción: los derechos de los hablantes se consideran siempre dentro de lo que los estados determinan como los territorios de las lenguas. No otra cosa implica la elevación de una lengua, o de varias, a la categoría de lenguas oficiales. Esta territorialización es congruente con los derechos de los hablantes, que son exigibles en el contexto de los territorios lingüísticos previamente definidos estatalmente. Los estados, las administraciones públicas, hablan e imponen. No hay ningún problema en ello. Pero dentro de esa territorialización lingüística siguen existiendo derechos lingüísticos. Existen derechos de los castellanohablantes en Euskadi, y no de los que hablen algún dialecto árabe. Y a estos, en esos contextos, se refiere el manifiesto.

No se trata de negar el valor del bilingüismo ni el valor del multilingüismo, ni de imponer el monolingüismo. Aunque la existencia de sociedades perfectamente bilingües –en las que todos los ciudadanos son perfectamente competentes en ambas lenguas– se pueda poner en duda y aunque el multilingüismo tan de moda siempre será elitista. Se trata de los derechos de los hablantes en cualquiera de las lenguas oficiales en un territorio determinado.

No se trata de recrear el mito de la lengua materna. Quien firma estas líneas debiera ser un deficiente mental, pues toda su enseñanza y su educación formal se han producido en alguna lengua distinta de su lengua materna. Otra cosa es que los padres tengan el derecho de poder ayudar a sus hijos en casa en las cuestiones escolares. Otra cosa es que los padres no quieran renunciar a que la lengua de casa no sea ocultada como lengua vehicular en ningún tramo de la escuela.

Es importante el argumento de las consecuencias: la inmersión ha conseguido una sociedad más cohesionada, se dice, y nadie deja de aprender castellano al final. Dejando de lado que los fines no justifican los medios, la pregunta es si dando entrada al castellano también como lengua vehicular en la escuela hasta los 12 años se resta tanto a lo que se quiere lograr. Aunque lo que se quiera lograr sea una identificación colectiva de pueblo a través de la lengua que merece otro tipo de críticas.

Desde Catalunya, y en referencia a la política educativa vasca, se afirma que no se puede separar a los alumnos por razón de lengua. Pero la petición de respeto de los derechos de los hablantes no tiene por qué conducir a modelos educativos que separen por lenguas. De lo que se trata es de que ambas lenguas oficiales sean lenguas vehiculares en la enseñanza, sin que una de ellas, sea la específica, sea la co- mún, sea ocultada. Si de cohesionar a la sociedad se trata, nada mejor que la comunión de lenguas en todo el sistema escolar, y no necesariamente la inmersión.

Madrid está en Euskadi

Por Joseba Arregi en El Mundo de 20 de mayo de 2008 (Leído en Reggio)

Tenemos de nuevo al lehendakari preparando un viaje. Uno de los muchos que está realizando en los últimos años. La mayoría, hacia los lugares en los que exite diáspora vasca: ciudadanos que, perfectamente integrados en sus lugares de acogida, siendo fervientes ciudadanos estadounidenses, venezolanos, mexicanos, o argentinos -y sin ninguna tentación de dejar de serlo- mantienen una idea romántica de su País Vasco de origen, un lugar idealizado como la infancia, y de la que se aprovecha Ibarretxe para rascar los votos que quizá le hicieran falta para aprobar su plan.

Pero también ha acudido a Madrid en sus viajes, y hoy vuelve a Madrid. A hablar con Zapatero, para que éste le dé la bendición para que se vaya, pero para que se vaya con buena conciencia, con todas las bendiciones necesarias para seguir manteniendo el mito de que lo que mejor caracteriza a un nacionalista es su derecho innato a la buena conciencia.

El lehendakari acude a Madrid como si de un lugar ajeno a Euskadi se tratara. Va en busca de reconocimiento, del reconocimiento que los extraños le deben a uno mismo, en busca del que los extraños deben a los lugareños. Los lugareños son los vascos -y vascas-, pertenecientes a un pueblo milenario que ha guardado su identidad durante todo ese tiempo sin cambios, y que ahora reclaman de quien en los últimos tiempos se ha atrevido a entrometerse indebidamente en ese permanecer idéntido en el tiempo el reconocimiento para que puedan seguir su camino de permanencia en lo mismo durante todo el futuro.

Madrid se ha convertido para los nacionalistas en la metáfora de lo extraño a Euskadi, del elemento extraño en su, por lo demás, homogéneo corpus lingüístico, cultural, identitario y social. Madrid es madrastra. Madrid es opresión. Madrid es inculturación. Madrid es la bota. Madrid supone subordinación inaceptable de Euskadi a algo extraño. Madrid es la metáfora del extrañamiento del pueblo vasco para consigo mismo, parábola de la alienación que sufre el pueblo vasco. Madrid es aquello de lo que se tiene que librar Euskadi para ser ella misma, en plenitud de autorreconocimiento.

Ibarretxe acude a Madrid para recibir permiso para librarse de Madrid. Para poder volver a casa en el sentido pleno de la palabra: no sólo realizando los kilómetros que separan a la capital española de Vitoria, sino recorriendo hacia atrás, pero proyectado al futuro, el camino hacia una situación en la que el pueblo vasco lo era sin interferencia extraña alguna, en plena autoconciencia y atuoposesión de sí mismo. La vuelta de Ibarretxe del viaje de Madrid de nuevo a Euskadi es la vuelta a Itaca de Ulises como representante del pueblo griego, una vuelta que implica la adquisición de autoconciencia del pueblo griego.

Ya es contradictorio que Ibarretxe tenga que viajar a Madrid para encontrar allí el reconocimiento de lo que el pueblo vasco es, como si éste no fuera capaz de su propia autoconciencia sin que se lo refrende el extraño de los extraños, Madrid. Es como si el Athleti de Bilbao no adquiriera conciencia de su vasquidad plena si no gana la Liga española o la Copa del Rey.

Pero en realidad, Ibarretxe se podría quedar en casa. No necesitaría de tanto viaje. Lo que él considera extraño lo tiene en casa. Madrid está más cerca, lo tiene más cerca de lo que cree. Madrid está en Vitoria, está en Laguardia, está en Llodio, está en Bilbao, está en Guecho, está en Durango, está en San Sebastián, está en Lasarte, en Irún o en Pasajes. No hay sociedad vasca, no hay Euskadi sin Madrid, sin lo que para los nacionalistas representa Madrid: lo distinto al nacionalismo, lo distinto a la visión que los nacionalistas se hacen de Euskadi. No hay Euskadi sin Madrid -es decir, no hay Euskadi sin España-. Porque Madrid, y/o España, no son exteriores a la sociedad vasca, como no lo han sido en los muchos y largos últimos siglos.

Madrid y España están en Euskadi en la medida en que muchos ciudadanos vascos se sienten al mismo tiempo vascos y españoles. Madrid y España están en Euskadi en la medida en que muchos ciudadanos vascos hablan normalmente en español. Madrid y España están en Euskadi, son también Euskadi, en la medida en que más o menos la mitad de los ciudadanos vascos en las condiciones actuales -condiciones de miedo, de amenaza terrorista por quienes consideran España como la gran enemiga del pueblo vasco, condiciones de control extenso e intenso de los resortes sociales, políticos, laborales, financieros y culturales de la sociedad vasca por parte del nacionalismo imperante- son no nacionalistas, y no tienen ninguna voluntad de autolesionarse, de autodividirse, de proceder a una imposible purificación química de su compleja identidad.

Los viajes de Ibarretxe son huidas: huye de la realidad de la sociedad vasca, busca en interlocutores adecuados o imposibles lo que nunca obtendrá de la sociedad vasca en su conjunto, la renuncia a su complejidad, a su pluralismo, a su propia tradición, que no es una tradición de homogeneidad y soberanía, sino una tradición de doble lealtad, de doble patriotismo, de colaboración y de participación en ámbitos más amplios que Araba (Alava), Bizkaia (Vizcaya) y Gipuzkoa (Guipúzcoa).

La solución la tiene más cerca: en el pacto estatutario, en ese espíritu que propició el acuerdo del Estatuto de Guernica gracias al que el pueblo vasco como tal accedió a ser sujeto político unitario: unitario en la medida en que participa en el Estado español más amplio. Si no participa no es más sujeto, no llega ni siquiera a ser sujeto de nada. Porque no debiera olvidar Ibarretxe, tan dado él a recurrir a la Historia, que el pueblo vasco sólo ha estado unido como sujeto político en los dos momentos estatutarios, es decir, en los dos momentos de pacto consigo mismo: en 1936, cuando pactaron Aguirre y Prieto, y en 1979, cuando pactaron todos los partidos vascos menos AP, y con la enemiga violenta de ETA, siendo Juan Echeverría, de UCD, el encargado de llevar el pacto a Madrid, a depositarlo en el Congreso para su trámite parlamentario.

Ibarretxe se ha instalado en el centro de un torbellino que lo está consumiendo, a él y a su partido, amenazando con consumir, o al menos esterilizar, al conjunto de la sociedad vasca. Y sus muchos viajes, sus idas y venidas no son más que camuflaje de ese movimiento a toda velocidad en torno al núcleo absorbente del torbellino. La única forma que tiene de salir de esa espiral destructiva es reconociendo que fuera del torbellino de su propia argumentación autista existe una realidad, histórica, social, cultural, lingüística y política que le indica que Euskadi o es pactada internamente, o deja de existir. Y de esa alternativa no le puede sacar ningún personaje del -supuesto- exterior.

Euskadi es mucho más compleja de lo que permite el imaginario nacionalista. La sociedad vasca es mucho más rica, plural y mestiza de lo que se imagina Ibarretxe. La historia vasca es mucho más multidimensional de lo que pretende la interpretación histórica del nacionalismo y la idea simple que de la misma tiene Ibarretxe. Y a esa historia pertenencen, además, instituidos como víctimas asesinadas en nombre de un proyecto nacionalista por ETA, ciudadanos que han pasado a ser ciudadanos ejemplares por haber sido asesinados por el nacionalismo radical por ser obstáculos en el camino a un ideal de unidad, de homogeneidad, de pureza, de no mezcla, de autoafirmación simple. Son impedimentos que hacen imposible, ética y políticamente, el sueño absurdo de Ibarretxe.

Yo tampoco

Por Joseba Arregi en El Correo de 20 de mayo de 2008

El lehendakari Ibarretxe ha vuelto a pronunciar una de sus frases famosas, ha vuelto a repetir el lema fundamental de su tiempo como gobernante: 'No vamos a parar'. Se le ha llamado insistencialismo. Es una frase que viene pronunciada siempre en primera persona del plural. Descartado el plural mayestático que usa, por ejemplo, el Papa cuando dice 'nos', esa primera persona del plural de Ibarretxe implica que coinciden el yo del lehendakari con el yo colectivo de su partido, más el yo colectivo del pueblo vasco.

No soy nadie yo, como firmante de estas reflexiones, para poner en cuestión lo que constituye el yo del lehendakari. Puedo tener mis ideas explicativas respecto a su comportamiento, pero no hacen al caso. Tampoco soy nadie para referirme al yo colectivo de los miembros de su partido, del que me alejé por las razones que constituyen el núcleo de su mensaje desde hace algunos años. A pesar de todo, me permito dudar de que ese yo colectivo sea tan cerrado y sin fisuras.

Pero lo que sí reclamo es la posibilidad de poder declinar de otra forma el yo colectivo del pueblo vasco. Porque yo tampoco voy a parar. En singular. Sin saber si a ese singular le corresponde algún plural y si pudieran ser pocos o muchos quienes constituyeran ese plural. Pero yo tampoco voy a parar. No voy a parar en considerarme ciudadano. En pensar que ni el lehendakari me puede expulsar de un pueblo vasco constituido por ciudadanos. Porque yo no voy a parar en defender principios distintos a los del 'nos' del lehendakari, no voy a parar en mantener y desarrollar una visión de Euskadi distinta de la suya, una forma distinta de la suya de entender la sociedad vasca, una forma bien distinta de la suya de entender el pueblo vasco.

Sobre todo porque no voy a parar de defender la libertad ciudadana, la libertad de no sentirme incluido en ese pueblo vasco capitidisminuido que dice defender el lehendakari, no voy a parar de defender la libertad de identidad como traducción actual de la libertad religiosa. No voy a parar de defender la libertad de ser distinto, no respecto a algo exterior, no distinto a lo español -pues ello me obligaría a ser distinto respecto a un elemento constitutivo de la sociedad vasca, a jibarizarla-, sino respecto a quienes quieren imponerme una visión reduccionista de la sociedad vasca.

Y no voy a parar porque no me rindo. No me resigno a que la política vasca, el futuro de la sociedad vasca quede encerrada en el horizonte limitado de pensamiento que le ha quedado a determinado nacionalismo por no haber sabido digerir el fracaso de sus apuestas infantiles. Porque no me resigno a que el horizonte de lo pensable políticamente quede limitado a lo que el nacionalismo actual necesita para salir de un atolladero en el que se ha metido él solo.

No voy a parar -ya sé que poco puede un ciudadano contra la maquinaria institucional, contra la maquinaria partidaria y la maquinaria comunicativa pública a su servicio con la que puede contar el lehendakari- de pensar y de decir en público que no podemos seguir sometidos a la idea de que basta querer para que todo lo que se quiera sea posible. Uno está harto de escuchar que todo es cuestión de voluntad, especialmente de voluntad política: si se quiere, todo se puede cambiar, todo se puede conseguir, el cambio de marco, el cambio constitucional, decir no al Estado y decirle sí al mismo tiempo, reclamar la definición política de la sociedad vasca exclusivamente para los nacionalistas y al mismo tiempo afirmar que se quiere respetar el pluralismo y la complejidad de la sociedad vasca.

No se puede parar uno porque este tipo de omnipotencia laica, después de haber expulsado a los dioses fuera del espacio público, es peor que cualquier teocracia confesada. No puede parar uno porque ya está bien de que algunos jueguen a pequeños dioses a quienes les está permitido todo, pensar lo uno y su contrario, afirmar lo uno y su contrario, creerse con capacidad de superar todas las contradicciones. No puede uno parar porque es enfermizo tener que vivir bajo la creencia de que los nacionalistas actuales pueden conseguir lo que quieran con la bendición de quienes no son nacionalistas, porque son tan buenos ellos que la consecución de su fin será capaz de hacer felices incluso a los no nacionalistas.

No puede seguir la sociedad vasca sometida a la mentira y a la falacia de la omnipotencia laica del pensamiento nacionalista actual. No puede seguir la sociedad vasca permitiendo que su nombre sea tomado en vano. Y el lehendakari Ibarretxe toma el nombre de la sociedad -pueblo le llama siempre él- en vano cuando dice que lo que él reclama es que ese pueblo -la sociedad en términos democráticos- pueda decidir su futuro. Pero en realidad está reclamando que se convoque un referéndum en el que participan todos los ciudadanos vascos para ver quién es más grande y más fuerte, o el nacioalismo o el no nacionalismo. Y el que gane 'takes it all', se lleva todo, es decir, el derecho a decidir en solitario, sin los demás miembros de la sociedad vasca, el futuro del conjunto de la sociedad vasca. El tocomocho es más refinado que esta trampa y este engaño.

Las instituciones democráticas, los representantes institucionales, antes que nadie el propio lehendakari, debieran hacer pedagogía política: ninguna sociedad se define en términos democráticos desde la mayoría. Siempre el marco de convivencia se basa en acuerdos amplios entre diferentes concepciones de la sociedad en cuestión. Y una vez acordado el marco es cuando entra a funcionar el principio de mayoría. Entre el imposible de la voluntad general de Rousseau, construcción metafísica fuente de dictaduras, y la decisión por mayoría está el acuerdo entre diferentes como base para la definición política de una sociedad, especialmente cuando de sociedades complejas y no homogéneas se trata.

No es cuestión de miedo a la pregunta. Miedo a la pregunta la tiene aquél que permanentemente la adoba con la necesidad de la misma para conseguir la paz. Uno no puede parar, porque ya está más que harto y aburrido de este juego pornográfico entre la fórmula recetaria y cuasimilagrosa de la capacidad de decisión de los vascos y la desaparición de ETA. No debiera hacer falta ningún referéndum para aprobar no se sabe bien qué propuesta ética de rechazo a la violencia. Llega muy tarde alguno a ese rechazo, y quienes aún no han llegado deben ser apartados radicalmente, y sin recursos a la ética, del campo común de la democracia que exige -y es sobre todo y primariamente una exigencia de política democrática- la renuncia y la condena de la violencia ilegítima.

Y tampoco hace falta ningún referéndum para que los partidos vascos, los representantes de distintas formas de ver, entender, vivir e imaginarse lo que significa ser vasco, se pongan de acuerdo -recordando que ya se pusieron una vez de acuerdo, y aquel acuerdo sirvió para que hoy los nacionalistas se puedan llenar la boca de todo lo que la sociedad vasca ha conseguido-. Si el lehendakari, su partido, entienden que el pueblo vasco está subordinado a España, es porque piensan que todo lo que vincula a la sociedad vasca con España no son más que numerosos ciudadanos vascos, es que pretenden un pueblo sin esos ciudadanos, o con esos ciudadanos sometidos a la voluntad exclusivamente nacionalista.

Uno no puede parar porque está cansado de que el conjunto de la sociedad vasca esté atrapado involuntariamente en este viaje de los nacionalistas actuales hacia sí mismos, sometidos a ese ejercicio de autismo estéril, falsificador de la realidad, proclamando lengua principal a la minoritaria, llegando a exigir que los exámenes para Osakidetza se lleven a cabo en euskera, examen que, por cuestiones de lengua, dejaría a muchos miembros del propio Gobierno vasco fuera de sus puestos.

Yo no voy a parar, porque no necesito que nadie me reconozca mi identidad euskaldun, que como tal es parcial, porque convive en mí mismo perfectamente con mi identidad española, con mi identidad europea al participar también en identidades como la alemana, la francesa o la británica, por no hablar de la identidad grecorromana y hebrea. Yo no voy a parar porque no quiero que me reduzcan, que me jibaricen, que me impidan pensar la nación vasca como aquélla que es capaz de hacer sitio a los ciudadanos vascos reales, plurales y complejos cada uno en sí mismo, porque la otra, la que para ser pensada necesita renunciar a la mitad de los ciudadanos, no me interesa para nada.

Soy uno, un ciudadano, constituido por derechos y libertades, por su pertenencia a un Estado que no se reduce a una cultura y a una lengua, que no me impone una identidad, que me permite sentirme e identificarme como quiera, porque lo importante son las libertades y los derechos que como sujeto político tengo garantizados. Para reconocer todo esto el lehendakari no tiene que viajar a Madrid, a la capital del Estado, a entrevistarse con Zapatero. Basta con que mire en derredor suyo y viaje a la realidad de la sociedad vasca. Lo demás es en balde.

La estrategia del PNV y el terrorismo

Por Joseba Arregi en el Mundo, lunes 3 de diciembre de 2007 (leído en la página de ¡Basta ya!)

El último atentado ha sido obra de ETA. La única y exclusiva responsabilidad es de ella. El PNV ha condenado siempre los atentados de la banda. Las siguientes reflexiones se colocan en este contexto claro: no se trata de ningún intento de responsabilizar directamente al PNV del terrorismo de ETA. Aunque fuera de interés analizar la historia del posicionamiento de este partido ante la banda terrorista desde la Transición, año a año, lo que se diga en las líneas siguientes se dice desde la afirmación de que el PNV siempre ha condenado el terror de ETA.

Esa afirmación, sin embargo, no es impedimento para seguir haciéndose preguntas, para pensar más allá, para analizar si el nacionalismo vasco llamado democrático ha estado a la altura de las circunstancias en la lucha contra el terrorismo. Porque la víspera del último atentado, se produjo la detención de dirigentes del llamado entramado social, cultural e internacional de ETA, es decir, de dirigentes que no habían usado directamente la violencia y el terror. Y ante esas detenciones, y ante la sentencia en la que se fundamentan, el PNV ha hablado de «despropósito» y de «cosas del pasado».

El asesinato del miembro de la Guardia Civil Raúl Centeno muestra la nula voluntad de ETA de dejar de matar. Ese crimen ponde de manifiesto que la banda ha decidido optar por su supervivencia como organización terrorista, aun a riesgo de enterrar definitivamente sus opciones de convertirse en una apuesta política en el juego democrático, aun a riesgo de enconar el problema de sus presos, y aun a riesgo de dañar cada vez más cualquier apuesta del nacionalismo democrático.

Este miedo acompaña desde hace mucho tiempo al nacionalismo vasco. Tomó fuerza clara en los días previos y siguientes al asesinato de Miguel Angel Blanco: el PNV temió por su hegemonía social, y también temió que el terrorismo terminara por dañar a todo el nacionalismo vasco, deslegitimándolo. Pero en lugar de extraer la consecuencia de romper cualquier tipo de relación con el nacionalismo de ETA, intentando definir el suyo propio de forma radicalmente diferente al de la banda criminal, tomó la decisión contraria: para poder mantener la hegemonía social del nacionalismo necesitaba a ETA, a Batasuna y a todo el espectro nacionalista que representan, y por eso entró el PNV en la vía que está siendo su gran hipoteca: buscar el fin de ETA ofreciéndole la unidad de acción para alcanzar fines compartidos.

El fin de ETA y la consecución de fines compartidos o compartibles han pasado a formar una unidad que está dañando profundamente al PNV. Sólo desde esa perspectiva se puede entender que ese partido -tranquilamente conservador, demócratacristiano, asentado en el humanismo cristiano o como se le quiera denominar- se haya manifestado siempre en contra de todas las medidas efectivas contra el terrorismo de ETA.

No sólo afirma que la detención de los dirigentes de Batasuna es un atropello, un despropósito, una cosa del pasado, sino que el propio consejero de interior del Gobierno vasco ha afirmado recientemente que la detención de la cúpula de Batasuna no aporta nada a la lucha antiterrorista, no queriendo ver que si algo ha debilitado estructuralmente a ETA es la imposibilidad de actuar al mismo tiempo como organización terrorista y como organización política que juega al juego democrático. La ilegalización de Batasuna tiene la virtud de obligar a ETA a optar: seguir siendo organización terrorista y renegar de la posibilidad de actuar como partido político, o ser partido político y enterrar su naturaleza terrorista. Es la medida más efectiva contra la banda.

Pero estropea la estrategia del PNV: no romper con Batasuna, para así mantener la ficción de que es posible una reconducción de los terroristas a la política por medio de la promesa de compartir sus fines. Y es que la ilegalización de Batasuna no confronta sólo a ETA con una alternativa radical -o terrorismo o política-, sino que confronta también al PNV con una alternativa igual de radical: o se democratiza reformulando su nacionalismo de forma que se diferencie radicalmente del de ETA, o seguirá bajo la sospecha que la cercanía de los fines de ETA extiende sobre sus propios fines.

El peligro que intuyó el PNV en los días del asesinato de Miguel Angel Blanco sigue vigente, y por errores propios: el terrorismo de ETA puede terminar dañando al conjunto del nacionalismo, deslegitimándolo. La solución que busca el PNV a ese problema ha sido siempre imposible, y se va a poner cada vez más claramente de manifiesto. Porque pretender que ETA deje de existir porque el PNV consigue de forma pacífica lo que quiere la banda -es el núcleo del acuerdo de Estella/Lizarra, y el de los dos planes de Ibarretxe que tratan de vestir a la moda aquel acuerdo inaceptable desde la democracia- significa vincular para siempre el proyecto político del nacionalismo al terrorismo.

No son pocos los que en la sociedad vasca creen que el fin de ETA estaría garantizado si el PNV se pusiera a ello. Y que se ponga a ello pasa porque este partido se decida a romper radicalmente con ETA, con sus métodos, con sus fines, con su simbología, con su proyecto político. Pasa porque el PNV se empeñe en la deslegitimación política de ETA. El día en que el PNV se ponga manos a la obra en esa deslegitimación, ETA se ha acabado.

Pero el PNV se encuentra ante su propio abismo: cree que ello supone renunciar a sus propias esencias, sin darse cuenta de que ese miedo es el que liga sus esencias al terrorismo de ETA. Sin darse cuenta que en lugar de ser un abismo en el que pueda perder su virginidad, la lealtad con sus esencias, la ruptura radical con ETA implicaría su paso decisivo a la homologación democrática. Porque es difícil ser demócrata en una sociedad compleja y plural sin extraer de esa complejidad y de esa pluralidad las consecuencias políticas debidas: que no es posible una definición de esa sociedad única y exclusivamente desde la perspectiva nacionalista, porque implica la negación del pluralismo. Y, sin reconocimiento de ese pluralismo, no es posible ser demócrata.

No hay duda de que la persecución del terror se debe llevar a cabo dentro de los límites marcados por el Estado de Derecho. No cabe lugar a dudas de que cualquier ciudadano, y cualquier partido político, puede plantear con claridad la exigencia del respeto a las normas del Estado de Derecho, cuando de la persecución de los terroristas se trata, y también cuando de la detención de líderes de entramados civiles se trata.

Pero el recurso a las exigencias del Estado de Derecho desde la posición de no compartir ninguna de las medidas efectivas que derivan en el deblitamiento estructural de ETA puede terminar resultando sospechoso: quizá no sea tanto el respeto a la ley -el cumplimiento, por ejemplo, de la Ley de Banderas- cuanto la necesidad de no romper con ETA y con su entorno lo que lleva al PNV a declarar que las detenciones últimas de las organizaciones Ekin, Xaki y otras son cosa del pasado: de un pasado en el que ETA podía jugar en los dos campos de fútbol, en el del terrorismo y en el de la política.

Pero lo único que es del pasado es el deseo, o la necesidad del PNV, de permitir que ETA siga en su juego macabro de matar y además dedicarse a la política como si no pasara nada. Muchos dicen que ETA ha perdido todos los trenes que le podían sacar del agujero. Mucho me temo que es al PNV al que se le están escapando todos los trenes.