¿Reír o llorar?

Por José María Ruiz Soroa en El Correo de 28 de noviembre de 2008

Desde hace semanas, concretamente desde que la crisis financiera mundial agravó más aún nuestra propia crisis endógena, se han abierto en España las compuertas de la retórica ideológica anticapitalista, antimercado y proestatista. La opinión pública parece un concurso sobre 'quién la dice más gorda' en su crítica al sistema económico mundial. La última escuchada, procedente nada menos que de la Comisión Ejecutiva del PSOE es la de que «el mundo necesita un sistema de mercado no egoísta». Así lo han dicho en su ejecutiva de la semana pasada y a mí, una vez que se me ha pasado el ataque de risa, me ha dado por pensar cómo hemos podido llegar en nuestra sociedad (¿o habría que decir en nuestro erial intelectual?) a un nivel de pensamiento tan bajo como para que semejante gansada pase por ocurrencia respetable.

Lo que está sucediendo podría describirse recurriendo a la metáfora del descarrilamiento de un tren. Ocurrido el accidente, algunos se ponen a reflexionar sobre qué se ha hecho mal en el tren o en el sistema vial para que tal cosa haya sucedido; y, sobre todo, qué hay que cambiar para que no vuelva a suceder (aún siendo conscientes de que siempre habrá accidentes). Pero otros, todos los 'ingenieros', 'tertulianos' y opinadores que son mayoría, prefieren 'ir a la raíz de las cosas', y unos nos dicen que los trenes nunca deben circular a más de cuarenta por hora y así se acabarán los descarrilamientos con víctimas (limitemos el mercado). Mientras otros, más profundos aún, lo tienen más claro: lo que hay que hacer es suprimir los trenes y volver al transporte en caballerías y diligencias pues ése sí que era un transporte seguro (aquí entran izquierdistas utópicos). Y otros, los más teóricos y sesudos (la Comisión Eejecutiva del PSOE) lo elaboran reflexivamente un poco más: lo que hace falta son 'veloces trenes inmóviles', es decir, artefactos que combinen las ventajas de la movilidad con las de la inmovilidad ¿Sonríen? Pues eso y no otra cosa es 'un mercado no egoísta'.

Verán ustedes, sucede que allá por 1705 un autor holandés-británico, Bernard de Mandeville, publicó una fábula titulada 'El panal rumoroso, o los bribones que se vuelven honrados', un texto que, suplementado con pensamientos posteriores, logró fama y vituperio perpetuo con el título de 'Los vicios privados hacen la prosperidad pública'. En ella exponía la situación de una próspera sociedad de abejas impregnada de las costumbres más inmoderadas, mendaces y cínicas que puedan imaginarse. Tanto que algunos habitantes de esa cloaca inmoral decidieron cambiarlas y convertir el panal en uno honrado: y así desapareció el vicio, el lujo, la avaricia, y, con ellos... desapareció la prosperidad. Todos los que vivían de los vicios, desde los artesanos a las prostitutas, se quedaron sin trabajo. Lo que esta fábula pretendía subrayar, además de la idea crucial de las consecuencias inintencionadas de toda intervención social, era que en las sociedades de cierto tamaño la prosperidad del conjunto puede derivar del vicio, la corrupción y el fraude individual. Y, más en el fondo, la fábula insinuaba algo terrible: de eso que se considera malo puede nacer el bien y viceversa, del bien puede derivarse el mal.

Ideas como éstas fueron sistematizadas por los filósofos morales de la Ilustración escocesa hasta llegar a una formulación más matizada, que no hablaba de vicio y pasiones sino de interés. La fórmula dice que, en la economía, del egoísmo de cada uno puede nacer la prosperidad de todos siempre que el sistema se mantenga bajo control y los egoísmos no se desmanden sino que se limiten unos a otros. Así nació el mercado como institución, capaz de realizar lo que la Humanidad nunca antes había podido siquiera pensar: poseer una máquina autoguíada y autosostenida para crear la prosperidad indefinida. Naturalmente, la máquina era compleja y está costando bastante controlarla eficazmente en la práctica, entre otras cosas porque avanzamos por el método de prueba-error. A veces la entorpecen los que quieren desvirtuarla para su propio abuso, otras los que quieren pararla porque les asusta mucho. A veces quienes quieren aplicarla para todo, olvidando que vale para lo que vale, para el sector económico productivo sólo. En cualquier caso, su éxito ha sido literalmente increíble: miles de millones de personas han salido de la miseria gracias a ella.

Sin embargo, casi al mismo tiempo que Mandeville formulaba su fábula anticipatoria, nació la 'internacional moralista frailuna' que se negaba indignada a aceptar su mensaje, pues ¿cómo podría admitirse algo tan espantoso como que del egoísmo y del amor por uno mismo pudiera derivarse el bien social, cuando es bien sabido desde siempre que el egoísmo es el mayor pecado del hombre? ¿Cómo que del altruismo y las frugales costumbres pudiera seguirse la ruina de la sociedad, cuando aquellas son virtudes sin par? Y, sobre todo, ¿cómo admitir que del mal pudiera nacer el bien, trastocando así los principios esenciales sobre los que gira el mundo, esos según los cuales el bien es consecuencia del buen obrar y el mal de la mala acción? Las ideas mandevillianas fueron una auténtica herida en la conciencia moral de la Humanidad, de tanto calibre como la que nos inflingió Darwin cuando atisbó que el ser humano procedía del animal, o Sigmund Freud cuando nos descubrió el inconsciente como origen de nuestro yo actuante. No, y mil veces no, proclamó la internacional frailuna: el egoísmo es un mal, incluso un pecado; son el altruismo y el desprendimiento el bien. La internacional no conoce de adscripciones ideológicas: puede ser tanto de derechas (el pensamiento católico, el conservador clásico, el autoritario) como de izquierdas (el marxismo, el utopismo, el anarquismo). Lo que les une es una repugnancia primordial: es mentira que el egoísmo individual pueda funcionar como palanca eficaz para el bien social. Más aún, es mentira que el ser humano sea egoísta; si lo parece es porque las instituciones sociales le obligan a serlo.

A pesar de ello, sucedió algo asombroso: el sistema de mercado funcionaba, la Humanidad comenzó a prosperar, la miseria comenzó a ser arrinconada, los seres humanos empezaron a poder vivir como tales cada vez en más gran número. Y ello sucedía porque, efectivamente, si cada uno buscaba su interés egoísta de manera civilizada (incluso ilustrada) el conjunto de la sociedad prosperaba y crecía. De forma que en su vida práctica todo el mundo se guiaba, hasta en China, por el principio del egoísmo como motor social. Y los gobiernos lo tenían muy en cuenta y dejaban hacer.

Con lo que, y aquí queríamos llegar, se generó en las sociedades, sobre todo en las más recalcitrantes frailunas, una esquizofrenia colectiva, o, si lo prefieren, una disonancia cognitiva rayana en la locura: por un lado, todos actuaban individualmente guiándose por su autointerés, y se enorgullecían de los resultados obtenidos y del nivel de vida procurado. Pero, por otro, casi todos consideraban que el autointerés y el egoísmo eran malos, despreciables y un auténtico 'pecado' (el horror del 'homo oeconomicus') y por ello creían que el sistema de mercado era humanamente repugnante. Eran ricos, pero infelices debido a su mala conciencia. Y naturalmente, para que no les estallara la cabeza al albergar tamaña contradicción, se inventaron un comodín intelectual: si el sistema de mercado existía no era porque lo quisiera el pueblo de seres humanos altruistas, sino porque unos diablos escondidos en una supermáquina lo imponían. Nadie sabía donde estaba exactamente la supermáquina pero desde luego estaba. Si nos dejaran libres de verdad, se decían las abejas (por ejemplo si nos dejaran decidir en consulta popular el asunto al estilo Izquierda Unida), entonces todos votaríamos por suprimir el mercado, el liberalismo económico y el capitalismo. Y seríamos por fin felices, ricos y felices a la vez. Aunque se guardaban mucho de hacerlo de verdad, no fuera que les pasase lo que a las abejas de Mandeville.

La esquizofrenia era antiguamente más llevadera, porque las abejas moralistas podían señalar a un sistema económico alternativo al mercado, el del socialismo real planificado, como bella posibilidad. Desde que este sistema se hundió en el descrédito más absoluto al demostrarse empíricamente que sólo producía pobreza, nuestros frailes se quedaron sin alternativa teórica. Pero no importa, en su discurso de legitimación, ese que les permite autoexplicarse quiénes son en la política, se niegan a ceder un ápice en su moral: no señor, siguen diciendo, el egoísmo es malo, es una aberración, es una traición al hombre ideal. Por eso, atrapados en su esquizofrenia, cuando el tren se avería o descarrila no hacen sino hablar de 'mercados sin egoísmo' o 'veloces trenes inmóviles'. Lo cual no haría sino provocar la risa si no fuera porque estos moralistas son los creadores de la cultura política en nuestro país. Por eso es de llorar.

Lo que importa (y exporta)

Por Patxo Unzueta en El País de 21 de noviembre 2008

Cada vez que se invoca el déficit fiscal de Cataluña como argumento para limitar su aportación a los mecanismos de cohesión territorial se recuerda que ese déficit se ve compensado de alguna manera por el superávit de la balanza comercial catalana en relación con el resto de España. Frente a las visiones simplistas de sectores nacionalistas, Ernest Lluch, por ejemplo, sostenía que las rentas que Cataluña transfiere a otras comunidades por vía fiscal las recupera con creces al vender en ellas sus productos, favoreciendo la creación de empleos catalanes.

Más recientemente se ha querido relativizar ese argumento diciendo que el mercado natural de Cataluña no es tanto España como el Mercado Único europeo. Un dirigente nacionalista vasco lo expresaba así: "Si no nos compran en Madrid, ya nos comprarán en Luxemburgo". La discusión no tiene visos de amainar, pero puede hacerse ahora con datos más precisos: acaba de publicarse un estudio sobre el comercio inter-regional en España correspondiente al periodo 1995- 2006 que viene a cubrir una laguna estadística. Ha sido redactado por el Centro de Predicción Económica y patrocinado por 11 comunidades autónomas, entre las que figuran Cataluña, Madrid, Euskadi y Andalucía.

Una primera conclusión del estudio es que todas las comunidades mantienen relaciones comerciales más intensas con el resto de España que con el extranjero, tanto desde el lado de las importaciones como de las exportaciones. El peso del comercio interior -ventas en la propia comunidad (29,9%) y a otras comunidades (44,1%)- supone el 74% del total de transaciones, frente al 26% del comercio exterior; en todas las comunidades el comercio inter-regional supera al internacional, y también (con alguna excepción insular) al intracomunitario.

Otra conclusión es que Cataluña es con gran diferencia la comunidad que registra un mayor saldo favorable en su relación con el resto de España: de más de 13.000 millones de euros en 1995 y de casi 20.000 en 2006. Las siguientes con mayor saldo positivo son el País Vasco y Galicia, con más de 6.000 millones cada una en 2006. Estas tres comunidades son las únicas que registran saldo positivo a lo largo de todo el periodo. Esa situación es compatible, en el caso de Cataluña, con un gran déficit en su relación con el exterior. Los autores del estudio sugieren que la condición de Cataluña como principal abastecedor del mercado interior y a la vez segundo mayor comprador (tras Madrid) en los mercados exteriores puede deberse a su función de puerta de entrada de productos que distribuye por todo el país. Sin embargo, aunque conserve el primer lugar en el ranking, el crecimiento del comercio inter-regional ha sido en Cataluña, en ese periodo de 11 años, inferior a la media.

Euskadi tuvo hasta hace poco saldos positivos también en el sector exterior, pero desde 2006 lo tiene negativo: importa más que exporta. Pero es significativa la fuerte dependencia de la economía vasca respecto al mercado español: vende (con datos de 2000) en su propio territorio el 26% de lo que produce y en otras comunidades el 42%. También es llamativo el fuerte superávit de Galicia, pese a que no figura, como las otras dos, entre las comunidades más desarrolladas.

Resulta irónico que sean precisamente las tres comunidades con mayor presencia nacionalista, incluyendo la de sectores partidarios de romper amarras con España, las que más se benefician de su relación comercial con las otras comunidades españolas.

El estudio no recoge los flujos financieros, pero hace años que el economista (y diputado socialista) Juan Muñoz, recientemente fallecido, ofreció datos indicativos del trasvase histórico, sobre todo a través de las cajas de ahorro, de una gran parte del ahorro de la España agraria a la industrial; de forma que en el País Vasco, por ejemplo, por cada 100 pesetas ahorradas en la comunidad, se invertían 180. Algo similar ocurría en Madrid y en Cataluña.

Hasta hace poco se daba por supuesto que el progreso de Andalucía, por ejemplo, o el de Extremadura, favorecía el de Cataluña, y viceversa; que los fondos transferidos por vía fiscal no sólo eran un factor de cohesión social, lo cual ya es bastante, sino un elemento de dinamización del mercado español, de cuya solvencia depende en gran medida la prosperidad de Cataluña. Había por tanto razones de equidad, pero también de interés compartido, para mantener las políticas redistributivas territoriales.

Esto ya no se percibe así por un sector de la población catalana, en parte por la discutible opción de su clase política que, en su demanda de una mejor financiación, asumió alegremente la teorización (aunque no las conclusiones últimas) del catalanismo más extremista, según la cual las balanzas fiscales probaban el "expolio fiscal" de Cataluña; de lo que deducían que la pertenencia a España "es un lastre", un "mal negocio".

El debate continuará, sin duda, pero tal vez los datos relativos a las balanzas comerciales, y no sólo las fiscales, permitan abordarlo de forma menos simplista y con mayor conocimiento de causa.

La nacionalidad de las empresas

Por Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital de 6 de agosto de 2008

La indignación de los patriotas se ha desatado una vez más. En esta ocasión, con el anuncio de que Chávez está dispuesto a nacionalizar el Banco de Venezuela, filial del Santander. “En el extranjero se está maltratando a las empresas españolas”. ¿Españolas? ¿No habíamos quedado en que con eso de la globalización las empresas no tienen nacionalidad?

En un orden económico presidido por la libre circulación de capitales, ¿cabe hablar de empresas nacionales y extranjeras? ¿Qué criterios emplear para clasificarlas en uno u otro grupo? Cuando todo español -si tiene dinero, claro- puede invertir por Internet en las empresas de Europa y todo europeo invertir en las que llamamos españolas, ¿podemos saber en qué manos está y de qué nacionalidad es el capital de, por ejemplo, las sociedades del Ibex? El mismo hecho de que el Banco de Venezuela pertenezca al Banco de Santander ¿no es señal clara de lo relativo que resulta asignar nacionalidad a las sociedades cuando son privadas? Las únicas empresas nacionales son las públicas. Quizás por eso Chávez y algún que otro mandatario latinoamericano se plantean nacionalizar las compañías estratégicas.

Cada vez son más los países latinoamericanos que están de vuelta de la aventura neoliberal, y sus poblaciones son conscientes del desastre al que les han conducido sus postulados. Por eso, aunque no les guste a los países desarrollados y a pesar de las presiones desatadas en contra por las fuerzas económicas, están eligiendo a mandatarios que, con todos sus defectos e incluso equivocaciones, quieren desandar el camino emprendido, en el convencimiento de que nada podrá ser peor que la situación a la que la globalización y el neoliberalismo les han abocado. Es en este escenario donde se encuadra el ansia de muchos países por recobrar las empresas vitales que fueron malvendidas al capital extranjero y que este explota con pingües beneficios y condiciones muchas veces leoninas para los consumidores y naturales del país.

Los voceros de la derecha española, que son muchos más de los que se confiesan tales, arremeten contra el Gobierno porque, según ellos, no defiende a las empresas nacionales. Quieren identificar los intereses del Banco de Santander, del BBVA, de Repsol, de Endesa, de Telefónica, etc., con los intereses de los españoles, cuando la gran mayoría carece de cualquier capacidad de ahorro y por lo tanto de jugar a la bolsa, e incluso aquella minoría que invierte en acciones lo hace, casi en su totalidad, en una cantidad tan nimia que sin duda resulta una exageración afirmar que sus intereses están unidos a los de estas grandes sociedades.

El llamado capitalismo popular es uno de los mayores embustes del neoliberalismo económico. Creado con el único objetivo de buscar la complicidad de un número mayor de ciudadanos, insuflándoles el espejismo de que, por el hecho de poseer unas pocas acciones de las empresas, sus intereses son los de éstas y los de sus grandes accionistas o gestores.

De tener algún interés en ellas, es mucho más como consumidores y usuarios que como propietarios. De nada les vale ganar unos cuantos euros en bolsa si la contrapartida va a consistir en mayores gastos al consumir los servicios que esas sociedades proporcionan. Nadie puede llamarse a engaño. Alguien, por ejemplo, va a pagar las revalorizaciones que se han producido en el sector eléctrico, y ese alguien no puede ser más que el consumidor, tal como lo estamos viendo, a través de notables incrementos en las tarifas y una mayor concentración en el mercado.

Con la paparrucha del capitalismo popular se pretende que todos cerremos filas y defendamos el patrimonio de un número reducido de familias, identificándolo con el interés nacional. El interés de la mayoría de los españoles, que es el que tiene que defender el Gobierno, está más cerca del bienestar de los venezolanos que de los beneficios de los grandes accionistas, sean nacionales o extranjeros, de estas compañías. Incluso, una vez que estas empresas gigantes han sido privatizadas, al español medio poco le importa que el capital de la empresa que le suministra el gas o la electricidad, le vende la gasolina o le concede la hipoteca sea español o foráneo. Se van a portar de igual manera.

El problema més gran que té Catalunya (i Espanya). I del qual no se’n parla

Por Vicenç Navarro en su página web

Existeix un problema greu a Catalunya (i a Espanya) del qual gairebé no se’n parla i que repercuteix d’una manera clara en la qualitat de vida de la ciutadania. M’estic referint a la baixíssima despesa pública en infraestructures del país, en serveis públics tals com sanitat, educació, habitatge, escoles bressol, serveis socials i serveis d’ajuda a persones depenents (tots ells serveis que juguen un paper clau en la configuració de la qualitat de vida de la població), així com en transferències públiques com pensions i ajudes a les famílies. En realitat, la despesa pública social per habitant a Catalunya i a Espanya és una de les més baixes de la Unió Europea dels Quinze (UE-15), el grup de països de desenvolupament econòmic semblant al nostre. Aquesta pobresa de despesa pública contrasta amb la riquesa econòmica. Catalunya té ja un nivell de riquesa econòmica (que s’amida pel PIB per cápita), superior al promig de la UE-15, mentre que Espanya hi està ja gairebé al 96%.

No som pobres però, en canvi, la despesa pública social per habitant (la despesa en tots els serveis públics i transferències públiques a les quals feia referència en el paràgraf anterior) a Espanya és només d’un 62% i a Catalunya d’un 60% del promig de la UE-15. Ens gastem en aquests serveis i transferències públiques i en les seves infraestructures molt menys del que ens correspon pel nostre nivell de riquesa econòmica. Aquest és el gran problema del nostre país, del qual gairebé ningú no parla en els mitjans d’informació i persuasió.

Aquí a Catalunya, l’escassa despesa pública social i en infraestructures s’explica per l’existència d’un dèficit fiscal de Catalunya amb la resta d’Espanya, segons el qual Catalunya aporta a l’Estat espanyol més del que rep (i que hauria de rebre, una vegada coberta la quota de solidaritat amb les altres parts d’Espanya més pobres que Catalunya). No hi ha dubte que aquest dèficit fiscal existeix i hauria de reduir-se molt substancialment. Però, encara que es reduís, el problema més gran (que Catalunya i Espanya tenen una despesa pública molt per sota del que haurien de tenir pel seu desenvolupament econòmic) continuaria. En altres paraules, tot i que Catalunya rebés el 18% de tota la despesa de l’Estat espanyol en infraestructures (tal com instrueix l’Estatut), Catalunya encara tindria una despesa pública en infraestructures menor del que hauria de tenir pel seu nivell de desenvolupament econòmic. El mateix ocorre en sanitat, educació, i la majoria de serveis públics.

En el meu llibre El subdesarrollo social de Espanya explico en detall el perquè d’aquesta situació. Una resposta ràpida i breu és que les forces conservadores i liberals (les dretes) històricament han tingut i continuen tenint gran poder tant a Catalunya com a Espanya. Aquestes forces sistemàticament afavoreixen els serveis privats sobre els públics, oposant-se a un augment dels impostos (sobretot, dels progressius) i de la despesa pública. Un exemple d’això van ser les reformes fiscals pactades pel PP i CIU, que van significar una gran rebaixa d’impostos per als grups socials més rics. I en les eleccions d’ara, la baixada dels impostos és el principal component fiscal i econòmic dels partits de dreta, tant catalans com espanyols. L’evidència nacional i internacional mostra que, a menors impostos, existeix menor despesa pública.

Per a entendre aquesta situació cal recuperar el concepte de classe social, concepte que ha desaparegut en el nostre país, excepte per definir a la majoria de la població com pertanyent a les classes mitjana. En aquesta concepció de l’estructura social de Catalunya (i d’Espanya), existeixen els rics, per dalt, els pobres, per baix, i la majoria, al mig (classes mitjanes). D’aquesta concepció se’n deriva que en les enquestes que es fa als ciutadans se’ls demana si pertanyen a la classe alta, classe mitjana o classe baixa. Previsiblement, la gent respon que pertany a la classe mitjana, d’on els mitjans d’informació conclouen que la gent es considera de classe mitjana. Per desgràcia, les enquestes del Govern d’Entesa continuen utilitzant aquest esquema en les seves enquestes. És un error. Cal ser conscients que Catalunya continua tenint classes socials; burgesia, petita burgesia, classe mitjana i classe treballadora. El 58% de la població de l’àrea metropolitana de Barcelona és classe treballadora. I quan a la gent se li pregunta la seva pertinença social seguint aquesta terminologia, la majoria de la població catalana es defineix classe treballadora, una classe que no obstant això ha desaparegut del discurs polític (a la qual cosa, tal classe respon abstenint-se en el procés electoral). La burgesia, petita burgesia i la classe mitjana (professionals de renda superior) constitueixen el 30% de la població catalana, que gaudeixen de rendes superiors i tenen una enorme influència en la vida política i mediàtica del país. Inclouen als creadors d’opinió que no volen ni sentir a parlar d’augmentar els impostos, i encara menys si aquests ingressos van a finançar els serveis públics que són utilitzats en la seva majoria per la classe treballadora i per la classe mitjana (de renda mitja i baixa), és a dir, per les classes populars. Ells, el 30% de la població de renda superior, utilitza els serveis privats.

El problema amb aquesta situació és que aquesta polarització social tampoc els beneficia a ells, encara que moltes vegades no se n’adonin. Per exemple, la sanitat privada pot ser que sigui millor que la pública en molts aspectes importants com són la comoditat, el confort, o l’absència de llistes d’espera. Però la pública és molt millor que la privada en la qualitat del personal i en la infraestructura científica i tècnica, de manera que si un està malalt de debò, li aconsello que vagi a la sanitat pública. En realitat, el que es requereix és una sanitat pública multiclasista que, conservant la qualitat de la pública, tingui també la comoditat i el confort que avui es troba en la privada. Però això requereix una despesa pública sanitària molt més gran que l’actual. Catalunya (i Espanya) tenen una de les despeses públiques sanitàries per habitant més baixos de la UE-15. Aquesta situació no beneficia ni als grups més rics ni a les classes populars. I aquí està l’arrel del problema. Les classes més riques prefereixen el finançament privat sobre el públic, fins i tot en contra dels seus interessos.

El mateix ocorre en educació. La millor escola en la UE-15 és la finlandesa. Els pitjors estudiants de l’escola pública a Finlàndia tenen indicadors de qualitat millors que els millors estudiants catalans i espanyols (tant de la pública com de la privada). A Finlàndia, només un 5% d’estudiants van a l’escola privada. A Catalunya aquest percentatge és d’un 38% i a Espanya, d’un 34%. La despesa pública educativa és molt inferior per alumne a la finlandesa. Aquestes i altres dades mostren que la polarització social i la falta de solidaritat tenen un enorme cost econòmic i social per a tothom. Això és el que l’establishment econòmic, financer i mediàtic català i espanyol encara no entén!

Los pobres, cada vez más pobres

Por Guillem López Casasnovas en El Periódico (Leído en el blog de Reggio)

Los problemas que envuelven la coyuntura económica oscurecen a veces la necesidad de prestar atención a otros rasgos que, por estructurales, se perciben como de menor interés porque tenemos menos capacidad de incidir sobre ellos. Así, apareció a finales de año la Encuesta financiera de las familias, realizada por el Banco de España. Se trata de una radiografía importantísima de la situación patrimonial de nuestros hogares, que desafortunadamente no permite hoy. un análisis específico para Catalunya.

La complejidad de su elaboración requiere un periodo de maduración suficiente para interpretar esta nueva hornada de datos, referida a los meses finales del 2005. Pero permite una comparativa válida de lo que fue la encuesta similar del 2002, por lo que cabe destacar algunas conclusiones importantes, con suficiente robustez estadística.

La principal conclusión que puede sacar cualquier analista que estudie el avance de resultados, disponible en la web del Banco de España es que la desigualdad de renta y riqueza en España ha aumentado de una manera notabilísima en estos tres últimos años de boom económico.

En efecto, la encuesta comentada muestra como la mediana (y la media, por si quedaban dudas) de la renta de los hogares españoles entre el 2002 y el 2005, en términos constantes -esto es, bien contado- ha disminuido (de 25.200 a 23.100 euros), con un descenso más acusado en el segmento del 20% de hogares de renta inferior (de 8.700 a 6.900). Con ello, el rango de la desigualdad entre el 10% de familias con mayor renta respecto del 20% de familias con menos renta ha aumentado desde un ratio de casi 1 a 10 en el 2002 a casi de 1 a 13 en el 2005.

En solo tres años, el 25% de hogares más pobres ha visto reducir su riqueza en un 60%, pasando de representar en mediana 8.500 euros en el 2002, a 5.500, todo ello en euros constantes con base en el 2005. A su vez, la ratio que mide la dispersión entre el percentil de riqueza neta del 25% de hogares con menor renta respecto del que se situaba entre el 90 y 100 (el 10% de las familias más ricas) se ha más que doblado en el breve intervalo de tres años. Por edades, los cabezas de familia con edad inferior a los 35 años han mejorado menos de la mitad que el resto de hogares, y se ha reducido el porcentaje de nuestras familias más jóvenes que son propietarios de su vivienda principal.

En general, el incremento de la deuda ha superado el aumento de los activos, de modo que el porcentaje que representa la deuda sobre el valor total del patrimonio ha aumentado; y ello en especial para los colectivos de menor renta. El 20% de hogares con renta inferior que tenían deudas pendientes, en sólo tres años se ha incrementado un 50%, duplicándose, siempre en términos constantes (euros del 2005) la media del valor de su deuda. De nuevo, para estos hogares más pobres endeudados el peso de la deuda ha pasado de representar el 104% de su renta en el 2002 al 143% en el 2005. Y para mayor alarma: con ratios de deuda que triplican los ingresos del hogar, en el 2002 se computaba el 34,5% de las familias más pobres en renta y en el 2005 la cifra era del 42,6%.

Esto es, de la mitad de los hogares más pobres en renta que estaban endeudados (casi dos terceras partes del total), los pagos por sus deudas vivas suponían más del 40% de sus ingresos anuales. Por edades del cabeza de familia, de nuevo los más jóvenes se han llevado la peor parte: la mediana de su deuda ha aumentado en casi un 80% en términos reales.

EN RESUMEN: tamaño crecimiento de la desigualdad, tanto en renta, como en riqueza, como en capacidades de financiar las deudas pendientes, que se ha producido en España en tan breve espacio de tiempo, no nos debiera de dejar indiferentes. Su tratamiento exige responsabilidad en un momento como el actual de rebajas fiscales electorales y de abrazo indiscriminado de nuestros sistemas impositivos al denominado dualismo fiscal por el que se renuncia a la progresividad tributaria.

Y en la actuación necesaria para su corrección, la situación descrita reclama políticas públicas con menos universalismo populista (cheques por nacimiento y leyes de dependencia universales) y más orientación de cualesquiera sean los recursos públicos disponibles a un gasto más selectivo, ligado al test de medios y a la prueba de necesidad, para mejorar su efectividad redistributiva.

Los medios públicos de persuasión en Cataluña

Por Vicenç Navarro en El País de Cataluña de 12 de enero de 2008

Durante los 23 años de gobierno nacionalista conservador, los medios públicos de la Generalitat de Cataluña (TV-3 y Catalunya Ràdio) fueron instrumentalizados para promover una visión nacionalista conservadora en la que los enormes problemas sociales de Cataluña (en la medida en que se reconocía su existencia) se atribuían al Gobierno central, ubicado en Madrid, que discriminaba a Cataluña. La fortaleza de esta visión nacionalista se basaba en un hecho real: la existencia de un balance fiscal negativo para Cataluña con el resto de España y un déficit de inversiones públicas por parte del Gobierno central. Otro factor que contribuía al crecimiento de este nacionalismo conservador era el nacionalismo español, que es el único que no se define a sí mismo como tal. Suele llamarse constitucionalista y, al negar el carácter plurinacional de España, alimenta los nacionalismos periféricos. De ahí que no fuera infrecuente que aparecieran en los medios públicos de información de la Generalitat las voces de este nacionalismo español (incluso en su visión extrema, la COPE) a fin de identificar al resto de España con esta visión nacionalista española que reforzaba al nacionalismo catalán.

Detrás de estos nacionalismos, en teoría adversos pero en la práctica complementarios, había unos intereses comunes de clase social que explicaban el profundo conservadurismo de tales nacionalismos, bien definido en aquel eslogan, que tales medios difundían, según el cual España iba bien, a lo cual los medios nacionalistas conservadores en Cataluña añadían que Cataluña iba incluso mejor. Los datos ignorados, cuando no ocultados, en aquellos medios mostraban que ni España iba bien (el gasto público social por habitante en inversiones públicas, tanto en infraestructuras como en servicios públicos, era el más bajo de la UE-15) ni Cataluña iba mejor; en realidad, en muchas áreas iba peor (el gasto público social por habitante estaba por debajo del promedio de España). Este último déficit se atribuía en los medios de persuasión nacionalista conservadora al déficit fiscal, lo cual era cierto sólo en parte, puesto que había otras dos causas ignoradas en aquel argumento. Una de ellas eran las propias prioridades del Gobierno nacionalista conservador de la Generalitat de Cataluña, que priorizó temas identitarios (como la creación de los Mossos d’Esquadra) sobre temas sociales tales como el desarrollo de la educación o la sanidad pública, dando prioridad a los servicios privados a costa de los servicios públicos. La evidencia de ello era abrumadora (véase L’Estat del benestar a Catalunya 2003).

La causa mayor del subdesarrollo social y de infraestructura de Cataluña (y de España), sin embargo, era y continúa siendo el bajo gasto público en todo el Estado español. Mientras que las luchas interterritoriales sobre la distribución de la tarta española (estimuladas por nacionalismos centrales y periféricos) tenían y tienen una enorme visibilidad en aquellos medios nacionalistas catalanes y españoles, el problema mayor -que es el pequeñísimo tamaño de la tarta- era y continúa ignorado. España tiene el gasto público por habitante más bajo de la UE-15. En realidad, aunque Cataluña recibiera el 18% de la inversión total del Estado español en infraestructuras (tal como instruye el Estatut), Cataluña todavía tendría un gasto público en infraestructuras por habitante menor del que le correspondería por su nivel de desarrollo económico.

El bajísimo gasto público (y la escasa visibilidad de este tema en los medios de persuasión) responde al poder de clase, es decir, al enorme poder político y mediático que tiene en España y en Cataluña el 35% de la población de renta superior, y su gran resistencia a aumentar los impuestos, sobre todo si éstos van a mejorar los servicios públicos utilizados predominantemente por el 65% restante de la población, es decir, por las clases populares. Envían a sus hijos a las escuelas privadas (cuyo gasto por alumno es superior al de la escuela pública), utilizan la sanidad privada (donde el tiempo de visita promedio es de 18 minutos, en comparación con ocho minutos en la pública) y se benefician más del AVE que de los trenes de cercanías.

Los cambios de gobierno en 2003 en Cataluña y en 2004 en España diluyeron poco el discurso nacionalista, tanto periférico como central. Ni que decir tiene que ha habido cambios en tales medios catalanes, pero en su totalidad han sido menores. El análisis de poder de clases y sus implicaciones en las políticas públicas continúa excluido, siendo extraordinariamente minoritarias las voces de izquierda no nacionalistas, realidad negada, como era predecible, por los apologistas de tales medios, que dominan el clima intelectual del país.

La mirada impúdica

De José María Ruiz Soroa en El País del País Vasco de 15 de noviembre de 2007

La reciente publicación del estudio del Instituto de Estudios Fiscales sobre la financiación del Estado de las Autonomías ofrece datos de interés sobre algunos aspectos de la relación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco (y Navarra) y el resto de España, que podemos calificar como territorio común (TC). Son unos datos que puede ser útil presentar a la sociedad cuando, una vez más, nuestro líder infatigable insinúa el camino hacia "la no-España".

Verán, resulta que la sobrefinanciación que recibe el País Vasco gracias a la forma en que funciona el Concierto Económico (el cálculo del Cupo) fue equivalente en 2003 al 3,4% de su Producto Interior Bruto (la diferencia entre la financiación que recibe Euskadi -14,7% PIB- y lo que reciben las comunidades de territorio común -11,4% PIB-. En euros por habitante, la sobrefinanciación equivale a 1.237 euros, pero nos quedaremos con el dato del porcentaje PIB a efectos de ulteriores comparaciones porque es más significativo: un 3,4% del PIB.

¿De dónde sale esa sobrefinanciación que recibe el País Vasco? Resulta bastante obvio: es el coste de la solidaridad interautonómica en que el País Vasco no participa, mientras que el resto de comunidades TC sí la soporta. Dicho en otros términos, el poseer la relación fiscal especial con España que tenemos nos reporta un ingreso adicional del 3,4% PIB anual. Aunque se efectúe en forma velada (como un ahorro) se trata de una auténtica transferencia financiera que va del resto de España a Euskadi.

Para llegar a comprender lo que significa esta transferencia en términos económicos podemos compararla con el volumen de las que España ha recibido de Europa desde la fecha de su ingreso en 1986. No hace falta subrayar que esas transferencias han sido un factor esencial para el crecimiento económico de España desde entonces hasta ahora mismo, porque este es un hecho tan repetido y comentado que difícilmente podría exagerarse. Pues bien, el promedio anual de transferencias Europa-España ha sido del 0,8% del PIB español, con un máximo del 1,6% del PIB en 2003.

Pongan los dos datos en relación y deduzcan la importancia del asunto: Euskadi ha recibido anualmente en transferencias de España, desde 1.980 hasta hoy, un porcentaje que triplica, medido en impacto sobre su PIB, el que España ha recibido de Europa. O sea, que para el País Vasco, la verdadera Europa de los fondos estructurales y de cohesión es... España. Ésta es nuestro auténtico plan Marshall. Y además, y esta es una feliz noticia, así como los fondos europeos se secarán para la Península en un plazo ya muy breve, la fuente española no tiene visos de dejar de manar hacia el País Vasco.

No deja de ser paradójico que una España TC con un nivel de riqueza medio de 98 (siendo 100 el del conjunto español) financie a una comunidad, el País Vasco, cuyo nivel es 124. Pero es el efecto sorprendente de poseer "derechos históricos". ¡Y luego dicen que la historia no vale para nada! En cualquier caso, lo que así se entiende mejor es la reluctancia de nuestro líder soberanista a hablar de secesión o independencia, y su insistencia en hablar del derecho a decidir una relación amable de integración. Porque ningún gobernante en su sano juicio renunciaría a una tan suculenta relación fiscal. Estar en Europa directamente, no a través de España, le supondría al País Vasco la pérdida inmediata de un 3,4% de su PIB.

No menos interesante resulta comprobar qué ha hecho nuestro Gobierno con ese exceso de financiación que posee; es decir, en qué lo hemos empleado los vascos durante todo este tiempo. Desde luego, una parte habrá ido a mejorar nuestros servicios sociales y nuestras infraestructuras, pero llama la atención que algo así como nada menos que el 40% de la sobrefinanciación se ha transferido a las empresas y empresarios vascos en forma de menor presión fiscal en el Impuesto de Sociedades. En efecto, Euskadi recauda de media por este impuesto alrededor del 2% de su PIB, mientras que la España TC recauda más del 3%: el volumen medio de la rebaja fiscal de que gozan empresas y empresarios está entre el 1 y el 1,5%, gracias a que el tipo efectivo de este impuesto (no los nominales con los que nos distraen en las Juntas Generales) está 10 puntos por debajo que en el resto de España ¿Cómo puede permitirse el País Vasco perder un 1,5% PIB de recaudación en el Impuesto de Sociedades sin aumentar la recaudación por IRPF o IVA? Sencillo: porque tiene un 3,4% PIB de exceso que le permite ser selectivamente generoso con los contribuyentes.

Otto Bauer solía decir que en cuestiones nacionales se habla mucho de identidad y autodeterminación, pero muy poco de propiedad; y que, sin embargo, ésta es la cuestión subyacente: ¿de quién va a ser la nación soñada? En nuestro caso, la pregunta indiscreta sería ¿de quién son los derechos históricos? Y la respuesta sonaría: sobre todo, de las empresas y empresarios, no de los ciudadanos de a pie. Claro que Otto Bauer era un marxista, kantiano pero marxista. Es decir, un autor que cuando analizaba las sociedades de su tiempo se preguntaba impúdicamente ¿quién obtiene qué y por qué? Una pregunta altamente pedestre y escasamente patriótica, lo reconozco, cuando estamos hablando del sagrado derecho a decidir de un pueblo. Pero que tiene su miga.

El Concierto Económico, el privilegio y la facticidad

Por J. M. Ruiz Soroa, originalmente en El Correo de 22 de julio de 2006, pero leído aquí.

Un argumentado artículo de Pedro Larrea examinaba recientemente la cuestión de si el vigente sistema de Concierto Económico de Euskadi (o Navarra) debe considerarse o no como un privilegio. Su conclusión neta era la negativa: no es en absoluto un privilegio, decía, sino un derecho especial o particular, un ‘hecho diferencial’ que se funda en la historia específica del País Vasco, en virtud de la famosa «fuerza normativa de la facticidad» de Jellinek que Herrero de Miñón ha puesto últimamente de moda por estos lares.

Desde luego, discutir si el Concierto Económico es un ‘privilegio’ o un ‘derecho particular’ sería puro nominalismo, puesto que la palabra ‘privilegium’ (de ‘privus’ y ‘lex’) designa precisamente el derecho particular de uno sólo o de una sola clase de personas, con lo que ambos términos significan lo mismo. Lo que sucede es que el término ‘privilegio’, que durante siglos fue exhibido con orgullo por sus detentadores (y por eso nuestro Señorío de Vizcaya alardeaba de sus ‘fueros y privilegios’, como cualquier otra institución estamental), se ha vuelto una ‘palabra fea’ en la sociedad igualitarista moderna, y parece necesario sustituirla por otras más políticamente correctas: tales como derecho diferencial, particular, especial. Pero lo trascendente no es el ‘nomen’ que le demos, sino el efecto real del Concierto Económico, es decir, si procura o no un trato de favor a los recursos del País Vasco.

Se quejaba Pedro Larrea de que la cuestión se suele abordar desde la «palabrería política» y no desde la «ramplona contabilidad», como a él le parecería más adecuado. Aunque no soy precisamente un experto economista, parece que existen datos avalados por solventes intérpretes que pueden ponerse en la mesa de debate. Me remito, por ejemplo, a las palabras del catedrático de la UPV Ignacio Zubiri, que ha dedicado mucho tiempo al análisis de los efectos fiscales del Concierto Económico: «Gracias al Concierto Económico Euskadi ha dispuesto de seis puntos más del PIB de gasto público para financiar las mismas competencias que comunidades como Madrid o Cataluña»; «Es un sistema que aporta un 60% más de recursos ‘per capita’ para financiar las mismas competencias» (’El País’ 14/05/06). O los datos de la Fundación de Cajas de Ahorro sobre flujos de capital público entre comunidades que aportaba Ignacio Marco Gardoqui: «Euskadi y Navarra son las únicas comunidades que tienen un saldo positivo en su balanza fiscal, a pesar de disponer de una renta ‘per capita’ superior a la media; cada vasco recibe al año 229 euros del saco común; compárese con Cataluña que tiene un saldo negativo de 624 euros, o Madrid con 1.403 euros» (EL CORREO 17/02/05).

Tales datos nos llevan a una conclusión inevitable: el Concierto Económico podrá o no ser un privilegio en abstracto como sistema de participación fiscal en un Estado federalizado; pero tal como actúa aquí y ahora, en la realidad fiscal de España, no puede discutirse que, ciertamente, procura un trato de favor a los vascos. Con toda seguridad, Pedro Larrea conoce mejor que yo las razones por las que se produce esa distorsión en su operatividad real, pero lo que es palmario es que existe.

¿Y en abstracto? ¿Es universalizable a todas las comunidades el sistema, de forma que pueda afirmarse que no es un privilegio, sino una norma kantianamente legítima? Escuché plantear esta pregunta hace unos pocos días en la UIMP de Santander al catedrático de Hacienda Publica C. Monasterio Escudero, y me interesó sobremanera su respuesta. En principio sí es generalizable, nos dijo, como cualquier otro sistema de financiación de un Estado federalizado que quiera diseñarse, aunque llevaría bastante tiempo hacerlo en una forma razonablemente equilibrada. Ahora bien, lo que no sería posible es su generalización tal y como ahora existe y funciona para Euskadi y Navarra, pues generaría un déficit de por lo menos el 3% del PIB. La razón es clara: si todos reciben más de lo que aportan, el saco común estalla. Pero es que hay más: incluso ajustado y calculado correctamente, el sistema de Concierto Económico como método generalizado de financiación de un sistema federal tiene una consecuencia muy concreta: favorece a las comunidades ricas y perjudica a las pobres, pues carece de elementos redistributivos. Es decir, quien pagaría el coste de la universalización del sistema de Concierto sería la solidaridad. Este es un término que a Pedro Larrea le resulta pura «palabrería política», pero que a otros muchos nos parece precisamente el nervio esencial del Estado democrático social actual: la solidaridad (interpersonal, interclasista e interautonómica) no es una palabra bonita más, no es una virtud graciable, sino que es el valor más característico de nuestras sociedades democráticas. Es el criterio jurídico constitucional inspirador del Estado social. Y el Estado autonómico es parte del Estado social de Derecho, no algo al margen de él.

Dicho lo anterior desde la perspectiva ‘contable’ del asunto, conviene también precisar algo sobre la filosofía política y jurídica que trasluce el artículo que comento cuando apela a la historia, a la realidad, a «la fuerza normativa de la facticidad», para justificar sin más la diferencia de trato que entraña el Concierto Económico. Se trataría de una manifestación más de ese derecho histórico del ‘pueblo vasco’ que se impone al legislador actual por el hecho de su simple existencia. La realidad histórica encarnada en las normas consuetudinarias de un pueblo vence al racionalismo geométrico y dogmático de quienes diseñan Estados federales simétricos, defiende Pedro Larrea. ¿Qué decir de esta toma de postura? Bueno, la verdad es que la contraposición entre historia y razón, entre realidad social y racionalismo dogmático, es una vieja cantinela que empezó a pergeñar Edmund Burke en su furibunda crítica a los revolucionarios franceses que pretendían, según él, nada menos que ahormar en una construcción racional y jacobina una realidad histórica francesa viva y compleja. Y ha seguido siendo desde entonces un rasgo característico del pensamiento conservador, tanto en filosofía política (Michael Oakhesott) como jurídica (desde el segundo Ihering). Pero dejando de lado excesos ocasionales, se basa en una falsa contraposición, en una descripción de los términos en contraste que no es ajustada sino desfigurada. El racionalismo político es el de una razón histórica, una razón situada, que conoce muy bien las constricciones que impone la historia y el azar a los diseños intelectuales. Lo reconoció Aristoteles (criticando a su muy racionalista utópico maestro): «No basta imaginar un gobierno perfecto; se necesita sobre todo un gobierno practicable». Pero no por ello renunció a la razón, sino que siguió manteniendo que «la humanidad en general debe ir en busca, no de lo que es antiguo, sino de lo que es bueno».

Pretender justificar cualquier institución en su sola historia, en el simple hecho de que ha existido durante largo tiempo, es tanto como incurrir en el tipo de falacia que inolvidablemente definió David Hume: de un hecho no se puede derivar un derecho, de una situación fáctica no se puede deducir un valor. Determinados derechos particulares o concretas instituciones jurídicas pueden haber existido como normas de una sociedad durante mucho tiempo, y cualquier juicio que se haga sobre ellas deberá tener en consideración esa realidad, máxime cuando pretenda alterarlas. Pero nunca podrá admitirse que su existencia es criterio de justificación suficiente para su pervivencia.

En el ‘revival’ de los derechos históricos a que asistimos hoy entre nosotros late el mismo espíritu profundamente conservador que animaba a los moderados españoles del siglo XIX cuando invocaban la Constitución interna o histórica de España como valladar contra cualquier constitución racional liberal moderna. Cuando el PNV afirma que los derechos históricos son nuestra verdadera Constitución está incurriendo (aunque probablemente lo ignore) en el mismo desafuero intelectual que cuando Cánovas del Castillo afirmaba que la monarquía católica era la constitución interna de España. Está conectando con un historicismo ramplón que ignora el fruto más valioso de la modernidad: el de que toda institución social es criticable y revisable por los ciudadanos a que afecta. Pues si hay algo de universal en el ser humano es precisamente eso, su capacidad de criticar y modificar las normas de la sociedad en que vive. Desde su razón, precisamente.

Durante muchos siglos, por paccionada carta de privilegio, los vecinos del concellu de Leitariegos estuvieron exentos total y absolutamente de cualesquiera pechos, alcabalas o impuestos. A cambio, se obligaban a tañer las campanas y poner estacas en la senda los días de boira o nieve ¿Hubiera sido razonable mantener ese sistema de financiación, por muy antiguo, propio y paccionado que fuera? Pues eso.

¿Es el Concierto Económico un privilegio?

Por Pedro Larrea en El Correo de 13 de julio de 2006, pero leído aquí

La Constitución de 1978 se comprometió a respetar el autogobierno vasco en materia fiscal. El Estatuto de Gernika señaló el Concierto alavés de 1976 como imaginario foral de referencia. Y el 13 de mayo de 1981 el Parlamento español aprobó un modelo de tributación y financiación que reconoce a los territorios forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia la capacidad de establecer y recaudar tributos, cuyo producto ha de financiar no sólo el gasto de las instituciones vascas, sino también una parte alícuota de las competencias no recibidas, determinada básicamente en proporción al peso relativo de la renta de Euskadi sobre el conjunto estatal. El resultado fue un régimen fiscal propio, paccionado y armonizado; es decir, un sistema normativo distinto formal y a veces materialmente del de territorio común; acordado bilateralmente en el origen y en sus eventuales modificaciones; y obligado a no distorsionar el mercado único español y europeo; régimen, en fin, dotado de autonomía institucional, procedimental y económica, empleando las categorías del abogado general de la Unión Europea señor Geelhoed, lo que significa normativa propia, emanada de órgano que decide en virtud de título jurídico-político propio, y generadora de consecuencias financieras íntegramente asumidas por las administraciones vascas.

Hoy todavía, tras veinticinco años de andadura, continúan escuchándose voces hostiles al Concierto. Al coro de desafectos se ha sumado recientemente el presidente Maragall, que ve en aquél un sistema de financiación «discriminatorio e insolidario», un privilegio de imposible generalización al resto de comunidades autónomas. ‘Privilegio’: he aquí el término ominoso, palabrota malsonante de enorme impacto dialéctico, que libera al que la profiere del siempre penoso esfuerzo de argumentar o demostrar. Así que ‘privilegio’ se ha convertido en el dardo acusatorio predilecto de quienes, por una razón u otra, sienten repugnancia por la foralidad fiscal.

Explican los manuales que las normas jurídicas se clasifican, atendiendo a su ámbito territorial de aplicación, en comunes y particulares; por el contrario, el privilegio, como el llamado derecho singular o excepcional, se caracteriza por que sus principios informadores son contrarios a los de derecho común. Es claro que ni el derecho foral catalán ni el derecho tributario vasco, de naturaleza civil y político-administrativa respectivamente, son privilegios en sentido técnico, sino derecho particular vigente en un territorio determinado, en el que gozan de los atributos de abstracción y generalidad. Son, como afirma el legislador balear, derecho general en un territorio particular, o derecho distinto y no de excepción. Derecho foral significa, en suma, derecho propio.

Pero no son los tecnicismos jurídicos los que preocupan a los detractores del Concierto. ¿Será el dinero? Parece razonable rechazar un sistema que provoca un exceso de recursos para unos en detrimento de otros, en el marco de un juego de suma cero. Pero, ¿quién conoce las cifras territorializadas de gastos e ingresos, inversiones y deuda, superavits y déficits? Sorprende que el debate se lleve por los caminos celestiales de la palabrería política (la solidaridad como paradigma) y no por los de la ramplona contabilidad. ¿Para cuándo unos balances de flujos fiscales integrales por autonomías que muestren cuáles son aportadoras y cuáles receptoras netas? A partir de ellos se podría poner cara y ojos a la solidaridad, aterrizando en cifras los principios políticos convenidos. Las instituciones vascas aducen que, además de contribuir a los fondos explícitos de solidaridad, realizan una ingente aportación implícita, derivada de la desigual y opaca distribución territorial del gasto público de titularidad estatal. Se trata de una suma anual de 80.000 millones de euros, de los que Euskadi paga el 6,24%, es decir, 5.000. ¿Dónde están?

No necesita el derecho cobijarse en ninguna ideología metafísico-historicista, del signo que sea, para excusar su vulnerabilidad ante la fuerza de lo real. Un derecho que reúne pacientemente los datos que la historia ofrece y los integra razonablemente es más sólido que las ingenierías que diseñan ‘more geométrico’. En el derecho público internacional, el respeto al ‘estatu quo’ es uno de los principios angulares. Pero también el derecho privado reconoce la vigencia normativa de la facticidad, con instituciones como la costumbre, los usos mercantiles o los regímenes de familia y sucesiones del derecho foral. (A destacar, por cierto, el repentino entusiasmo historicista con que las autonomías con derecho foral propio, y especialmente Cataluña, han acogido la tarea de mantenerlo, actualizarlo e incluso recuperarlo). En derecho constitucional resulta imposible definir el perímetro del ‘demos’ soberano fuera de su contextualización histórica. Y la Constitución española de 1978, para finalizar, ofrece diversos ejemplos de situaciones históricas singulares, a las que se vinculan efectos normativos propios. El más sobresaliente es la institución de la Corona. ¿Se puede explicar, al margen de la historia, por qué el ciudadano Juan Carlos de Borbón ostenta a perpetuidad la posición de Jefe del Estado?

Y llegamos al verdadero núcleo de la cuestión: si el Concierto no es un privilegio en sentido jurídico, si el debate financiero no se quiere hacer con las cifras boca arriba, si la invocación a la historia no es extraña al derecho, ¿cuál es el problema? Sin duda la inviabilidad de la extensión del régimen de autogobierno fiscal a otras autonomías. Y no se trata de una imposibilidad técnica, ni en lo tributario ni en lo financiero: su arquitectura es teóricamente generalizable (o universalizable, si se prefiere dar un sesgo moralizante-kantiano al argumento, lo que, de paso, merece una cualificación positiva desde el punto de vista de la equidad). Las dificultades son operativas y, por tanto, políticas, ya que políticamente poderosas habrían de ser las razones que aborden tal complejidad; y porque políticas fueron también las razones por las que la Constitución prestó una tutela especial a los derechos históricos. Fue un desliz imperdonable, piensa el racionalista cuyo concepto de igualdad repele toda asimetría y diferencia. Federalismo, tal vez; pero simétrico. El ‘café para todos’ es así la versión actualizada del viejo centralismo igualitario, en la nueva era de la descentralización. Por tanto, la gran cuestión del privilegio termina formulada en términos muy elementales: ¿Por qué los vascos sí y los demás no? Y puesto que el Concierto es el aparato más visible de un autogobierno que la Constitución quiso asimétrico y diferencial, se entiende que sea el blanco predilecto de un titánico esfuerzo nivelador que los tres poderes del Estado, que no han soltado el lastre jacobino, despliegan desde 1981.

No existe un privilegio, sino un hecho diferencial, configurado a lo largo de la historia, y que la Constitución dice proteger. Un país como España, patria de uno de los filósofos que más ha reflexionado sobre la razón histórica, Ortega, tendría que entender con facilidad que la razón no es geometría ni diseño de patrones estándares incapaces de dar cuenta de las singularidades históricas. Las asimetrías no son un ataque a la razón, sino que pueden -y deben- estar integradas en ella. ¿Y si, en el fondo, en esto del privilegio estuviese la pasión tanto o más involucrada que la razón? ¿No sería divertido que un profesor de literatura como Fernando Díaz Plaja, al describir los pecados capitales de los españoles, hubiese dado con la clave de un asunto fiscal?