Por Josep Ramoneda en El País de 26 de junio de 2008
“Yo no soy nacionalista y el Partido Popular nunca será nacionalista ni caminará por sus sendas como hacen otros”. Lo dijo Mariano Rajoy en su discurso de presentación de candidatura ante el congreso del PP. Poco importa, por lo que parece, que minutos antes se preguntara: “¿Qué es lo que yo defiendo?”. Y respondiera así: “Que la nación española no es ni discutible ni interpretable. Yo no estoy dispuesto a permitir que se interprete”. Poco importa que acto seguido dijera que estaba dispuesto a dialogar con los nacionalistas “dejando a salvo la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles”. Cuestiones “sobre las que no vamos a aceptar ninguna consideración porque ellos están tan obligados a respetarlas como nosotros”. Poco importa que defina al PP como “un partido nacional y coherente con sus principios y su idea de España”. Pese a este ramillete de sentencias, y otras muchas más esparcidas a lo largo del discurso, Rajoy dice que él no es nacionalista. Realmente es ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio. ¿Qué es este discurso, por otra parte el del PP de toda la vida, si no nacionalismo español? ¿Por qué Mariano Rajoy no se reconoce como tal? Al fin y al cabo, ¿qué tendría de extravagante que el que cree en la nación española como realidad “ni discutible ni interpretable” se proclame nacionalista español?
Esta confusión -deliberada o no- no es patrimonio exclusivo de Rajoy. Está muy extendida en todo el espectro ideológico español. Y se basa en el razonamiento siguiente: el nacionalismo es por definición excluyente; los nacionalismos periféricos son excluyentes porque definen unos paradigmas identitarios que convierten en figurantes o ciudadanos de segunda a los que no se identifican con ellos; la nación española no excluye a nadie, incluye a todos. Basta moverse dentro del propio discurso de Rajoy para comprender la falacia de este argumento. ¿No es excluyente un discurso que niega a los ciudadanos que ponen en cuestión la unidad nacional el derecho a discutirla?
Pero hay otro argumento falaz muy repetido para negar la existencia del nacionalismo español, que Rajoy también utiliza en su discurso: “No reconocemos los derechos colectivos sino los individuales”. Yo también creo que los derechos son individuales, pero, por lo general, se conquistan y se defienden colectivamente. Lo cual no es un detalle menor. ¿Reconoce Rajoy a los ciudadanos de Cataluña la posibilidad de que en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de asociación política proclamen que Cataluña tiene carácter de nación, como hicieron en su Estatuto, o esto no vale porque es un derecho colectivo? ¿Proclamar que España no es ni discutible ni interpretable, e imponer a todos la obligación de aceptarlo así, es la afirmación de un derecho colectivo o la negación de derechos individuales?
No deja de ser un poco obsceno -o abusivo- que el único de los nacionalismos triunfantes de todos los hispánicos, es decir, el único que ha conseguido pasar de potencia a acto y tener un Estado, sea también el único que se niega a reconocerse en la condición de nacionalista. ¿Por qué se niega? Por varias razones: porque negarlo es una manera de eludir su carácter impositivo (cómo se puede pretender que se ha impuesto una cosa que no existe); porque el nacionalismo español lleva un lastre pesado de la época en que era componente esencial del sistema ideológico del franquismo; porque reservar la etiqueta de nacionalismo para los nacionalismos periféricos es una manera de marcarles, de situarles en un estadio ideológico arcaico alejado de la música liberal contemporánea; y porque atribuyendo, por definición, a los nacionalismos periféricos un carácter excluyente, niegan que el nacionalismo español también lo tenga porque no existe.
No se me ocurre que Sarkozy, como cualquiera de sus antecesores, tenga vergüenza de llamarse nacionalista francés o cualquier presidente de Estados Unidos, nacionalista americano. Es impensable lo contrario. Sin embargo, ¿por qué se avergüenzan los nacionalistas españoles? Porque en el fondo hay cierta conciencia del carácter precario -y complejo- de la nación española. Porque saben que es un sentimiento muy extendido pero no compartido por todos y mucho menos indiscutido. Y porque creen que así satanizan mejor a los nacionalismos periféricos.
El discurso de Rajoy ha coincidido con los éxitos de la nación española de fútbol. Los rituales de la tribu se han desplegado alcanzando momentos de insoportable ruido sideral. Como en todos los nacionalismos. Nada se parece más a la celebración de una victoria de la selección española que la celebración de una victoria del Barça. Si alguna diferencia hay es de idiosincrasia: los españoles son un poco más exhibicionistas y extrovertidos que los catalanes. Pero, a mí por lo menos, me parecen igual de fatuas, igual de horteras, igual de nacionalistas. Ni más ni menos.
jueves, 26 de junio de 2008
La lengua y los mediocres
Por Francesc de Carreras en La Vanguardia de 26 de junio de 2008 (leído en Reggio)
Como suelo dar mis clases en catalán, lamentablemente no tengo alumnos de Erasmus, ese programa para estudiantes extranjeros que facilita el intercambio entre estudiantes de la UE. Sin embargo, en cierta ocasión, al finalizar la primera clase del curso vinieron a verme un grupo de estudiantes europeos. Me dijeron que la facultad les había asegurado que yo daba la clase en castellano y por ello se habían apuntado a mi grupo. Efectivamente, la profesora encargada de informarles cometió un error. Yo arreglé las cosas diciéndoles lo que me pareció más natural y sensato: “No se preocupen, a partir de ahora utilizaré el castellano, lo importante es comunicarse bien, no el instrumento que se usa para comunicarse”.
Como suelo dar mis clases en catalán, lamentablemente no tengo alumnos de Erasmus, ese programa para estudiantes extranjeros que facilita el intercambio entre estudiantes de la UE. Sin embargo, en cierta ocasión, al finalizar la primera clase del curso vinieron a verme un grupo de estudiantes europeos. Me dijeron que la facultad les había asegurado que yo daba la clase en castellano y por ello se habían apuntado a mi grupo. Efectivamente, la profesora encargada de informarles cometió un error. Yo arreglé las cosas diciéndoles lo que me pareció más natural y sensato: “No se preocupen, a partir de ahora utilizaré el castellano, lo importante es comunicarse bien, no el instrumento que se usa para comunicarse”.
Al cabo de unos días, hablando con estudiantes holandeses y suecos les pregunté ingenuamente por algo que me suscitaba curiosidad: “¿Los alumnos Erasmus que van a sus países conocen el holandés y el sueco como para entender a los profesores en clase?”. Sonriendo, me respondieron que obviamente no, casi ningún erasmus tenía idea del holandés o sueco, pero más de la mitad de las clases se impartían en inglés dado que los profesores procedían de países muy diversos y el inglés se había convertido en la lengua vehicular común. Me sentí bastante ridículo y provinciano al escuchar esta respuesta. Debía dar por supuesto que las autoridades universitarias de estos países eran personas cultas e inteligentes, preocupadas por el conocimiento y no por el vehículo en el que se trasmite, interesadas en atraerse a los mejores profesores, aunque hubiera que ir a buscarlos más allá de las estrechas fronteras de sus países.
Pues bien, en Catalunya estamos en las antípodas de esta posición, nuestras autoridades políticas y universitarias tienen todavía la mentalidad de otros tiempos. Como ha informado este periódico, las universidades catalanas aprobaron en el seno del Consell Interuniversitari de Catalunya, la propuesta del Govern de la Generalitat según la cual a todos los nuevos profesores, o a los antiguos que pretendan ascender en su carrera académica, deberá exigírseles el nivel C de catalán. De este acuerdo se ha desmarcado mi universidad, la Autònoma: ¡felicidades, rector y equipo de gobierno!
Recordemos que el nivel C de catalán implica un conocimiento perfecto de la lengua, de su ortografía y sintaxis. Tras él, solo queda el nivel D, que muy pocos poseen, exigible tan sólo a especialistas para que realicen funciones lingüísticas muy específicas, trabajos de traducción o corrección gramatical. ¿Tienen tanto atractivo nuestras universidades como para que profesores del resto de España o de países extranjeros hagan el esfuerzo de obtener el nivel C? Evidentemente, esto disuadirá a muchos universitarios de venir a Catalunya. Ya sucede ahora, desde hace años, y no sólo en la universidad, sino también en otras profesiones: médicos, notarios, jueces, fiscales, altos ejecutivos. Nunca en Catalunya había habido carencias en estas profesiones, por el contrario las plazas estaban siempre muy buscadas. Sólo ahora, las fronteras lingüísticas nos aíslan y empobrecen.
Pero cuidado: la culpa no es del catalán, la culpa es de la política lingüística, de los excesos que el fanatismo comete en nombre del catalán.
La sociedad catalana, en su inmensa mayoría, es bilingüe y tolerante. Asimismo, excepto algún intransigente, los que aquí se desplazan para vivir y trabajar se esfuerzan en comprender -hablarlo, a cierta edad, ya es otra cosa- rápidamente el catalán, sobre todo si son personas con una mínima base cultural. En definitiva, en la sociedad no hay problemas. El problema está en una política lingüística mal enfocada y, como es el caso de la universidad, en ciertos intereses inconfesables. Lo ha dicho con exactitud el profesor Joaquim Molins, en referencia al caso que nos ocupa: “Lo que quiere la gente mediocre de las universidades catalanas es restringir la competencia. Poner tantos obstáculos como sea posible para evitar que gente del resto de España o extranjeros les quiten sus plazas. Esto es lo que subyace en esta decisión. Y si hay un lugar donde la movilidad es fundamental es en la universidad”.
El catalán, como dijo hace años un poeta conservador, es un vaso de agua clara, es decir, debe mantenerse vivo, con las ayudas e incentivos necesarios, pero con naturalidad, coexistiendo en paz con el castellano, como siempre había sido en Catalunya. La lengua debe ser un elemento de comunicación, no un elemento de identidad excluyente que nos enfrente unos a otros. El filósofo Fernando Savater ha encabezado un manifiesto -al que en pocas horas nos hemos adherido más de 40.000 ciudadanos- lleno de sentido común, espíritu de tolerancia y sensatez. Mientras, la Generalitat hace cosas insensatas: se pelea con Madrid por una miserable tercera hora de castellano a la semana en las escuelas, exige el nivel C a los profesores de universidad y, ya en el colmo del surrealismo, no renueva la licencia a una radio cultural extremeña ¡por no emitir emisiones en catalán!
La Catalunya tolerante y cívica debe reaccionar, en lugar de callarse, mientras los fanáticos y los mediocres nos van hundiendo en una visible decadencia.
Europa
Por Enric González en El País de 19 de junio de 2008
No aspiro a ser justo, ni siquiera digno. Soy europeo y sólo aspiro a seguir siéndolo. Aspiro a una vida sin sobresaltos. Aspiro a la sanidad gratuita, al subsidio de desempleo, a que mis hijos gocen de la mejor educación posible a un precio simbólico, a una pensión generosa cuando me retire. Aspiro a la máxima seguridad y a unas calles limpias. Aspiro a que el paisaje rural sea hermoso y apacible, y a unos alimentos accesibles y de la máxima calidad. Aspiro a preservar la naturaleza que me rodea.
Ya, ya sé que la política agraria europea, con sus casi 50.000 millones en subsidios anuales, crea un paraíso artificial y frena las importaciones africanas. También sé que aplicamos aranceles sobre los productos más competitivos de los países en desarrollo. Y sé, por supuesto, que de vez en cuando inundamos el mercado mundial con nuestros excedentes alimentarios, y acabamos de arruinar a los países pobres. Pero eso es indispensable para que Europa siga siendo la dulce Europa, con su campiña, su paz social y sus segundas residencias. Los inmigrantes seguirán llegando, no crean que lo ignoro. Necesitamos bastantes para hacer ciertos trabajos y para aplicar sin grandes conflictos la jornada semanal de 60 horas. Nuestro objetivo ahora, como europeos, consiste en ponerles las cosas difíciles a los clandestinos, o sea, a esos que de momento no necesitamos. Que sepan que Europa, la cumbre de la civilización, sabe ser dura cuando conviene. Que sufran el desprecio, el encierro y la deportación. Que se vayan a otra parte. Resulta desagradable, por supuesto. Pero es indispensable para que Europa siga siendo la dulce Europa, la Europa que amamos.
Me gustó que el Telediario de La Primera, ayer, no concediera rango de portada a la ley contra la inmigración clandestina, aprobada por el Parlamento Europeo. Tenemos la Eurocopa. ¿Para qué crisparnos? No aspiro a ser justo, ni siquiera digno, ya lo he dicho. Soy europeo.
No aspiro a ser justo, ni siquiera digno. Soy europeo y sólo aspiro a seguir siéndolo. Aspiro a una vida sin sobresaltos. Aspiro a la sanidad gratuita, al subsidio de desempleo, a que mis hijos gocen de la mejor educación posible a un precio simbólico, a una pensión generosa cuando me retire. Aspiro a la máxima seguridad y a unas calles limpias. Aspiro a que el paisaje rural sea hermoso y apacible, y a unos alimentos accesibles y de la máxima calidad. Aspiro a preservar la naturaleza que me rodea.
Ya, ya sé que la política agraria europea, con sus casi 50.000 millones en subsidios anuales, crea un paraíso artificial y frena las importaciones africanas. También sé que aplicamos aranceles sobre los productos más competitivos de los países en desarrollo. Y sé, por supuesto, que de vez en cuando inundamos el mercado mundial con nuestros excedentes alimentarios, y acabamos de arruinar a los países pobres. Pero eso es indispensable para que Europa siga siendo la dulce Europa, con su campiña, su paz social y sus segundas residencias. Los inmigrantes seguirán llegando, no crean que lo ignoro. Necesitamos bastantes para hacer ciertos trabajos y para aplicar sin grandes conflictos la jornada semanal de 60 horas. Nuestro objetivo ahora, como europeos, consiste en ponerles las cosas difíciles a los clandestinos, o sea, a esos que de momento no necesitamos. Que sepan que Europa, la cumbre de la civilización, sabe ser dura cuando conviene. Que sufran el desprecio, el encierro y la deportación. Que se vayan a otra parte. Resulta desagradable, por supuesto. Pero es indispensable para que Europa siga siendo la dulce Europa, la Europa que amamos.
Me gustó que el Telediario de La Primera, ayer, no concediera rango de portada a la ley contra la inmigración clandestina, aprobada por el Parlamento Europeo. Tenemos la Eurocopa. ¿Para qué crisparnos? No aspiro a ser justo, ni siquiera digno, ya lo he dicho. Soy europeo.
viernes, 30 de mayo de 2008
La mala educación
Por Jordi Soler en El País de 18 de mayo de 2008
El endurecimiento de las medidas contra los inmigrantes que aparece cíclicamente en la agenda de la Unión Europea tiene mucho de amnesia y un buen porcentaje de ingenuidad, porque si algo demuestra la historia de los flujos y reflujos migratorios de todos los tiempos es que no hay ley, ni muro, ni forma de impedir la entrada de una persona que, con el irreprochable objetivo de alimentar a su familia, pretende introducirse en un país que le ofrezca mejores oportunidades que el suyo.
Europa, y aquí viene la amnesia, le debe la vida a todos esos europeos que emigraron a otras latitudes en busca de fortuna; el soplo que trajo el Nuevo Mundo fue crucial para la consolidación del Viejo Continente. ¿Qué hubiera sido de la hoy pujante y boyante Irlanda si en el siglo XIX, durante la gran hambruna, Estados Unidos hubiera "endurecido" las medidas contra los inmigrantes? Éste es un asunto de conciencia nacional con el que tendrán que lidiar en su momento los irlandeses. En cuanto a nosotros, en España también tenemos nuestra propia cuota de amnesia, que nos lleva a hacer cosas que, si nos ajustásemos a cualquier manual de urbanidad básica, serían calificados como esos actos impropios que hace la gente maleducada y malagradecida.
Ahora voy a recordar una historia que debiera ser inolvidable, máxime en estos momentos: en el año de 1937, en la sede de la Sociedad de Naciones, en Ginebra, todas las democracias del mundo hacían la vista gorda para no condenar el golpe de Estado del general Franco, ni la intervención de Alemania e Italia en la Guerra Civil española. El silencio y la pasividad de aquellos gobiernos frente al golpe contra la República legítimamente constituida fue, y sigue siendo, una vergüenza.
Sólo un país defendió entonces, contra viento y marea, al Gobierno de la República: México. El presidente Lázaro Cárdenas, a través de su embajador en Ginebra, Isidro Fabela, dijo, ante el pasmo de todos los demás, cosas como ésta: "El Gobierno mexicano no reconoce, ni puede reconocer, otro representante legal del Estado español que el Gobierno republicano". El resto guardó silencio con tanta disciplina que, unos años más tarde, el Gobierno golpista español conseguiría un asiento en la ONU, el organismo en que se convirtió la Sociedad de Naciones, como si se tratara de un gobierno normal, legítimamente elegido por el pueblo.
Lázaro Cárdenas sostenía que las personas que, por cualquier razón, tenían que abandonar su país debían ser recibidas por otro. Esto le parecía un principio de elemental humanidad, y guiado por este principio ofreció asilo a miles de inmigrantes,entre ellos, a decenas de miles de españoles que no sólo habían perdido la guerra sino también su país. Ante el fracaso de su embajador Fabela, cuyos esfuerzos por defender el Gobierno legítimo de Manuel Azaña fueron premiados con un sonoro silencio, Cárdenas abrió las puertas de México a cualquier inmigrante español, con profesión o sin ella, sin más trámite que la necesidad, o el deseo, de rehacer su vida y labrarse un porvenir en aquel lejano país de ultramar.
En estos días en que la Unión Europea endurece, un poco más, las medidas contra los inmigrantes "sin papeles", no está de más tener presente esta historia, que tiene apenas 70 años de antigüedad, y no está de más recordarla porque las normas comunes que salen de Bruselas, que intentan controlar el flujo de emigrantes que entra todos los días a Europa, no son más que una aproximación, un tanteo, a veces bastante torpe, que con frecuencia se agita según los aires políticos del momento.
Estados Unidos, que nos lleva décadas de ventaja en este tema, se ha cansado de construir muros y leyes y de inventar cuerpos de policía especiales, y aun así no ha podido encontrar la solución para que los emigrantes latinoamericanos dejen de colarse por sus fronteras. La inmigración es el peaje inevitable que tienen que pagar los países ricos, y todo lo que puede hacerse al respecto es, más o menos, acotarla. Porque sin este margen se caería en la persecución, en la criminalización del inmigrante, en la instauración de un Estado policiaco que iría en contra de lo que es Europa, un territorio donde ante todo se practican los valores de respeto de la dignidad humana, sin los cuales este continente se convertiría en un holding de empresarios dedicados a la multiplicación de sus riquezas.
Dentro del margen que el fenómeno exige, cada país europeo debe tener presente su propio historial migratorio, que es parte indisociable de su historia, una particularidad que no puede meterse en el saco general de medidas de la Unión Europea. Por ejemplo, España tiene responsabilidades con Latinoamérica que Irlanda no tiene, porque España, guste o no, es la madre patria de aquel continente y además, a lo largo de su historia, los españoles han emigrado con bastante normalidad a aquellos países; cosa que, hasta hace unos años, también sucedía a la inversa.
Pero aquel periodo idílico, de elemental justicia, se ha terminado: la urgencia europea por controlar el aterrizaje, o el desembarco, de los inmigrantes, ha provocado, entre otras cosas, que el Gobierno español pase por alto esos años, nada remotos, en los que para progresar, para ganarse mejor la vida, había que irse de España, había que emigrar a otro país.
Pondré como ejemplo el caso de un mexicano que quiera viajar a España, porque es el que mejor conozco, porque tiene que ver con esa historia de conmovedora solidaridad que protagonizó el presidente Lázaro Cárdenas, y porque ilustra perfectamente cómo las medidas contra el inmigrante se han endurecido de manera irracional. Setenta años después de aquella historia, todo mexicano que venga, no a quedarse, sino a pasear a España tiene que someterse a un control nada cortés en el aeropuerto de Barajas o en el de El Prat; un control en el que un oficial le exigirá que enseñe el billete de vuelta, una cantidad mínima de 57 euros por cada día de estancia, el comprobante de una reserva de hotel y, si se trata de un turista que viene a visitar a un familiar o amigo, es decir, que no se hospedará en un hotel, una carta de invitación que previamente ese sufrido familiar o amigo habrá tenido que ir a tramitar a la comisaría de su barrio. Hay que añadir, porque no sobra, que los mexicanos son una minoría en España; una minoría que no sólo no amenaza la integridad de la Unión Europea, sino que ni siquiera pinta en las estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Estas medidas duras e inútiles, que se aplican sin ningún rubor tanto a los mexicanos como a la mayoría de los latinoamericanos, hijos todos de la madre patria, deberían pesar en la conciencia colectiva de España, que hoy es rica y próspera gracias a sus emigrantes y a sus inmigrantes. Olvidar esto, pasarlo por alto, es de gente mal educada.
El endurecimiento de las medidas contra los inmigrantes que aparece cíclicamente en la agenda de la Unión Europea tiene mucho de amnesia y un buen porcentaje de ingenuidad, porque si algo demuestra la historia de los flujos y reflujos migratorios de todos los tiempos es que no hay ley, ni muro, ni forma de impedir la entrada de una persona que, con el irreprochable objetivo de alimentar a su familia, pretende introducirse en un país que le ofrezca mejores oportunidades que el suyo.
Europa, y aquí viene la amnesia, le debe la vida a todos esos europeos que emigraron a otras latitudes en busca de fortuna; el soplo que trajo el Nuevo Mundo fue crucial para la consolidación del Viejo Continente. ¿Qué hubiera sido de la hoy pujante y boyante Irlanda si en el siglo XIX, durante la gran hambruna, Estados Unidos hubiera "endurecido" las medidas contra los inmigrantes? Éste es un asunto de conciencia nacional con el que tendrán que lidiar en su momento los irlandeses. En cuanto a nosotros, en España también tenemos nuestra propia cuota de amnesia, que nos lleva a hacer cosas que, si nos ajustásemos a cualquier manual de urbanidad básica, serían calificados como esos actos impropios que hace la gente maleducada y malagradecida.
Ahora voy a recordar una historia que debiera ser inolvidable, máxime en estos momentos: en el año de 1937, en la sede de la Sociedad de Naciones, en Ginebra, todas las democracias del mundo hacían la vista gorda para no condenar el golpe de Estado del general Franco, ni la intervención de Alemania e Italia en la Guerra Civil española. El silencio y la pasividad de aquellos gobiernos frente al golpe contra la República legítimamente constituida fue, y sigue siendo, una vergüenza.
Sólo un país defendió entonces, contra viento y marea, al Gobierno de la República: México. El presidente Lázaro Cárdenas, a través de su embajador en Ginebra, Isidro Fabela, dijo, ante el pasmo de todos los demás, cosas como ésta: "El Gobierno mexicano no reconoce, ni puede reconocer, otro representante legal del Estado español que el Gobierno republicano". El resto guardó silencio con tanta disciplina que, unos años más tarde, el Gobierno golpista español conseguiría un asiento en la ONU, el organismo en que se convirtió la Sociedad de Naciones, como si se tratara de un gobierno normal, legítimamente elegido por el pueblo.
Lázaro Cárdenas sostenía que las personas que, por cualquier razón, tenían que abandonar su país debían ser recibidas por otro. Esto le parecía un principio de elemental humanidad, y guiado por este principio ofreció asilo a miles de inmigrantes,entre ellos, a decenas de miles de españoles que no sólo habían perdido la guerra sino también su país. Ante el fracaso de su embajador Fabela, cuyos esfuerzos por defender el Gobierno legítimo de Manuel Azaña fueron premiados con un sonoro silencio, Cárdenas abrió las puertas de México a cualquier inmigrante español, con profesión o sin ella, sin más trámite que la necesidad, o el deseo, de rehacer su vida y labrarse un porvenir en aquel lejano país de ultramar.
En estos días en que la Unión Europea endurece, un poco más, las medidas contra los inmigrantes "sin papeles", no está de más tener presente esta historia, que tiene apenas 70 años de antigüedad, y no está de más recordarla porque las normas comunes que salen de Bruselas, que intentan controlar el flujo de emigrantes que entra todos los días a Europa, no son más que una aproximación, un tanteo, a veces bastante torpe, que con frecuencia se agita según los aires políticos del momento.
Estados Unidos, que nos lleva décadas de ventaja en este tema, se ha cansado de construir muros y leyes y de inventar cuerpos de policía especiales, y aun así no ha podido encontrar la solución para que los emigrantes latinoamericanos dejen de colarse por sus fronteras. La inmigración es el peaje inevitable que tienen que pagar los países ricos, y todo lo que puede hacerse al respecto es, más o menos, acotarla. Porque sin este margen se caería en la persecución, en la criminalización del inmigrante, en la instauración de un Estado policiaco que iría en contra de lo que es Europa, un territorio donde ante todo se practican los valores de respeto de la dignidad humana, sin los cuales este continente se convertiría en un holding de empresarios dedicados a la multiplicación de sus riquezas.
Dentro del margen que el fenómeno exige, cada país europeo debe tener presente su propio historial migratorio, que es parte indisociable de su historia, una particularidad que no puede meterse en el saco general de medidas de la Unión Europea. Por ejemplo, España tiene responsabilidades con Latinoamérica que Irlanda no tiene, porque España, guste o no, es la madre patria de aquel continente y además, a lo largo de su historia, los españoles han emigrado con bastante normalidad a aquellos países; cosa que, hasta hace unos años, también sucedía a la inversa.
Pero aquel periodo idílico, de elemental justicia, se ha terminado: la urgencia europea por controlar el aterrizaje, o el desembarco, de los inmigrantes, ha provocado, entre otras cosas, que el Gobierno español pase por alto esos años, nada remotos, en los que para progresar, para ganarse mejor la vida, había que irse de España, había que emigrar a otro país.
Pondré como ejemplo el caso de un mexicano que quiera viajar a España, porque es el que mejor conozco, porque tiene que ver con esa historia de conmovedora solidaridad que protagonizó el presidente Lázaro Cárdenas, y porque ilustra perfectamente cómo las medidas contra el inmigrante se han endurecido de manera irracional. Setenta años después de aquella historia, todo mexicano que venga, no a quedarse, sino a pasear a España tiene que someterse a un control nada cortés en el aeropuerto de Barajas o en el de El Prat; un control en el que un oficial le exigirá que enseñe el billete de vuelta, una cantidad mínima de 57 euros por cada día de estancia, el comprobante de una reserva de hotel y, si se trata de un turista que viene a visitar a un familiar o amigo, es decir, que no se hospedará en un hotel, una carta de invitación que previamente ese sufrido familiar o amigo habrá tenido que ir a tramitar a la comisaría de su barrio. Hay que añadir, porque no sobra, que los mexicanos son una minoría en España; una minoría que no sólo no amenaza la integridad de la Unión Europea, sino que ni siquiera pinta en las estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Estas medidas duras e inútiles, que se aplican sin ningún rubor tanto a los mexicanos como a la mayoría de los latinoamericanos, hijos todos de la madre patria, deberían pesar en la conciencia colectiva de España, que hoy es rica y próspera gracias a sus emigrantes y a sus inmigrantes. Olvidar esto, pasarlo por alto, es de gente mal educada.
No es tan difícil de entender
Por Soledad Gallego-Díaz en El País de 30 de mayo de 2008
Muchos políticos vascos tienen la costumbre de decir que no se puede comprender lo que ocurre en el País Vasco sin estar allí, sin compartir la realidad cotidiana de sus ciudades o pueblos o sin saber lo que pasa realmente por las cabezas de los dirigentes políticos locales. Es posible que tengan razón, pero la verdad es que, con una cierta práctica en el mundo de la política, española, europea, americana o mundial, se diría que lo que sucede ahora mismo en Euskadi es bastante fácil de entender.
Algo, sinceramente, muy poco original: un dirigente político, Juan José Ibarretxe, intenta mantenerse en el poder sea como sea, por encima de otros dirigentes de su propio partido, y por encima de sus propios compromisos anteriores. Por supuesto, la situación se reviste de una cierta épica e Ibarretxe se presenta como el paladín de una idea y un proyecto. Pero si se analiza desapasionadamente su actuación, se podría decir que Ibarretxe, que no se parece en nada a Mariano Rajoy, se está comportando en estos momentos de una manera bastante similar a la del dirigente del PP. Simplemente, está haciendo lo posible para evitar que le quiten el puesto que ocupa.
Y el PNV, que tiene una historia completamente distinta a la del PP, se está tropezando con el mismo problema que el Partido Popular. Un amplio sector piensa que sería mejor cambiar de candidato, pero al mismo tiempo sabe que no tiene a mano una alternativa mejor, capaz de desbancar al actual jefe, un jefe que ha demostrado que es bastante hábil en el manejo de aparatos, divisiones y tiempos.
El lehendakari sabe que quedará en una posición interna difícil, al alcance de sus detractores, si no consigue que el Parlamento vasco apruebe el proyecto de ley para la convocatoria de su famosa consulta. Para ello necesita el voto del Partido Comunista de la Tierras Vascas (del que ahora ya nadie duda que es una simple prolongación de Batasuna y que hará lo que ETA decida que haga). Así que, sin dudarlo un minuto, ha decidido formular dos preguntas que sean aceptables por el PCTV. La papeleta no contendrá ya una condena expresa de ETA ni del uso del asesinato político como arma electoral. Difícil mantener que todo este entramado tiene un alto contenido ético, como le gusta pregonar al lehendakari (justo cuando ETA ha comenzado una nueva etapa de asesinatos de dirigentes políticos no nacionalistas y de fuerzas de seguridad), pero no cabe duda que puede ser efectivo desde el punto de vista de sus intereses.
En cualquier caso, Ibarretxe sabe que tiene unas elecciones en puertas. Si su propuesta prospera, porque el Tribunal Constitucional paralizará la consulta. Y si no prospera, porque él mismo se ha comprometido a adelantarlas. Con las dos ambiguas preguntas de la papeleta, Ibarretxe habrá lanzado ya, una vez más, sus redes en el electorado abertzale.
¿Dónde van a ir los votos que obtuvo el PCTV en las elecciones autonómicas de 2005 si, como es probable, esa formación es declarada ilegal? Se trata nada menos que de 150.000 votos, prácticamente la mitad de los que obtuvo el propio PNV en las últimas elecciones generales. Ibarretxe, especialista en presentar simples políticas como si fueran principios, está intentado lo que ya ha hecho en otros muchos prolegómenos electorales: convertir las elecciones autonómicas en una especie de referéndum sobre la supervivencia del nacionalismo. Meter dramatismo y tensión para propiciar un clima de confrontación es algo muy antiguo y muy fácil de comprender. El objetivo es conseguir que buena parte de esos 150.000 votos vayan a parar a uno de los partidos del actual tripartito, lo que significa que terminen en el bolsillo del propio Ibarretxe. Muy sencillo y muy poco heroico.
Es posible que una parte del PNV hubiera preferido que las cosas se desarrollaran de otra manera a como se están desarrollando, pero es seguro también que no hará nada para evitarlo. Los aparatos de los partidos son generalmente muy cobardes. El recién estrenado presidente del PNV, Iñigo Urkullu, por ejemplo, ha quedado desautorizado porque aseguró públicamente hace menos de tres días que "la consulta incluirá un rechazo explícito a ETA; el PNV no puede ser ambiguo". Pero nadie espera que ese desaire se traduzca en un mal gesto. Las encuestas indican que Ibarretxe sigue siendo el político más popular del PNV y la experiencia les demuestra que el lehendakari es duro de pelar y muy capaz de aguantar (y ganar) pulsos de sus correligionarios. Así que, en realidad, en estos momentos, no importa lo más mínimo lo que ese sector piense.
Muchos políticos vascos tienen la costumbre de decir que no se puede comprender lo que ocurre en el País Vasco sin estar allí, sin compartir la realidad cotidiana de sus ciudades o pueblos o sin saber lo que pasa realmente por las cabezas de los dirigentes políticos locales. Es posible que tengan razón, pero la verdad es que, con una cierta práctica en el mundo de la política, española, europea, americana o mundial, se diría que lo que sucede ahora mismo en Euskadi es bastante fácil de entender.
Algo, sinceramente, muy poco original: un dirigente político, Juan José Ibarretxe, intenta mantenerse en el poder sea como sea, por encima de otros dirigentes de su propio partido, y por encima de sus propios compromisos anteriores. Por supuesto, la situación se reviste de una cierta épica e Ibarretxe se presenta como el paladín de una idea y un proyecto. Pero si se analiza desapasionadamente su actuación, se podría decir que Ibarretxe, que no se parece en nada a Mariano Rajoy, se está comportando en estos momentos de una manera bastante similar a la del dirigente del PP. Simplemente, está haciendo lo posible para evitar que le quiten el puesto que ocupa.
Y el PNV, que tiene una historia completamente distinta a la del PP, se está tropezando con el mismo problema que el Partido Popular. Un amplio sector piensa que sería mejor cambiar de candidato, pero al mismo tiempo sabe que no tiene a mano una alternativa mejor, capaz de desbancar al actual jefe, un jefe que ha demostrado que es bastante hábil en el manejo de aparatos, divisiones y tiempos.
El lehendakari sabe que quedará en una posición interna difícil, al alcance de sus detractores, si no consigue que el Parlamento vasco apruebe el proyecto de ley para la convocatoria de su famosa consulta. Para ello necesita el voto del Partido Comunista de la Tierras Vascas (del que ahora ya nadie duda que es una simple prolongación de Batasuna y que hará lo que ETA decida que haga). Así que, sin dudarlo un minuto, ha decidido formular dos preguntas que sean aceptables por el PCTV. La papeleta no contendrá ya una condena expresa de ETA ni del uso del asesinato político como arma electoral. Difícil mantener que todo este entramado tiene un alto contenido ético, como le gusta pregonar al lehendakari (justo cuando ETA ha comenzado una nueva etapa de asesinatos de dirigentes políticos no nacionalistas y de fuerzas de seguridad), pero no cabe duda que puede ser efectivo desde el punto de vista de sus intereses.
En cualquier caso, Ibarretxe sabe que tiene unas elecciones en puertas. Si su propuesta prospera, porque el Tribunal Constitucional paralizará la consulta. Y si no prospera, porque él mismo se ha comprometido a adelantarlas. Con las dos ambiguas preguntas de la papeleta, Ibarretxe habrá lanzado ya, una vez más, sus redes en el electorado abertzale.
¿Dónde van a ir los votos que obtuvo el PCTV en las elecciones autonómicas de 2005 si, como es probable, esa formación es declarada ilegal? Se trata nada menos que de 150.000 votos, prácticamente la mitad de los que obtuvo el propio PNV en las últimas elecciones generales. Ibarretxe, especialista en presentar simples políticas como si fueran principios, está intentado lo que ya ha hecho en otros muchos prolegómenos electorales: convertir las elecciones autonómicas en una especie de referéndum sobre la supervivencia del nacionalismo. Meter dramatismo y tensión para propiciar un clima de confrontación es algo muy antiguo y muy fácil de comprender. El objetivo es conseguir que buena parte de esos 150.000 votos vayan a parar a uno de los partidos del actual tripartito, lo que significa que terminen en el bolsillo del propio Ibarretxe. Muy sencillo y muy poco heroico.
Es posible que una parte del PNV hubiera preferido que las cosas se desarrollaran de otra manera a como se están desarrollando, pero es seguro también que no hará nada para evitarlo. Los aparatos de los partidos son generalmente muy cobardes. El recién estrenado presidente del PNV, Iñigo Urkullu, por ejemplo, ha quedado desautorizado porque aseguró públicamente hace menos de tres días que "la consulta incluirá un rechazo explícito a ETA; el PNV no puede ser ambiguo". Pero nadie espera que ese desaire se traduzca en un mal gesto. Las encuestas indican que Ibarretxe sigue siendo el político más popular del PNV y la experiencia les demuestra que el lehendakari es duro de pelar y muy capaz de aguantar (y ganar) pulsos de sus correligionarios. Así que, en realidad, en estos momentos, no importa lo más mínimo lo que ese sector piense.
miércoles, 21 de mayo de 2008
La desafección catalana
Por Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital de 21 de mayo (Leído en Reggio)
La mayoría de las veces se produce un considerable desfase temporal entre las decisiones y las consecuencias, de manera que resulta fácil hacerse la ilusión de que tales resultados, sobre todo si son nocivos, no existen. Los defensores del Estatuto de Cataluña —ya lo sean por convencimiento o por necesidad— han venido repitiendo que, una vez aprobado, no se han originado los efectos negativos que se habían previsto, como si estos se fueran a manifestar inmediatamente de manera mágica por la simple firma de un papel, y no se dilatasen en el tiempo según se fuese aplicando.
Las consecuencias del Estatuto de Cataluña, y del resto de estatutos que a su rebufo se han aprobado, van a perseguir al Gobierno y a su partido a lo largo de toda esta legislatura. Nada más celebrarse las elecciones, el problema ha vuelto a surgir en su aspecto más controvertido: el de la financiación. No vale el voluntarismo ni el meter la cabeza debajo del ala. No sirven fórmulas generalistas y piadosas tales como las de Zapatero anunciando que se mantendrán los principios de cohesión y solidaridad. Lo cierto es que, tal como está planteado, el problema es bastante insoluble. Es imposible contentar a todos y, aunque el presidente del Gobierno lo niegue, sí va a darse un enfrentamiento entre territorios.
Felipe González, en su artículo del pasado día 7 en el diario El País, proponía retrasar la cuestión, pero lo hacía en unos términos profundamente equivocados, enfrentando los gastos del Estado: infraestructuras, vivienda, etc., vinculados al ciclo económico, con los gastos sociales, principalmente sanidad y educación, que corresponden mayoritariamente a las Comunidades Autónomas y que en buena medida son independientes de la mayor o menor actividad económica. La crisis, concluía González, obliga a dar prioridad a los primeros y dejar por tanto la reforma del sistema de financiación para momentos mejores.
El error de tal planteamiento ha servido de cortina de humo tras la que se han escondido, primero, el presidente de la Generalitat y, más tarde, Zapatero. Ambos han salido en defensa de los gastos sociales. Montilla afirma, con bastante razón, que “la mejor inversión económica es la social” y el presidente del Gobierno insiste en que “es un debate para las personas, para la educación y la sanidad”.
En estos términos, el dilema, sin duda alguna, está mal planteado; no se trata de contraponer gastos sociales a gastos de infraestructuras ni siquiera los recursos de la Administración Central a los de las Autonomías. El principal contencioso es saber cómo se reparte la tarta entre las distintas Comunidades y si el acuerdo tiene que ser multilateral o, por el contrario, hay alguna privilegiada que con absoluto desprecio hacia las demás pretenda entenderse en solitario con el Estado, determinando así su cuota y obligando a las otras a repartirse el resto.
La contestación del señor Montilla —El País del día 12— al artículo citado de Felipe González rebosa de sofismas. Pasaré por alto su afirmación gratuita y sin pruebas acerca de que el desarrollo económico de España en las últimas décadas se debe al proceso de descentralización. Desde el punto de vista político, se puede discutir el carácter positivo o negativo del proceso autonómico. Sin embargo resulta bastante difícil negar que, desde la perspectiva económica, la descentralización ha tenido costes evidentes y múltiples disfuncionalidades.
Pero centrémonos en el vocablo solidaridad y su utilización indebida en lugar de la palabra justicia. En la política redistributiva, función esencial del Estado social, no se puede hablar de solidaridad sino de equidad e igualdad. Nadie emplearía la palabra solidaridad cuando Botín, las Koplowitz o cualquier otro multimillonario paga sus impuestos, ni para referirse al hecho de que todos estos ciudadanos y otros muchos de ingresos superiores a la media, contribuyan al Estado en mayor cuantía que la de los servicios o prestaciones que de él reciben.
La palabra solidaridad connota voluntariedad y gratuidad. Solo quien, desde el más radical liberalismo, da por buena la distribución que realiza el mercado puede ver en la política redistributiva del Estado un acto de solidaridad graciable de los ricos y no la necesaria compensación, aun cuando sea parcial, de la injusta distribución de la renta que realizan las fuerzas económicas. Los saldos positivos o negativos de las distintas Comunidades —lo que llaman indebidamente “balanzas fiscales”— no son más que la lógica y equitativa redistribución de la renta, resultado puramente automático de la redistribución personal que practican en un Estado moderno las políticas fiscal y social. Los que piden la reducción de estos saldos, lo que están reclamando implícitamente es que ambas políticas sean más regresivas.
El señor Montilla, en su artículo, sostiene que “ejercer la solidaridad es aportar más, pero no debe significar recibir menos”. No sé lo que exige la solidaridad —para algunos políticos catalanes muy poco— aunque lo que resulta evidente es que la concepción del Estado como democrático y social demanda que aquellos cuya renta sea superior a la media coticen más y perciban menos que aquellos cuyos ingresos sean menores. El señor Botín (y que me perdone don Emilio por citarle continuamente pero viene muy a cuento) no solo debe pagar más impuestos que la casi totalidad de los contribuyentes, sino recibir menos del Estado, ya que lógicamente sus necesidades sociales son menores. ¿Cómo extrañarnos de que los territorios con renta per cápita más elevada paguen más y reciban menos? Aunque el lenguaje así empleado es ya una trampa, en puridad, las Comunidades no son las que pagan y reciben sino los ciudadanos.
Por lo visto, para el señor Montilla la defensa de estas verdades puede conducirnos a situaciones peligrosas, a la desafección de Cataluña con respecto al resto de España. Habría que preguntarse por qué en otras Autonomías con un saldo más negativo no se producen esos planteamientos victimistas. ¿No será porque en ellas están ausentes el nacionalismo y aquellos políticos que promueven demagógicamente el enfrentamiento entre los territorios explotando los sentimientos populares? Tales políticos deberían plantearse si al promover la desafección de Cataluña respecto al resto de España no promueven también la del resto de España respecto a Cataluña.
La mayoría de las veces se produce un considerable desfase temporal entre las decisiones y las consecuencias, de manera que resulta fácil hacerse la ilusión de que tales resultados, sobre todo si son nocivos, no existen. Los defensores del Estatuto de Cataluña —ya lo sean por convencimiento o por necesidad— han venido repitiendo que, una vez aprobado, no se han originado los efectos negativos que se habían previsto, como si estos se fueran a manifestar inmediatamente de manera mágica por la simple firma de un papel, y no se dilatasen en el tiempo según se fuese aplicando.
Las consecuencias del Estatuto de Cataluña, y del resto de estatutos que a su rebufo se han aprobado, van a perseguir al Gobierno y a su partido a lo largo de toda esta legislatura. Nada más celebrarse las elecciones, el problema ha vuelto a surgir en su aspecto más controvertido: el de la financiación. No vale el voluntarismo ni el meter la cabeza debajo del ala. No sirven fórmulas generalistas y piadosas tales como las de Zapatero anunciando que se mantendrán los principios de cohesión y solidaridad. Lo cierto es que, tal como está planteado, el problema es bastante insoluble. Es imposible contentar a todos y, aunque el presidente del Gobierno lo niegue, sí va a darse un enfrentamiento entre territorios.
Felipe González, en su artículo del pasado día 7 en el diario El País, proponía retrasar la cuestión, pero lo hacía en unos términos profundamente equivocados, enfrentando los gastos del Estado: infraestructuras, vivienda, etc., vinculados al ciclo económico, con los gastos sociales, principalmente sanidad y educación, que corresponden mayoritariamente a las Comunidades Autónomas y que en buena medida son independientes de la mayor o menor actividad económica. La crisis, concluía González, obliga a dar prioridad a los primeros y dejar por tanto la reforma del sistema de financiación para momentos mejores.
El error de tal planteamiento ha servido de cortina de humo tras la que se han escondido, primero, el presidente de la Generalitat y, más tarde, Zapatero. Ambos han salido en defensa de los gastos sociales. Montilla afirma, con bastante razón, que “la mejor inversión económica es la social” y el presidente del Gobierno insiste en que “es un debate para las personas, para la educación y la sanidad”.
En estos términos, el dilema, sin duda alguna, está mal planteado; no se trata de contraponer gastos sociales a gastos de infraestructuras ni siquiera los recursos de la Administración Central a los de las Autonomías. El principal contencioso es saber cómo se reparte la tarta entre las distintas Comunidades y si el acuerdo tiene que ser multilateral o, por el contrario, hay alguna privilegiada que con absoluto desprecio hacia las demás pretenda entenderse en solitario con el Estado, determinando así su cuota y obligando a las otras a repartirse el resto.
La contestación del señor Montilla —El País del día 12— al artículo citado de Felipe González rebosa de sofismas. Pasaré por alto su afirmación gratuita y sin pruebas acerca de que el desarrollo económico de España en las últimas décadas se debe al proceso de descentralización. Desde el punto de vista político, se puede discutir el carácter positivo o negativo del proceso autonómico. Sin embargo resulta bastante difícil negar que, desde la perspectiva económica, la descentralización ha tenido costes evidentes y múltiples disfuncionalidades.
Pero centrémonos en el vocablo solidaridad y su utilización indebida en lugar de la palabra justicia. En la política redistributiva, función esencial del Estado social, no se puede hablar de solidaridad sino de equidad e igualdad. Nadie emplearía la palabra solidaridad cuando Botín, las Koplowitz o cualquier otro multimillonario paga sus impuestos, ni para referirse al hecho de que todos estos ciudadanos y otros muchos de ingresos superiores a la media, contribuyan al Estado en mayor cuantía que la de los servicios o prestaciones que de él reciben.
La palabra solidaridad connota voluntariedad y gratuidad. Solo quien, desde el más radical liberalismo, da por buena la distribución que realiza el mercado puede ver en la política redistributiva del Estado un acto de solidaridad graciable de los ricos y no la necesaria compensación, aun cuando sea parcial, de la injusta distribución de la renta que realizan las fuerzas económicas. Los saldos positivos o negativos de las distintas Comunidades —lo que llaman indebidamente “balanzas fiscales”— no son más que la lógica y equitativa redistribución de la renta, resultado puramente automático de la redistribución personal que practican en un Estado moderno las políticas fiscal y social. Los que piden la reducción de estos saldos, lo que están reclamando implícitamente es que ambas políticas sean más regresivas.
El señor Montilla, en su artículo, sostiene que “ejercer la solidaridad es aportar más, pero no debe significar recibir menos”. No sé lo que exige la solidaridad —para algunos políticos catalanes muy poco— aunque lo que resulta evidente es que la concepción del Estado como democrático y social demanda que aquellos cuya renta sea superior a la media coticen más y perciban menos que aquellos cuyos ingresos sean menores. El señor Botín (y que me perdone don Emilio por citarle continuamente pero viene muy a cuento) no solo debe pagar más impuestos que la casi totalidad de los contribuyentes, sino recibir menos del Estado, ya que lógicamente sus necesidades sociales son menores. ¿Cómo extrañarnos de que los territorios con renta per cápita más elevada paguen más y reciban menos? Aunque el lenguaje así empleado es ya una trampa, en puridad, las Comunidades no son las que pagan y reciben sino los ciudadanos.
Por lo visto, para el señor Montilla la defensa de estas verdades puede conducirnos a situaciones peligrosas, a la desafección de Cataluña con respecto al resto de España. Habría que preguntarse por qué en otras Autonomías con un saldo más negativo no se producen esos planteamientos victimistas. ¿No será porque en ellas están ausentes el nacionalismo y aquellos políticos que promueven demagógicamente el enfrentamiento entre los territorios explotando los sentimientos populares? Tales políticos deberían plantearse si al promover la desafección de Cataluña respecto al resto de España no promueven también la del resto de España respecto a Cataluña.
Identidad
Por Elvira Lindo en El País de 21 de mayo de 2008
Un hombre, Juan Manuel Piñuel, muere asesinado por una bomba de ETA, y otro hombre, Juan José Ibarretxe, la máxima autoridad política de la tierra en que este hombre pierde la vida, analiza el asesinato lamentándose del terrible daño que hacen los terroristas con cada acto criminal a aquellos que desean profundizar en la identidad vasca. Leo semejante análisis en Internet, desde este otro país en el que vivo, y esas palabras se me representan como lo que son, una expresión impúdica de inhumanidad. Los furiosos defensores de lo identitario sostienen que sólo aquellos que aman a su país más que a sí mismos pueden opinar sobre estos asuntos. Los demás, los que no tenemos esa tendencia romántica, estamos deslegitimados. Mentira. No hay nada más sano que alejarse para contemplar el nubarrón de tufo ideológico. Conviene irse a Málaga, por ejemplo, la ciudad a la que llegó el cadáver del guardia civil que trabajaba duro en otra tierra para volver a esta suya algún día; conviene leer la frase, por ejemplo, en el barrio de El Palo para darse cuenta de lo que significa que un responsable político analice una muerte en relación a la pérdida o ganancia que supone para su maldito proyecto. Conviene mirar la frase desde lejos, analizarla sin que esté adornada por todos los delirios locales. La frase sola, en crudo. A ver quién es capaz de digerirla. Pero nos puede la costumbre. La frase es una de tantas. El muerto, un guardia civil. No es ese atentado contra el político o el periodista que saca a un pueblo entero a la calle. Cierto es que, como dijo el otro día el guardia civil Leoncio Sanz, del desamparo que sufrieron antaño a los funerales de ahora hay un trecho. Pero aún queda un largo camino. Queda que el pueblo que rodea al lehendakari le afee su frase, que le deje claro que la única identidad sagrada es la de la vida.
Un hombre, Juan Manuel Piñuel, muere asesinado por una bomba de ETA, y otro hombre, Juan José Ibarretxe, la máxima autoridad política de la tierra en que este hombre pierde la vida, analiza el asesinato lamentándose del terrible daño que hacen los terroristas con cada acto criminal a aquellos que desean profundizar en la identidad vasca. Leo semejante análisis en Internet, desde este otro país en el que vivo, y esas palabras se me representan como lo que son, una expresión impúdica de inhumanidad. Los furiosos defensores de lo identitario sostienen que sólo aquellos que aman a su país más que a sí mismos pueden opinar sobre estos asuntos. Los demás, los que no tenemos esa tendencia romántica, estamos deslegitimados. Mentira. No hay nada más sano que alejarse para contemplar el nubarrón de tufo ideológico. Conviene irse a Málaga, por ejemplo, la ciudad a la que llegó el cadáver del guardia civil que trabajaba duro en otra tierra para volver a esta suya algún día; conviene leer la frase, por ejemplo, en el barrio de El Palo para darse cuenta de lo que significa que un responsable político analice una muerte en relación a la pérdida o ganancia que supone para su maldito proyecto. Conviene mirar la frase desde lejos, analizarla sin que esté adornada por todos los delirios locales. La frase sola, en crudo. A ver quién es capaz de digerirla. Pero nos puede la costumbre. La frase es una de tantas. El muerto, un guardia civil. No es ese atentado contra el político o el periodista que saca a un pueblo entero a la calle. Cierto es que, como dijo el otro día el guardia civil Leoncio Sanz, del desamparo que sufrieron antaño a los funerales de ahora hay un trecho. Pero aún queda un largo camino. Queda que el pueblo que rodea al lehendakari le afee su frase, que le deje claro que la única identidad sagrada es la de la vida.
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