Por Josep Ramoneda en El País (Domingo) de 6 de julio de 2008
Un ciudadano de Cataluña que lo desee puede vivir en este país sólo con la lengua castellana; un ciudadano de Cataluña que lo desee no puede vivir sólo con el catalán. Ésta es la asimetría sobre la que está construido el Manifiesto por una lengua común que la prensa conservadora madrileña ha convertido en el juguete político de la temporada. Para un catalanohablante, el bilingüismo es obligatorio; para un castellanohablante, no. Es una peculiar interpretación de la equidad lingüística.
El alegato por la lengua común, que hace el castellano obligatorio, pero no las lenguas propias de cada comunidad autónoma "porque hay una asimetría en las lenguas españolas oficiales", se funda en la idea convertida ya en mito de que "son los ciudadanos los que tienen derechos lingüísticos, no los territorios, ni mucho menos las lenguas mismas". Pero, por lo visto, hay ciudadanos con más derechos lingüísticos que otros porque tienen que aprender una sola lengua, mientras que los que hablamos catalán tenemos que aprender dos.
En coherencia con la afirmación de que los derechos lingüísticos son de los ciudadanos, se dice que "las lenguas no tienen derecho a conseguir coactivamente hablantes". Pero la solidez del principio de referencia no aguanta ni cinco líneas. Porque inmediatamente después se precisa que el castellano es "obligatorio", y, por tanto, puede ser impuesto, mientras que la aspiración a que todos sepan el catalán (o el vascuence, o el gallego) a lo sumo puede ser "estimulada". ¿Por qué? Porque el castellano es la lengua común del territorio español. O sea, que hay territorios con derechos lingüísticos y otros que carecen de ellos, de modo que los principios fundamentales del razonamiento -los que enfáticamente afirman que los territorios no tienen derechos lingüísticos- son adaptables en función del lugar.
Dicen los autores del manifiesto que su inquietud es estrictamente política. Por eso el manifiesto concluye con unas notas o recomendaciones para un decreto de unificación lingüística que elevan al Parlamento español con la petición de que se desarrolle la normativa correspondiente, aun en el caso de que exigiera modificación de la Constitución o de algunos estatutos. Todo su alegato parte de la obligación constitucional de saber el castellano, pero la Constitución deja de ser intocable si se trata de garantizar más todavía la hegemonía de este idioma. De modo que el manifiesto es una invitación explícita al PSOE y al PP a poner orden lingüístico en las naciones periféricas e, implícitamente, una señal al Tribunal Constitucional para que no desaproveche la oportunidad de revisar el Estatuto de Cataluña. La irrupción del nuevo PP de Rajoy en apoyo del manifiesto demuestra las limitaciones de la renovación de la derecha: quiere forjar alianzas con los nacionalistas periféricos, y lo primero que hace es darles donde más les duele: en la lengua.
Los conflictos entre lenguas son siempre delicados y difícilmente admiten soluciones definitivas, salvo en regímenes que estén en condiciones de imponer una lengua a sangre y fuego. Puesto que éste no es el caso, siempre habrá puntos de roce y opciones insatisfactorias para unos u otros. Hace tiempo que sabemos que el retablo social en que todas las piezas encajan perfectamente es del dominio de la utopía, es decir, del horror. En Cataluña se optó, con amplio consenso político y social, por la inmersión lingüística. No fue un capricho. Fue una opción con un doble objetivo: recuperar la lengua propia y evitar la fractura del país en dos comunidades idiomáticas. Ha funcionado razonablemente. A pesar de algunas estridencias, perfectamente evitables, de los que todavía sueñan con la absurda fantasía de un país monolingüe en catalán. Los jóvenes acaban los estudios básicos conociendo los dos idiomas, y después es ya la dinámica social la que determina los usos. Y en ésta el castellano todavía juega con mucha ventaja. En Cataluña se hablan hoy decenas de lenguas, ¿no empieza a ser antiguo este debate?
¿Cuál debería ser el objetivo? Una sociedad realmente bilingüe. Es decir, una sociedad en la que cuando uno inicie una conversación en catalán tenga la certeza de que le responderán en catalán y cuando uno la inicie en castellano tenga la certeza que le responderán en castellano. Éste sería un equitativo ideal regulativo. Pero a día de hoy, el bilingüismo es todavía perfectamente asimétrico a favor del castellano. Y, sin embargo, el manifiesto pretende que asumamos que el castellano sea obligatorio y el catalán no. ¿No eran algunos de los firmantes los que decían que las lenguas que se imponen obligatoriamente se hacen antipáticas? -
domingo, 6 de julio de 2008
sábado, 5 de julio de 2008
España
Por José María Ruiz Soroa en El Correo de 5 de julio de 2008
Los recientes éxitos futboleros de la selección nacional, a pesar de su intrascendente levedad, han aportado una de las contadas ocasiones en que el sentimiento nacional español ha podido manifestarse en una forma que pudiéramos denominar estándar por relación a la de otros países de nuestro entorno, es decir, una forma gozosa y nada conflictiva. Porque lo cierto es que el sentimiento de autoidentificación nacional tiene desde antiguo en España enormes dificultades para expresarse con normalidad: los españoles perciben de una manera demediada y en general teñida de algo de culpabilidad y vergüenza su relación con esa entelequia que es (o debería ser) su patria. «España me suena a brazo en alto», sería el respingo que mejor resume esa frustrada autoidentificación.
Las dificultades vienen de lejos: la realidad histórica de España es un pajarraco lleno de picos y garras al que no es fácil aproximarse sin sufrir picotazos y magulladuras. Nuestro pasado nacional-católico más próximo hace que sea muy difícil asumir con normalidad el conjunto de nuestra historia. Más bien lleva a la exótica creencia de que el sentimiento nacional español es un invento conservador, como escribía Juan José Linz. Y de ahí, como muestra el pensamiento de izquierda o progresista desde hace muchos años, se pasa a hacer dejación de la idea nacional: no merece la pena el esfuerzo y el riesgo político de intentar reinventar y elaborar un relato del pasado patrio en forma de relato cívico.
España se identifica con todo lo negativo que hay en nuestro pasado (y, como en todos los pueblos, de eso hay en abundancia), así que mejor dejarlo estar y asumir ese vago e incomprometido cántico a la España «plural» que hoy caracteriza al pensamiento correcto. En este camino, desde la transición la izquierda española adoptó una posición huidiza e ingenua en esta materia e hizo suya acríticamente la historia que relataban los nacionalismos periféricos.
Para estos nacionalistas la cuestión está bastante más clara: España no existe como nación, es poco más que una carcasa institucional, un Estado frágil y torpe que anda desde antiguo a la búsqueda de una nación, pero que cada vez que intenta «inventarla» genera un nuevo fracaso. Naciones no hay más que las suyas, todas ellas densas, perfiladas, homogéneas como macizas bolas de billar. España no es sino el difuso «resto» que queda después de descontar a Cataluña, Euskal Herria y Galicia, un resto sostenido malamente por «Madrid».
Por su lado, la derecha española se muestra incapaz de revisar a fondo su pasado franquista. Ello hace que sus periódicas campañas de promoción de una identidad española rotunda y abrupta (la superbandera de Aznar) se mezclen con el peor pasado nacional y acaben ahuyentando a todos los que sienten renacer en ellas el socorrido mito de las dos Españas.
Lo que resulta de todo ello es que los españoles perciben en general su identidad como «disminuida» en comparación con la «reforzada» de los nacionalistas competidores. Hay un cierto sentimiento de privación relativa en materia nacional: pues para el discurso posible sólo existen unos sentimientos nacionales naturales, positivos y justos, los de los periféricos, mientras que los españoles son percibidos como cutres, retrógrados y culpables. España suscita mucha más vergüenza que orgullo, así que los sentimientos patrios tienden a refugiarse en el localismo: en nuestro país se valora en una manera extraordinariamente positiva la adscripción más inmediata y local, en una manera que posiblemente no tiene parangón en nuestro entorno europeo.
Estas dificultades con la autoidentificación nacional suelen confundirse con una supuesta debilidad intrínseca de la construcción nacional española. Ha sido un rasgo recurrente entre muchos pensadores y políticos el de angustiarse ante la indefinición y fragilidad de la realidad patria, que percibían siempre a punto de desmoronarse ante los embates de los otros sentimientos nacionales competidores. Y la hipersensibilidad de quien se siente al borde del abismo hace que el sentimiento nacional esté siempre en carne viva.
Pero dificultades de expresión discursiva no implican necesariamente debilidades congénitas del invento nacional. Julio Beramendi dice, con razón, que España es un país «nacionalmente enfermo» desde antiguo, pero de esos enfermos que poseen una «mala salud de hierro». Como lo demuestra una curiosa constatación: es el único país europeo (junto con Suiza) que no ha experimentado cambio alguno en sus fronteras metropolitanas durante los siglos XIX y XX. Quizás porque, como ingenuamente decía el buenazo de Iker Casillas, hay muchos que se sienten contentos de ser españoles. Aunque si les preguntan por qué, o si les piden explicitar sus sentimientos, se encogen desdeñosamente de hombros o sienten algo de vergüenza. Y lo curioso es que quizás sea lo mejor para todos, porque bastantes sentimientos inflamados aguantamos como para desear añadir otro más. Probablemente, es mejor dejar el himno sin letra.
Los recientes éxitos futboleros de la selección nacional, a pesar de su intrascendente levedad, han aportado una de las contadas ocasiones en que el sentimiento nacional español ha podido manifestarse en una forma que pudiéramos denominar estándar por relación a la de otros países de nuestro entorno, es decir, una forma gozosa y nada conflictiva. Porque lo cierto es que el sentimiento de autoidentificación nacional tiene desde antiguo en España enormes dificultades para expresarse con normalidad: los españoles perciben de una manera demediada y en general teñida de algo de culpabilidad y vergüenza su relación con esa entelequia que es (o debería ser) su patria. «España me suena a brazo en alto», sería el respingo que mejor resume esa frustrada autoidentificación.
Las dificultades vienen de lejos: la realidad histórica de España es un pajarraco lleno de picos y garras al que no es fácil aproximarse sin sufrir picotazos y magulladuras. Nuestro pasado nacional-católico más próximo hace que sea muy difícil asumir con normalidad el conjunto de nuestra historia. Más bien lleva a la exótica creencia de que el sentimiento nacional español es un invento conservador, como escribía Juan José Linz. Y de ahí, como muestra el pensamiento de izquierda o progresista desde hace muchos años, se pasa a hacer dejación de la idea nacional: no merece la pena el esfuerzo y el riesgo político de intentar reinventar y elaborar un relato del pasado patrio en forma de relato cívico.
España se identifica con todo lo negativo que hay en nuestro pasado (y, como en todos los pueblos, de eso hay en abundancia), así que mejor dejarlo estar y asumir ese vago e incomprometido cántico a la España «plural» que hoy caracteriza al pensamiento correcto. En este camino, desde la transición la izquierda española adoptó una posición huidiza e ingenua en esta materia e hizo suya acríticamente la historia que relataban los nacionalismos periféricos.
Para estos nacionalistas la cuestión está bastante más clara: España no existe como nación, es poco más que una carcasa institucional, un Estado frágil y torpe que anda desde antiguo a la búsqueda de una nación, pero que cada vez que intenta «inventarla» genera un nuevo fracaso. Naciones no hay más que las suyas, todas ellas densas, perfiladas, homogéneas como macizas bolas de billar. España no es sino el difuso «resto» que queda después de descontar a Cataluña, Euskal Herria y Galicia, un resto sostenido malamente por «Madrid».
Por su lado, la derecha española se muestra incapaz de revisar a fondo su pasado franquista. Ello hace que sus periódicas campañas de promoción de una identidad española rotunda y abrupta (la superbandera de Aznar) se mezclen con el peor pasado nacional y acaben ahuyentando a todos los que sienten renacer en ellas el socorrido mito de las dos Españas.
Lo que resulta de todo ello es que los españoles perciben en general su identidad como «disminuida» en comparación con la «reforzada» de los nacionalistas competidores. Hay un cierto sentimiento de privación relativa en materia nacional: pues para el discurso posible sólo existen unos sentimientos nacionales naturales, positivos y justos, los de los periféricos, mientras que los españoles son percibidos como cutres, retrógrados y culpables. España suscita mucha más vergüenza que orgullo, así que los sentimientos patrios tienden a refugiarse en el localismo: en nuestro país se valora en una manera extraordinariamente positiva la adscripción más inmediata y local, en una manera que posiblemente no tiene parangón en nuestro entorno europeo.
Estas dificultades con la autoidentificación nacional suelen confundirse con una supuesta debilidad intrínseca de la construcción nacional española. Ha sido un rasgo recurrente entre muchos pensadores y políticos el de angustiarse ante la indefinición y fragilidad de la realidad patria, que percibían siempre a punto de desmoronarse ante los embates de los otros sentimientos nacionales competidores. Y la hipersensibilidad de quien se siente al borde del abismo hace que el sentimiento nacional esté siempre en carne viva.
Pero dificultades de expresión discursiva no implican necesariamente debilidades congénitas del invento nacional. Julio Beramendi dice, con razón, que España es un país «nacionalmente enfermo» desde antiguo, pero de esos enfermos que poseen una «mala salud de hierro». Como lo demuestra una curiosa constatación: es el único país europeo (junto con Suiza) que no ha experimentado cambio alguno en sus fronteras metropolitanas durante los siglos XIX y XX. Quizás porque, como ingenuamente decía el buenazo de Iker Casillas, hay muchos que se sienten contentos de ser españoles. Aunque si les preguntan por qué, o si les piden explicitar sus sentimientos, se encogen desdeñosamente de hombros o sienten algo de vergüenza. Y lo curioso es que quizás sea lo mejor para todos, porque bastantes sentimientos inflamados aguantamos como para desear añadir otro más. Probablemente, es mejor dejar el himno sin letra.
jueves, 26 de junio de 2008
La negación del nacionalismo español
Por Josep Ramoneda en El País de 26 de junio de 2008
“Yo no soy nacionalista y el Partido Popular nunca será nacionalista ni caminará por sus sendas como hacen otros”. Lo dijo Mariano Rajoy en su discurso de presentación de candidatura ante el congreso del PP. Poco importa, por lo que parece, que minutos antes se preguntara: “¿Qué es lo que yo defiendo?”. Y respondiera así: “Que la nación española no es ni discutible ni interpretable. Yo no estoy dispuesto a permitir que se interprete”. Poco importa que acto seguido dijera que estaba dispuesto a dialogar con los nacionalistas “dejando a salvo la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles”. Cuestiones “sobre las que no vamos a aceptar ninguna consideración porque ellos están tan obligados a respetarlas como nosotros”. Poco importa que defina al PP como “un partido nacional y coherente con sus principios y su idea de España”. Pese a este ramillete de sentencias, y otras muchas más esparcidas a lo largo del discurso, Rajoy dice que él no es nacionalista. Realmente es ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio. ¿Qué es este discurso, por otra parte el del PP de toda la vida, si no nacionalismo español? ¿Por qué Mariano Rajoy no se reconoce como tal? Al fin y al cabo, ¿qué tendría de extravagante que el que cree en la nación española como realidad “ni discutible ni interpretable” se proclame nacionalista español?
Esta confusión -deliberada o no- no es patrimonio exclusivo de Rajoy. Está muy extendida en todo el espectro ideológico español. Y se basa en el razonamiento siguiente: el nacionalismo es por definición excluyente; los nacionalismos periféricos son excluyentes porque definen unos paradigmas identitarios que convierten en figurantes o ciudadanos de segunda a los que no se identifican con ellos; la nación española no excluye a nadie, incluye a todos. Basta moverse dentro del propio discurso de Rajoy para comprender la falacia de este argumento. ¿No es excluyente un discurso que niega a los ciudadanos que ponen en cuestión la unidad nacional el derecho a discutirla?
Pero hay otro argumento falaz muy repetido para negar la existencia del nacionalismo español, que Rajoy también utiliza en su discurso: “No reconocemos los derechos colectivos sino los individuales”. Yo también creo que los derechos son individuales, pero, por lo general, se conquistan y se defienden colectivamente. Lo cual no es un detalle menor. ¿Reconoce Rajoy a los ciudadanos de Cataluña la posibilidad de que en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de asociación política proclamen que Cataluña tiene carácter de nación, como hicieron en su Estatuto, o esto no vale porque es un derecho colectivo? ¿Proclamar que España no es ni discutible ni interpretable, e imponer a todos la obligación de aceptarlo así, es la afirmación de un derecho colectivo o la negación de derechos individuales?
No deja de ser un poco obsceno -o abusivo- que el único de los nacionalismos triunfantes de todos los hispánicos, es decir, el único que ha conseguido pasar de potencia a acto y tener un Estado, sea también el único que se niega a reconocerse en la condición de nacionalista. ¿Por qué se niega? Por varias razones: porque negarlo es una manera de eludir su carácter impositivo (cómo se puede pretender que se ha impuesto una cosa que no existe); porque el nacionalismo español lleva un lastre pesado de la época en que era componente esencial del sistema ideológico del franquismo; porque reservar la etiqueta de nacionalismo para los nacionalismos periféricos es una manera de marcarles, de situarles en un estadio ideológico arcaico alejado de la música liberal contemporánea; y porque atribuyendo, por definición, a los nacionalismos periféricos un carácter excluyente, niegan que el nacionalismo español también lo tenga porque no existe.
No se me ocurre que Sarkozy, como cualquiera de sus antecesores, tenga vergüenza de llamarse nacionalista francés o cualquier presidente de Estados Unidos, nacionalista americano. Es impensable lo contrario. Sin embargo, ¿por qué se avergüenzan los nacionalistas españoles? Porque en el fondo hay cierta conciencia del carácter precario -y complejo- de la nación española. Porque saben que es un sentimiento muy extendido pero no compartido por todos y mucho menos indiscutido. Y porque creen que así satanizan mejor a los nacionalismos periféricos.
El discurso de Rajoy ha coincidido con los éxitos de la nación española de fútbol. Los rituales de la tribu se han desplegado alcanzando momentos de insoportable ruido sideral. Como en todos los nacionalismos. Nada se parece más a la celebración de una victoria de la selección española que la celebración de una victoria del Barça. Si alguna diferencia hay es de idiosincrasia: los españoles son un poco más exhibicionistas y extrovertidos que los catalanes. Pero, a mí por lo menos, me parecen igual de fatuas, igual de horteras, igual de nacionalistas. Ni más ni menos.
“Yo no soy nacionalista y el Partido Popular nunca será nacionalista ni caminará por sus sendas como hacen otros”. Lo dijo Mariano Rajoy en su discurso de presentación de candidatura ante el congreso del PP. Poco importa, por lo que parece, que minutos antes se preguntara: “¿Qué es lo que yo defiendo?”. Y respondiera así: “Que la nación española no es ni discutible ni interpretable. Yo no estoy dispuesto a permitir que se interprete”. Poco importa que acto seguido dijera que estaba dispuesto a dialogar con los nacionalistas “dejando a salvo la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles”. Cuestiones “sobre las que no vamos a aceptar ninguna consideración porque ellos están tan obligados a respetarlas como nosotros”. Poco importa que defina al PP como “un partido nacional y coherente con sus principios y su idea de España”. Pese a este ramillete de sentencias, y otras muchas más esparcidas a lo largo del discurso, Rajoy dice que él no es nacionalista. Realmente es ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio. ¿Qué es este discurso, por otra parte el del PP de toda la vida, si no nacionalismo español? ¿Por qué Mariano Rajoy no se reconoce como tal? Al fin y al cabo, ¿qué tendría de extravagante que el que cree en la nación española como realidad “ni discutible ni interpretable” se proclame nacionalista español?
Esta confusión -deliberada o no- no es patrimonio exclusivo de Rajoy. Está muy extendida en todo el espectro ideológico español. Y se basa en el razonamiento siguiente: el nacionalismo es por definición excluyente; los nacionalismos periféricos son excluyentes porque definen unos paradigmas identitarios que convierten en figurantes o ciudadanos de segunda a los que no se identifican con ellos; la nación española no excluye a nadie, incluye a todos. Basta moverse dentro del propio discurso de Rajoy para comprender la falacia de este argumento. ¿No es excluyente un discurso que niega a los ciudadanos que ponen en cuestión la unidad nacional el derecho a discutirla?
Pero hay otro argumento falaz muy repetido para negar la existencia del nacionalismo español, que Rajoy también utiliza en su discurso: “No reconocemos los derechos colectivos sino los individuales”. Yo también creo que los derechos son individuales, pero, por lo general, se conquistan y se defienden colectivamente. Lo cual no es un detalle menor. ¿Reconoce Rajoy a los ciudadanos de Cataluña la posibilidad de que en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de asociación política proclamen que Cataluña tiene carácter de nación, como hicieron en su Estatuto, o esto no vale porque es un derecho colectivo? ¿Proclamar que España no es ni discutible ni interpretable, e imponer a todos la obligación de aceptarlo así, es la afirmación de un derecho colectivo o la negación de derechos individuales?
No deja de ser un poco obsceno -o abusivo- que el único de los nacionalismos triunfantes de todos los hispánicos, es decir, el único que ha conseguido pasar de potencia a acto y tener un Estado, sea también el único que se niega a reconocerse en la condición de nacionalista. ¿Por qué se niega? Por varias razones: porque negarlo es una manera de eludir su carácter impositivo (cómo se puede pretender que se ha impuesto una cosa que no existe); porque el nacionalismo español lleva un lastre pesado de la época en que era componente esencial del sistema ideológico del franquismo; porque reservar la etiqueta de nacionalismo para los nacionalismos periféricos es una manera de marcarles, de situarles en un estadio ideológico arcaico alejado de la música liberal contemporánea; y porque atribuyendo, por definición, a los nacionalismos periféricos un carácter excluyente, niegan que el nacionalismo español también lo tenga porque no existe.
No se me ocurre que Sarkozy, como cualquiera de sus antecesores, tenga vergüenza de llamarse nacionalista francés o cualquier presidente de Estados Unidos, nacionalista americano. Es impensable lo contrario. Sin embargo, ¿por qué se avergüenzan los nacionalistas españoles? Porque en el fondo hay cierta conciencia del carácter precario -y complejo- de la nación española. Porque saben que es un sentimiento muy extendido pero no compartido por todos y mucho menos indiscutido. Y porque creen que así satanizan mejor a los nacionalismos periféricos.
El discurso de Rajoy ha coincidido con los éxitos de la nación española de fútbol. Los rituales de la tribu se han desplegado alcanzando momentos de insoportable ruido sideral. Como en todos los nacionalismos. Nada se parece más a la celebración de una victoria de la selección española que la celebración de una victoria del Barça. Si alguna diferencia hay es de idiosincrasia: los españoles son un poco más exhibicionistas y extrovertidos que los catalanes. Pero, a mí por lo menos, me parecen igual de fatuas, igual de horteras, igual de nacionalistas. Ni más ni menos.
La lengua y los mediocres
Por Francesc de Carreras en La Vanguardia de 26 de junio de 2008 (leído en Reggio)
Como suelo dar mis clases en catalán, lamentablemente no tengo alumnos de Erasmus, ese programa para estudiantes extranjeros que facilita el intercambio entre estudiantes de la UE. Sin embargo, en cierta ocasión, al finalizar la primera clase del curso vinieron a verme un grupo de estudiantes europeos. Me dijeron que la facultad les había asegurado que yo daba la clase en castellano y por ello se habían apuntado a mi grupo. Efectivamente, la profesora encargada de informarles cometió un error. Yo arreglé las cosas diciéndoles lo que me pareció más natural y sensato: “No se preocupen, a partir de ahora utilizaré el castellano, lo importante es comunicarse bien, no el instrumento que se usa para comunicarse”.
Como suelo dar mis clases en catalán, lamentablemente no tengo alumnos de Erasmus, ese programa para estudiantes extranjeros que facilita el intercambio entre estudiantes de la UE. Sin embargo, en cierta ocasión, al finalizar la primera clase del curso vinieron a verme un grupo de estudiantes europeos. Me dijeron que la facultad les había asegurado que yo daba la clase en castellano y por ello se habían apuntado a mi grupo. Efectivamente, la profesora encargada de informarles cometió un error. Yo arreglé las cosas diciéndoles lo que me pareció más natural y sensato: “No se preocupen, a partir de ahora utilizaré el castellano, lo importante es comunicarse bien, no el instrumento que se usa para comunicarse”.
Al cabo de unos días, hablando con estudiantes holandeses y suecos les pregunté ingenuamente por algo que me suscitaba curiosidad: “¿Los alumnos Erasmus que van a sus países conocen el holandés y el sueco como para entender a los profesores en clase?”. Sonriendo, me respondieron que obviamente no, casi ningún erasmus tenía idea del holandés o sueco, pero más de la mitad de las clases se impartían en inglés dado que los profesores procedían de países muy diversos y el inglés se había convertido en la lengua vehicular común. Me sentí bastante ridículo y provinciano al escuchar esta respuesta. Debía dar por supuesto que las autoridades universitarias de estos países eran personas cultas e inteligentes, preocupadas por el conocimiento y no por el vehículo en el que se trasmite, interesadas en atraerse a los mejores profesores, aunque hubiera que ir a buscarlos más allá de las estrechas fronteras de sus países.
Pues bien, en Catalunya estamos en las antípodas de esta posición, nuestras autoridades políticas y universitarias tienen todavía la mentalidad de otros tiempos. Como ha informado este periódico, las universidades catalanas aprobaron en el seno del Consell Interuniversitari de Catalunya, la propuesta del Govern de la Generalitat según la cual a todos los nuevos profesores, o a los antiguos que pretendan ascender en su carrera académica, deberá exigírseles el nivel C de catalán. De este acuerdo se ha desmarcado mi universidad, la Autònoma: ¡felicidades, rector y equipo de gobierno!
Recordemos que el nivel C de catalán implica un conocimiento perfecto de la lengua, de su ortografía y sintaxis. Tras él, solo queda el nivel D, que muy pocos poseen, exigible tan sólo a especialistas para que realicen funciones lingüísticas muy específicas, trabajos de traducción o corrección gramatical. ¿Tienen tanto atractivo nuestras universidades como para que profesores del resto de España o de países extranjeros hagan el esfuerzo de obtener el nivel C? Evidentemente, esto disuadirá a muchos universitarios de venir a Catalunya. Ya sucede ahora, desde hace años, y no sólo en la universidad, sino también en otras profesiones: médicos, notarios, jueces, fiscales, altos ejecutivos. Nunca en Catalunya había habido carencias en estas profesiones, por el contrario las plazas estaban siempre muy buscadas. Sólo ahora, las fronteras lingüísticas nos aíslan y empobrecen.
Pero cuidado: la culpa no es del catalán, la culpa es de la política lingüística, de los excesos que el fanatismo comete en nombre del catalán.
La sociedad catalana, en su inmensa mayoría, es bilingüe y tolerante. Asimismo, excepto algún intransigente, los que aquí se desplazan para vivir y trabajar se esfuerzan en comprender -hablarlo, a cierta edad, ya es otra cosa- rápidamente el catalán, sobre todo si son personas con una mínima base cultural. En definitiva, en la sociedad no hay problemas. El problema está en una política lingüística mal enfocada y, como es el caso de la universidad, en ciertos intereses inconfesables. Lo ha dicho con exactitud el profesor Joaquim Molins, en referencia al caso que nos ocupa: “Lo que quiere la gente mediocre de las universidades catalanas es restringir la competencia. Poner tantos obstáculos como sea posible para evitar que gente del resto de España o extranjeros les quiten sus plazas. Esto es lo que subyace en esta decisión. Y si hay un lugar donde la movilidad es fundamental es en la universidad”.
El catalán, como dijo hace años un poeta conservador, es un vaso de agua clara, es decir, debe mantenerse vivo, con las ayudas e incentivos necesarios, pero con naturalidad, coexistiendo en paz con el castellano, como siempre había sido en Catalunya. La lengua debe ser un elemento de comunicación, no un elemento de identidad excluyente que nos enfrente unos a otros. El filósofo Fernando Savater ha encabezado un manifiesto -al que en pocas horas nos hemos adherido más de 40.000 ciudadanos- lleno de sentido común, espíritu de tolerancia y sensatez. Mientras, la Generalitat hace cosas insensatas: se pelea con Madrid por una miserable tercera hora de castellano a la semana en las escuelas, exige el nivel C a los profesores de universidad y, ya en el colmo del surrealismo, no renueva la licencia a una radio cultural extremeña ¡por no emitir emisiones en catalán!
La Catalunya tolerante y cívica debe reaccionar, en lugar de callarse, mientras los fanáticos y los mediocres nos van hundiendo en una visible decadencia.
Europa
Por Enric González en El País de 19 de junio de 2008
No aspiro a ser justo, ni siquiera digno. Soy europeo y sólo aspiro a seguir siéndolo. Aspiro a una vida sin sobresaltos. Aspiro a la sanidad gratuita, al subsidio de desempleo, a que mis hijos gocen de la mejor educación posible a un precio simbólico, a una pensión generosa cuando me retire. Aspiro a la máxima seguridad y a unas calles limpias. Aspiro a que el paisaje rural sea hermoso y apacible, y a unos alimentos accesibles y de la máxima calidad. Aspiro a preservar la naturaleza que me rodea.
Ya, ya sé que la política agraria europea, con sus casi 50.000 millones en subsidios anuales, crea un paraíso artificial y frena las importaciones africanas. También sé que aplicamos aranceles sobre los productos más competitivos de los países en desarrollo. Y sé, por supuesto, que de vez en cuando inundamos el mercado mundial con nuestros excedentes alimentarios, y acabamos de arruinar a los países pobres. Pero eso es indispensable para que Europa siga siendo la dulce Europa, con su campiña, su paz social y sus segundas residencias. Los inmigrantes seguirán llegando, no crean que lo ignoro. Necesitamos bastantes para hacer ciertos trabajos y para aplicar sin grandes conflictos la jornada semanal de 60 horas. Nuestro objetivo ahora, como europeos, consiste en ponerles las cosas difíciles a los clandestinos, o sea, a esos que de momento no necesitamos. Que sepan que Europa, la cumbre de la civilización, sabe ser dura cuando conviene. Que sufran el desprecio, el encierro y la deportación. Que se vayan a otra parte. Resulta desagradable, por supuesto. Pero es indispensable para que Europa siga siendo la dulce Europa, la Europa que amamos.
Me gustó que el Telediario de La Primera, ayer, no concediera rango de portada a la ley contra la inmigración clandestina, aprobada por el Parlamento Europeo. Tenemos la Eurocopa. ¿Para qué crisparnos? No aspiro a ser justo, ni siquiera digno, ya lo he dicho. Soy europeo.
No aspiro a ser justo, ni siquiera digno. Soy europeo y sólo aspiro a seguir siéndolo. Aspiro a una vida sin sobresaltos. Aspiro a la sanidad gratuita, al subsidio de desempleo, a que mis hijos gocen de la mejor educación posible a un precio simbólico, a una pensión generosa cuando me retire. Aspiro a la máxima seguridad y a unas calles limpias. Aspiro a que el paisaje rural sea hermoso y apacible, y a unos alimentos accesibles y de la máxima calidad. Aspiro a preservar la naturaleza que me rodea.
Ya, ya sé que la política agraria europea, con sus casi 50.000 millones en subsidios anuales, crea un paraíso artificial y frena las importaciones africanas. También sé que aplicamos aranceles sobre los productos más competitivos de los países en desarrollo. Y sé, por supuesto, que de vez en cuando inundamos el mercado mundial con nuestros excedentes alimentarios, y acabamos de arruinar a los países pobres. Pero eso es indispensable para que Europa siga siendo la dulce Europa, con su campiña, su paz social y sus segundas residencias. Los inmigrantes seguirán llegando, no crean que lo ignoro. Necesitamos bastantes para hacer ciertos trabajos y para aplicar sin grandes conflictos la jornada semanal de 60 horas. Nuestro objetivo ahora, como europeos, consiste en ponerles las cosas difíciles a los clandestinos, o sea, a esos que de momento no necesitamos. Que sepan que Europa, la cumbre de la civilización, sabe ser dura cuando conviene. Que sufran el desprecio, el encierro y la deportación. Que se vayan a otra parte. Resulta desagradable, por supuesto. Pero es indispensable para que Europa siga siendo la dulce Europa, la Europa que amamos.
Me gustó que el Telediario de La Primera, ayer, no concediera rango de portada a la ley contra la inmigración clandestina, aprobada por el Parlamento Europeo. Tenemos la Eurocopa. ¿Para qué crisparnos? No aspiro a ser justo, ni siquiera digno, ya lo he dicho. Soy europeo.
viernes, 30 de mayo de 2008
La mala educación
Por Jordi Soler en El País de 18 de mayo de 2008
El endurecimiento de las medidas contra los inmigrantes que aparece cíclicamente en la agenda de la Unión Europea tiene mucho de amnesia y un buen porcentaje de ingenuidad, porque si algo demuestra la historia de los flujos y reflujos migratorios de todos los tiempos es que no hay ley, ni muro, ni forma de impedir la entrada de una persona que, con el irreprochable objetivo de alimentar a su familia, pretende introducirse en un país que le ofrezca mejores oportunidades que el suyo.
Europa, y aquí viene la amnesia, le debe la vida a todos esos europeos que emigraron a otras latitudes en busca de fortuna; el soplo que trajo el Nuevo Mundo fue crucial para la consolidación del Viejo Continente. ¿Qué hubiera sido de la hoy pujante y boyante Irlanda si en el siglo XIX, durante la gran hambruna, Estados Unidos hubiera "endurecido" las medidas contra los inmigrantes? Éste es un asunto de conciencia nacional con el que tendrán que lidiar en su momento los irlandeses. En cuanto a nosotros, en España también tenemos nuestra propia cuota de amnesia, que nos lleva a hacer cosas que, si nos ajustásemos a cualquier manual de urbanidad básica, serían calificados como esos actos impropios que hace la gente maleducada y malagradecida.
Ahora voy a recordar una historia que debiera ser inolvidable, máxime en estos momentos: en el año de 1937, en la sede de la Sociedad de Naciones, en Ginebra, todas las democracias del mundo hacían la vista gorda para no condenar el golpe de Estado del general Franco, ni la intervención de Alemania e Italia en la Guerra Civil española. El silencio y la pasividad de aquellos gobiernos frente al golpe contra la República legítimamente constituida fue, y sigue siendo, una vergüenza.
Sólo un país defendió entonces, contra viento y marea, al Gobierno de la República: México. El presidente Lázaro Cárdenas, a través de su embajador en Ginebra, Isidro Fabela, dijo, ante el pasmo de todos los demás, cosas como ésta: "El Gobierno mexicano no reconoce, ni puede reconocer, otro representante legal del Estado español que el Gobierno republicano". El resto guardó silencio con tanta disciplina que, unos años más tarde, el Gobierno golpista español conseguiría un asiento en la ONU, el organismo en que se convirtió la Sociedad de Naciones, como si se tratara de un gobierno normal, legítimamente elegido por el pueblo.
Lázaro Cárdenas sostenía que las personas que, por cualquier razón, tenían que abandonar su país debían ser recibidas por otro. Esto le parecía un principio de elemental humanidad, y guiado por este principio ofreció asilo a miles de inmigrantes,entre ellos, a decenas de miles de españoles que no sólo habían perdido la guerra sino también su país. Ante el fracaso de su embajador Fabela, cuyos esfuerzos por defender el Gobierno legítimo de Manuel Azaña fueron premiados con un sonoro silencio, Cárdenas abrió las puertas de México a cualquier inmigrante español, con profesión o sin ella, sin más trámite que la necesidad, o el deseo, de rehacer su vida y labrarse un porvenir en aquel lejano país de ultramar.
En estos días en que la Unión Europea endurece, un poco más, las medidas contra los inmigrantes "sin papeles", no está de más tener presente esta historia, que tiene apenas 70 años de antigüedad, y no está de más recordarla porque las normas comunes que salen de Bruselas, que intentan controlar el flujo de emigrantes que entra todos los días a Europa, no son más que una aproximación, un tanteo, a veces bastante torpe, que con frecuencia se agita según los aires políticos del momento.
Estados Unidos, que nos lleva décadas de ventaja en este tema, se ha cansado de construir muros y leyes y de inventar cuerpos de policía especiales, y aun así no ha podido encontrar la solución para que los emigrantes latinoamericanos dejen de colarse por sus fronteras. La inmigración es el peaje inevitable que tienen que pagar los países ricos, y todo lo que puede hacerse al respecto es, más o menos, acotarla. Porque sin este margen se caería en la persecución, en la criminalización del inmigrante, en la instauración de un Estado policiaco que iría en contra de lo que es Europa, un territorio donde ante todo se practican los valores de respeto de la dignidad humana, sin los cuales este continente se convertiría en un holding de empresarios dedicados a la multiplicación de sus riquezas.
Dentro del margen que el fenómeno exige, cada país europeo debe tener presente su propio historial migratorio, que es parte indisociable de su historia, una particularidad que no puede meterse en el saco general de medidas de la Unión Europea. Por ejemplo, España tiene responsabilidades con Latinoamérica que Irlanda no tiene, porque España, guste o no, es la madre patria de aquel continente y además, a lo largo de su historia, los españoles han emigrado con bastante normalidad a aquellos países; cosa que, hasta hace unos años, también sucedía a la inversa.
Pero aquel periodo idílico, de elemental justicia, se ha terminado: la urgencia europea por controlar el aterrizaje, o el desembarco, de los inmigrantes, ha provocado, entre otras cosas, que el Gobierno español pase por alto esos años, nada remotos, en los que para progresar, para ganarse mejor la vida, había que irse de España, había que emigrar a otro país.
Pondré como ejemplo el caso de un mexicano que quiera viajar a España, porque es el que mejor conozco, porque tiene que ver con esa historia de conmovedora solidaridad que protagonizó el presidente Lázaro Cárdenas, y porque ilustra perfectamente cómo las medidas contra el inmigrante se han endurecido de manera irracional. Setenta años después de aquella historia, todo mexicano que venga, no a quedarse, sino a pasear a España tiene que someterse a un control nada cortés en el aeropuerto de Barajas o en el de El Prat; un control en el que un oficial le exigirá que enseñe el billete de vuelta, una cantidad mínima de 57 euros por cada día de estancia, el comprobante de una reserva de hotel y, si se trata de un turista que viene a visitar a un familiar o amigo, es decir, que no se hospedará en un hotel, una carta de invitación que previamente ese sufrido familiar o amigo habrá tenido que ir a tramitar a la comisaría de su barrio. Hay que añadir, porque no sobra, que los mexicanos son una minoría en España; una minoría que no sólo no amenaza la integridad de la Unión Europea, sino que ni siquiera pinta en las estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Estas medidas duras e inútiles, que se aplican sin ningún rubor tanto a los mexicanos como a la mayoría de los latinoamericanos, hijos todos de la madre patria, deberían pesar en la conciencia colectiva de España, que hoy es rica y próspera gracias a sus emigrantes y a sus inmigrantes. Olvidar esto, pasarlo por alto, es de gente mal educada.
El endurecimiento de las medidas contra los inmigrantes que aparece cíclicamente en la agenda de la Unión Europea tiene mucho de amnesia y un buen porcentaje de ingenuidad, porque si algo demuestra la historia de los flujos y reflujos migratorios de todos los tiempos es que no hay ley, ni muro, ni forma de impedir la entrada de una persona que, con el irreprochable objetivo de alimentar a su familia, pretende introducirse en un país que le ofrezca mejores oportunidades que el suyo.
Europa, y aquí viene la amnesia, le debe la vida a todos esos europeos que emigraron a otras latitudes en busca de fortuna; el soplo que trajo el Nuevo Mundo fue crucial para la consolidación del Viejo Continente. ¿Qué hubiera sido de la hoy pujante y boyante Irlanda si en el siglo XIX, durante la gran hambruna, Estados Unidos hubiera "endurecido" las medidas contra los inmigrantes? Éste es un asunto de conciencia nacional con el que tendrán que lidiar en su momento los irlandeses. En cuanto a nosotros, en España también tenemos nuestra propia cuota de amnesia, que nos lleva a hacer cosas que, si nos ajustásemos a cualquier manual de urbanidad básica, serían calificados como esos actos impropios que hace la gente maleducada y malagradecida.
Ahora voy a recordar una historia que debiera ser inolvidable, máxime en estos momentos: en el año de 1937, en la sede de la Sociedad de Naciones, en Ginebra, todas las democracias del mundo hacían la vista gorda para no condenar el golpe de Estado del general Franco, ni la intervención de Alemania e Italia en la Guerra Civil española. El silencio y la pasividad de aquellos gobiernos frente al golpe contra la República legítimamente constituida fue, y sigue siendo, una vergüenza.
Sólo un país defendió entonces, contra viento y marea, al Gobierno de la República: México. El presidente Lázaro Cárdenas, a través de su embajador en Ginebra, Isidro Fabela, dijo, ante el pasmo de todos los demás, cosas como ésta: "El Gobierno mexicano no reconoce, ni puede reconocer, otro representante legal del Estado español que el Gobierno republicano". El resto guardó silencio con tanta disciplina que, unos años más tarde, el Gobierno golpista español conseguiría un asiento en la ONU, el organismo en que se convirtió la Sociedad de Naciones, como si se tratara de un gobierno normal, legítimamente elegido por el pueblo.
Lázaro Cárdenas sostenía que las personas que, por cualquier razón, tenían que abandonar su país debían ser recibidas por otro. Esto le parecía un principio de elemental humanidad, y guiado por este principio ofreció asilo a miles de inmigrantes,entre ellos, a decenas de miles de españoles que no sólo habían perdido la guerra sino también su país. Ante el fracaso de su embajador Fabela, cuyos esfuerzos por defender el Gobierno legítimo de Manuel Azaña fueron premiados con un sonoro silencio, Cárdenas abrió las puertas de México a cualquier inmigrante español, con profesión o sin ella, sin más trámite que la necesidad, o el deseo, de rehacer su vida y labrarse un porvenir en aquel lejano país de ultramar.
En estos días en que la Unión Europea endurece, un poco más, las medidas contra los inmigrantes "sin papeles", no está de más tener presente esta historia, que tiene apenas 70 años de antigüedad, y no está de más recordarla porque las normas comunes que salen de Bruselas, que intentan controlar el flujo de emigrantes que entra todos los días a Europa, no son más que una aproximación, un tanteo, a veces bastante torpe, que con frecuencia se agita según los aires políticos del momento.
Estados Unidos, que nos lleva décadas de ventaja en este tema, se ha cansado de construir muros y leyes y de inventar cuerpos de policía especiales, y aun así no ha podido encontrar la solución para que los emigrantes latinoamericanos dejen de colarse por sus fronteras. La inmigración es el peaje inevitable que tienen que pagar los países ricos, y todo lo que puede hacerse al respecto es, más o menos, acotarla. Porque sin este margen se caería en la persecución, en la criminalización del inmigrante, en la instauración de un Estado policiaco que iría en contra de lo que es Europa, un territorio donde ante todo se practican los valores de respeto de la dignidad humana, sin los cuales este continente se convertiría en un holding de empresarios dedicados a la multiplicación de sus riquezas.
Dentro del margen que el fenómeno exige, cada país europeo debe tener presente su propio historial migratorio, que es parte indisociable de su historia, una particularidad que no puede meterse en el saco general de medidas de la Unión Europea. Por ejemplo, España tiene responsabilidades con Latinoamérica que Irlanda no tiene, porque España, guste o no, es la madre patria de aquel continente y además, a lo largo de su historia, los españoles han emigrado con bastante normalidad a aquellos países; cosa que, hasta hace unos años, también sucedía a la inversa.
Pero aquel periodo idílico, de elemental justicia, se ha terminado: la urgencia europea por controlar el aterrizaje, o el desembarco, de los inmigrantes, ha provocado, entre otras cosas, que el Gobierno español pase por alto esos años, nada remotos, en los que para progresar, para ganarse mejor la vida, había que irse de España, había que emigrar a otro país.
Pondré como ejemplo el caso de un mexicano que quiera viajar a España, porque es el que mejor conozco, porque tiene que ver con esa historia de conmovedora solidaridad que protagonizó el presidente Lázaro Cárdenas, y porque ilustra perfectamente cómo las medidas contra el inmigrante se han endurecido de manera irracional. Setenta años después de aquella historia, todo mexicano que venga, no a quedarse, sino a pasear a España tiene que someterse a un control nada cortés en el aeropuerto de Barajas o en el de El Prat; un control en el que un oficial le exigirá que enseñe el billete de vuelta, una cantidad mínima de 57 euros por cada día de estancia, el comprobante de una reserva de hotel y, si se trata de un turista que viene a visitar a un familiar o amigo, es decir, que no se hospedará en un hotel, una carta de invitación que previamente ese sufrido familiar o amigo habrá tenido que ir a tramitar a la comisaría de su barrio. Hay que añadir, porque no sobra, que los mexicanos son una minoría en España; una minoría que no sólo no amenaza la integridad de la Unión Europea, sino que ni siquiera pinta en las estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Estas medidas duras e inútiles, que se aplican sin ningún rubor tanto a los mexicanos como a la mayoría de los latinoamericanos, hijos todos de la madre patria, deberían pesar en la conciencia colectiva de España, que hoy es rica y próspera gracias a sus emigrantes y a sus inmigrantes. Olvidar esto, pasarlo por alto, es de gente mal educada.
No es tan difícil de entender
Por Soledad Gallego-Díaz en El País de 30 de mayo de 2008
Muchos políticos vascos tienen la costumbre de decir que no se puede comprender lo que ocurre en el País Vasco sin estar allí, sin compartir la realidad cotidiana de sus ciudades o pueblos o sin saber lo que pasa realmente por las cabezas de los dirigentes políticos locales. Es posible que tengan razón, pero la verdad es que, con una cierta práctica en el mundo de la política, española, europea, americana o mundial, se diría que lo que sucede ahora mismo en Euskadi es bastante fácil de entender.
Algo, sinceramente, muy poco original: un dirigente político, Juan José Ibarretxe, intenta mantenerse en el poder sea como sea, por encima de otros dirigentes de su propio partido, y por encima de sus propios compromisos anteriores. Por supuesto, la situación se reviste de una cierta épica e Ibarretxe se presenta como el paladín de una idea y un proyecto. Pero si se analiza desapasionadamente su actuación, se podría decir que Ibarretxe, que no se parece en nada a Mariano Rajoy, se está comportando en estos momentos de una manera bastante similar a la del dirigente del PP. Simplemente, está haciendo lo posible para evitar que le quiten el puesto que ocupa.
Y el PNV, que tiene una historia completamente distinta a la del PP, se está tropezando con el mismo problema que el Partido Popular. Un amplio sector piensa que sería mejor cambiar de candidato, pero al mismo tiempo sabe que no tiene a mano una alternativa mejor, capaz de desbancar al actual jefe, un jefe que ha demostrado que es bastante hábil en el manejo de aparatos, divisiones y tiempos.
El lehendakari sabe que quedará en una posición interna difícil, al alcance de sus detractores, si no consigue que el Parlamento vasco apruebe el proyecto de ley para la convocatoria de su famosa consulta. Para ello necesita el voto del Partido Comunista de la Tierras Vascas (del que ahora ya nadie duda que es una simple prolongación de Batasuna y que hará lo que ETA decida que haga). Así que, sin dudarlo un minuto, ha decidido formular dos preguntas que sean aceptables por el PCTV. La papeleta no contendrá ya una condena expresa de ETA ni del uso del asesinato político como arma electoral. Difícil mantener que todo este entramado tiene un alto contenido ético, como le gusta pregonar al lehendakari (justo cuando ETA ha comenzado una nueva etapa de asesinatos de dirigentes políticos no nacionalistas y de fuerzas de seguridad), pero no cabe duda que puede ser efectivo desde el punto de vista de sus intereses.
En cualquier caso, Ibarretxe sabe que tiene unas elecciones en puertas. Si su propuesta prospera, porque el Tribunal Constitucional paralizará la consulta. Y si no prospera, porque él mismo se ha comprometido a adelantarlas. Con las dos ambiguas preguntas de la papeleta, Ibarretxe habrá lanzado ya, una vez más, sus redes en el electorado abertzale.
¿Dónde van a ir los votos que obtuvo el PCTV en las elecciones autonómicas de 2005 si, como es probable, esa formación es declarada ilegal? Se trata nada menos que de 150.000 votos, prácticamente la mitad de los que obtuvo el propio PNV en las últimas elecciones generales. Ibarretxe, especialista en presentar simples políticas como si fueran principios, está intentado lo que ya ha hecho en otros muchos prolegómenos electorales: convertir las elecciones autonómicas en una especie de referéndum sobre la supervivencia del nacionalismo. Meter dramatismo y tensión para propiciar un clima de confrontación es algo muy antiguo y muy fácil de comprender. El objetivo es conseguir que buena parte de esos 150.000 votos vayan a parar a uno de los partidos del actual tripartito, lo que significa que terminen en el bolsillo del propio Ibarretxe. Muy sencillo y muy poco heroico.
Es posible que una parte del PNV hubiera preferido que las cosas se desarrollaran de otra manera a como se están desarrollando, pero es seguro también que no hará nada para evitarlo. Los aparatos de los partidos son generalmente muy cobardes. El recién estrenado presidente del PNV, Iñigo Urkullu, por ejemplo, ha quedado desautorizado porque aseguró públicamente hace menos de tres días que "la consulta incluirá un rechazo explícito a ETA; el PNV no puede ser ambiguo". Pero nadie espera que ese desaire se traduzca en un mal gesto. Las encuestas indican que Ibarretxe sigue siendo el político más popular del PNV y la experiencia les demuestra que el lehendakari es duro de pelar y muy capaz de aguantar (y ganar) pulsos de sus correligionarios. Así que, en realidad, en estos momentos, no importa lo más mínimo lo que ese sector piense.
Muchos políticos vascos tienen la costumbre de decir que no se puede comprender lo que ocurre en el País Vasco sin estar allí, sin compartir la realidad cotidiana de sus ciudades o pueblos o sin saber lo que pasa realmente por las cabezas de los dirigentes políticos locales. Es posible que tengan razón, pero la verdad es que, con una cierta práctica en el mundo de la política, española, europea, americana o mundial, se diría que lo que sucede ahora mismo en Euskadi es bastante fácil de entender.
Algo, sinceramente, muy poco original: un dirigente político, Juan José Ibarretxe, intenta mantenerse en el poder sea como sea, por encima de otros dirigentes de su propio partido, y por encima de sus propios compromisos anteriores. Por supuesto, la situación se reviste de una cierta épica e Ibarretxe se presenta como el paladín de una idea y un proyecto. Pero si se analiza desapasionadamente su actuación, se podría decir que Ibarretxe, que no se parece en nada a Mariano Rajoy, se está comportando en estos momentos de una manera bastante similar a la del dirigente del PP. Simplemente, está haciendo lo posible para evitar que le quiten el puesto que ocupa.
Y el PNV, que tiene una historia completamente distinta a la del PP, se está tropezando con el mismo problema que el Partido Popular. Un amplio sector piensa que sería mejor cambiar de candidato, pero al mismo tiempo sabe que no tiene a mano una alternativa mejor, capaz de desbancar al actual jefe, un jefe que ha demostrado que es bastante hábil en el manejo de aparatos, divisiones y tiempos.
El lehendakari sabe que quedará en una posición interna difícil, al alcance de sus detractores, si no consigue que el Parlamento vasco apruebe el proyecto de ley para la convocatoria de su famosa consulta. Para ello necesita el voto del Partido Comunista de la Tierras Vascas (del que ahora ya nadie duda que es una simple prolongación de Batasuna y que hará lo que ETA decida que haga). Así que, sin dudarlo un minuto, ha decidido formular dos preguntas que sean aceptables por el PCTV. La papeleta no contendrá ya una condena expresa de ETA ni del uso del asesinato político como arma electoral. Difícil mantener que todo este entramado tiene un alto contenido ético, como le gusta pregonar al lehendakari (justo cuando ETA ha comenzado una nueva etapa de asesinatos de dirigentes políticos no nacionalistas y de fuerzas de seguridad), pero no cabe duda que puede ser efectivo desde el punto de vista de sus intereses.
En cualquier caso, Ibarretxe sabe que tiene unas elecciones en puertas. Si su propuesta prospera, porque el Tribunal Constitucional paralizará la consulta. Y si no prospera, porque él mismo se ha comprometido a adelantarlas. Con las dos ambiguas preguntas de la papeleta, Ibarretxe habrá lanzado ya, una vez más, sus redes en el electorado abertzale.
¿Dónde van a ir los votos que obtuvo el PCTV en las elecciones autonómicas de 2005 si, como es probable, esa formación es declarada ilegal? Se trata nada menos que de 150.000 votos, prácticamente la mitad de los que obtuvo el propio PNV en las últimas elecciones generales. Ibarretxe, especialista en presentar simples políticas como si fueran principios, está intentado lo que ya ha hecho en otros muchos prolegómenos electorales: convertir las elecciones autonómicas en una especie de referéndum sobre la supervivencia del nacionalismo. Meter dramatismo y tensión para propiciar un clima de confrontación es algo muy antiguo y muy fácil de comprender. El objetivo es conseguir que buena parte de esos 150.000 votos vayan a parar a uno de los partidos del actual tripartito, lo que significa que terminen en el bolsillo del propio Ibarretxe. Muy sencillo y muy poco heroico.
Es posible que una parte del PNV hubiera preferido que las cosas se desarrollaran de otra manera a como se están desarrollando, pero es seguro también que no hará nada para evitarlo. Los aparatos de los partidos son generalmente muy cobardes. El recién estrenado presidente del PNV, Iñigo Urkullu, por ejemplo, ha quedado desautorizado porque aseguró públicamente hace menos de tres días que "la consulta incluirá un rechazo explícito a ETA; el PNV no puede ser ambiguo". Pero nadie espera que ese desaire se traduzca en un mal gesto. Las encuestas indican que Ibarretxe sigue siendo el político más popular del PNV y la experiencia les demuestra que el lehendakari es duro de pelar y muy capaz de aguantar (y ganar) pulsos de sus correligionarios. Así que, en realidad, en estos momentos, no importa lo más mínimo lo que ese sector piense.
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