Por Patxo Unzueta en El País de 21 de noviembre 2008
Cada vez que se invoca el déficit fiscal de Cataluña como argumento para limitar su aportación a los mecanismos de cohesión territorial se recuerda que ese déficit se ve compensado de alguna manera por el superávit de la balanza comercial catalana en relación con el resto de España. Frente a las visiones simplistas de sectores nacionalistas, Ernest Lluch, por ejemplo, sostenía que las rentas que Cataluña transfiere a otras comunidades por vía fiscal las recupera con creces al vender en ellas sus productos, favoreciendo la creación de empleos catalanes.
Más recientemente se ha querido relativizar ese argumento diciendo que el mercado natural de Cataluña no es tanto España como el Mercado Único europeo. Un dirigente nacionalista vasco lo expresaba así: "Si no nos compran en Madrid, ya nos comprarán en Luxemburgo". La discusión no tiene visos de amainar, pero puede hacerse ahora con datos más precisos: acaba de publicarse un estudio sobre el comercio inter-regional en España correspondiente al periodo 1995- 2006 que viene a cubrir una laguna estadística. Ha sido redactado por el Centro de Predicción Económica y patrocinado por 11 comunidades autónomas, entre las que figuran Cataluña, Madrid, Euskadi y Andalucía.
Una primera conclusión del estudio es que todas las comunidades mantienen relaciones comerciales más intensas con el resto de España que con el extranjero, tanto desde el lado de las importaciones como de las exportaciones. El peso del comercio interior -ventas en la propia comunidad (29,9%) y a otras comunidades (44,1%)- supone el 74% del total de transaciones, frente al 26% del comercio exterior; en todas las comunidades el comercio inter-regional supera al internacional, y también (con alguna excepción insular) al intracomunitario.
Otra conclusión es que Cataluña es con gran diferencia la comunidad que registra un mayor saldo favorable en su relación con el resto de España: de más de 13.000 millones de euros en 1995 y de casi 20.000 en 2006. Las siguientes con mayor saldo positivo son el País Vasco y Galicia, con más de 6.000 millones cada una en 2006. Estas tres comunidades son las únicas que registran saldo positivo a lo largo de todo el periodo. Esa situación es compatible, en el caso de Cataluña, con un gran déficit en su relación con el exterior. Los autores del estudio sugieren que la condición de Cataluña como principal abastecedor del mercado interior y a la vez segundo mayor comprador (tras Madrid) en los mercados exteriores puede deberse a su función de puerta de entrada de productos que distribuye por todo el país. Sin embargo, aunque conserve el primer lugar en el ranking, el crecimiento del comercio inter-regional ha sido en Cataluña, en ese periodo de 11 años, inferior a la media.
Euskadi tuvo hasta hace poco saldos positivos también en el sector exterior, pero desde 2006 lo tiene negativo: importa más que exporta. Pero es significativa la fuerte dependencia de la economía vasca respecto al mercado español: vende (con datos de 2000) en su propio territorio el 26% de lo que produce y en otras comunidades el 42%. También es llamativo el fuerte superávit de Galicia, pese a que no figura, como las otras dos, entre las comunidades más desarrolladas.
Resulta irónico que sean precisamente las tres comunidades con mayor presencia nacionalista, incluyendo la de sectores partidarios de romper amarras con España, las que más se benefician de su relación comercial con las otras comunidades españolas.
El estudio no recoge los flujos financieros, pero hace años que el economista (y diputado socialista) Juan Muñoz, recientemente fallecido, ofreció datos indicativos del trasvase histórico, sobre todo a través de las cajas de ahorro, de una gran parte del ahorro de la España agraria a la industrial; de forma que en el País Vasco, por ejemplo, por cada 100 pesetas ahorradas en la comunidad, se invertían 180. Algo similar ocurría en Madrid y en Cataluña.
Hasta hace poco se daba por supuesto que el progreso de Andalucía, por ejemplo, o el de Extremadura, favorecía el de Cataluña, y viceversa; que los fondos transferidos por vía fiscal no sólo eran un factor de cohesión social, lo cual ya es bastante, sino un elemento de dinamización del mercado español, de cuya solvencia depende en gran medida la prosperidad de Cataluña. Había por tanto razones de equidad, pero también de interés compartido, para mantener las políticas redistributivas territoriales.
Esto ya no se percibe así por un sector de la población catalana, en parte por la discutible opción de su clase política que, en su demanda de una mejor financiación, asumió alegremente la teorización (aunque no las conclusiones últimas) del catalanismo más extremista, según la cual las balanzas fiscales probaban el "expolio fiscal" de Cataluña; de lo que deducían que la pertenencia a España "es un lastre", un "mal negocio".
El debate continuará, sin duda, pero tal vez los datos relativos a las balanzas comerciales, y no sólo las fiscales, permitan abordarlo de forma menos simplista y con mayor conocimiento de causa.
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viernes, 21 de noviembre de 2008
jueves, 22 de noviembre de 2007
Esto no es una taberna
Por Patxo Unzueta en El País de 22 de noviembre de 2007
"¿Qué tal ha estado?", preguntó el director a los periodistas que regresaban de una comida con el importante político. "Muy bien, a nuestra altura", respondió uno de ellos. "Pues a mí no me ha parecido que haya estado tan mal", matizó otro.
La opinión que los periodistas tienen de los políticos es similar a la que tienen de su propio gremio, pero algo mejor que la que los políticos tienen del suyo, según se deduce cómo se tratan entre sí. Un trato que obligó no hace mucho al presidente del Congreso, Manuel Marín, a aclarar: "Esto no es una taberna".
Marín, que ayer presidió un homenaje al diputado del PP Gabriel Cisneros, recientemente fallecido, se va ofendido por la falta de tacto de quienes le buscaron sustituto antes de tiempo y hastiado por el sectarismo que domina la política española. Apenas hay otro debate político que el mantenido, por persona interpuesta, en las tertulias de radio y televisión; pero también en ellas se ha impuesto el griterío de trinchera.
En todos los países hay broncas entre la derecha y la izquierda, pero existe un reconocimiento entre los adversarios: no se llaman fascista entre sí, ni a nadie se le ocurre comparar un recurso de inconstitucionalidad con un golpe de Estado. La banalización de esos términos es un síntoma del infantilismo dominante.
Falta sentido de la continuidad del Estado democrático. Aznar no es el sucesor de Carrero Blanco, sino el de Felipe González como presidente. Por eso, y con independencia de las objeciones que puedan plantearse en el ámbito de la política exterior, estuvo en su papel el Rey ("símbolo de la unidad y permanencia" del Estado) al exigir que se dejase hablar al presidente Zapatero precisamente cuando defendía que Aznar, su antecesor, no es ningún fascista. Y estuvo en el suyo Aznar al agradecer a ambos esa defensa.
En los dos bandos hay quienes se encuentran a gusto instalados en el sectarismo, pero también otros que comparten con muchos ciudadanos el hartazgo que les provoca. Apenas hay encuestas que indaguen sobre la dimensión de ese hastío, pero el principio de acuerdo sobre el modelo territorial alcanzado por Zapatero y Rajoy en enero de 2005 fue recibido con tanta satisfacción como decepción provocó su casi inmediata ruptura. En un estudio de la Fundación Víctimas del Terrorismo presentado la semana pasada, el 61% admite que las divisiones entre los partidos producen tensión en su entorno personal. El 85% de los votantes del PSOE y el 80% de los del PP consideran indispensable el acuerdo entre ambos partidos en política antiterrorista; pero sólo el 30% lo ve probable.
El sectarismo cruzado ha cuajado en mensajes excluyentes. Aparte de Ciutadans en Cataluña, el único partido constitucional es el PP, sostenía hace poco un muy conocido portavoz del Foro Ermua en un artículo periodístico. Si así fuera, no sería posible la democracia: no habría posibilidad de alternancia en el marco constitucional. Los intentos de condenar al ostracismo político al PP (incluso mediante compromiso ante notario) responden a la misma mentalidad excluyente.
No basta con determinar quién empezó la bronca o quién es más culpable de que siga; es exigible que ambos partidos (y no sólo el de los otros) se desarmen de tanto sectarismo y recompongan el consenso sobre las cuestiones básicas, como ocurre entre Gobierno y oposición en la mayoría de las democracias. Sin disenso y confrontación política no hay democracia, pero la que hay es muy imperfecta si no hay acuerdo sobre nada. El deseable entre PP y PSOE habría permitido evitar los desbordamientos del marco en las reformas estatutarias, lo que habría ahorrado muchas tensiones actuales.
De su aval a la teoría conspiratoria a sus recursos de inconstitucionalidad contra toda ley que no hubiera votado, el PP ha cometido grandes errores, pero tal vez el más grave haya sido su renuncia a hacer valer sus 10 millones de votos para exigir ser tenido en cuenta en la negociación de las reformas. Ha preferido oponerse a todo para poder denunciar luego el resultado con gran escándalo. Eso ha favorecido el sectarismo del núcleo duro del PSOE, que ha hecho más caso a las presiones de aliados inseguros (o de un concejal) que a las recomendaciones del Consejo de Estado sobre las reformas territoriales o sobre la denominación del matrimonio homosexual, por ejemplo.
Tanto Zapatero como Rajoy se han comprometido a no pujar por la presidencia si su partido no es el más votado. Rajoy ha explicado que ese compromiso implica el de facilitar la investidura del candidato rival, para que no dependa de "las exigencias nacionalistas". Por otra parte, ha planteado al PSOE un pacto para reformar la Constitución en el sentido de cerrar definitivamente la configuración del Estado autonómico.
Más que cerrar nada, lo que cabría es abrirla en ambas direcciones, como han hecho los alemanes. Que pueda haber mayor descentralización donde la experiencia lo aconseje, pero que también sea posible la recuperación pactada por el Estado de competencias cuya dispersión se ha revelado negativa. Un acuerdo PP-PSOE sobre una reforma en esos términos podría ser la base de un pacto de legislatura entre ellos; no para excluir a los nacionalistas, pero sí para poner freno por una temporada a su tendencia a ignorar los límites. España no es una taberna, y menos una herriko-taberna.
"¿Qué tal ha estado?", preguntó el director a los periodistas que regresaban de una comida con el importante político. "Muy bien, a nuestra altura", respondió uno de ellos. "Pues a mí no me ha parecido que haya estado tan mal", matizó otro.
La opinión que los periodistas tienen de los políticos es similar a la que tienen de su propio gremio, pero algo mejor que la que los políticos tienen del suyo, según se deduce cómo se tratan entre sí. Un trato que obligó no hace mucho al presidente del Congreso, Manuel Marín, a aclarar: "Esto no es una taberna".
Marín, que ayer presidió un homenaje al diputado del PP Gabriel Cisneros, recientemente fallecido, se va ofendido por la falta de tacto de quienes le buscaron sustituto antes de tiempo y hastiado por el sectarismo que domina la política española. Apenas hay otro debate político que el mantenido, por persona interpuesta, en las tertulias de radio y televisión; pero también en ellas se ha impuesto el griterío de trinchera.
En todos los países hay broncas entre la derecha y la izquierda, pero existe un reconocimiento entre los adversarios: no se llaman fascista entre sí, ni a nadie se le ocurre comparar un recurso de inconstitucionalidad con un golpe de Estado. La banalización de esos términos es un síntoma del infantilismo dominante.
Falta sentido de la continuidad del Estado democrático. Aznar no es el sucesor de Carrero Blanco, sino el de Felipe González como presidente. Por eso, y con independencia de las objeciones que puedan plantearse en el ámbito de la política exterior, estuvo en su papel el Rey ("símbolo de la unidad y permanencia" del Estado) al exigir que se dejase hablar al presidente Zapatero precisamente cuando defendía que Aznar, su antecesor, no es ningún fascista. Y estuvo en el suyo Aznar al agradecer a ambos esa defensa.
En los dos bandos hay quienes se encuentran a gusto instalados en el sectarismo, pero también otros que comparten con muchos ciudadanos el hartazgo que les provoca. Apenas hay encuestas que indaguen sobre la dimensión de ese hastío, pero el principio de acuerdo sobre el modelo territorial alcanzado por Zapatero y Rajoy en enero de 2005 fue recibido con tanta satisfacción como decepción provocó su casi inmediata ruptura. En un estudio de la Fundación Víctimas del Terrorismo presentado la semana pasada, el 61% admite que las divisiones entre los partidos producen tensión en su entorno personal. El 85% de los votantes del PSOE y el 80% de los del PP consideran indispensable el acuerdo entre ambos partidos en política antiterrorista; pero sólo el 30% lo ve probable.
El sectarismo cruzado ha cuajado en mensajes excluyentes. Aparte de Ciutadans en Cataluña, el único partido constitucional es el PP, sostenía hace poco un muy conocido portavoz del Foro Ermua en un artículo periodístico. Si así fuera, no sería posible la democracia: no habría posibilidad de alternancia en el marco constitucional. Los intentos de condenar al ostracismo político al PP (incluso mediante compromiso ante notario) responden a la misma mentalidad excluyente.
No basta con determinar quién empezó la bronca o quién es más culpable de que siga; es exigible que ambos partidos (y no sólo el de los otros) se desarmen de tanto sectarismo y recompongan el consenso sobre las cuestiones básicas, como ocurre entre Gobierno y oposición en la mayoría de las democracias. Sin disenso y confrontación política no hay democracia, pero la que hay es muy imperfecta si no hay acuerdo sobre nada. El deseable entre PP y PSOE habría permitido evitar los desbordamientos del marco en las reformas estatutarias, lo que habría ahorrado muchas tensiones actuales.
De su aval a la teoría conspiratoria a sus recursos de inconstitucionalidad contra toda ley que no hubiera votado, el PP ha cometido grandes errores, pero tal vez el más grave haya sido su renuncia a hacer valer sus 10 millones de votos para exigir ser tenido en cuenta en la negociación de las reformas. Ha preferido oponerse a todo para poder denunciar luego el resultado con gran escándalo. Eso ha favorecido el sectarismo del núcleo duro del PSOE, que ha hecho más caso a las presiones de aliados inseguros (o de un concejal) que a las recomendaciones del Consejo de Estado sobre las reformas territoriales o sobre la denominación del matrimonio homosexual, por ejemplo.
Tanto Zapatero como Rajoy se han comprometido a no pujar por la presidencia si su partido no es el más votado. Rajoy ha explicado que ese compromiso implica el de facilitar la investidura del candidato rival, para que no dependa de "las exigencias nacionalistas". Por otra parte, ha planteado al PSOE un pacto para reformar la Constitución en el sentido de cerrar definitivamente la configuración del Estado autonómico.
Más que cerrar nada, lo que cabría es abrirla en ambas direcciones, como han hecho los alemanes. Que pueda haber mayor descentralización donde la experiencia lo aconseje, pero que también sea posible la recuperación pactada por el Estado de competencias cuya dispersión se ha revelado negativa. Un acuerdo PP-PSOE sobre una reforma en esos términos podría ser la base de un pacto de legislatura entre ellos; no para excluir a los nacionalistas, pero sí para poner freno por una temporada a su tendencia a ignorar los límites. España no es una taberna, y menos una herriko-taberna.
viernes, 9 de noviembre de 2007
Los tres errores del PP
De Patxo Unzueta en El País de 8 de noviembre de 2007
Sólo los muy fanáticos pueden creer que los del Partido Popular son tan fanáticos como para creerse sus teorías conspiratorias sobre el 11-M. Se las puede creer Alcaraz, presidente de la AVT, o los que llaman a las radios para decir lo que saben de buena tinta, pero sería ofensivo pensar que personas tan inteligentes como Zaplana y compañía puedan tomarse en serio historietas como que los terroristas del piso de Leganés habían "sido suicidados" o que alguien a las órdenes de Zapatero había metido falsas pistas en la furgoneta de Alcalá, etc. Nunca creyeron tales teorías, pero han seguido manteniéndolas porque pensaban que les convenía. Y ese ha sido su primer error político.
Un efecto de ello ha sido la sensación de incomodidad, incluso de envilecimiento, de sectores próximos a ese partido -en los medios de comunicación conservadores, por ejemplo- ante dirigentes que decían en público lo contrario de lo que comentaban en privado. Muchos simpatizantes del PSOE recordarán haber vivido esa misma sensación en los tiempos en que personalidades socialistas a las que admiraban negaban la evidencia a propósito de escándalos como el de Filesa, por ejemplo.
La diligencia con que actuaron las fuerzas policiales a las órdenes del Gobierno del PP tras los atentados se vio empañada por los graves desaciertos en la gestión política de la crisis. Aparte de no contar con la oposición para iniciativas como la convocatoria de la manifestación, el mantenimiento de la hipótesis de la autoría de ETA cuando ya había dejado de ser verosímil revela una confusión política de fondo: la que nace de haber dado crédito a los supuestos expertos que pronosticaron que si era ETA, ganaba Rajoy, y si los islamistas, Zapatero. Error, porque la hipótesis de ETA era para el PP aún peor que la otra en la medida en que le privaba de su principal baza electoral: que su firmeza había conseguido derrotar a ETA. Algo incompatible con que hubiera sido capaz de asesinar en una mañana a tantas personas como en los 14 años anteriores.
Pero ellos pensaban en Irak. La sentencia no establece relación entre la participación española y los atentados. Su preparación se inició bastante antes, y los mismos autores del 11-M intentaron otra matanza en el AVE Madrid-Sevilla cuando ya se había anunciado la retirada. Lo que sí había desde tiempo atrás era el llamamiento a los yihadistas afincados en países occidentales a llevar a cada uno de ellos el castigo de Alá, y es verosímil suponer -así se deduce de mensajes aparecidos en sus foros de Internet- que adaptaran su proselitismo a las circunstancias políticas internas de cada lugar.
El argumento del PP para sostener que no había mentido en vísperas de las elecciones generales del 14-M era que en ningún momento impidió o retrasó la investigación policial cuando apareció la pista islámica. Sin embargo, es el empeño posterior en mantener la hipótesis de la participación de ETA lo que da fuerza a la sospecha de manipulación. Un empeño nacido de las mentes de periodistas espabilados que buscaron y obtuvieron el aval de un partido con 146 escaños. Con el efecto de convertir al partido en rehén de los espabilados una vez que suposiciones sin mayor fundamento fueran asumidas por el sector más crédulo de su electorado (hasta un 30% de sus votantes, según una encuesta publicada en vísperas de la sentencia).
La adopción de la teoría conspiratoria fue motivada inicialmente por un equívoco: ante el acoso de los demás partidos, algunos dirigentes populares llegaron a creer que para demostrar que no habían mentido tenía que descubrirse que, finalmente, sí había intervenido la banda terrorista ETA. Ese fue el segundo error.
El PP presentó al cierre de la Comisión de investigación sobre el 11-M su propio texto de conclusiones, en el que se descartaba (con buenas razones) la relación de la matanza con la participación en Irak, pero en el que se sustituía esa motivación por la de "desalojar al PP del poder y provocar un cambio de rumbo en la política interior y exterior española". Y, para probarlo, ofrecía el dato sociológico de que hubo 1,6 millones de personas que, teniendo previsto abstenerse, decidieron, tras los atentados, ir a votar.
Rajoy dijo bastante pronto que reconocía la legitimidad de la victoria de Zapatero, pero el discurso dominante posterior la ha cuestionado: "Quiero saber exactamente quiénes fueron los terroristas que cambiaron el Gobierno de España", decía hace unos días en Televisión Española el antiguo portavoz del Gobierno de Aznar, Miguel Angel Rodríguez. Pero no fueron los terroristas sino los ciudadanos que, atendiendo a lo que pidieron los principales líderes políticos, decidieron reforzar la legitimidad del Gobierno y la oposición que salieran de las urnas acudiendo masivamente a votar: la participación fue casi nueve puntos superior a la de las anteriores elecciones.
Ese intento, nunca del todo abandonado, de atribuir el resultado electoral -"cambiar el curso político de España"- al terrorismo, y no a la respuesta ciudadana al terrorismo, es el tercer y más grave error político del PP en relación al 11-M. Aznar lo hizo suyo ayer.
Sólo los muy fanáticos pueden creer que los del Partido Popular son tan fanáticos como para creerse sus teorías conspiratorias sobre el 11-M. Se las puede creer Alcaraz, presidente de la AVT, o los que llaman a las radios para decir lo que saben de buena tinta, pero sería ofensivo pensar que personas tan inteligentes como Zaplana y compañía puedan tomarse en serio historietas como que los terroristas del piso de Leganés habían "sido suicidados" o que alguien a las órdenes de Zapatero había metido falsas pistas en la furgoneta de Alcalá, etc. Nunca creyeron tales teorías, pero han seguido manteniéndolas porque pensaban que les convenía. Y ese ha sido su primer error político.
Un efecto de ello ha sido la sensación de incomodidad, incluso de envilecimiento, de sectores próximos a ese partido -en los medios de comunicación conservadores, por ejemplo- ante dirigentes que decían en público lo contrario de lo que comentaban en privado. Muchos simpatizantes del PSOE recordarán haber vivido esa misma sensación en los tiempos en que personalidades socialistas a las que admiraban negaban la evidencia a propósito de escándalos como el de Filesa, por ejemplo.
La diligencia con que actuaron las fuerzas policiales a las órdenes del Gobierno del PP tras los atentados se vio empañada por los graves desaciertos en la gestión política de la crisis. Aparte de no contar con la oposición para iniciativas como la convocatoria de la manifestación, el mantenimiento de la hipótesis de la autoría de ETA cuando ya había dejado de ser verosímil revela una confusión política de fondo: la que nace de haber dado crédito a los supuestos expertos que pronosticaron que si era ETA, ganaba Rajoy, y si los islamistas, Zapatero. Error, porque la hipótesis de ETA era para el PP aún peor que la otra en la medida en que le privaba de su principal baza electoral: que su firmeza había conseguido derrotar a ETA. Algo incompatible con que hubiera sido capaz de asesinar en una mañana a tantas personas como en los 14 años anteriores.
Pero ellos pensaban en Irak. La sentencia no establece relación entre la participación española y los atentados. Su preparación se inició bastante antes, y los mismos autores del 11-M intentaron otra matanza en el AVE Madrid-Sevilla cuando ya se había anunciado la retirada. Lo que sí había desde tiempo atrás era el llamamiento a los yihadistas afincados en países occidentales a llevar a cada uno de ellos el castigo de Alá, y es verosímil suponer -así se deduce de mensajes aparecidos en sus foros de Internet- que adaptaran su proselitismo a las circunstancias políticas internas de cada lugar.
El argumento del PP para sostener que no había mentido en vísperas de las elecciones generales del 14-M era que en ningún momento impidió o retrasó la investigación policial cuando apareció la pista islámica. Sin embargo, es el empeño posterior en mantener la hipótesis de la participación de ETA lo que da fuerza a la sospecha de manipulación. Un empeño nacido de las mentes de periodistas espabilados que buscaron y obtuvieron el aval de un partido con 146 escaños. Con el efecto de convertir al partido en rehén de los espabilados una vez que suposiciones sin mayor fundamento fueran asumidas por el sector más crédulo de su electorado (hasta un 30% de sus votantes, según una encuesta publicada en vísperas de la sentencia).
La adopción de la teoría conspiratoria fue motivada inicialmente por un equívoco: ante el acoso de los demás partidos, algunos dirigentes populares llegaron a creer que para demostrar que no habían mentido tenía que descubrirse que, finalmente, sí había intervenido la banda terrorista ETA. Ese fue el segundo error.
El PP presentó al cierre de la Comisión de investigación sobre el 11-M su propio texto de conclusiones, en el que se descartaba (con buenas razones) la relación de la matanza con la participación en Irak, pero en el que se sustituía esa motivación por la de "desalojar al PP del poder y provocar un cambio de rumbo en la política interior y exterior española". Y, para probarlo, ofrecía el dato sociológico de que hubo 1,6 millones de personas que, teniendo previsto abstenerse, decidieron, tras los atentados, ir a votar.
Rajoy dijo bastante pronto que reconocía la legitimidad de la victoria de Zapatero, pero el discurso dominante posterior la ha cuestionado: "Quiero saber exactamente quiénes fueron los terroristas que cambiaron el Gobierno de España", decía hace unos días en Televisión Española el antiguo portavoz del Gobierno de Aznar, Miguel Angel Rodríguez. Pero no fueron los terroristas sino los ciudadanos que, atendiendo a lo que pidieron los principales líderes políticos, decidieron reforzar la legitimidad del Gobierno y la oposición que salieran de las urnas acudiendo masivamente a votar: la participación fue casi nueve puntos superior a la de las anteriores elecciones.
Ese intento, nunca del todo abandonado, de atribuir el resultado electoral -"cambiar el curso político de España"- al terrorismo, y no a la respuesta ciudadana al terrorismo, es el tercer y más grave error político del PP en relación al 11-M. Aznar lo hizo suyo ayer.
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