Por Enric González en El País de 19 de junio de 2008
No aspiro a ser justo, ni siquiera digno. Soy europeo y sólo aspiro a seguir siéndolo. Aspiro a una vida sin sobresaltos. Aspiro a la sanidad gratuita, al subsidio de desempleo, a que mis hijos gocen de la mejor educación posible a un precio simbólico, a una pensión generosa cuando me retire. Aspiro a la máxima seguridad y a unas calles limpias. Aspiro a que el paisaje rural sea hermoso y apacible, y a unos alimentos accesibles y de la máxima calidad. Aspiro a preservar la naturaleza que me rodea.
Ya, ya sé que la política agraria europea, con sus casi 50.000 millones en subsidios anuales, crea un paraíso artificial y frena las importaciones africanas. También sé que aplicamos aranceles sobre los productos más competitivos de los países en desarrollo. Y sé, por supuesto, que de vez en cuando inundamos el mercado mundial con nuestros excedentes alimentarios, y acabamos de arruinar a los países pobres. Pero eso es indispensable para que Europa siga siendo la dulce Europa, con su campiña, su paz social y sus segundas residencias. Los inmigrantes seguirán llegando, no crean que lo ignoro. Necesitamos bastantes para hacer ciertos trabajos y para aplicar sin grandes conflictos la jornada semanal de 60 horas. Nuestro objetivo ahora, como europeos, consiste en ponerles las cosas difíciles a los clandestinos, o sea, a esos que de momento no necesitamos. Que sepan que Europa, la cumbre de la civilización, sabe ser dura cuando conviene. Que sufran el desprecio, el encierro y la deportación. Que se vayan a otra parte. Resulta desagradable, por supuesto. Pero es indispensable para que Europa siga siendo la dulce Europa, la Europa que amamos.
Me gustó que el Telediario de La Primera, ayer, no concediera rango de portada a la ley contra la inmigración clandestina, aprobada por el Parlamento Europeo. Tenemos la Eurocopa. ¿Para qué crisparnos? No aspiro a ser justo, ni siquiera digno, ya lo he dicho. Soy europeo.
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jueves, 26 de junio de 2008
viernes, 30 de mayo de 2008
La mala educación
Por Jordi Soler en El País de 18 de mayo de 2008
El endurecimiento de las medidas contra los inmigrantes que aparece cíclicamente en la agenda de la Unión Europea tiene mucho de amnesia y un buen porcentaje de ingenuidad, porque si algo demuestra la historia de los flujos y reflujos migratorios de todos los tiempos es que no hay ley, ni muro, ni forma de impedir la entrada de una persona que, con el irreprochable objetivo de alimentar a su familia, pretende introducirse en un país que le ofrezca mejores oportunidades que el suyo.
Europa, y aquí viene la amnesia, le debe la vida a todos esos europeos que emigraron a otras latitudes en busca de fortuna; el soplo que trajo el Nuevo Mundo fue crucial para la consolidación del Viejo Continente. ¿Qué hubiera sido de la hoy pujante y boyante Irlanda si en el siglo XIX, durante la gran hambruna, Estados Unidos hubiera "endurecido" las medidas contra los inmigrantes? Éste es un asunto de conciencia nacional con el que tendrán que lidiar en su momento los irlandeses. En cuanto a nosotros, en España también tenemos nuestra propia cuota de amnesia, que nos lleva a hacer cosas que, si nos ajustásemos a cualquier manual de urbanidad básica, serían calificados como esos actos impropios que hace la gente maleducada y malagradecida.
Ahora voy a recordar una historia que debiera ser inolvidable, máxime en estos momentos: en el año de 1937, en la sede de la Sociedad de Naciones, en Ginebra, todas las democracias del mundo hacían la vista gorda para no condenar el golpe de Estado del general Franco, ni la intervención de Alemania e Italia en la Guerra Civil española. El silencio y la pasividad de aquellos gobiernos frente al golpe contra la República legítimamente constituida fue, y sigue siendo, una vergüenza.
Sólo un país defendió entonces, contra viento y marea, al Gobierno de la República: México. El presidente Lázaro Cárdenas, a través de su embajador en Ginebra, Isidro Fabela, dijo, ante el pasmo de todos los demás, cosas como ésta: "El Gobierno mexicano no reconoce, ni puede reconocer, otro representante legal del Estado español que el Gobierno republicano". El resto guardó silencio con tanta disciplina que, unos años más tarde, el Gobierno golpista español conseguiría un asiento en la ONU, el organismo en que se convirtió la Sociedad de Naciones, como si se tratara de un gobierno normal, legítimamente elegido por el pueblo.
Lázaro Cárdenas sostenía que las personas que, por cualquier razón, tenían que abandonar su país debían ser recibidas por otro. Esto le parecía un principio de elemental humanidad, y guiado por este principio ofreció asilo a miles de inmigrantes,entre ellos, a decenas de miles de españoles que no sólo habían perdido la guerra sino también su país. Ante el fracaso de su embajador Fabela, cuyos esfuerzos por defender el Gobierno legítimo de Manuel Azaña fueron premiados con un sonoro silencio, Cárdenas abrió las puertas de México a cualquier inmigrante español, con profesión o sin ella, sin más trámite que la necesidad, o el deseo, de rehacer su vida y labrarse un porvenir en aquel lejano país de ultramar.
En estos días en que la Unión Europea endurece, un poco más, las medidas contra los inmigrantes "sin papeles", no está de más tener presente esta historia, que tiene apenas 70 años de antigüedad, y no está de más recordarla porque las normas comunes que salen de Bruselas, que intentan controlar el flujo de emigrantes que entra todos los días a Europa, no son más que una aproximación, un tanteo, a veces bastante torpe, que con frecuencia se agita según los aires políticos del momento.
Estados Unidos, que nos lleva décadas de ventaja en este tema, se ha cansado de construir muros y leyes y de inventar cuerpos de policía especiales, y aun así no ha podido encontrar la solución para que los emigrantes latinoamericanos dejen de colarse por sus fronteras. La inmigración es el peaje inevitable que tienen que pagar los países ricos, y todo lo que puede hacerse al respecto es, más o menos, acotarla. Porque sin este margen se caería en la persecución, en la criminalización del inmigrante, en la instauración de un Estado policiaco que iría en contra de lo que es Europa, un territorio donde ante todo se practican los valores de respeto de la dignidad humana, sin los cuales este continente se convertiría en un holding de empresarios dedicados a la multiplicación de sus riquezas.
Dentro del margen que el fenómeno exige, cada país europeo debe tener presente su propio historial migratorio, que es parte indisociable de su historia, una particularidad que no puede meterse en el saco general de medidas de la Unión Europea. Por ejemplo, España tiene responsabilidades con Latinoamérica que Irlanda no tiene, porque España, guste o no, es la madre patria de aquel continente y además, a lo largo de su historia, los españoles han emigrado con bastante normalidad a aquellos países; cosa que, hasta hace unos años, también sucedía a la inversa.
Pero aquel periodo idílico, de elemental justicia, se ha terminado: la urgencia europea por controlar el aterrizaje, o el desembarco, de los inmigrantes, ha provocado, entre otras cosas, que el Gobierno español pase por alto esos años, nada remotos, en los que para progresar, para ganarse mejor la vida, había que irse de España, había que emigrar a otro país.
Pondré como ejemplo el caso de un mexicano que quiera viajar a España, porque es el que mejor conozco, porque tiene que ver con esa historia de conmovedora solidaridad que protagonizó el presidente Lázaro Cárdenas, y porque ilustra perfectamente cómo las medidas contra el inmigrante se han endurecido de manera irracional. Setenta años después de aquella historia, todo mexicano que venga, no a quedarse, sino a pasear a España tiene que someterse a un control nada cortés en el aeropuerto de Barajas o en el de El Prat; un control en el que un oficial le exigirá que enseñe el billete de vuelta, una cantidad mínima de 57 euros por cada día de estancia, el comprobante de una reserva de hotel y, si se trata de un turista que viene a visitar a un familiar o amigo, es decir, que no se hospedará en un hotel, una carta de invitación que previamente ese sufrido familiar o amigo habrá tenido que ir a tramitar a la comisaría de su barrio. Hay que añadir, porque no sobra, que los mexicanos son una minoría en España; una minoría que no sólo no amenaza la integridad de la Unión Europea, sino que ni siquiera pinta en las estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Estas medidas duras e inútiles, que se aplican sin ningún rubor tanto a los mexicanos como a la mayoría de los latinoamericanos, hijos todos de la madre patria, deberían pesar en la conciencia colectiva de España, que hoy es rica y próspera gracias a sus emigrantes y a sus inmigrantes. Olvidar esto, pasarlo por alto, es de gente mal educada.
El endurecimiento de las medidas contra los inmigrantes que aparece cíclicamente en la agenda de la Unión Europea tiene mucho de amnesia y un buen porcentaje de ingenuidad, porque si algo demuestra la historia de los flujos y reflujos migratorios de todos los tiempos es que no hay ley, ni muro, ni forma de impedir la entrada de una persona que, con el irreprochable objetivo de alimentar a su familia, pretende introducirse en un país que le ofrezca mejores oportunidades que el suyo.
Europa, y aquí viene la amnesia, le debe la vida a todos esos europeos que emigraron a otras latitudes en busca de fortuna; el soplo que trajo el Nuevo Mundo fue crucial para la consolidación del Viejo Continente. ¿Qué hubiera sido de la hoy pujante y boyante Irlanda si en el siglo XIX, durante la gran hambruna, Estados Unidos hubiera "endurecido" las medidas contra los inmigrantes? Éste es un asunto de conciencia nacional con el que tendrán que lidiar en su momento los irlandeses. En cuanto a nosotros, en España también tenemos nuestra propia cuota de amnesia, que nos lleva a hacer cosas que, si nos ajustásemos a cualquier manual de urbanidad básica, serían calificados como esos actos impropios que hace la gente maleducada y malagradecida.
Ahora voy a recordar una historia que debiera ser inolvidable, máxime en estos momentos: en el año de 1937, en la sede de la Sociedad de Naciones, en Ginebra, todas las democracias del mundo hacían la vista gorda para no condenar el golpe de Estado del general Franco, ni la intervención de Alemania e Italia en la Guerra Civil española. El silencio y la pasividad de aquellos gobiernos frente al golpe contra la República legítimamente constituida fue, y sigue siendo, una vergüenza.
Sólo un país defendió entonces, contra viento y marea, al Gobierno de la República: México. El presidente Lázaro Cárdenas, a través de su embajador en Ginebra, Isidro Fabela, dijo, ante el pasmo de todos los demás, cosas como ésta: "El Gobierno mexicano no reconoce, ni puede reconocer, otro representante legal del Estado español que el Gobierno republicano". El resto guardó silencio con tanta disciplina que, unos años más tarde, el Gobierno golpista español conseguiría un asiento en la ONU, el organismo en que se convirtió la Sociedad de Naciones, como si se tratara de un gobierno normal, legítimamente elegido por el pueblo.
Lázaro Cárdenas sostenía que las personas que, por cualquier razón, tenían que abandonar su país debían ser recibidas por otro. Esto le parecía un principio de elemental humanidad, y guiado por este principio ofreció asilo a miles de inmigrantes,entre ellos, a decenas de miles de españoles que no sólo habían perdido la guerra sino también su país. Ante el fracaso de su embajador Fabela, cuyos esfuerzos por defender el Gobierno legítimo de Manuel Azaña fueron premiados con un sonoro silencio, Cárdenas abrió las puertas de México a cualquier inmigrante español, con profesión o sin ella, sin más trámite que la necesidad, o el deseo, de rehacer su vida y labrarse un porvenir en aquel lejano país de ultramar.
En estos días en que la Unión Europea endurece, un poco más, las medidas contra los inmigrantes "sin papeles", no está de más tener presente esta historia, que tiene apenas 70 años de antigüedad, y no está de más recordarla porque las normas comunes que salen de Bruselas, que intentan controlar el flujo de emigrantes que entra todos los días a Europa, no son más que una aproximación, un tanteo, a veces bastante torpe, que con frecuencia se agita según los aires políticos del momento.
Estados Unidos, que nos lleva décadas de ventaja en este tema, se ha cansado de construir muros y leyes y de inventar cuerpos de policía especiales, y aun así no ha podido encontrar la solución para que los emigrantes latinoamericanos dejen de colarse por sus fronteras. La inmigración es el peaje inevitable que tienen que pagar los países ricos, y todo lo que puede hacerse al respecto es, más o menos, acotarla. Porque sin este margen se caería en la persecución, en la criminalización del inmigrante, en la instauración de un Estado policiaco que iría en contra de lo que es Europa, un territorio donde ante todo se practican los valores de respeto de la dignidad humana, sin los cuales este continente se convertiría en un holding de empresarios dedicados a la multiplicación de sus riquezas.
Dentro del margen que el fenómeno exige, cada país europeo debe tener presente su propio historial migratorio, que es parte indisociable de su historia, una particularidad que no puede meterse en el saco general de medidas de la Unión Europea. Por ejemplo, España tiene responsabilidades con Latinoamérica que Irlanda no tiene, porque España, guste o no, es la madre patria de aquel continente y además, a lo largo de su historia, los españoles han emigrado con bastante normalidad a aquellos países; cosa que, hasta hace unos años, también sucedía a la inversa.
Pero aquel periodo idílico, de elemental justicia, se ha terminado: la urgencia europea por controlar el aterrizaje, o el desembarco, de los inmigrantes, ha provocado, entre otras cosas, que el Gobierno español pase por alto esos años, nada remotos, en los que para progresar, para ganarse mejor la vida, había que irse de España, había que emigrar a otro país.
Pondré como ejemplo el caso de un mexicano que quiera viajar a España, porque es el que mejor conozco, porque tiene que ver con esa historia de conmovedora solidaridad que protagonizó el presidente Lázaro Cárdenas, y porque ilustra perfectamente cómo las medidas contra el inmigrante se han endurecido de manera irracional. Setenta años después de aquella historia, todo mexicano que venga, no a quedarse, sino a pasear a España tiene que someterse a un control nada cortés en el aeropuerto de Barajas o en el de El Prat; un control en el que un oficial le exigirá que enseñe el billete de vuelta, una cantidad mínima de 57 euros por cada día de estancia, el comprobante de una reserva de hotel y, si se trata de un turista que viene a visitar a un familiar o amigo, es decir, que no se hospedará en un hotel, una carta de invitación que previamente ese sufrido familiar o amigo habrá tenido que ir a tramitar a la comisaría de su barrio. Hay que añadir, porque no sobra, que los mexicanos son una minoría en España; una minoría que no sólo no amenaza la integridad de la Unión Europea, sino que ni siquiera pinta en las estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Estas medidas duras e inútiles, que se aplican sin ningún rubor tanto a los mexicanos como a la mayoría de los latinoamericanos, hijos todos de la madre patria, deberían pesar en la conciencia colectiva de España, que hoy es rica y próspera gracias a sus emigrantes y a sus inmigrantes. Olvidar esto, pasarlo por alto, es de gente mal educada.
jueves, 6 de marzo de 2008
¿Quién vota, el asno o la persona?
Por Miguel Ángel Presno Linera en El País de 6 de marzo de 2008
En el año 1776, Benjamin Franklin rebatió los argumentos de quienes defendían la reserva del sufragio a los poseedores de determinada riqueza. Decía Franklin: "Un hombre tiene hoy un asno que vale 50 dólares y eso le da derecho de voto. Sin embargo, el asno muere antes de la siguiente elección, y mientras tanto el hombre ha adquirido más experiencia y su conocimiento de los principios del gobierno y su comprensión de la humanidad son más amplios, por lo que está más capacitado para hacer una selección sensata de representantes. Pero como el asno ha muerto, el hombre no puede votar. Entonces, caballeros, les suplico que me informen: ¿en quién se basaba el derecho al sufragio? ¿En el hombre o en el asno?".
Hoy, el asno de Franklin ha mutado en pasaporte. En las elecciones de este domingo, 9 de marzo, podrán votar (datos del Censo de Residentes Ausentes) 1.198.881 españoles residentes en el extranjero porque nuestra Constitución (art. 68.5) les garantiza este derecho, aunque únicamente en las elecciones al Congreso y en los términos que establezca la Ley Electoral. Pero esta norma ha extendido tal derecho a los comicios al Senado, a los parlamentos autonómicos y a los ayuntamientos.
Pocas voces han cuestionado que todas estas personas, con independencia del tiempo que lleven fuera de España o aunque nunca hayan estado aquí, participen, y no de manera irrelevante, en las elecciones de más de 8.000 municipios, 17 Comunidades Autónomas y las Cortes Generales. No importa que esos electores desconozcan los aciertos o errores de los partidos en la anterior legislatura, que ignoren las propuestas que ofrece cada candidatura, que las decisiones políticas que adopte el nuevo Gobierno apenas les afecten o que las leyes de la próxima legislatura quizá nunca les sean aplicables.
En estas mismas elecciones, sin embargo, no podrán votar 648.735 marroquíes, 603.889 rumanos, 395.808 ecuatorianos, 254.301 colombianos ni 198.638 británicos, por citar las cinco nacionalidades más numerosas en territorio español. Se trata de extranjeros con permiso de residencia, que, procedentes de más de 100 países, suman un total de 3.979.014 (datos a 31 de diciembre del Ministerio de Trabajo).
Así, casi cuatro millones de personas sujetas a la inmensa mayoría de nuestras leyes (penales, tributarias, administrativas, laborales,...) no podrán ejercer el derecho político fundamental que garantiza los demás derechos, y ello con independencia del tiempo que lleven residiendo en España, de su conocimiento de nuestra realidad política y social, de sus contribuciones económicas, laborales y tributarias y, en suma, de "su capacidad para hacer una selección sensata de los representantes".
Ante este panorama es ineludible hacerse dos preguntas. Primero, si todo español, aunque no viva aquí desde hace décadas ni tenga intención de hacerlo, debe participar en todas las elecciones o si debe reservarse el voto a ciertos comicios y a que la ausencia no sea prolongada (no más de cuatro o cinco años). Esto no significa privarles del derecho a voto, sino condicionar su ejercicio al conocimiento de la realidad sociopolítica sobre la que van a pronunciarse y a su condición de afectados por las decisiones que adoptarán los que resulten elegidos. Con estas cautelas, se garantizaría el sufragio de los españoles que están fuera de manera breve (por estudio, trabajo,...) o en cumplimiento de misiones (militares, diplomáticas, comerciales...) ordenadas por órganos del Estado en cuya elección han de poder intervenir. Residir en el propio país para votar armoniza con la democracia y los derechos de las personas según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto Melnitchenko c. Ucrania, de 19 de octubre de 2004).
En segundo lugar, es necesario cuestionarse si todo extranjero, por el hecho de serlo, debe estar excluido de la elección al parlamento de su comunidad autónoma y de las elecciones a las Cortes. No se olvide que la propia Ley Electoral (art. 162.3) tiene en cuenta a todos los residentes, españoles o no, a la hora de proceder al reparto, en proporción a la población, de 248 de los 350 escaños al Congreso. A los extranjeros residentes se les suma para saber cuántos diputados elegimos pero se les resta a la hora de elegirlos.
Parafraseando a Peter Häberle, si el territorio es la base para la realización de los valores fundamentales de nuestra Constitución (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político), estos mismos valores nos interpelan sobre las razones para excluir de la comunidad política a unas personas que aspiran a vivir con arreglo a ellos aquí y ahora. Suprimir esta barrera a la integración significará que todo el mundo es importante.
Pero mientras sea la posesión de un pasaporte lo que da voto y, por tanto, voz a unas personas y silencia a otras, yo también pediré que me informen: ¿en quién se basa el derecho al voto? ¿En la persona o en el asno?
En el año 1776, Benjamin Franklin rebatió los argumentos de quienes defendían la reserva del sufragio a los poseedores de determinada riqueza. Decía Franklin: "Un hombre tiene hoy un asno que vale 50 dólares y eso le da derecho de voto. Sin embargo, el asno muere antes de la siguiente elección, y mientras tanto el hombre ha adquirido más experiencia y su conocimiento de los principios del gobierno y su comprensión de la humanidad son más amplios, por lo que está más capacitado para hacer una selección sensata de representantes. Pero como el asno ha muerto, el hombre no puede votar. Entonces, caballeros, les suplico que me informen: ¿en quién se basaba el derecho al sufragio? ¿En el hombre o en el asno?".
Hoy, el asno de Franklin ha mutado en pasaporte. En las elecciones de este domingo, 9 de marzo, podrán votar (datos del Censo de Residentes Ausentes) 1.198.881 españoles residentes en el extranjero porque nuestra Constitución (art. 68.5) les garantiza este derecho, aunque únicamente en las elecciones al Congreso y en los términos que establezca la Ley Electoral. Pero esta norma ha extendido tal derecho a los comicios al Senado, a los parlamentos autonómicos y a los ayuntamientos.
Pocas voces han cuestionado que todas estas personas, con independencia del tiempo que lleven fuera de España o aunque nunca hayan estado aquí, participen, y no de manera irrelevante, en las elecciones de más de 8.000 municipios, 17 Comunidades Autónomas y las Cortes Generales. No importa que esos electores desconozcan los aciertos o errores de los partidos en la anterior legislatura, que ignoren las propuestas que ofrece cada candidatura, que las decisiones políticas que adopte el nuevo Gobierno apenas les afecten o que las leyes de la próxima legislatura quizá nunca les sean aplicables.
En estas mismas elecciones, sin embargo, no podrán votar 648.735 marroquíes, 603.889 rumanos, 395.808 ecuatorianos, 254.301 colombianos ni 198.638 británicos, por citar las cinco nacionalidades más numerosas en territorio español. Se trata de extranjeros con permiso de residencia, que, procedentes de más de 100 países, suman un total de 3.979.014 (datos a 31 de diciembre del Ministerio de Trabajo).
Así, casi cuatro millones de personas sujetas a la inmensa mayoría de nuestras leyes (penales, tributarias, administrativas, laborales,...) no podrán ejercer el derecho político fundamental que garantiza los demás derechos, y ello con independencia del tiempo que lleven residiendo en España, de su conocimiento de nuestra realidad política y social, de sus contribuciones económicas, laborales y tributarias y, en suma, de "su capacidad para hacer una selección sensata de los representantes".
Ante este panorama es ineludible hacerse dos preguntas. Primero, si todo español, aunque no viva aquí desde hace décadas ni tenga intención de hacerlo, debe participar en todas las elecciones o si debe reservarse el voto a ciertos comicios y a que la ausencia no sea prolongada (no más de cuatro o cinco años). Esto no significa privarles del derecho a voto, sino condicionar su ejercicio al conocimiento de la realidad sociopolítica sobre la que van a pronunciarse y a su condición de afectados por las decisiones que adoptarán los que resulten elegidos. Con estas cautelas, se garantizaría el sufragio de los españoles que están fuera de manera breve (por estudio, trabajo,...) o en cumplimiento de misiones (militares, diplomáticas, comerciales...) ordenadas por órganos del Estado en cuya elección han de poder intervenir. Residir en el propio país para votar armoniza con la democracia y los derechos de las personas según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto Melnitchenko c. Ucrania, de 19 de octubre de 2004).
En segundo lugar, es necesario cuestionarse si todo extranjero, por el hecho de serlo, debe estar excluido de la elección al parlamento de su comunidad autónoma y de las elecciones a las Cortes. No se olvide que la propia Ley Electoral (art. 162.3) tiene en cuenta a todos los residentes, españoles o no, a la hora de proceder al reparto, en proporción a la población, de 248 de los 350 escaños al Congreso. A los extranjeros residentes se les suma para saber cuántos diputados elegimos pero se les resta a la hora de elegirlos.
Parafraseando a Peter Häberle, si el territorio es la base para la realización de los valores fundamentales de nuestra Constitución (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político), estos mismos valores nos interpelan sobre las razones para excluir de la comunidad política a unas personas que aspiran a vivir con arreglo a ellos aquí y ahora. Suprimir esta barrera a la integración significará que todo el mundo es importante.
Pero mientras sea la posesión de un pasaporte lo que da voto y, por tanto, voz a unas personas y silencia a otras, yo también pediré que me informen: ¿en quién se basa el derecho al voto? ¿En la persona o en el asno?
jueves, 28 de febrero de 2008
Los costes de la inmigración
Por Vicenç Navarro en su página web
Uno de los problemas sociales que grandes sectores de las izquierdas en Europa están ignorando a un coste político elevado es el de la inmigración. La gran mayoría de partidos de izquierdas resaltan los beneficios de la inmigración, que son muchos (tales como estimular el crecimiento económico y demográfico del país) pero ignoran los costes que tal inmigración puede acarrear a corto plazo para los sectores más vulnerables de la población y que históricamente han sido los grupos que han apoyado en porcentajes mayores a los partidos de izquierdas. Estos costes no solo son económicos, que en sí ya son importantes (como la contribución de la inmigración a la estabilización, cuando no disminución de los salarios), sino también sociales: La mayoría de inmigrantes entran en el territorio español a través de los barrios obreros donde compiten con los trabajadores existentes en el país por puestos de trabajo, vivienda social, escuelas públicas, servicios sociales y otros recursos públicos. Es lógico, por lo tanto, que en un Estado como el nuestro, con gran inseguridad laboral (España es el país con mayor precariedad laboral en la UE-15, un 32% de los trabajadores tienen contratos temporales de bajo coste) y gran inseguridad social (España tiene uno de los gasto públicos sociales más bajos de la Unión Europea de los Quince), grandes sectores de la clase trabajadora se sienta amenazados por esta inmigración. Añádase a ello, los costes que conlleva a la población nativa el integrar a unas culturas distintas a las locales con valores que pueden incluso ser antagónicos a los existentes en la cultura recipiente. Ignorar estas realidades, como sectores de las izquierdas están haciendo, explica lo que ya está ocurriendo en varios países europeos, donde el votante trabajador que apoyaba antes a las izquierdas apoya ahora a las derechas, que utilizan directa o sutilmente un mensaje antiinmigrante. Esta situación se da con creces en la mayoría de países del sur y centro de Europa, donde los partidos de izquierdas están perdiendo grandes sectores del voto obrero que transfieren su apoyo electoral incluso a partidos xenófobos antiinmigrantes. No es racista el más ignorante sino el más inseguro.
Sería importante que nuestras izquierdas aprendieran de la experiencia de la socialdemocracia más avanzada en Europa, la sueca. Durante los años en los que había gran escasez de mano de obra, el gobierno sueco, resolvió este problema mediante la integración de la mujer al mercado de trabajo, lo que necesitó de la creación de una gran red de servicios públicos – escuelas de infancia y servicios domiciliarios – que permitieran a la mujer compaginar sus responsabilidades familiares (compartidas con su compañero) con su proyecto personal. Una vez tal incorporación tuvo lugar (el 82% de la mujer adulta sueca trabaja) se abrió el país a la inmigración, priorizando a la procedente de países con grandes afinidades culturales con Suecia como es Finlandia (la mitad de los inmigrantes proceden de aquél país).
Uno de los elementos más importantes que explican el éxito de la integración de aquella inmigración en aquel país fue la prohibición de salarios bajos por parte del Estado. El mercado de trabajo sueco está altamente regulado y no se permitieron salarios bajos. Y la otra medida que garantizó el éxito de las políticas de inmigración fue una política de vivienda universal, con vivienda pública (de elevada calidad) que competía con la privada y que estaba abierta a todos los sectores de la sociedad sin estar condicionada a la renta del solicitante. En total se construyeron 1 millón de viviendas en diez años (1965 – 1975) en un país que entonces tenía siete millones de habitantes. El gobierno conservador liberal sueco elegido recientemente está privatizando todas esas propiedades, facilitando la fragmentación social de la vivienda, desregulando a su vez el mercado de trabajo a fin de facilitar la aparición de un sector de bajos salarios, abriendo además el país al inmigrante económico, medida que va acompañada de otras medidas antisindicales.
En España, el mundo empresarial quiere que se facilite la inmigración pues quiere segmentar el mercado de trabajo. De ahí que la alternativa de izquierdas tuviera que ser un apoyo al inmigrante, (luchando para que toda persona que vive en el país tenga los mismos derechos, dificultando la polarización laboral y social) a la vez que desalentara y dificultara la inmigración como solución al problema de escasez de mano de obra. Es un error el promover la inmigración en mercados muy desregulados y con escasa protección social como es el español.
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