Varias decepciones y una profunda desazón

Por Ernest Maragall i Mira en El País de 23 de julio de 2008

En 1921, José Ortega y Gasset publicó La España invertebrada. En su capítulo 5, el filósofo dedicaba sus reflexiones a la existencia en España de los particularismos. Decía Ortega y Gasset que "cuando una sociedad se consume víctima del particularismo, puede siempre afirmarse que el primero en mostrarse particularista fue precisamente el poder central. Y esto es lo que ha pasado en España. Castilla ha hecho a España y Castilla la ha deshecho. Núcleo inicial de la incorporación ibérica, Castilla acertó a superar su propio particularismo e invitó a los demás pueblos peninsulares para que colaborasen en un gigantesco proyecto de vida común... Pero si nos asomamos a la España de Felipe II, advertimos una terrible mudanza... Castilla se transforma en lo más opuesto a sí misma: se vuelve suspicaz, angosta, sórdida, agria. Ya no se ocupa en potenciar la vida de las otras regiones; celosa de ellas, las abandona a sí mismas y empieza a no enterarse de lo que en ellas pasa".

He leído el Manifiesto por la lengua común firmado por destacados periodistas, escritores y columnistas, e impulsado por un importante filósofo. No puedo más que expresar por varias razones una profunda decepción. Y también, una profunda desazón.

Vaya por delante que, efectivamente, el castellano es lengua común de todos. Común, porque todos la hablamos, todos la entendemos y todos la utilizamos. Aquí es donde se produce mi primera decepción: el texto da a entender que el castellano es una lengua marginada en Cataluña, que un castellanohablante no puede vivir en Cataluña si no es renunciando a su lengua materna. Cualquier persona que viva en Cataluña sabe que eso es una auténtica falacia. Una distorsión intencionada de la realidad para mostrar a Cataluña, otra vez, como protagonista de una agresión, a través de la lengua, contra los derechos y libertades básicas de las personas.

La Administración catalana, cumpliendo con las leyes, la Constitución y el Estatuto de Autonomía, garantiza que todo el mundo pueda vivir conociendo la lengua común de España, el castellano, y la lengua propia de Cataluña, el catalán. Defender el derecho a escolarizar exclusivamente en castellano es, directamente, arrebatar derechos a los ciudadanos que viven y trabajan en Cataluña. Lo que el Manifiesto parece defender es el derecho a no aprender en catalán, a no usarlo, a no entenderlo, a no escucharlo, a reducir su aprendizaje, como máximo, a la condición de materia ordinaria. En resumen, a poder prescindir del catalán para vivir en Cataluña.

Lo que una vez más se ignora en la defensa de la lengua común es que, con el sistema actual, todo el mundo en Cataluña completa sus estudios obligatorios dominando el castellano y el catalán. ¿Cómo se explica, si no, que en los resultados de las pruebas aleatorias a los 10 años, en los exámenes al final de la ESO, en el Bachillerato y en laspruebas de Selectividad, los alumnos catalanes obtengan iguales resultados, incluso a veces mejores, en lengua castellana que en otras autonomías donde sólo se habla la lengua común? ¿O acaso conocen los firmantes del Manifiesto común a alguien en Cataluña que en uso de su libertad no pueda expresarse en castellano porque nadie le entiende o le prohíbe el uso de su lengua materna? Porque en catalán sí sucede. En demasiadas ocasiones, un ciudadano intenta ejercer sus "derechos individuales", pero debe renunciar a ser atendido o entendido en su propia lengua. En la práctica es obligado a usar la otra lengua oficial.

¿No será que conscientemente o no, expresan la convicción de que el catalán debería resignarse a ocupar un espacio limitado a los dos extremos de la vida, el de la oficialidad y el de la intimidad, mientras el castellano aparece libre y potente en la creación cultural, las relaciones económicas y sociales, y la auténtica comunicación interpersonal?

El Manifiesto, pues, proclama esa visión de España que ignora las realidades culturales que la conforman. La lengua común, que se quiere única, es el castellano. Las lenguas cooficiales no pasan de ser lenguas pintorescas para expresión de un folclor trasnochado. Si podemos vivir todos en castellano, ¿para qué utilizar idiomas regionales que no tienen ninguna potencia cultural y se deben circunscribir al respeto "cortés" por los paisanos de las tierras donde se habla? Pura promoción de la caricatura chistosa según la cual los catalanes nos inventamos el catalán para que los españoles no nos entendieran.

Pues no se hagan ilusiones. Eso no va a suceder. Mantendremos, y aún más, mejoraremos, el modelo lingüístico que ya ha demostrado sus efectos positivos. Ganaremos la batalla del uso social del catalán. De su normalidad como lengua de creación con valor universal. De su presencia natural, en todos los terrenos; y lo haremos con respeto y con inteligencia, sin confrontaciones inútiles. Lo haremos con el catalán como lengua vehicular en la enseñanza. Con el castellano como lengua que queremos y debemos dominar. Y con el refuerzo obligado de la capacitación en una tercera lengua que nos abre las puertas del escenario internacional.

El contraste, que no la contradicción, entre derechos individuales y territoriales se plantea del mismo modo en España y en Cataluña. Un Estado, una Constitución y las leyes que la desarrollan sitúan al castellano como preeminente en el "territorio" España. La misma Constitución, una nación, el Estatuto de Autonomía y las leyes que lo desarrollan otorgan al catalán el estatus de lengua propia en el "territorio" Cataluña. En el segundo caso se trata, evidentemente, de una riqueza adicional para unos ciudadanos que tienen un doble derecho reconocido. Y naturalmente, con el desarrollo pendiente, del uso del "derecho individual" al uso de las lenguas propias en toda España en las relaciones con las Administraciones públicas, así como su adecuada presencia en los sistemas educativos de cada autonomía.

Podemos, pese a todo, enquistar el debate en un falso enfrentamiento entre lenguas, hoy inexistente. El Manifiesto expresa una decidida voluntad de imposición de una lengua sobre otra que, por su "carácter particular" y "no común", debería resignarse a su papel de "representante de la peculiaridad regional". Que no moleste, que no se oponga a la ocupación lingüística total de espacios sociales y culturales.

Constato, pues, que en España existen voces que no entienden -o no admiten- que Cataluña tenga lengua propia. Y también constato, y no me duelen prendas decirlo, que en Cataluña, reactivamente, se expresan actitudes castellanofóbicas que la inmensa mayoría de catalanes no comparten por respeto a un idioma que hablan millones de personas, por la potencia que ofrece el uso del castellano en el escenario internacional, y, mucho más importante, por la evidencia de que el castellano es patrimonio, para muchos, personal y familiar. Sí, el castellano también es nuestro.

De ahí mi desazón: casi 90 años después de la cita de Ortega y Gasset, el mundo ha cambiado. La percepción que el mundo tiene de España, también, y a mejor. La presencia de España en el mundo es la de un protagonismo creciente. La percepción de España sobre ella misma, al parecer, no. O, al menos, reaparece periódicamente la vieja actitud denunciada por Ortega, cual Guadiana de siete cabezas, amenazante y vociferante.

¿Es necesario repetirlo? ¿Debemos volver aún más atrás, a 1898, para poder mirar adelante con alguna esperanza? Hagámoslo entonces una vez más: "Escolta, Espanya, la veu d'un fill que et parla en llengua no castellana; parlo en la llengua que m'ha donat la terra aspra: en'questa llengua pocs t'han parlat; en l'altra massa... On ets, Espanya? No et veig enlloc. No sents la meva veu atronadora? No entens aquesta llengua que et parla entre perills? Has desaprès d'entendre an els teus fills? Adéu. Espanya!" (Joan Maragall, Oda a Espanya).

Ustedes mismos.

Lenguas y argumentos

Por Joseba Arregi en El Periódico de 20 de julio de 2008 (leído en Tribuna Libre)

Los responsables de las políticas lingüísticas de las autonomías con lengua específica se las habían prometido muy felices mientras la opinión pública, la propia y la española en general, parecía dispuesta a aceptar todo tipo de medidas que a favor de la lengua minorizada fueran capaces de definir y aprobar. Hoy el viento empieza a virar, y ya aparecen contestaciones a cada medida que aprueban las administraciones en materia de promoción de las lenguas específicas. Y el debate al que hemos asistido en los últimos meses probablemente ha venido para quedarse.
Se puede aplaudir que sea así o se puede lamentar la nueva situación, pero lo importante es analizar los argumentos. El ambiente –la opinión pública, lo que consigue establecerse como corrección oficial– importa mucho en la política moderna. Pero no hasta el límite de despreciar los argumentos.

Las respuestas al manifiesto en favor de los derechos de quienes solo hablan la lengua franca española, o los de quienes, siendo bilingües, no quieren que se les fuerce a usar una de las lenguas, han partido en general de la buena salud de la que goza el español. Pero no es esa la cuestión: se trata de los derechos de los hablantes, y no de la salud, buena o mala, de las lenguas. Tampoco tiene nada de objetable que alguien subraye el valor de que el conjunto de la sociedad española cuente con una lengua franca: no tiene por qué desaparecer el valor de las grandes comunidades de lengua que desde la antigüedad se conocen como koiné.

En la misma medida son rechazables, en mi opinión, las acusaciones de nacionalismo exacerbado, y de ser el malo por representar al grande, y de imperialismo lingüístico que más de uno ha utilizado ante las afirmaciones bastante matizadas del manifiesto. Subrayar el valor de la lengua franca y los derechos de los hablantes no tiene por qué ser señal de nacionalismo.

Cierta confusión se ha puesto de manifiesto al analizar y valorar la relación entre los derechos de los hablantes y la territorialidad de una lengua. Se ha llegado a afirmar que el manifiesto incurre en contradicción por basarse en la reclamación de los derechos de los hablantes sin renunciar a la territorialización de las lenguas. Se ha llegado a reclamar que, si se subraya el derecho de los hablantes, cada uno de ellos porta con él, allá donde vaya, su derecho lingüístico como derecho subjetivo.

Pero no hay contradicción: los derechos de los hablantes se consideran siempre dentro de lo que los estados determinan como los territorios de las lenguas. No otra cosa implica la elevación de una lengua, o de varias, a la categoría de lenguas oficiales. Esta territorialización es congruente con los derechos de los hablantes, que son exigibles en el contexto de los territorios lingüísticos previamente definidos estatalmente. Los estados, las administraciones públicas, hablan e imponen. No hay ningún problema en ello. Pero dentro de esa territorialización lingüística siguen existiendo derechos lingüísticos. Existen derechos de los castellanohablantes en Euskadi, y no de los que hablen algún dialecto árabe. Y a estos, en esos contextos, se refiere el manifiesto.

No se trata de negar el valor del bilingüismo ni el valor del multilingüismo, ni de imponer el monolingüismo. Aunque la existencia de sociedades perfectamente bilingües –en las que todos los ciudadanos son perfectamente competentes en ambas lenguas– se pueda poner en duda y aunque el multilingüismo tan de moda siempre será elitista. Se trata de los derechos de los hablantes en cualquiera de las lenguas oficiales en un territorio determinado.

No se trata de recrear el mito de la lengua materna. Quien firma estas líneas debiera ser un deficiente mental, pues toda su enseñanza y su educación formal se han producido en alguna lengua distinta de su lengua materna. Otra cosa es que los padres tengan el derecho de poder ayudar a sus hijos en casa en las cuestiones escolares. Otra cosa es que los padres no quieran renunciar a que la lengua de casa no sea ocultada como lengua vehicular en ningún tramo de la escuela.

Es importante el argumento de las consecuencias: la inmersión ha conseguido una sociedad más cohesionada, se dice, y nadie deja de aprender castellano al final. Dejando de lado que los fines no justifican los medios, la pregunta es si dando entrada al castellano también como lengua vehicular en la escuela hasta los 12 años se resta tanto a lo que se quiere lograr. Aunque lo que se quiera lograr sea una identificación colectiva de pueblo a través de la lengua que merece otro tipo de críticas.

Desde Catalunya, y en referencia a la política educativa vasca, se afirma que no se puede separar a los alumnos por razón de lengua. Pero la petición de respeto de los derechos de los hablantes no tiene por qué conducir a modelos educativos que separen por lenguas. De lo que se trata es de que ambas lenguas oficiales sean lenguas vehiculares en la enseñanza, sin que una de ellas, sea la específica, sea la co- mún, sea ocultada. Si de cohesionar a la sociedad se trata, nada mejor que la comunión de lenguas en todo el sistema escolar, y no necesariamente la inmersión.

Dos viejos amigos en Benicàssim

Por Lino Portela en El País de 21 de julio de 2008

Sonriente, de pantalón negro, camisa gris y buen aspecto, Leonard Cohen, de 74 años, pasea tranquilo por los camerinos del FIB Heineken. Amablemente se hace una foto junto a varios seguidores que se frotan los ojos. Son las siete de la tarde. Cohen está a punto de volver a pisar un escenario español tras 15 años.

A esa misma hora el cantaor Enrique Morente descansa en su hotel de Castellón. Se viste lentamente como los toreros. Sabe que es una noche histórica. Y no sólo porque en un rato actuará ante 35.000 personas junto al grupo de rock Lagartija Nick, sino también porque volverá encontrarse con su viejo amigo Leonard Cohen, con el que ha cruzado pocas palabras pero mantiene una intensa y espiritual conexión.

Ayer estos dos colosos volvieron a encontrarse en un curioso lugar: el backstage de un festival de rock. Un espacio muy distinto al que se encontraron hace 15 años. En aquella ocasión fue en la cafetería del hotel Palace de Madrid. Unidos por la poesía, el flamenco y Lorca.

Para entender la conexión entre ellos hay que hablar de otro protagonista en la sombra: el poeta y adaptador Alberto Manzano (Barcelona, 1955) que todavía recuerda con emoción el día que conoció personalmente a Cohen. Fue en 1980 y hasta entonces Alberto había escrito varias biografías sobre el cantante y se había encargado de la traducción al castellano de sus libros. Manzano asegura haber aprendido inglés sólo para entender lo que el trovador canadiense decía en sus canciones. El mismo día que se dieron un apretón de manos, Alberto y Leonard se hicieron amigos de sangre. Una relación que aún se mantiene y en la que han compartido viajes (Los Ángeles, Italia...) y vacaciones en Idra, la isla griega donde Cohen solía pasar largas temporadas junto a su hija Lorca, en homenaje al poeta.

"Es un hombre generoso, accesible, cordial...", explicaba ayer Alberto sentado entre bambalinas en el FIB horas antes del encuentro Cohen-Morente. "También un apasionado de Federico García Lorca. Es el poeta que le convirtió en poeta. El poeta que, como dice él, le arruinó la vida", sonríe Manzano.

Leonard Cohen descubrió a Federico García Lorca con 16 años en una librería de Montreal donde descubrió una vieja edición de segunda mano de Poeta en Nueva York. Su embrujo atrapó a Cohen.

Conocedor de su profunda pasión por él, Manzano quiso preparar un presente para el 60 aniversario de su amigo. "Le debo mucho, así que pensé en un regalo especial. Lo primero que se me ocurrió fue llamar a Morente", recuerda Manzano que rápidamente contactó con el cantaor granadino para proponerle su idea: adaptar las canciones de Cohen e impregnarlas de flamenco, además de mezclarlas con el surrealismo de Lorca. La idea también cautivó a Morente, que se puso manos a la obra.

Lo que iba a ser un regalo de cumpleaños se convirtió en uno de los mejores discos españoles de los últimos 20 años: Omega. Un tesoro que encierra el misterio de Morente, la poesía de Cohen y la inaudita unión entre el flamenco y el rock de Lagartija Nick. Una revolución musical que al principio fue vista con recelo por los flamencos puros. Lo recuerda Antonio Arias, guitarrista de Lagartija Nick. "Los gitanos creían que no sabíamos afinar las guitarras porque distorsionábamos y acoplábamos mucho". Morente sabía lo que hacía. "Cuando empezamos a grabar nos quedamos impresionados y sobrecogidos con lo que de allí salió", recuerda el cantaor. "También nos extrañó la frialdad con la que el público acogió el proyecto".

Con tal joya en preparación y sin que Cohen supiese nada de la sorpresa, Manzano aprovechó una visita promocional del canadiense para organizar un encuentro extraordinario. Entonces ocurrió.

Morente y Cohen se abrazaron por primera vez en una fría tarde de invierno de 1993 en la cafetería del hotel Palace de Madrid. El encuentro duró algo más de una hora. Los dos bebieron agua. Los dos se hicieron hermanos al instante. Manzano, que hizo de intérprete, recuerda aquel momento histórico. "No hablaron mucho. No hacía falta, porque funcionaron las miradas. Leonard sabe muy poco español y Morente poco inglés. Los dos son muy introvertidos, aunque hubo un entendimiento muy espiritual".

Omega, una obra maestra, no se terminó hasta noviembre de 1996. Cohen ya había cumplido los 60 pero Manzano, fiel a su idea, le mandó el regalo a Canadá. Cohen agradeció emocionado el presente: "Es lo más grande que nadie ha hecho por mí en toda mi vida", decía en la carta que recibió Manzano de su amigo-héroe. "Cohen quedó impactado por la transgresión del proyecto. Sus letras transportadas al flamenco convertía aquello era una obra atrevida y emocionante", continúa Alberto. "Cohen admira profundamente a Morente. Suele decir que Omega es tan grande como si Ray Charles hubiese hecho un disco versionando sus canciones".

Son las ocho de la tarde en Benicàssim y Cohen se ha puesto el sombrero. Se dirige al escenario con una copa de vino en la mano y sonríe a los que se encuentra por el camino. Media hora después, puesto en pie y frente a un público emocionado, Cohen canta First we take Manhattan -más tarde también lo hará Morente con un sobrecogedor aire flamenco-. Más: Suzanne, So lone Mariane, The future, I'm your man... Hallelujah. El vello se eriza. También el de Enrique Morente que ya ha llegado al FIB y mira la actuación desde el lateral del escenario. Los dos se miran y lanzan una cómplice sonrisa.

Llegó el momento. Morente baja del lateral del escenario por la derecha junto antes de que Cohen acabe su última canción. El canadiense baja por la izquierda. El de Granada espera impaciente y ve cómo el canadiense recupera su copa de vino y baja la rampa a su encuentro. Están a punto de abrazarse pero una chica histérica se interpone en su camino y agarra por el cuello a Cohen para que su amiga torpe amiga haga una foto. La inoportuna reportera -fuera de servicio y con alguna copa de más- retrasa de forma estúpida el encuentro mágico. La chica desaparece y los dos genios por fin se abrazan. No hablan. No hace falta. Se miran fijamente a los ojos y sonríen. Juntos se dirigen al camerino donde Morente presenta a Cohen a su hija Estrella Morente y nietos. El encuentro no dura más de 20 minutos porque Enrique debe subir al escenario. Se vuelven a abrazar. "Hasta pronto", se dicen.

Llegaba entonces el turno de Omega que sonó ayer apoteósico. Mientras el FIB bailaba a ritmo del Pequeño vals vienés, escrita por Lorca y versionada por Morente y Cohen, este último ya volaba a Ginebra para su próximo concierto. Los asistentes ingleses no daban crédito al espectáculo. ¿Morente, flamenco, Lorca, Cohen y guitarras saturadas? ¿Qué invento es éste? Quizá nunca sea la portada de una revista musical británica, pero a esto se le llama magia.

Ciudadanía y lengua común

Por Fernando Savater en El País de 11 de julio de 2008

Como el mío va a ser uno de los pocos artículos que se publiquen en este periódico a favor del Manifiesto por la Lengua Común, permítanme que empiece con algo de melancolía. El documento en cuestión derrocha miramientos y renuncia a cualquier denuncia o acusación: no contiene críticas contra el Gobierno, ni contra la oposición, ni contra ninguna de las Administraciones autonómicas. Como el poeta, está a punto de perder su vida por delicadeza. Tampoco incurre en un alarmismo exagerado (se limita a señalar lo que es una preocupación generalizada en nuestra sociedad, como demuestran las firmas obtenidas de personalidades ilustres de las letras, las ciencias, el arte, el comercio o el deporte, muchas de las cuales no han firmado ningún manifiesto en su vida), y se centra en recomendar medidas preventivas antes de que lo peor sea además irremediable. Ni que decir tiene que reconoce todas las lenguas oficiales como igualmente españolas (lo que sin duda puede haber molestado a algunos) y formando parte del patrimonio cultural y social que compartimos, merecedoras de estímulo y salvaguardia. En el Manifiesto no sólo se defiende el derecho de quien lo desee a ser educado en castellano, sino también el derecho semejante a ser educado en catalán en Cataluña, en euskera en el País Vasco, en gallego en Galicia, etc. Éste es el Manifiesto que ha sido denunciado como xenófobo, imperialista, contrario al pluralismo cultural y hasta partidario del exterminio de los hablantes de lenguas minoritarias. Un político catalán lo calificó como "un insulto a la inteligencia": bueno, entonces usted no tiene por qué considerarse ofendido, buen hombre. Y lo mismo vale para los demás. Por decirlo churchilianamente: nunca quien no agredió a nadie fue agredido por tantos.

Es curioso: a los que hemos luchado durante bastantes años a favor de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, las tergiversaciones polémicas que se utilizan contra el Manifiesto nos recuerdan irresistiblemente las que oímos tantas veces contra esa necesaria materia académica. Destinos paralelos: en un caso, se ofendió involuntariamente las prerrogativas que considera intocables la Iglesia católica, y en el otro, las que se atribuye la jerarquía nacionalista, dos poderes fácticos de fundamentación mitológica que consideran persecución totalitaria cualquier merma de sus privilegios autoconcedidos. Interesante semejanza, que merece ser examinada más despacio.

Primera similitud: para criticar con mayor comodidad, se inventan el contenido de la asignatura y el contenido del Manifiesto. Según unos manipuladores, la Educación para la Ciudadanía se dedica a hacer proselitismo homosexual y a recomendar que nadie se case si no es con persona de su mismo sexo. Como no faltan manuales delirantes propuestos para la materia, otros se dedican a entresacar proclamas a favor de Fidel, Chávez y la abolición inmediata del capitalismo. Intentar que se recuerde en sus justos términos el temario oficial es tiempo perdido. De modo semejante, algunos decretan que el Manifiesto sale en defensa de la lengua castellana, empeño risible porque nuestro idioma goza de excelente salud, es hablado por 400 millones de personas y de nada hay que protegerlo. Según otros -pertenecientes a la lunatic fringe de varias autonomías bilingües-, el Manifiesto persigue abolir nuestro pluralismo lingüístico y cultural, exterminar al diferente, etc. Rogar que se lea el Manifiesto para comprobar que lo que se trata de defender son los derechos de los castellanohablantes sin mermar el bilingüismo o que estamos tan convencidos de la pujanza universal del castellano que por eso nos parece crucial reforzarlo como lengua común de España es tarea ociosa: la caricatura resulta polémicamente más rentable.

Segunda similitud: tanto la asignatura como el Manifiesto son inútiles, superfluos y refuerzan al poder establecido. Unos nos dicen que todo el mundo sale ciudadano de la escuela por la convivencia con los demás y sobre todo por la enseñanza de los padres. ¿Para qué adoctrinarles con teorías políticamente correctas que les hagan dóciles al relativismo moral dominante? Los otros aseguran con total convicción que no existe problema lingüístico en ninguna parte, salvo en la imaginación de la extrema derecha. No es verdad que haya comunidades donde no se pueda escolarizar a los niños con plena naturalidad en castellano, ni es cierto que en ellas los impresos oficiales sólo se faciliten en la lengua autonómica, ni es verdad que la señalización de vías públicas tampoco sea bilingüe, ni que el conocimiento de la lengua co-oficial tenga un valor desmesurado en concursos y oposiciones, etc. Esas denuncias son invenciones en la mayoría de los casos, o simples anécdotas irrelevantes cuando resultan probadas. Los que de veras sufren son quienes intentan manejar una lengua distinta del castellano: ¿hay algo más difícil y peor visto que hablar catalán en Cataluña, euskera en el País Vasco o gallego en Galicia? Todo son problemas y cortapisas para los héroes que a tanto se atreven... El Manifiesto es una apología de la represión y de la prepotencia vigente, puaf.

Tercera similitud: ¡vuelve el franquismo! Educación para la Ciudadanía es un revival de la Formación del Espíritu Nacional (que nada tiene que ver con las sanas lecciones de identidad que se dan en las autonomías nacionalistas), así como el Manifiesto defiende la lengua del Imperio, según enseñó Girón de Velasco. ¿Cómo no nos habremos dado cuenta antes? Bien claro está; el último canalla que se preocupó por la unidad de España fue Franco, y sólo a él podía ocurrírsele adoctrinar en valores políticos comunes. Menos mal que aún quedan vigías para dar la voz de alarma y señalar que por allí resopla el fascismo. Debemos estarles eternamente agradecidos... y obedecerles sin rechistar.

En fin, dejémoslo estar. Los defensores de la inmersión lingüística ven en ella la única forma de evitar guetos y de garantizar la convivencia cultural. Si nosotros fuésemos nacionalistas españoles, aceptaríamos el razonamiento pero aplicado a toda España: inmersión lingüística general en castellano para la educación pública, a fin de evitar que Cataluña, Euskadi, Galicia o Baleares se conviertan en guetos dentro del país. Es la doctrina vigente en Francia, que no es el peor Estado europeo ni en cultura ni en democracia. Sin embargo, no es eso lo que reivindicamos. El Manifiesto no pide inmersión en castellano de los que tienen otras lenguas maternas, sino que no se imponga otra lengua a los que prefieren el castellano. En general, la lengua común no requiere en las comunidades bilingües trato privilegiado, sólo que no se la persiga ni obstaculice como hoy se hace. Con eso basta.

Por lo demás, admito que se nos discuta, pero no acepto que se nos descalifique con infundios sectarios como han hecho reciente y reiteradamente el Partido Socialista y el Gobierno. La decencia política no se funda en el optimismo, como cree Zapatero, sino en la veracidad. Decidido: en cuanto nos repongamos de este Manifiesto, hay que preparar otro contra el uso impune de la mentira por los políticos.

Un manifiesto contra España

Por Albert Branchadell en El País de 7 de julio de 2008

España es un país plurilingüe. La mayoría de españoles tiene el castellano como lengua materna o lo ha elegido como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación, pero existen también otros españoles que tienen o han elegido otra lengua. Ésta es la realidad que la Constitución de 1978, los estatutos de autonomía y las llamadas leyes "de normalización lingüística" han pretendido acomodar en los últimos 30 años. Y he aquí la realidad que el Manifiesto por la lengua común no acierta a reconocer en su empeño por encumbrar el concepto de "lengua común" y dar marcha atrás en el camino iniciado hace seis lustros.

El primer reproche que cabe dirigir al Manifiesto no es su franco involucionismo sino el concepto mismo de "lengua común". Según el Diccionario de la Lengua Española, "común" es lo que "no siendo privativamente de ninguno, pertenece o se extiende a varios". Sin duda, el castellano pertenece a todos los españoles. Pero también el catalán/valenciano, el euskera y el gallego. Para los firmantes del Manifiesto sólo el castellano es verdaderamente común en la medida que lo conocen todos los españoles. Pero una cosa es que todos los españoles conozcan el castellano y otra muy distinta que consideren que el castellano es su lengua. Ahí es donde el Manifiesto efectúa un dudoso salto conceptual: de la amplia difusión social del castellano a la condición de lengua política exclusiva. La asimetría social entre las lenguas españolas es un hecho empírico (con sus razones históricas); la asimetría política que el Manifiesto deduce de ella es una posición ideológica no sólo controvertible sino peligrosa para la continuidad de España como proyecto político compartido.

Esta asimetría se manifiesta tanto en la consideración que reciben las lenguas dentro de las comunidades bilingües como en los ámbitos estatal y europeo. Según el Manifiesto, en las comunidades bilingües la obligación de conocer el castellano puede ser impuesta; en cambio, el conocimiento de la otra lengua oficial solo puede ser "estimulado". Por otra parte, es evidente que los funcionarios de esas comunidades deben conocer el castellano; en cambio, no es necesario que todos conozcan la otra lengua oficial. Finalmente, el uso público del castellano por parte de los representantes políticos no conoce límites territoriales; en cambio, el uso de las otras lenguas oficiales debe quedar confinado al territorio de las comunidades bilingües.

El plan del Manifiesto es trasladar la asimetría social a la esfera política y ordenar jerárquicamente las lenguas: el castellano debe ser la lengua verdaderamente oficial y las demás deben serlo sólo de modo secundario. El problema es obvio: este plan no está en línea con el desarrollo del bloque constitucional de los últimos 30 años. Es por ello que los firmantes del Manifiesto reclaman al Parlamento español una normativa legal para rectificar el rumbo y amarrar la primacía del castellano.

El Manifiesto sostiene que esa normativa debe fijar que el castellano es "común y oficial" a todo el territorio y la única lengua cuya comprensión "puede serle supuesta a todos los ciudadanos españoles". Si exceptuamos el aconstitucional "común", esa propuesta ya está en la Constitución. Sin duda, la propuesta debe ser entendida en términos exclusivistas: lo que se propone es que se prohíba la posibilidad de establecer el deber de conocer una lengua española diferente del castellano, de modo que su comprensión pueda serle supuesta a todos los ciudadanos de la comunidad afectada. Es decir, que se prohíba lo que prevé el Estatuto de Cataluña para el catalán y que se abandone la jurisprudencia que sanciona el conocimiento obligatorio del catalán por parte de los alumnos y de los funcionarios de la Administración catalana.

El Manifiesto también reclama que se establezca el derecho de los ciudadanos a ser educados en castellano. A diferencia de la anterior, esta propuesta no está en la Constitución. Lo que sí existe es una acreditada jurisprudencia según la cual el derecho a la educación no implica el derecho a elegir la lengua de la enseñanza. Es interesante, por cierto, que el Manifiesto solicite al Parlamento español una normativa sobre una cuestión que parlamentariamente ya está zanjada: el Congreso rechazó recientemente una proposición del PP que incluía el derecho a "estudiar en castellano en todas las etapas del sistema educativo".

Naturalmente, que el Parlamento convalide el sistema de inmersión lingüística en Cataluña no significa que este sistema sea invulnerable a la crítica. Si el Manifiesto existe es, en buena medida, por el trato escolar que recibe el castellano en Cataluña, que acaso sería bueno revisar. Es posible que en Cataluña no se haya garantizado de manera satisfactoria el derecho a recibir la "primera enseñanza" en castellano, reconocido desde la Ley de Normalización de 1983. En la actualidad, oponerse a la tercera hora de castellano (al mismo tiempo que se admiten asignaturas en inglés) es un grave error político. En ambas cuestiones, cumplir estrictamente la ley podría bastar quizás no para prevenir manifiestos pero sí para aplacar el posible descontento ciudadano. La normativa legal que propone el Manifiesto también debería establecer que "en las autonomías bilingües, cualquier ciudadano tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales". De nuevo se propone algo que ya está en el derecho vigente. En el caso de Cataluña, el Estatuto no puede ser más claro: "Los ciudadanos tienen el derecho de opción lingüística". Todo lo que habría que hacer es garantizar efectivamente este derecho en todas las comunidades bilingües, reconociendo que se infringe con mayor frecuencia cuando la lengua elegida no es el castellano. El testimonio de un ciudadano valenciano en este periódico es ilustrativo: "Nunca he tenido problema alguno para ser atendido en castellano; muchísimos para serlo en valenciano".

Por lo demás, si verdaderamente son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no es claro por qué esos derechos deberían quedar circunscritos al territorio de su comunidad. En aplicación de sus principios, el Manifiesto debería abogar también por el derecho a ser atendido en cualquier lengua oficial por las instituciones compartidas del Estado. De lo contrario, el Manifiesto debería solicitar la reforma del actual reglamento del Senado, por cuanto reconoce que los ciudadanos "podrán dirigirse al Senado en cualquiera de las lenguas españolas que tengan carácter oficial en su comunidad autónoma". O, por la misma regla de tres, debería solicitar la derogación de los acuerdos entre España y las instituciones de la UE, que permiten a los ciudadanos españoles comunicarse con ellas en cualquier lengua que sea oficial dentro del territorio español.

En la línea de limitar el uso de las lenguas diferentes del castellano, el Manifiesto termina reclamando que se obligue a los representantes políticos a expresarse en castellano en sus funciones de alcance estatal o europeo. Se desprende, de nuevo, la conveniencia de reformar el reglamento del Senado, que permite intervenir en cualquier lengua oficial en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, y la abrogación de los acuerdos con la UE. En definitiva, el Manifiesto nos propone un viaje en el tiempo, hacia 1981, cuando el ministro Rodolfo Martín Villa, al calor del 23-F, promovía una ley para garantizar la enseñanza del castellano en todo el territorio, o acaso hacia 1975, cuando el último Consejo de Ministros franquista aprobaba un decreto que reconocía las lenguas "regionales" como patrimonio cultural y declaraba el castellano "idioma oficial de la Nación y vehículo de comunicación de todos los españoles".

En los acuerdos con la UE antes citados, se aduce que "los esfuerzos para acercar la Unión a los ciudadanos exigen que, en la medida de lo posible, se facilite tanto a ellos como a sus representantes la comunicación con las instituciones en su lengua materna, elemento importante para reforzar su identificación con el proyecto político de la Unión". El Manifiesto por la lengua común va en la dirección contraria: lejos de reforzar la identificación de los ciudadanos con el proyecto político de España, es una invitación al desapego. España es un país plurilingüe. Si queremos que siga siendo un país, la receta no es contraponer la lengua "común" a las lenguas "autonómicas", ni anteponer los intereses de los "ciudadanos monolingües en castellano" a los del resto de ciudadanos españoles.

La lengua obligatoria

Por Josep Ramoneda en El País (Domingo) de 6 de julio de 2008

Un ciudadano de Cataluña que lo desee puede vivir en este país sólo con la lengua castellana; un ciudadano de Cataluña que lo desee no puede vivir sólo con el catalán. Ésta es la asimetría sobre la que está construido el Manifiesto por una lengua común que la prensa conservadora madrileña ha convertido en el juguete político de la temporada. Para un catalanohablante, el bilingüismo es obligatorio; para un castellanohablante, no. Es una peculiar interpretación de la equidad lingüística.

El alegato por la lengua común, que hace el castellano obligatorio, pero no las lenguas propias de cada comunidad autónoma "porque hay una asimetría en las lenguas españolas oficiales", se funda en la idea convertida ya en mito de que "son los ciudadanos los que tienen derechos lingüísticos, no los territorios, ni mucho menos las lenguas mismas". Pero, por lo visto, hay ciudadanos con más derechos lingüísticos que otros porque tienen que aprender una sola lengua, mientras que los que hablamos catalán tenemos que aprender dos.

En coherencia con la afirmación de que los derechos lingüísticos son de los ciudadanos, se dice que "las lenguas no tienen derecho a conseguir coactivamente hablantes". Pero la solidez del principio de referencia no aguanta ni cinco líneas. Porque inmediatamente después se precisa que el castellano es "obligatorio", y, por tanto, puede ser impuesto, mientras que la aspiración a que todos sepan el catalán (o el vascuence, o el gallego) a lo sumo puede ser "estimulada". ¿Por qué? Porque el castellano es la lengua común del territorio español. O sea, que hay territorios con derechos lingüísticos y otros que carecen de ellos, de modo que los principios fundamentales del razonamiento -los que enfáticamente afirman que los territorios no tienen derechos lingüísticos- son adaptables en función del lugar.

Dicen los autores del manifiesto que su inquietud es estrictamente política. Por eso el manifiesto concluye con unas notas o recomendaciones para un decreto de unificación lingüística que elevan al Parlamento español con la petición de que se desarrolle la normativa correspondiente, aun en el caso de que exigiera modificación de la Constitución o de algunos estatutos. Todo su alegato parte de la obligación constitucional de saber el castellano, pero la Constitución deja de ser intocable si se trata de garantizar más todavía la hegemonía de este idioma. De modo que el manifiesto es una invitación explícita al PSOE y al PP a poner orden lingüístico en las naciones periféricas e, implícitamente, una señal al Tribunal Constitucional para que no desaproveche la oportunidad de revisar el Estatuto de Cataluña. La irrupción del nuevo PP de Rajoy en apoyo del manifiesto demuestra las limitaciones de la renovación de la derecha: quiere forjar alianzas con los nacionalistas periféricos, y lo primero que hace es darles donde más les duele: en la lengua.

Los conflictos entre lenguas son siempre delicados y difícilmente admiten soluciones definitivas, salvo en regímenes que estén en condiciones de imponer una lengua a sangre y fuego. Puesto que éste no es el caso, siempre habrá puntos de roce y opciones insatisfactorias para unos u otros. Hace tiempo que sabemos que el retablo social en que todas las piezas encajan perfectamente es del dominio de la utopía, es decir, del horror. En Cataluña se optó, con amplio consenso político y social, por la inmersión lingüística. No fue un capricho. Fue una opción con un doble objetivo: recuperar la lengua propia y evitar la fractura del país en dos comunidades idiomáticas. Ha funcionado razonablemente. A pesar de algunas estridencias, perfectamente evitables, de los que todavía sueñan con la absurda fantasía de un país monolingüe en catalán. Los jóvenes acaban los estudios básicos conociendo los dos idiomas, y después es ya la dinámica social la que determina los usos. Y en ésta el castellano todavía juega con mucha ventaja. En Cataluña se hablan hoy decenas de lenguas, ¿no empieza a ser antiguo este debate?

¿Cuál debería ser el objetivo? Una sociedad realmente bilingüe. Es decir, una sociedad en la que cuando uno inicie una conversación en catalán tenga la certeza de que le responderán en catalán y cuando uno la inicie en castellano tenga la certeza que le responderán en castellano. Éste sería un equitativo ideal regulativo. Pero a día de hoy, el bilingüismo es todavía perfectamente asimétrico a favor del castellano. Y, sin embargo, el manifiesto pretende que asumamos que el castellano sea obligatorio y el catalán no. ¿No eran algunos de los firmantes los que decían que las lenguas que se imponen obligatoriamente se hacen antipáticas? -

España

Por José María Ruiz Soroa en El Correo de 5 de julio de 2008

Los recientes éxitos futboleros de la selección nacional, a pesar de su intrascendente levedad, han aportado una de las contadas ocasiones en que el sentimiento nacional español ha podido manifestarse en una forma que pudiéramos denominar estándar por relación a la de otros países de nuestro entorno, es decir, una forma gozosa y nada conflictiva. Porque lo cierto es que el sentimiento de autoidentificación nacional tiene desde antiguo en España enormes dificultades para expresarse con normalidad: los españoles perciben de una manera demediada y en general teñida de algo de culpabilidad y vergüenza su relación con esa entelequia que es (o debería ser) su patria. «España me suena a brazo en alto», sería el respingo que mejor resume esa frustrada autoidentificación.

Las dificultades vienen de lejos: la realidad histórica de España es un pajarraco lleno de picos y garras al que no es fácil aproximarse sin sufrir picotazos y magulladuras. Nuestro pasado nacional-católico más próximo hace que sea muy difícil asumir con normalidad el conjunto de nuestra historia. Más bien lleva a la exótica creencia de que el sentimiento nacional español es un invento conservador, como escribía Juan José Linz. Y de ahí, como muestra el pensamiento de izquierda o progresista desde hace muchos años, se pasa a hacer dejación de la idea nacional: no merece la pena el esfuerzo y el riesgo político de intentar reinventar y elaborar un relato del pasado patrio en forma de relato cívico.

España se identifica con todo lo negativo que hay en nuestro pasado (y, como en todos los pueblos, de eso hay en abundancia), así que mejor dejarlo estar y asumir ese vago e incomprometido cántico a la España «plural» que hoy caracteriza al pensamiento correcto. En este camino, desde la transición la izquierda española adoptó una posición huidiza e ingenua en esta materia e hizo suya acríticamente la historia que relataban los nacionalismos periféricos.
Para estos nacionalistas la cuestión está bastante más clara: España no existe como nación, es poco más que una carcasa institucional, un Estado frágil y torpe que anda desde antiguo a la búsqueda de una nación, pero que cada vez que intenta «inventarla» genera un nuevo fracaso. Naciones no hay más que las suyas, todas ellas densas, perfiladas, homogéneas como macizas bolas de billar. España no es sino el difuso «resto» que queda después de descontar a Cataluña, Euskal Herria y Galicia, un resto sostenido malamente por «Madrid».

Por su lado, la derecha española se muestra incapaz de revisar a fondo su pasado franquista. Ello hace que sus periódicas campañas de promoción de una identidad española rotunda y abrupta (la superbandera de Aznar) se mezclen con el peor pasado nacional y acaben ahuyentando a todos los que sienten renacer en ellas el socorrido mito de las dos Españas.

Lo que resulta de todo ello es que los españoles perciben en general su identidad como «disminuida» en comparación con la «reforzada» de los nacionalistas competidores. Hay un cierto sentimiento de privación relativa en materia nacional: pues para el discurso posible sólo existen unos sentimientos nacionales naturales, positivos y justos, los de los periféricos, mientras que los españoles son percibidos como cutres, retrógrados y culpables. España suscita mucha más vergüenza que orgullo, así que los sentimientos patrios tienden a refugiarse en el localismo: en nuestro país se valora en una manera extraordinariamente positiva la adscripción más inmediata y local, en una manera que posiblemente no tiene parangón en nuestro entorno europeo.

Estas dificultades con la autoidentificación nacional suelen confundirse con una supuesta debilidad intrínseca de la construcción nacional española. Ha sido un rasgo recurrente entre muchos pensadores y políticos el de angustiarse ante la indefinición y fragilidad de la realidad patria, que percibían siempre a punto de desmoronarse ante los embates de los otros sentimientos nacionales competidores. Y la hipersensibilidad de quien se siente al borde del abismo hace que el sentimiento nacional esté siempre en carne viva.

Pero dificultades de expresión discursiva no implican necesariamente debilidades congénitas del invento nacional. Julio Beramendi dice, con razón, que España es un país «nacionalmente enfermo» desde antiguo, pero de esos enfermos que poseen una «mala salud de hierro». Como lo demuestra una curiosa constatación: es el único país europeo (junto con Suiza) que no ha experimentado cambio alguno en sus fronteras metropolitanas durante los siglos XIX y XX. Quizás porque, como ingenuamente decía el buenazo de Iker Casillas, hay muchos que se sienten contentos de ser españoles. Aunque si les preguntan por qué, o si les piden explicitar sus sentimientos, se encogen desdeñosamente de hombros o sienten algo de vergüenza. Y lo curioso es que quizás sea lo mejor para todos, porque bastantes sentimientos inflamados aguantamos como para desear añadir otro más. Probablemente, es mejor dejar el himno sin letra.