La gran coalición

Por José María Ruiz Soroa en El Correo de 16 de julio de 2009

El lector pensará, con toda seguridad, que el agrupamiento político de las personas en sociedad se produce sobre todo por motivos ideológicos, nacionales o religiosos y que, por tanto, las coaliciones más fuertes son las que oponen a los progresistas/conservadores, izquierdas/derechas, nacionalistas/ciudadanistas, católicos/laicistas, y así parecidamente. Craso error: la más fuerte de las coaliciones de intereses en la sociedad contemporánea es la de los vivos (los que estamos aquí y ahora disfrutando de la existencia) contra los todavía no nacidos (los futuros ciudadanos). Es una coalición que se funda en una premisa básica de la sociedad del bienestar, sección consumista: disfrutemos de la vida lo mejor posible, aunque la factura sea alta, porque siempre podremos diferir su pago al futuro. El bienestar hoy y para nosotros, la factura que la paguen los que vengan luego. Es el milagro de la deuda pública, del déficit estructural y de la explotación del planeta.

Éste es un punto que ha sido subrayado por los mejores autores contemporáneos (Daniel Innerarity lo ha denominado 'la rapiña del futuro') y ha sido magistralmente puesto de relieve por Marcel Gauchet. Escribe el francés que nos quejamos de continuo en la sociedad actual de que el futuro ha dejado de funcionar como una instancia de provisión de sentido para la vida, que las 'ideologías del futuro' (fueran la marxista, la liberal o la técnico-científica) han quedado ya deconstruidas y anémicas, incapaces de suscitar atractivo y esperanza al habitante de Occidente. Y, sin embargo, observa ácidamente Gauchet, todo este discurso no es en el fondo sino una excusa, la excusa de quienes no quieren hacerse responsables por el futuro. El problema de nuestra sociedad con el futuro no es tanto filosófico como moral: nos pasa como a los niños, que no queremos asumir nuestra responsabilidad por él, sino tan sólo gozar del presente.

Viene a cuento lo anterior porque lo sucedido recientemente con la financiación de la España autonómica es un perfecto ejemplo de esta actitud de irresponsabilidad de los vivos, 'los vivos' tanto en el sentido literal como en el metafórico del término. El esquema de reparto diseñado por el Gobierno socialista puede ser analizado, y sin duda lo será con profusión y encarnizamiento, desde el punto de vista del reparto mismo: quién recibe qué y por qué. Se hablará de si el reparto es más o menos justo, solidario, equitativo. Si responde a criterios objetivables o a intereses políticos coyunturales. Si nos aproxima o aleja de la cohesión intercomunitaria. Si garantiza la igualdad ciudadana en todos los servicios públicos o sólo en algunos. Y, sin embargo, se hablará menos del milagro implícito en el propio sistema: el milagro de que pueda repartirse los trozos de una tarta que, una vez sumados, superan el cien por cien de la tarta. El milagro de que pueda darse más a todos sin disminuir el fondo de lo que queda. El milagro, dicho en términos directos, de que el éxito político de la financiación (¿quién puede decir que no a una oferta de más dinero?) se esté consiguiendo gracias al déficit público del Estado.

La cuestión tiene una trascendencia relevante, puesto que estamos hablando de la financiación ordinaria de los gastos corrientes de funcionamiento del sistema territorial de administración. No estamos tratando de un gasto extraordinario como serían las necesidades de protección social generadas por una crisis económica transitoria, tampoco de financiar un proyecto específico cuyos efectos se van a dilatar a lo largo de muchos años, o una particular obra pública, o una reforma de estructuras. No, estamos hablando de financiar el coste diario y corriente de la Administración. Y estamos admitiendo que ese coste corriente va a ser superior a los ingresos de que disfruta el propio sistema, de manera que sólo podremos soportarlo mediante el déficit público: el Estado se endeudará sistemáticamente para que todas las comunidades autónomas puedan exhibir triunfantes su trozo de tarta.

Esto es tanto como admitir que el Estado (tomado en su conjunto) es incapaz de atender sus propias necesidades y que sólo puede hacerlo tomando prestado del futuro y dejando a los españoles de mañana la factura consiguiente. O, lo que es lo mismo, que nos hemos construido una casa muy agradable pero que está por encima de nuestras posibilidades. Lo cual es terrible, si bien se mira. Toda la prédica actual sobre la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema económico español, de aumentar la productividad de sus elementos, se convierte de golpe en pura cháchara que el mismo Gobierno se encarga de tirar al cubo de la basura retórica, cuando diseña un sistema que es por sí mismo contrario a las leyes mismas de la racionalidad económica: gastar más de lo que se posee.

En Alemania andan actualmente con el debate acerca de la constitucionalización de la prohibición de los déficits estructurales; es decir, de recoger como derecho fundamental de los ciudadanos el de que los gobiernos de turno no puedan hipotecar el futuro para que los vivos lo pasen mejor. Aquí, por el contrario, parece que estamos en la fase infantil del izquierdismo benevolente. En efecto, la izquierda siempre ha visto los límites al déficit público o el control de la inflación como unos inventos del sistema capitalista que sólo perseguían enriquecer a los ricachones y que, so capa de tecnicismo y rigor técnico, sólo buscaban favorecer a los de siempre. La izquierda benevolente siempre ha abrazado el 'dictum' atribuido a Keynes cuando alguien observó las consecuencias en el largo plazo de las políticas de gasto: «A largo plazo, todos muertos». Lo malo es que no es así en absoluto si en lugar de mirar a los vivos miramos a la sociedad.

Nuestro Gobierno ha optado por la benevolencia, por las políticas simpáticas de efecto garantizado: hay más para todos. Ha preferido rehuir el antipático papel del que trae las malas noticias (no nos llega para seguir como hasta ahora) e ingresar en la 'gran coalición'. Es un pasito más en el crecimiento del cáncer del populismo democrático, esa forma de degenerar de las democracias que tiene la virtud de ser indolora e imperceptible a corto plazo, incluso agradable, aunque no por ello menos letal que otras más llamativas. Y mientras tanto, hablemos de sastres y trajes, que eso es lo importante.

La desafección catalana

Por Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital de 21 de mayo (Leído en Reggio)

La mayoría de las veces se produce un considerable desfase temporal entre las decisiones y las consecuencias, de manera que resulta fácil hacerse la ilusión de que tales resultados, sobre todo si son nocivos, no existen. Los defensores del Estatuto de Cataluña —ya lo sean por convencimiento o por necesidad— han venido repitiendo que, una vez aprobado, no se han originado los efectos negativos que se habían previsto, como si estos se fueran a manifestar inmediatamente de manera mágica por la simple firma de un papel, y no se dilatasen en el tiempo según se fuese aplicando.

Las consecuencias del Estatuto de Cataluña, y del resto de estatutos que a su rebufo se han aprobado, van a perseguir al Gobierno y a su partido a lo largo de toda esta legislatura. Nada más celebrarse las elecciones, el problema ha vuelto a surgir en su aspecto más controvertido: el de la financiación. No vale el voluntarismo ni el meter la cabeza debajo del ala. No sirven fórmulas generalistas y piadosas tales como las de Zapatero anunciando que se mantendrán los principios de cohesión y solidaridad. Lo cierto es que, tal como está planteado, el problema es bastante insoluble. Es imposible contentar a todos y, aunque el presidente del Gobierno lo niegue, sí va a darse un enfrentamiento entre territorios.

Felipe González, en su artículo del pasado día 7 en el diario El País, proponía retrasar la cuestión, pero lo hacía en unos términos profundamente equivocados, enfrentando los gastos del Estado: infraestructuras, vivienda, etc., vinculados al ciclo económico, con los gastos sociales, principalmente sanidad y educación, que corresponden mayoritariamente a las Comunidades Autónomas y que en buena medida son independientes de la mayor o menor actividad económica. La crisis, concluía González, obliga a dar prioridad a los primeros y dejar por tanto la reforma del sistema de financiación para momentos mejores.

El error de tal planteamiento ha servido de cortina de humo tras la que se han escondido, primero, el presidente de la Generalitat y, más tarde, Zapatero. Ambos han salido en defensa de los gastos sociales. Montilla afirma, con bastante razón, que “la mejor inversión económica es la social” y el presidente del Gobierno insiste en que “es un debate para las personas, para la educación y la sanidad”.

En estos términos, el dilema, sin duda alguna, está mal planteado; no se trata de contraponer gastos sociales a gastos de infraestructuras ni siquiera los recursos de la Administración Central a los de las Autonomías. El principal contencioso es saber cómo se reparte la tarta entre las distintas Comunidades y si el acuerdo tiene que ser multilateral o, por el contrario, hay alguna privilegiada que con absoluto desprecio hacia las demás pretenda entenderse en solitario con el Estado, determinando así su cuota y obligando a las otras a repartirse el resto.

La contestación del señor Montilla —El País del día 12— al artículo citado de Felipe González rebosa de sofismas. Pasaré por alto su afirmación gratuita y sin pruebas acerca de que el desarrollo económico de España en las últimas décadas se debe al proceso de descentralización. Desde el punto de vista político, se puede discutir el carácter positivo o negativo del proceso autonómico. Sin embargo resulta bastante difícil negar que, desde la perspectiva económica, la descentralización ha tenido costes evidentes y múltiples disfuncionalidades.

Pero centrémonos en el vocablo solidaridad y su utilización indebida en lugar de la palabra justicia. En la política redistributiva, función esencial del Estado social, no se puede hablar de solidaridad sino de equidad e igualdad. Nadie emplearía la palabra solidaridad cuando Botín, las Koplowitz o cualquier otro multimillonario paga sus impuestos, ni para referirse al hecho de que todos estos ciudadanos y otros muchos de ingresos superiores a la media, contribuyan al Estado en mayor cuantía que la de los servicios o prestaciones que de él reciben.

La palabra solidaridad connota voluntariedad y gratuidad. Solo quien, desde el más radical liberalismo, da por buena la distribución que realiza el mercado puede ver en la política redistributiva del Estado un acto de solidaridad graciable de los ricos y no la necesaria compensación, aun cuando sea parcial, de la injusta distribución de la renta que realizan las fuerzas económicas. Los saldos positivos o negativos de las distintas Comunidades —lo que llaman indebidamente “balanzas fiscales”— no son más que la lógica y equitativa redistribución de la renta, resultado puramente automático de la redistribución personal que practican en un Estado moderno las políticas fiscal y social. Los que piden la reducción de estos saldos, lo que están reclamando implícitamente es que ambas políticas sean más regresivas.

El señor Montilla, en su artículo, sostiene que “ejercer la solidaridad es aportar más, pero no debe significar recibir menos”. No sé lo que exige la solidaridad —para algunos políticos catalanes muy poco— aunque lo que resulta evidente es que la concepción del Estado como democrático y social demanda que aquellos cuya renta sea superior a la media coticen más y perciban menos que aquellos cuyos ingresos sean menores. El señor Botín (y que me perdone don Emilio por citarle continuamente pero viene muy a cuento) no solo debe pagar más impuestos que la casi totalidad de los contribuyentes, sino recibir menos del Estado, ya que lógicamente sus necesidades sociales son menores. ¿Cómo extrañarnos de que los territorios con renta per cápita más elevada paguen más y reciban menos? Aunque el lenguaje así empleado es ya una trampa, en puridad, las Comunidades no son las que pagan y reciben sino los ciudadanos.

Por lo visto, para el señor Montilla la defensa de estas verdades puede conducirnos a situaciones peligrosas, a la desafección de Cataluña con respecto al resto de España. Habría que preguntarse por qué en otras Autonomías con un saldo más negativo no se producen esos planteamientos victimistas. ¿No será porque en ellas están ausentes el nacionalismo y aquellos políticos que promueven demagógicamente el enfrentamiento entre los territorios explotando los sentimientos populares? Tales políticos deberían plantearse si al promover la desafección de Cataluña respecto al resto de España no promueven también la del resto de España respecto a Cataluña.

La etnicidad como estrategia

Por José María Ruiz Soroa en El País de 8 de diciembre de 2007

Sin duda, tiene razón Pedro Larrea, mi amable contradictor, cuando señala en estas páginas (04-12-07) que no tomé en cuenta en mi anterior artículo la menor inversión que el Estado efectúa en el País Vasco. Lo que sucede es que el dato es prácticamente irrelevante a los efectos de nuestro debate, y para comprobarlo bastan unas pocas cifras: si partimos de que la inversión real de todo el sector público estatal en la comunidad autónoma es, según datos del Presupuesto para 2007 de 477 millones (un 2,2% del total), y suponemos que debiera ser en equidad del 4,8% (porcentaje de población de Euskadi), la menor inversión es de 544 millones, lo que equivale al 0,9% del PIB vasco. Es decir, que recibimos un 3,4% de financiación de más y un 0,9% de inversión de menos. Sigue quedando una substanciosa transferencia neta a favor del País Vasco del 2,5% de su PIB, que era lo que se trataba de demostrar.

En realidad, más interesante que el debate en sí mismo resulta lo que pone de relieve; es decir, la postura de la inmensa mayoría de la sociedad vasca de negarse empecinadamente a reconocer lo que es patente para todos los científicos sociales: la situación de privilegio económico de que disfruta esa sociedad respecto al resto de España. Una negativa que, en mi opinión, responde a la interiorización de la estrategia colectiva secular que ha guiado a la etnicidad vasca desde el Antiguo Régimen. Pues la etnicidad no es sólo un factor de movilización de identidades y conformación de fronteras políticas, sino que también orienta comportamientos interesados en la competencia por el acceso y control de recursos de todo tipo. Max Weber señaló tempranamente que las colectividades pueden desarrollar procesos de cierre social como estrategia para maximizar el número de recompensas económicas y políticas de sus componentes. Y que los resultados de estas estrategias pueden llegar a ser tan interiorizados por los individuos beneficiados que éstos acaben por percibirlos como naturales y objetivos.

La oligarquía vasca desarrolló desde el siglo XVI su particular proceso de cierre como estrategia para maximizar sus beneficios dentro del ámbito de la monarquía católica. Así deben interpretarse hechos como la hidalguía universal, la exención fiscal/militar y la garantía de consumos baratos gracias a la inexistencia de aduanas en la costa (zona franca). Todo ello aseguró al común de habitantes unos beneficios colectivos que permitieron a aquella oligarquía gobernar con tranquilidad y a su antojo el sistema político foral, desviando la distribución de cargas en su provecho (Rubio Pobes).

La crisis del antiguo régimen, que modificó profundamente la estructura social vasca, se saldó sin embargo con una paradójica conservación del esquema fundado en el privilegio. En efecto, el sistema de Conciertos Económicos implantado a partir de 1878, garantizó al conjunto de la población vasca hasta 1937 una presión fiscal escandalosamente más baja que la española común, lo que fue utilizado por la nueva oligarquía burguesa industrial como pantalla para implantar desde las Diputaciones el sistema fiscal más injusto y regresivo de toda España (que ya es decir), con lo que consiguió financiar el despegue industrial con cargo al erario público. Las Provincias Vascongadas fueron "un paraíso fiscal más o menos encubierto" (Alonso Olea) y, sin embargo, la sociedad vasca apoyó unánimemente (socialistas incluidos) el sistema concertado.

Pues bien, la vuelta de la democracia y del autogobierno a partir de 1978 también ha amparado una estrategia de cierre privilegiado de la sociedad vasca, por paradójico que ello pueda parecer. De un lado, el funcionamiento real del Concierto Económico garantiza un importante plus de recursos económicos y servicios públicos a la población por relación a la del resto del país. De otro, la explotación de la diglosia hace que un sector cada vez más amplio del mercado de trabajo (todo el público y cada vez más amplias porciones del privado, salvo las más humildes) quede reservado en exclusiva a los nativos, sin que el resto de los españoles pueda pujar por ellos; mientras que los vascos sí pueden competir en igualdad de condiciones por los puestos de trabajo en España. Una asimetría que recuerda el funcionamiento que cumplía la regla de la hidalguía en el pasado: dificultar la inmigración y dotar de estatus a la emigración. Esta estrategia favorece al conjunto de miembros de la sociedad vasca, como era de esperar en un sistema democrático, aunque se señalan al mismo tiempo ciertas y significativas desviaciones internas favorables a los estratos superiores. Así, las rentas de origen empresarial reciben un trato mejor que las derivadas del trabajo, aunque la sociedad apenas si protesta por ello (efecto pantalla).

Tan curioso como el cierre privilegiado mismo es el tipo de inteligente táctica que el País Vasco ha usado desde siempre para mantenerlo, la táctica de explotar su propia pequeñez: somos tan poca cosa que España no ganaría mucho al nivelarnos; y, sin embargo, ello le supondría problemas políticos sin cuento. Más vale dejar las cosas como están.

Estoy seguro de que si preguntásemos por este asunto a cien vascos de la calle, noventa y nueve negarían con pasión la existencia de discriminación colectiva alguna en su favor. Más bien afirmarían, con toda sinceridad, que es el País Vasco el que sostiene a España. Lo que no significa que tengan razón, sino que el privilegio se ha vuelto tan consubstancial a la etnicidad vasca que ha dejado de ser percibido como tal. Y no hay idea más poderosa que aquella que ha dejado de identificarse por los propios actores que la ponen en práctica.

La mirada daltónica

Por Pedro Larrea en El País de 4 de diciembre de 2007

Lamentaba Julio Caro Baroja la inveterada afición de los vascos a ocuparse de la historia ad probandum. Hombre de letras, ignoraba tal vez la superior plasticidad de los datos económicos al servicio de cualquier verdad política que se tercie, con la ventaja añadida de la incuestionable objetividad que los números merecen. En un reciente artículo en estas páginas (La mirada impúdica, 15-XI-2007), José María Ruiz Soroa desarrolla una tesis que le es particularmente querida y que el análisis económico "demuestra": el resultado financiero privilegiado que el Concierto Económico reporta a la Autonomía vasca, al menos en su aplicación real.

En el verano de 2006 Ruiz Soroa y el que suscribe tuvimos la ocasión de polemizar acerca del posible carácter privilegiado del régimen fiscal vasco, que él afirmaba, basándose sobre todo en los saldos de las "balanzas fiscales" elaboradas por distintos especialistas. En esta ocasión, su argumento se soporta en una nueva publicación del Instituto de Estudios Fiscales, según la cual las competencias transferidas al País Vasco están sobrefinanciadas en un 3,4% del PIB a costa de las comunidades de territorio común. Tal gorroneo, una violación del principio constitucional de equidad, significa, dice, que "para el País Vasco, la verdadera Europa de los fondos estructurales y de cohesión es... España". Y su origen, añade, parece "bastante obvio: es el coste de la solidaridad interautonómica en que el País Vasco no participa, mientras que el resto de comunidades de territorio común sí la soporta".

Si la equidad ha de ser el punto de partida de la discusión, aceptemos la hipótesis de que, en el límite, un sistema de financiación pública será equitativo cuando el gasto público per cápita sea igual en todas las unidades territoriales que configuran el Estado. Quizás no sea fácil, ni siquiera aconsejable (¿y justo?) formular como objetivo de la acción política tal pretensión, pero admitamos, a efectos dialécticos, que así sea. Retomaré dos puntos que abordé en mi anterior polémica. El primero hace referencia a las balanzas fiscales. Mi posición al respecto es tajante: al margen de las numerosas dificultades metodológicas con que tropieza disponer de una información contable fiable, los saldos de las balanzas fiscales no miden en absoluto el grado de equidad interterritorial, ni un saldo cero generalizado significa una situación de equilibrio deseable. Al contrario, es más que probable que un escenario hipotético de balanzas saldadas encierre ingentes desigualdades en términos de gasto per cápita. De ahí la valoración de algunos expertos: ni el concepto habitual de balanza fiscal es un instrumento válido para discutir sobre la equidad (De la Fuente) ni el equilibrio de las mismas tiene sentido (Monasterio).

El segundo punto tiene que ver con el ámbito del gasto público que ha de abarcar un análisis de la equidad territorial. Mi posición vuelve a ser nítida: cuando en una estructura política descentralizada como la española el gasto público está fragmentado en tres niveles institucionales significativos (estatal, autonómico y local), la mirada mutilada de los recursos per cápita es mucho menos significativa que una visión omnicomprensiva; al fin y al cabo, al ciudadano (y a la equidad) le importa más el cuánto total de lo gastado, que el quién lo gaste.

Y por aquí empieza a derrumbarse el argumento de Ruiz Soroa. Demos por válido ese diferencial del 3,4%, aunque reconozco tener algunas dudas sobre el modo en que se ha tratado la necesaria homogeneización competencial que esta clase de cálculos exigen (a modo de ejemplo, ¿se ha considerado el coste de la estructura hacendística, que las autonomías de régimen común no soportan? Mi impresión es que no). Siendo tales dudas fruto de mi ignorancia, aceptaré que las competencias transferidas al País Vasco están sobrefinanciadas en esa cuantía. Pero ¿qué ocurre con el resto del gasto público? ¿en qué territorio se materializa el gasto de titularidad estatal?, ¿qué porcentaje del total corresponde a suelo vasco? No son preguntas retóricas ni academicistas. En la misma publicación del Instituto de Estudios Fiscales de la que se han tomado los datos de 2002 y que por algún error se atribuyen a 2003 (La financiación del Estado de las Autonomías: perspectivas de futuro), puede leerse también que el gasto público presupuestado para 2003 se desglosaba así: 55% para el Gobierno central, 32% para las comunidades autónomas y 13% para las corporaciones locales. Conviene recordar (y ahora el despiste de Ruiz Soroa es algo más que tipográfico) que, dentro de esa bolsa de gasto no transferido, se encuentran todos los mecanismos explícitos de solidaridad interterritorial, tanto los estatales como los europeos, a cuya financiación Euskadi contribuye con un 6,24% de su importe (porcentaje hoy muy superior al peso relativo de la población vasca sobre el total estatal y también, desde 2002, al PIB relativo).

Me asombra que se emitan juicios de valor, políticos e incluso morales, sin aportar una sola cifra sobre el reparto de la voluminosa bolsa de gasto estatal. Sospecho que no se aporta porque no se posee. Por mi parte, he de decir que carezco del mapa autonómico completo que recoja la distribución total de los recursos públicos; sí dispongo de algún dato fragmentario. Por ejemplo, que en ese ejercicio de 2002 al que las cifras de Ruiz Soroa se refieren, la inversión del Estado presupuestada para el País Vasco representaba un 1,31% del total, o que la presupuestada para 2008 es un 1,56%, lo que equivale a un 2% del total regionalizable. ¿Quién sobrefinancia aquí a quién? En suma, y a falta de la información que se precisa, no tengo más remedio que suspender mi juicio de equidad y trasladar la carga de la prueba a quien afirma.

Precisamente por falta de pruebas, nuestro debate de hace año y pico no ha avanzado un solo milímetro. Así que repito lo que escribí: me parece una osadía política afirmar que el conjunto del gasto público en Euskadi es superior al de territorio común. La nueva mirada lanzada por Ruiz Soroa no cumple los requisitos inquisitivos que la impudicia exige; más bien, es una mirada selectiva que se niega a ver aquella parte cromática de la realidad que pudiera estropear su argumento. Y es que, como decía el mago de Oz, cuando te pones las gafas verdes, lo ves todo de color verde.

La mirada impúdica

De José María Ruiz Soroa en El País del País Vasco de 15 de noviembre de 2007

La reciente publicación del estudio del Instituto de Estudios Fiscales sobre la financiación del Estado de las Autonomías ofrece datos de interés sobre algunos aspectos de la relación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco (y Navarra) y el resto de España, que podemos calificar como territorio común (TC). Son unos datos que puede ser útil presentar a la sociedad cuando, una vez más, nuestro líder infatigable insinúa el camino hacia "la no-España".

Verán, resulta que la sobrefinanciación que recibe el País Vasco gracias a la forma en que funciona el Concierto Económico (el cálculo del Cupo) fue equivalente en 2003 al 3,4% de su Producto Interior Bruto (la diferencia entre la financiación que recibe Euskadi -14,7% PIB- y lo que reciben las comunidades de territorio común -11,4% PIB-. En euros por habitante, la sobrefinanciación equivale a 1.237 euros, pero nos quedaremos con el dato del porcentaje PIB a efectos de ulteriores comparaciones porque es más significativo: un 3,4% del PIB.

¿De dónde sale esa sobrefinanciación que recibe el País Vasco? Resulta bastante obvio: es el coste de la solidaridad interautonómica en que el País Vasco no participa, mientras que el resto de comunidades TC sí la soporta. Dicho en otros términos, el poseer la relación fiscal especial con España que tenemos nos reporta un ingreso adicional del 3,4% PIB anual. Aunque se efectúe en forma velada (como un ahorro) se trata de una auténtica transferencia financiera que va del resto de España a Euskadi.

Para llegar a comprender lo que significa esta transferencia en términos económicos podemos compararla con el volumen de las que España ha recibido de Europa desde la fecha de su ingreso en 1986. No hace falta subrayar que esas transferencias han sido un factor esencial para el crecimiento económico de España desde entonces hasta ahora mismo, porque este es un hecho tan repetido y comentado que difícilmente podría exagerarse. Pues bien, el promedio anual de transferencias Europa-España ha sido del 0,8% del PIB español, con un máximo del 1,6% del PIB en 2003.

Pongan los dos datos en relación y deduzcan la importancia del asunto: Euskadi ha recibido anualmente en transferencias de España, desde 1.980 hasta hoy, un porcentaje que triplica, medido en impacto sobre su PIB, el que España ha recibido de Europa. O sea, que para el País Vasco, la verdadera Europa de los fondos estructurales y de cohesión es... España. Ésta es nuestro auténtico plan Marshall. Y además, y esta es una feliz noticia, así como los fondos europeos se secarán para la Península en un plazo ya muy breve, la fuente española no tiene visos de dejar de manar hacia el País Vasco.

No deja de ser paradójico que una España TC con un nivel de riqueza medio de 98 (siendo 100 el del conjunto español) financie a una comunidad, el País Vasco, cuyo nivel es 124. Pero es el efecto sorprendente de poseer "derechos históricos". ¡Y luego dicen que la historia no vale para nada! En cualquier caso, lo que así se entiende mejor es la reluctancia de nuestro líder soberanista a hablar de secesión o independencia, y su insistencia en hablar del derecho a decidir una relación amable de integración. Porque ningún gobernante en su sano juicio renunciaría a una tan suculenta relación fiscal. Estar en Europa directamente, no a través de España, le supondría al País Vasco la pérdida inmediata de un 3,4% de su PIB.

No menos interesante resulta comprobar qué ha hecho nuestro Gobierno con ese exceso de financiación que posee; es decir, en qué lo hemos empleado los vascos durante todo este tiempo. Desde luego, una parte habrá ido a mejorar nuestros servicios sociales y nuestras infraestructuras, pero llama la atención que algo así como nada menos que el 40% de la sobrefinanciación se ha transferido a las empresas y empresarios vascos en forma de menor presión fiscal en el Impuesto de Sociedades. En efecto, Euskadi recauda de media por este impuesto alrededor del 2% de su PIB, mientras que la España TC recauda más del 3%: el volumen medio de la rebaja fiscal de que gozan empresas y empresarios está entre el 1 y el 1,5%, gracias a que el tipo efectivo de este impuesto (no los nominales con los que nos distraen en las Juntas Generales) está 10 puntos por debajo que en el resto de España ¿Cómo puede permitirse el País Vasco perder un 1,5% PIB de recaudación en el Impuesto de Sociedades sin aumentar la recaudación por IRPF o IVA? Sencillo: porque tiene un 3,4% PIB de exceso que le permite ser selectivamente generoso con los contribuyentes.

Otto Bauer solía decir que en cuestiones nacionales se habla mucho de identidad y autodeterminación, pero muy poco de propiedad; y que, sin embargo, ésta es la cuestión subyacente: ¿de quién va a ser la nación soñada? En nuestro caso, la pregunta indiscreta sería ¿de quién son los derechos históricos? Y la respuesta sonaría: sobre todo, de las empresas y empresarios, no de los ciudadanos de a pie. Claro que Otto Bauer era un marxista, kantiano pero marxista. Es decir, un autor que cuando analizaba las sociedades de su tiempo se preguntaba impúdicamente ¿quién obtiene qué y por qué? Una pregunta altamente pedestre y escasamente patriótica, lo reconozco, cuando estamos hablando del sagrado derecho a decidir de un pueblo. Pero que tiene su miga.