Por Fernando Savater en Cartas al director de El País, 29 de diciembre de 2007
En la breve noticia titulada 1.300 personas amenazadas por ETA viven con escolta (EL PAÍS, 27 de diciembre de 2007), el anónimo redactor señala: "Más de 1.300 personas, la mayoría del País Vasco y Navarra, viven con escolta pagada con los impuestos de los españoles". Como es de suponer que los lectores ya saben que con sus impuestos se paga a la policía y al resto de las fuerzas de seguridad, no entiendo ese énfasis. A no ser que ahora vayamos a leer cosas como "extinguen un incendio los bomberos pagados con los impuestos de los españoles" o "se reúne el Consejo de Ministros pagados con los impuestos de los españoles". Más notable y digno de mención en cambio resulta el hecho de que ANV y EHAK también cobren de nuestros impuestos, es decir, que con los impuestos de los españoles se paga a los escoltas y a quienes hacen imprescindible llevarlos.
sábado, 29 de diciembre de 2007
Hijo predilecto, hijo pródigo
Por Antonio Muñoz Molina en Babelia de 29-12-2007
En 1965, en un rincón apartado de la Universidad de Tejas, donde era estudiante de doctorado, J. M. Coetzee tuvo en sus manos el manuscrito de Watt, la novela que Samuel Beckett escribió mientras se escondía de los alemanes en la Francia ocupada. Le sorprendió no descubrir ningún signo de desasosiego ni angustia en aquellas páginas pulcras: no ya un rastro de la incertidumbre y del avance a tientas de una escritura sometida a la presión de una máxima exigencia, sino tampoco del hecho de que aquel hombre, Beckett, mientras escribía, estaba en peligro de ser detenido y torturado, probablemente fusilado por pertenecer a la Resistencia. En Tejas, recién llegado de Europa, Coetzee se sentiría mucho más extranjero que Beckett en Francia, o que su otro maestro, Franz Kafka, en la ciudad paradójica en la que había nacido y vivido siempre y en la que sin embargo no tuvo nunca la sensación de pertenecer plenamente. En Tejas no sentía que pudiera establecer vínculos de cercanía con el paisaje ni con las personas, que le hablaban en un idioma que era el suyo y en el que sin embargo no se sentía capaz de percibir matices. Tampoco sentía nostalgia del país del que había llegado, Inglaterra, que le resultaba igualmente ajeno aunque hubiese vivido en él los años decisivos del final de la adolescencia y la primera juventud. Si añoraba algo era su tierra de origen, Suráfrica, no tanto lugares concretos como una sensación liberadora de espacio abierto y vacío. Pero en la Suráfrica del apartheid tampoco era posible abrigar un sentimiento confortable de pertenencia: blanco para mayoría negra sometida, enemigo de la segregación y por lo tanto renegado para los que hubieran sido los suyos, los que se le parecían en el origen y en el tono de la piel.
Como Kafka o Beckett, parece que J. M. Coetzee va buscando un ensañamiento de su extranjería, eligiendo para vivir lugares apartados, casi espacios genéricos que se nos vuelven más lejanos aún porque carecemos de referencias precisas sobre ellos, porque no sabemos atribuirles una identidad visual: hizo el doctorado -sobre Beckett- en Tejas; fue profesor en Buffalo, ciudad casi fantasma al norte del Estado de Nueva York; ahora vive en Adelaida, Australia. En 2002 dejó para siempre su país. Un año después le dieron el Premio Nobel. Desde 2006 tiene la ciudadanía australiana.
"Dejar un país, en ciertos aspectos, es como la ruptura de un matrimonio. Un asunto íntimo". Esas palabras tan suyas en las que el pudor se vuelve neutra sequedad y al mismo tiempo revela un desgarro secreto explican veladamente su decisión de marcharse de Suráfrica, justo en una época en la que Coetzee hubiera podido sentir que por fin ese país era el suyo, liberado del régimen contra el que había escrito tantas páginas de luminosa valentía, ácidos panfletos de rebeldía política y fábulas de una desolada intensidad existencial. Coetzee era demasiado solitario y demasiado íntegro para convertirse en militante activo y disidente profesional, a la manera de Nadine Gordimer, y de tantos otros literatos; pero su misma integridad no le habría dejado quedarse al margen o acomodarse en la tibieza. Hay disidentes de lujo que se las apañan para recibir premios oficiales por su heterodoxia y van paseando su incorruptible marginalidad por las moquetas más mullidas de las embajadas y por las pasarelas de los congresos internacionales que se les dedican a ellos mismos. Coetzee prefiere desaparecer, aunque no a la manera enfática y en el fondo megalómana de Salinger o Pynchon, que consideran sus identidades tan importantes como para tomarse el trabajo de esconderlas a la mirada de los mortales. Coetzee desaparece con educación, con suavidad, igual que desaparece en su misma escritura, en esa tercera persona que nos habla sin adornos ni énfasis en un tiempo presente que para más despojo prescinde de las veladuras de la memoria.
A mí Coetzee me admira siempre, me da envidia, me exaspera. La desnudez extrema de su estilo me deja a veces una impresión de frigidez moral, me recuerda aquel dictamen de Cyrill Connolly según el cual quien no siente alguna simpatía por los seres humanos debería escribir aforismos mejor que novelas. Pero muy pocas novelas contemporáneas me han impresionado tan profundamente como Disgrace, que leí entera en estado de sonambulismo una tarde y una noche y empecé a leer de nuevo a la mañana siguiente. (Los editores españoles del libro se empeñaron, por cierto, en titularlo Desgracia, y no Deshonra, contraviniendo así no sólo el significado de la palabra, sino el sentido de la novela, aunque cumpliendo la patriótica convicción, visible en tantas traducciones, de que la lengua inglesa es un dócil derivado de la española, de modo que disgrace ha de significar desgracia, y faculty, facultad, y college, colegio, y actually, actualmente, y compass, compás, y complexion, complexión, etcétera).
Coetzee había sido siempre demasiado elusivo, demasiado raro como para inspirar plena confianza entre quienes exigen lealtades absolutas: Disgrace es esa cosa tan singular, una obra maestra cuya categoría se advierte desde el momento mismo de su publicación, pero cuando apareció en Suráfrica fue recibida con escándalo por los celadores de la nueva ortodoxia multicultural. El protagonista es un profesor blanco que es expulsado y sometido a la deshonra pública por enredarse sexualmente con una estudiante de color, y que no muestra remordimiento ni solicita simpatía; y su hija es asaltada y violada -otra forma de deshonra- por un grupo de negros. De pronto las credenciales democráticas de un escritor que se había significado tanto en los años del apartheid quedaban canceladas: de la noche a la mañana, J. M. Coetzee era un racista, y se le atribuía la depredadora sexualidad de su protagonista masculino, y se le acusaba de alimentar el estereotipo del negro como delincuente y violador de mujeres blancas.
El espectáculo es bien conocido: la literatura es sometida a un escrutinio moral de catecismo primario; luchadores retrospectivos contra la opresión hacen méritos confortablemente denunciando como reaccionarios a quienes sí levantaron su voz cuando había verdadero peligro; y colegas del perseguido aprovechan la ocasión para escatimarle su solidaridad, aludiendo, faltaría más, a motivos estrictamente literarios. Cuando a Salman Rushdie lo buscaban para matarlo y quemaban públicamente sus libros algunos escritores británicos eligieron el momento para opinar, no sin gallardía, que en realidad Los versos satánicos no era una novela muy buena; y cuando más arreciaba el linchamiento político de J. M. Coetzee Nadine Gordimer observó: "En esa novela, Disgrace, no hay un solo personaje negro que sea un ser humano real". Coetzee acabó yéndose, hijo pródigo de un país que de nuevo no era el suyo, y al poco tiempo le dieron el Nobel, con lo cual los compatriotas que se habían esforzado en amargarle la vida tal vez tuvieron la tentación tardía de hacerlo hijo predilecto, de sepultarlo en oleadas de homenajes, a la manera hispánica: esa clase de homenajes basados en la celebración no de quien los recibe sino de la tribu que se los otorga, que imponen por decreto la veneración pero eximen de la lectura y hasta disuaden de ella y son túmulos anticipados del olvido. Se debe de vivir mucho mejor en Adelaida. -
En 1965, en un rincón apartado de la Universidad de Tejas, donde era estudiante de doctorado, J. M. Coetzee tuvo en sus manos el manuscrito de Watt, la novela que Samuel Beckett escribió mientras se escondía de los alemanes en la Francia ocupada. Le sorprendió no descubrir ningún signo de desasosiego ni angustia en aquellas páginas pulcras: no ya un rastro de la incertidumbre y del avance a tientas de una escritura sometida a la presión de una máxima exigencia, sino tampoco del hecho de que aquel hombre, Beckett, mientras escribía, estaba en peligro de ser detenido y torturado, probablemente fusilado por pertenecer a la Resistencia. En Tejas, recién llegado de Europa, Coetzee se sentiría mucho más extranjero que Beckett en Francia, o que su otro maestro, Franz Kafka, en la ciudad paradójica en la que había nacido y vivido siempre y en la que sin embargo no tuvo nunca la sensación de pertenecer plenamente. En Tejas no sentía que pudiera establecer vínculos de cercanía con el paisaje ni con las personas, que le hablaban en un idioma que era el suyo y en el que sin embargo no se sentía capaz de percibir matices. Tampoco sentía nostalgia del país del que había llegado, Inglaterra, que le resultaba igualmente ajeno aunque hubiese vivido en él los años decisivos del final de la adolescencia y la primera juventud. Si añoraba algo era su tierra de origen, Suráfrica, no tanto lugares concretos como una sensación liberadora de espacio abierto y vacío. Pero en la Suráfrica del apartheid tampoco era posible abrigar un sentimiento confortable de pertenencia: blanco para mayoría negra sometida, enemigo de la segregación y por lo tanto renegado para los que hubieran sido los suyos, los que se le parecían en el origen y en el tono de la piel.
Como Kafka o Beckett, parece que J. M. Coetzee va buscando un ensañamiento de su extranjería, eligiendo para vivir lugares apartados, casi espacios genéricos que se nos vuelven más lejanos aún porque carecemos de referencias precisas sobre ellos, porque no sabemos atribuirles una identidad visual: hizo el doctorado -sobre Beckett- en Tejas; fue profesor en Buffalo, ciudad casi fantasma al norte del Estado de Nueva York; ahora vive en Adelaida, Australia. En 2002 dejó para siempre su país. Un año después le dieron el Premio Nobel. Desde 2006 tiene la ciudadanía australiana.
"Dejar un país, en ciertos aspectos, es como la ruptura de un matrimonio. Un asunto íntimo". Esas palabras tan suyas en las que el pudor se vuelve neutra sequedad y al mismo tiempo revela un desgarro secreto explican veladamente su decisión de marcharse de Suráfrica, justo en una época en la que Coetzee hubiera podido sentir que por fin ese país era el suyo, liberado del régimen contra el que había escrito tantas páginas de luminosa valentía, ácidos panfletos de rebeldía política y fábulas de una desolada intensidad existencial. Coetzee era demasiado solitario y demasiado íntegro para convertirse en militante activo y disidente profesional, a la manera de Nadine Gordimer, y de tantos otros literatos; pero su misma integridad no le habría dejado quedarse al margen o acomodarse en la tibieza. Hay disidentes de lujo que se las apañan para recibir premios oficiales por su heterodoxia y van paseando su incorruptible marginalidad por las moquetas más mullidas de las embajadas y por las pasarelas de los congresos internacionales que se les dedican a ellos mismos. Coetzee prefiere desaparecer, aunque no a la manera enfática y en el fondo megalómana de Salinger o Pynchon, que consideran sus identidades tan importantes como para tomarse el trabajo de esconderlas a la mirada de los mortales. Coetzee desaparece con educación, con suavidad, igual que desaparece en su misma escritura, en esa tercera persona que nos habla sin adornos ni énfasis en un tiempo presente que para más despojo prescinde de las veladuras de la memoria.
A mí Coetzee me admira siempre, me da envidia, me exaspera. La desnudez extrema de su estilo me deja a veces una impresión de frigidez moral, me recuerda aquel dictamen de Cyrill Connolly según el cual quien no siente alguna simpatía por los seres humanos debería escribir aforismos mejor que novelas. Pero muy pocas novelas contemporáneas me han impresionado tan profundamente como Disgrace, que leí entera en estado de sonambulismo una tarde y una noche y empecé a leer de nuevo a la mañana siguiente. (Los editores españoles del libro se empeñaron, por cierto, en titularlo Desgracia, y no Deshonra, contraviniendo así no sólo el significado de la palabra, sino el sentido de la novela, aunque cumpliendo la patriótica convicción, visible en tantas traducciones, de que la lengua inglesa es un dócil derivado de la española, de modo que disgrace ha de significar desgracia, y faculty, facultad, y college, colegio, y actually, actualmente, y compass, compás, y complexion, complexión, etcétera).
Coetzee había sido siempre demasiado elusivo, demasiado raro como para inspirar plena confianza entre quienes exigen lealtades absolutas: Disgrace es esa cosa tan singular, una obra maestra cuya categoría se advierte desde el momento mismo de su publicación, pero cuando apareció en Suráfrica fue recibida con escándalo por los celadores de la nueva ortodoxia multicultural. El protagonista es un profesor blanco que es expulsado y sometido a la deshonra pública por enredarse sexualmente con una estudiante de color, y que no muestra remordimiento ni solicita simpatía; y su hija es asaltada y violada -otra forma de deshonra- por un grupo de negros. De pronto las credenciales democráticas de un escritor que se había significado tanto en los años del apartheid quedaban canceladas: de la noche a la mañana, J. M. Coetzee era un racista, y se le atribuía la depredadora sexualidad de su protagonista masculino, y se le acusaba de alimentar el estereotipo del negro como delincuente y violador de mujeres blancas.
El espectáculo es bien conocido: la literatura es sometida a un escrutinio moral de catecismo primario; luchadores retrospectivos contra la opresión hacen méritos confortablemente denunciando como reaccionarios a quienes sí levantaron su voz cuando había verdadero peligro; y colegas del perseguido aprovechan la ocasión para escatimarle su solidaridad, aludiendo, faltaría más, a motivos estrictamente literarios. Cuando a Salman Rushdie lo buscaban para matarlo y quemaban públicamente sus libros algunos escritores británicos eligieron el momento para opinar, no sin gallardía, que en realidad Los versos satánicos no era una novela muy buena; y cuando más arreciaba el linchamiento político de J. M. Coetzee Nadine Gordimer observó: "En esa novela, Disgrace, no hay un solo personaje negro que sea un ser humano real". Coetzee acabó yéndose, hijo pródigo de un país que de nuevo no era el suyo, y al poco tiempo le dieron el Nobel, con lo cual los compatriotas que se habían esforzado en amargarle la vida tal vez tuvieron la tentación tardía de hacerlo hijo predilecto, de sepultarlo en oleadas de homenajes, a la manera hispánica: esa clase de homenajes basados en la celebración no de quien los recibe sino de la tribu que se los otorga, que imponen por decreto la veneración pero eximen de la lectura y hasta disuaden de ella y son túmulos anticipados del olvido. Se debe de vivir mucho mejor en Adelaida. -
lunes, 10 de diciembre de 2007
Curioso
Por José María Ruiz Soroa en El País de 6 de diciembre de 2007
La comunidad autónoma vasca realiza la prueba PISA a los alumnos vascos mayoritariamente en castellano (86,40% en 2006, 85% en 2003), a pesar de que más del 75% de ellos están escolarizados plenamente en euskera. Contrasta poderosamente con los índices de otras comunidades con lengua vernácula (Cataluña y Baleares 100% en catalán, Galicia 61% en gallego) y denuncia una situación preocupante: las propias autoridades educativas vascas no se atreven a examinar a sus alumnos en el idioma en que les enseñan, seguramente porque los resultados serían vergonzosos, lo cual constituye un reconocimiento implícito de que el idioma de enseñanza no es manejado con competencia por los destinatarios de esa enseñanza. El pasado año se conoció que el 30% de los alumnos de enseñanza en euskera no tiene una comprensión mínima de este idioma. Es decir, que la enseñanza está siendo sacrificada en aras de la normalización lingüística.
La comunidad autónoma vasca realiza la prueba PISA a los alumnos vascos mayoritariamente en castellano (86,40% en 2006, 85% en 2003), a pesar de que más del 75% de ellos están escolarizados plenamente en euskera. Contrasta poderosamente con los índices de otras comunidades con lengua vernácula (Cataluña y Baleares 100% en catalán, Galicia 61% en gallego) y denuncia una situación preocupante: las propias autoridades educativas vascas no se atreven a examinar a sus alumnos en el idioma en que les enseñan, seguramente porque los resultados serían vergonzosos, lo cual constituye un reconocimiento implícito de que el idioma de enseñanza no es manejado con competencia por los destinatarios de esa enseñanza. El pasado año se conoció que el 30% de los alumnos de enseñanza en euskera no tiene una comprensión mínima de este idioma. Es decir, que la enseñanza está siendo sacrificada en aras de la normalización lingüística.
La etnicidad como estrategia
Por José María Ruiz Soroa en El País de 8 de diciembre de 2007
Sin duda, tiene razón Pedro Larrea, mi amable contradictor, cuando señala en estas páginas (04-12-07) que no tomé en cuenta en mi anterior artículo la menor inversión que el Estado efectúa en el País Vasco. Lo que sucede es que el dato es prácticamente irrelevante a los efectos de nuestro debate, y para comprobarlo bastan unas pocas cifras: si partimos de que la inversión real de todo el sector público estatal en la comunidad autónoma es, según datos del Presupuesto para 2007 de 477 millones (un 2,2% del total), y suponemos que debiera ser en equidad del 4,8% (porcentaje de población de Euskadi), la menor inversión es de 544 millones, lo que equivale al 0,9% del PIB vasco. Es decir, que recibimos un 3,4% de financiación de más y un 0,9% de inversión de menos. Sigue quedando una substanciosa transferencia neta a favor del País Vasco del 2,5% de su PIB, que era lo que se trataba de demostrar. En realidad, más interesante que el debate en sí mismo resulta lo que pone de relieve; es decir, la postura de la inmensa mayoría de la sociedad vasca de negarse empecinadamente a reconocer lo que es patente para todos los científicos sociales: la situación de privilegio económico de que disfruta esa sociedad respecto al resto de España. Una negativa que, en mi opinión, responde a la interiorización de la estrategia colectiva secular que ha guiado a la etnicidad vasca desde el Antiguo Régimen. Pues la etnicidad no es sólo un factor de movilización de identidades y conformación de fronteras políticas, sino que también orienta comportamientos interesados en la competencia por el acceso y control de recursos de todo tipo. Max Weber señaló tempranamente que las colectividades pueden desarrollar procesos de cierre social como estrategia para maximizar el número de recompensas económicas y políticas de sus componentes. Y que los resultados de estas estrategias pueden llegar a ser tan interiorizados por los individuos beneficiados que éstos acaben por percibirlos como naturales y objetivos.
La oligarquía vasca desarrolló desde el siglo XVI su particular proceso de cierre como estrategia para maximizar sus beneficios dentro del ámbito de la monarquía católica. Así deben interpretarse hechos como la hidalguía universal, la exención fiscal/militar y la garantía de consumos baratos gracias a la inexistencia de aduanas en la costa (zona franca). Todo ello aseguró al común de habitantes unos beneficios colectivos que permitieron a aquella oligarquía gobernar con tranquilidad y a su antojo el sistema político foral, desviando la distribución de cargas en su provecho (Rubio Pobes).
La crisis del antiguo régimen, que modificó profundamente la estructura social vasca, se saldó sin embargo con una paradójica conservación del esquema fundado en el privilegio. En efecto, el sistema de Conciertos Económicos implantado a partir de 1878, garantizó al conjunto de la población vasca hasta 1937 una presión fiscal escandalosamente más baja que la española común, lo que fue utilizado por la nueva oligarquía burguesa industrial como pantalla para implantar desde las Diputaciones el sistema fiscal más injusto y regresivo de toda España (que ya es decir), con lo que consiguió financiar el despegue industrial con cargo al erario público. Las Provincias Vascongadas fueron "un paraíso fiscal más o menos encubierto" (Alonso Olea) y, sin embargo, la sociedad vasca apoyó unánimemente (socialistas incluidos) el sistema concertado.
Pues bien, la vuelta de la democracia y del autogobierno a partir de 1978 también ha amparado una estrategia de cierre privilegiado de la sociedad vasca, por paradójico que ello pueda parecer. De un lado, el funcionamiento real del Concierto Económico garantiza un importante plus de recursos económicos y servicios públicos a la población por relación a la del resto del país. De otro, la explotación de la diglosia hace que un sector cada vez más amplio del mercado de trabajo (todo el público y cada vez más amplias porciones del privado, salvo las más humildes) quede reservado en exclusiva a los nativos, sin que el resto de los españoles pueda pujar por ellos; mientras que los vascos sí pueden competir en igualdad de condiciones por los puestos de trabajo en España. Una asimetría que recuerda el funcionamiento que cumplía la regla de la hidalguía en el pasado: dificultar la inmigración y dotar de estatus a la emigración. Esta estrategia favorece al conjunto de miembros de la sociedad vasca, como era de esperar en un sistema democrático, aunque se señalan al mismo tiempo ciertas y significativas desviaciones internas favorables a los estratos superiores. Así, las rentas de origen empresarial reciben un trato mejor que las derivadas del trabajo, aunque la sociedad apenas si protesta por ello (efecto pantalla).
Tan curioso como el cierre privilegiado mismo es el tipo de inteligente táctica que el País Vasco ha usado desde siempre para mantenerlo, la táctica de explotar su propia pequeñez: somos tan poca cosa que España no ganaría mucho al nivelarnos; y, sin embargo, ello le supondría problemas políticos sin cuento. Más vale dejar las cosas como están.
Estoy seguro de que si preguntásemos por este asunto a cien vascos de la calle, noventa y nueve negarían con pasión la existencia de discriminación colectiva alguna en su favor. Más bien afirmarían, con toda sinceridad, que es el País Vasco el que sostiene a España. Lo que no significa que tengan razón, sino que el privilegio se ha vuelto tan consubstancial a la etnicidad vasca que ha dejado de ser percibido como tal. Y no hay idea más poderosa que aquella que ha dejado de identificarse por los propios actores que la ponen en práctica.
Sin duda, tiene razón Pedro Larrea, mi amable contradictor, cuando señala en estas páginas (04-12-07) que no tomé en cuenta en mi anterior artículo la menor inversión que el Estado efectúa en el País Vasco. Lo que sucede es que el dato es prácticamente irrelevante a los efectos de nuestro debate, y para comprobarlo bastan unas pocas cifras: si partimos de que la inversión real de todo el sector público estatal en la comunidad autónoma es, según datos del Presupuesto para 2007 de 477 millones (un 2,2% del total), y suponemos que debiera ser en equidad del 4,8% (porcentaje de población de Euskadi), la menor inversión es de 544 millones, lo que equivale al 0,9% del PIB vasco. Es decir, que recibimos un 3,4% de financiación de más y un 0,9% de inversión de menos. Sigue quedando una substanciosa transferencia neta a favor del País Vasco del 2,5% de su PIB, que era lo que se trataba de demostrar. En realidad, más interesante que el debate en sí mismo resulta lo que pone de relieve; es decir, la postura de la inmensa mayoría de la sociedad vasca de negarse empecinadamente a reconocer lo que es patente para todos los científicos sociales: la situación de privilegio económico de que disfruta esa sociedad respecto al resto de España. Una negativa que, en mi opinión, responde a la interiorización de la estrategia colectiva secular que ha guiado a la etnicidad vasca desde el Antiguo Régimen. Pues la etnicidad no es sólo un factor de movilización de identidades y conformación de fronteras políticas, sino que también orienta comportamientos interesados en la competencia por el acceso y control de recursos de todo tipo. Max Weber señaló tempranamente que las colectividades pueden desarrollar procesos de cierre social como estrategia para maximizar el número de recompensas económicas y políticas de sus componentes. Y que los resultados de estas estrategias pueden llegar a ser tan interiorizados por los individuos beneficiados que éstos acaben por percibirlos como naturales y objetivos.
La oligarquía vasca desarrolló desde el siglo XVI su particular proceso de cierre como estrategia para maximizar sus beneficios dentro del ámbito de la monarquía católica. Así deben interpretarse hechos como la hidalguía universal, la exención fiscal/militar y la garantía de consumos baratos gracias a la inexistencia de aduanas en la costa (zona franca). Todo ello aseguró al común de habitantes unos beneficios colectivos que permitieron a aquella oligarquía gobernar con tranquilidad y a su antojo el sistema político foral, desviando la distribución de cargas en su provecho (Rubio Pobes).
La crisis del antiguo régimen, que modificó profundamente la estructura social vasca, se saldó sin embargo con una paradójica conservación del esquema fundado en el privilegio. En efecto, el sistema de Conciertos Económicos implantado a partir de 1878, garantizó al conjunto de la población vasca hasta 1937 una presión fiscal escandalosamente más baja que la española común, lo que fue utilizado por la nueva oligarquía burguesa industrial como pantalla para implantar desde las Diputaciones el sistema fiscal más injusto y regresivo de toda España (que ya es decir), con lo que consiguió financiar el despegue industrial con cargo al erario público. Las Provincias Vascongadas fueron "un paraíso fiscal más o menos encubierto" (Alonso Olea) y, sin embargo, la sociedad vasca apoyó unánimemente (socialistas incluidos) el sistema concertado.
Pues bien, la vuelta de la democracia y del autogobierno a partir de 1978 también ha amparado una estrategia de cierre privilegiado de la sociedad vasca, por paradójico que ello pueda parecer. De un lado, el funcionamiento real del Concierto Económico garantiza un importante plus de recursos económicos y servicios públicos a la población por relación a la del resto del país. De otro, la explotación de la diglosia hace que un sector cada vez más amplio del mercado de trabajo (todo el público y cada vez más amplias porciones del privado, salvo las más humildes) quede reservado en exclusiva a los nativos, sin que el resto de los españoles pueda pujar por ellos; mientras que los vascos sí pueden competir en igualdad de condiciones por los puestos de trabajo en España. Una asimetría que recuerda el funcionamiento que cumplía la regla de la hidalguía en el pasado: dificultar la inmigración y dotar de estatus a la emigración. Esta estrategia favorece al conjunto de miembros de la sociedad vasca, como era de esperar en un sistema democrático, aunque se señalan al mismo tiempo ciertas y significativas desviaciones internas favorables a los estratos superiores. Así, las rentas de origen empresarial reciben un trato mejor que las derivadas del trabajo, aunque la sociedad apenas si protesta por ello (efecto pantalla).
Tan curioso como el cierre privilegiado mismo es el tipo de inteligente táctica que el País Vasco ha usado desde siempre para mantenerlo, la táctica de explotar su propia pequeñez: somos tan poca cosa que España no ganaría mucho al nivelarnos; y, sin embargo, ello le supondría problemas políticos sin cuento. Más vale dejar las cosas como están.
Estoy seguro de que si preguntásemos por este asunto a cien vascos de la calle, noventa y nueve negarían con pasión la existencia de discriminación colectiva alguna en su favor. Más bien afirmarían, con toda sinceridad, que es el País Vasco el que sostiene a España. Lo que no significa que tengan razón, sino que el privilegio se ha vuelto tan consubstancial a la etnicidad vasca que ha dejado de ser percibido como tal. Y no hay idea más poderosa que aquella que ha dejado de identificarse por los propios actores que la ponen en práctica.
La mirada daltónica
Por Pedro Larrea en El País de 4 de diciembre de 2007
Lamentaba Julio Caro Baroja la inveterada afición de los vascos a ocuparse de la historia ad probandum. Hombre de letras, ignoraba tal vez la superior plasticidad de los datos económicos al servicio de cualquier verdad política que se tercie, con la ventaja añadida de la incuestionable objetividad que los números merecen. En un reciente artículo en estas páginas (La mirada impúdica, 15-XI-2007), José María Ruiz Soroa desarrolla una tesis que le es particularmente querida y que el análisis económico "demuestra": el resultado financiero privilegiado que el Concierto Económico reporta a la Autonomía vasca, al menos en su aplicación real.
En el verano de 2006 Ruiz Soroa y el que suscribe tuvimos la ocasión de polemizar acerca del posible carácter privilegiado del régimen fiscal vasco, que él afirmaba, basándose sobre todo en los saldos de las "balanzas fiscales" elaboradas por distintos especialistas. En esta ocasión, su argumento se soporta en una nueva publicación del Instituto de Estudios Fiscales, según la cual las competencias transferidas al País Vasco están sobrefinanciadas en un 3,4% del PIB a costa de las comunidades de territorio común. Tal gorroneo, una violación del principio constitucional de equidad, significa, dice, que "para el País Vasco, la verdadera Europa de los fondos estructurales y de cohesión es... España". Y su origen, añade, parece "bastante obvio: es el coste de la solidaridad interautonómica en que el País Vasco no participa, mientras que el resto de comunidades de territorio común sí la soporta".
Si la equidad ha de ser el punto de partida de la discusión, aceptemos la hipótesis de que, en el límite, un sistema de financiación pública será equitativo cuando el gasto público per cápita sea igual en todas las unidades territoriales que configuran el Estado. Quizás no sea fácil, ni siquiera aconsejable (¿y justo?) formular como objetivo de la acción política tal pretensión, pero admitamos, a efectos dialécticos, que así sea. Retomaré dos puntos que abordé en mi anterior polémica. El primero hace referencia a las balanzas fiscales. Mi posición al respecto es tajante: al margen de las numerosas dificultades metodológicas con que tropieza disponer de una información contable fiable, los saldos de las balanzas fiscales no miden en absoluto el grado de equidad interterritorial, ni un saldo cero generalizado significa una situación de equilibrio deseable. Al contrario, es más que probable que un escenario hipotético de balanzas saldadas encierre ingentes desigualdades en términos de gasto per cápita. De ahí la valoración de algunos expertos: ni el concepto habitual de balanza fiscal es un instrumento válido para discutir sobre la equidad (De la Fuente) ni el equilibrio de las mismas tiene sentido (Monasterio).
El segundo punto tiene que ver con el ámbito del gasto público que ha de abarcar un análisis de la equidad territorial. Mi posición vuelve a ser nítida: cuando en una estructura política descentralizada como la española el gasto público está fragmentado en tres niveles institucionales significativos (estatal, autonómico y local), la mirada mutilada de los recursos per cápita es mucho menos significativa que una visión omnicomprensiva; al fin y al cabo, al ciudadano (y a la equidad) le importa más el cuánto total de lo gastado, que el quién lo gaste.
Y por aquí empieza a derrumbarse el argumento de Ruiz Soroa. Demos por válido ese diferencial del 3,4%, aunque reconozco tener algunas dudas sobre el modo en que se ha tratado la necesaria homogeneización competencial que esta clase de cálculos exigen (a modo de ejemplo, ¿se ha considerado el coste de la estructura hacendística, que las autonomías de régimen común no soportan? Mi impresión es que no). Siendo tales dudas fruto de mi ignorancia, aceptaré que las competencias transferidas al País Vasco están sobrefinanciadas en esa cuantía. Pero ¿qué ocurre con el resto del gasto público? ¿en qué territorio se materializa el gasto de titularidad estatal?, ¿qué porcentaje del total corresponde a suelo vasco? No son preguntas retóricas ni academicistas. En la misma publicación del Instituto de Estudios Fiscales de la que se han tomado los datos de 2002 y que por algún error se atribuyen a 2003 (La financiación del Estado de las Autonomías: perspectivas de futuro), puede leerse también que el gasto público presupuestado para 2003 se desglosaba así: 55% para el Gobierno central, 32% para las comunidades autónomas y 13% para las corporaciones locales. Conviene recordar (y ahora el despiste de Ruiz Soroa es algo más que tipográfico) que, dentro de esa bolsa de gasto no transferido, se encuentran todos los mecanismos explícitos de solidaridad interterritorial, tanto los estatales como los europeos, a cuya financiación Euskadi contribuye con un 6,24% de su importe (porcentaje hoy muy superior al peso relativo de la población vasca sobre el total estatal y también, desde 2002, al PIB relativo).
Me asombra que se emitan juicios de valor, políticos e incluso morales, sin aportar una sola cifra sobre el reparto de la voluminosa bolsa de gasto estatal. Sospecho que no se aporta porque no se posee. Por mi parte, he de decir que carezco del mapa autonómico completo que recoja la distribución total de los recursos públicos; sí dispongo de algún dato fragmentario. Por ejemplo, que en ese ejercicio de 2002 al que las cifras de Ruiz Soroa se refieren, la inversión del Estado presupuestada para el País Vasco representaba un 1,31% del total, o que la presupuestada para 2008 es un 1,56%, lo que equivale a un 2% del total regionalizable. ¿Quién sobrefinancia aquí a quién? En suma, y a falta de la información que se precisa, no tengo más remedio que suspender mi juicio de equidad y trasladar la carga de la prueba a quien afirma.
Precisamente por falta de pruebas, nuestro debate de hace año y pico no ha avanzado un solo milímetro. Así que repito lo que escribí: me parece una osadía política afirmar que el conjunto del gasto público en Euskadi es superior al de territorio común. La nueva mirada lanzada por Ruiz Soroa no cumple los requisitos inquisitivos que la impudicia exige; más bien, es una mirada selectiva que se niega a ver aquella parte cromática de la realidad que pudiera estropear su argumento. Y es que, como decía el mago de Oz, cuando te pones las gafas verdes, lo ves todo de color verde.
Lamentaba Julio Caro Baroja la inveterada afición de los vascos a ocuparse de la historia ad probandum. Hombre de letras, ignoraba tal vez la superior plasticidad de los datos económicos al servicio de cualquier verdad política que se tercie, con la ventaja añadida de la incuestionable objetividad que los números merecen. En un reciente artículo en estas páginas (La mirada impúdica, 15-XI-2007), José María Ruiz Soroa desarrolla una tesis que le es particularmente querida y que el análisis económico "demuestra": el resultado financiero privilegiado que el Concierto Económico reporta a la Autonomía vasca, al menos en su aplicación real.
En el verano de 2006 Ruiz Soroa y el que suscribe tuvimos la ocasión de polemizar acerca del posible carácter privilegiado del régimen fiscal vasco, que él afirmaba, basándose sobre todo en los saldos de las "balanzas fiscales" elaboradas por distintos especialistas. En esta ocasión, su argumento se soporta en una nueva publicación del Instituto de Estudios Fiscales, según la cual las competencias transferidas al País Vasco están sobrefinanciadas en un 3,4% del PIB a costa de las comunidades de territorio común. Tal gorroneo, una violación del principio constitucional de equidad, significa, dice, que "para el País Vasco, la verdadera Europa de los fondos estructurales y de cohesión es... España". Y su origen, añade, parece "bastante obvio: es el coste de la solidaridad interautonómica en que el País Vasco no participa, mientras que el resto de comunidades de territorio común sí la soporta".
Si la equidad ha de ser el punto de partida de la discusión, aceptemos la hipótesis de que, en el límite, un sistema de financiación pública será equitativo cuando el gasto público per cápita sea igual en todas las unidades territoriales que configuran el Estado. Quizás no sea fácil, ni siquiera aconsejable (¿y justo?) formular como objetivo de la acción política tal pretensión, pero admitamos, a efectos dialécticos, que así sea. Retomaré dos puntos que abordé en mi anterior polémica. El primero hace referencia a las balanzas fiscales. Mi posición al respecto es tajante: al margen de las numerosas dificultades metodológicas con que tropieza disponer de una información contable fiable, los saldos de las balanzas fiscales no miden en absoluto el grado de equidad interterritorial, ni un saldo cero generalizado significa una situación de equilibrio deseable. Al contrario, es más que probable que un escenario hipotético de balanzas saldadas encierre ingentes desigualdades en términos de gasto per cápita. De ahí la valoración de algunos expertos: ni el concepto habitual de balanza fiscal es un instrumento válido para discutir sobre la equidad (De la Fuente) ni el equilibrio de las mismas tiene sentido (Monasterio).
El segundo punto tiene que ver con el ámbito del gasto público que ha de abarcar un análisis de la equidad territorial. Mi posición vuelve a ser nítida: cuando en una estructura política descentralizada como la española el gasto público está fragmentado en tres niveles institucionales significativos (estatal, autonómico y local), la mirada mutilada de los recursos per cápita es mucho menos significativa que una visión omnicomprensiva; al fin y al cabo, al ciudadano (y a la equidad) le importa más el cuánto total de lo gastado, que el quién lo gaste.
Y por aquí empieza a derrumbarse el argumento de Ruiz Soroa. Demos por válido ese diferencial del 3,4%, aunque reconozco tener algunas dudas sobre el modo en que se ha tratado la necesaria homogeneización competencial que esta clase de cálculos exigen (a modo de ejemplo, ¿se ha considerado el coste de la estructura hacendística, que las autonomías de régimen común no soportan? Mi impresión es que no). Siendo tales dudas fruto de mi ignorancia, aceptaré que las competencias transferidas al País Vasco están sobrefinanciadas en esa cuantía. Pero ¿qué ocurre con el resto del gasto público? ¿en qué territorio se materializa el gasto de titularidad estatal?, ¿qué porcentaje del total corresponde a suelo vasco? No son preguntas retóricas ni academicistas. En la misma publicación del Instituto de Estudios Fiscales de la que se han tomado los datos de 2002 y que por algún error se atribuyen a 2003 (La financiación del Estado de las Autonomías: perspectivas de futuro), puede leerse también que el gasto público presupuestado para 2003 se desglosaba así: 55% para el Gobierno central, 32% para las comunidades autónomas y 13% para las corporaciones locales. Conviene recordar (y ahora el despiste de Ruiz Soroa es algo más que tipográfico) que, dentro de esa bolsa de gasto no transferido, se encuentran todos los mecanismos explícitos de solidaridad interterritorial, tanto los estatales como los europeos, a cuya financiación Euskadi contribuye con un 6,24% de su importe (porcentaje hoy muy superior al peso relativo de la población vasca sobre el total estatal y también, desde 2002, al PIB relativo).
Me asombra que se emitan juicios de valor, políticos e incluso morales, sin aportar una sola cifra sobre el reparto de la voluminosa bolsa de gasto estatal. Sospecho que no se aporta porque no se posee. Por mi parte, he de decir que carezco del mapa autonómico completo que recoja la distribución total de los recursos públicos; sí dispongo de algún dato fragmentario. Por ejemplo, que en ese ejercicio de 2002 al que las cifras de Ruiz Soroa se refieren, la inversión del Estado presupuestada para el País Vasco representaba un 1,31% del total, o que la presupuestada para 2008 es un 1,56%, lo que equivale a un 2% del total regionalizable. ¿Quién sobrefinancia aquí a quién? En suma, y a falta de la información que se precisa, no tengo más remedio que suspender mi juicio de equidad y trasladar la carga de la prueba a quien afirma.
Precisamente por falta de pruebas, nuestro debate de hace año y pico no ha avanzado un solo milímetro. Así que repito lo que escribí: me parece una osadía política afirmar que el conjunto del gasto público en Euskadi es superior al de territorio común. La nueva mirada lanzada por Ruiz Soroa no cumple los requisitos inquisitivos que la impudicia exige; más bien, es una mirada selectiva que se niega a ver aquella parte cromática de la realidad que pudiera estropear su argumento. Y es que, como decía el mago de Oz, cuando te pones las gafas verdes, lo ves todo de color verde.
miércoles, 5 de diciembre de 2007
El triunfo del libertinaje
Por Fernando Savater en la página de ¡Basta ya!
Durante el franquismo, las autoridades nos aseguraban que no había que confundir la libertad con el libertinaje. La mayoría optamos entonces por el libertinaje, que por estar menos recomendado resultaba mucho más prometedor. En cuestiones de vida privada siempre he seguido fiel a esa elección temprana, aunque la merma de facultades haga poco a poco que mi libertinaje sea meramente rememorativo y virtual. Por el contrario, en el terreno político, cada vez tengo más claro que el libertinaje es en efecto un serio enemigo de la verdadera libertad… aunque desde luego por razones democráticas que no tenían curso legal en el franquismo.
Para empezar: ¿qué es el libertinaje? El origen del término está en la conducta de los libertos en la vieja Roma: esclavos recién emancipados, al verse sin amo eran incapaces de autodominio y respeto voluntario a las normas de la decencia. Hoy sigue aplicándose preferentemente a las conductas privadas, pero quizá sea interesante rescatarlo de la moral (o del puritanismo) y llevarlo a la política. Los libertinos son quienes ejercen sus libertades públicas en la sociedad sin pensar nunca en ella como en un conjunto institucional que debe armonizar la libertad de todos. Ven claros y urgentes los deseos de su grupo de pertenencia (no siempre son individualistas predatorios, sino más a menudo rebaños individualizados) pero no las exigencias de la convivencia general. Escribió Leo Strauss que la pregunta política por excelencia es “¿cómo conciliar un orden que no sea opresión con una libertad que no sea licencia?” y repuso que la respuesta debe ser la educación. En España, con nuestros diecisiete planes de estudio diferentes le hubiera querido yo ver…
En los sistemas democráticos, los grupos humanos que forman la comunidad estatal provienen casi siempre de diferentes genealogías étnicas, con creencias y tradiciones distintas. De modo que la Ilustración propuso basar la unidad armónica de los ciudadanos en las normas del presente y del futuro que podían compartir, no en los rastros del pasado que eran distintos para cada cual. Ya que no eran iguales en su memoria o en su folklore, deberían llegar a serlo en los derechos y deberes de su proyecto colectivo (porque para los racionalistas estos últimos atienden a la humanidad común de todos, por encima de los caprichos atávicos que enfrentan a las banderías). Según este criterio, la libertad cívica es la proyección puesta en común de las opciones y garantías de todos los socios hacia mañana, mientras que el libertinaje es la obstinada reivindicación de la peculiaridad que no puede generalizarse ni comprende la virtud de lo general. Pues bien, mirando a nuestro alrededor no hay más remedio que reconocer el triunfo del libertinaje sobre la libertad. En Bélgica, en Kosovo, en Palestina, en Bolivia y en tantos otros lugares el único vínculo social que parece contar es el de la genealogía étnica o histórica (sin otra alternativa que el fanatismo religioso, a menudo aún peor): los derechos cívicos compartidos sin apellidos culturales o ideológicos resultan abstracciones que a nadie contentan. En cuanto a aquellos escépticos o mestizos, por numerosos que sean… harán bien en ir eligiendo secta antes de que sea demasiado tarde.
El ascenso triunfal del libertinaje político es particularmente notable en España. En todos los países que conozco, las leyes se promulgan tras el debido contraste de pareceres y debate parlamentario para marcar la directriz común a seguir. Pero entre nosotros las leyes no zanjan las polémicas, sino que las originan: que si deben cumplirse siempre o sólo en ciertos casos (hemos inventado la ley opcional, gran novedad), que si aquellos a los que no les gustan están también obligados por ellas, que si su aplicación depende de cómo marcha la política en cada momento, etc… Vean lo que pasa con las banderas en los edificios públicos, por ejemplo. Hay alcaldes que justifican no exhibirlas porque no se pueden “imponer los sentimientos” a nadie. Pero… ¿qué tienen que ver los sentimientos aquí? La bandera es un símbolo de un orden constitucional, que cada cual puede “sentir” como le peta pero todos tenemos que acatar. Si yo veo una muestra con la cruz roja en una puerta no es preciso que me emocione pensando en Henri Dunant y su humanitario invento suizo: lo importante es saber que ahí encontraré fármacos, vendas y asistencia médica cuando la precise. La bandera en un edificio público indica que ahí se está al servicio de la Constitución y por tanto al mío como ciudadano. Si sólo expresara un arrebato patriótico congestionado, el primero que pediría no izarla sería yo. Y tiene razón el PNV al señalar que no es lo mismo poner la bandera en el País Vasco que en otras partes: es mucho más necesario en el País Vasco, porque ahí la constitución y por tanto la ciudadanía está más amenazada que en ningún sitio.
En el terreno educativo, para qué contar. Cualquier pretensión de que el Ministerio de Educación intente aunar criterios escolares para el país es visto como una injerencia estatal intolerable en la libertad de los padres y de las autonomías, síntoma de un totalitarismo aprendido según unos en Mussolini y según otros en Mao Tse Tung (en España siempre hay imbéciles al menos de las dos aceras). De modo que la Educación para la Ciudadanía es una imposición dictatorial sobre las conciencias salvo que se adapte en cada caso al ideario de los centros y de los progenitores, más allá de que responda a valores comunes o no. Por supuesto, los mismos que claman por el derecho exclusivo de los padres a determinar qué normas éticas deben ser transmitidas a sus hijos –que afortunadamente sólo existe en su imaginación- protestan contra el velo islámico que ciertas niñas llevan para dar gusto a las creencias de sus padres. Y el laicismo, que es la pretensión ilustrada de salvaguardar la libertad de conciencia cívica frente al libertinaje teocrático, sigue siendo el peor enemigo para quienes se consideran oprimidos en cuanto se les limita su derecho a oprimir. Mientras, las editoriales hacen versiones diferentes de los libros de bachillerato de acuerdo con los prejuicios ya no nacionalistas sino meramente localistas de cada autonomía regional. Los negociantes han decidido que para seguir siendo rentables lo mejor es dar a cada cual la razón como a los locos…porque en el fondo considera que están locos. La ministra celebra este desmadre –y casi todos los demás- como inevitable consecuencia de la libertad educativa, o sea del libertinaje que es incapaz de evitar. Los más hipócritas señalan que el asunto es de poca monta porque hoy los libros de texto son ya una parte menor del sistema escolar: es decir, que si por ejemplo en el País Vasco se utiliza un texto que no menciona para nada a ETA, el profesor puede remediarlo hablando de ETA por su cuenta a los alumnos y poniéndoles vídeos de Iñaki Arteta. La ambulancia la enviarán ellos luego, a cobro revertido.
Mención aparte merece el arrinconamiento vergonzante del castellano como lengua educativa, allá donde existe otra regional. Por supuesto, el daño así causado no estriba sólo –aunque también- en el menosprecio de la lengua materna de muchos alumnos (no ya como españoles, sino estrictamente como vascos, catalanes, gallegos, etc.…) ni en el perjuicio laboral y social que se causa a los privados sin su consentimiento de un instrumento comunicativo de proyección mundial en nombre de otro culturalmente respetable pero menos rico en oportunidades por cuestiones geo-históricas: el núcleo del problema es que las democracias necesitan una lengua común por razones estrictamente políticas, más allá de otras consideraciones (el ejemplo de Bélgica es claro al respecto). Y dicha lengua –que por supuesto puede y debe convivir con otras históricamente arraigadas- no debe ser escamoteada o presentada de manera hostil sin atentado contra el funcionamiento de la democracia misma. Claro que esta consideración resulta ajena al libertinaje separatista, que últimamente se queja por ejemplo de que “pagan más y reciben menos”, como si eso no fuera precisamente –más allá de que las inversiones estatales estén mejor o peor orientadas- la queja de todos los ricos contra los impuestos. Si no se tiene claro que toda riqueza particular tiene origen (y por tanto responsabilidad) social, es difícil sostener que los ciudadanos deben también compartir al menos una lengua parlamentaria, aunque a otros efectos expresivos conserven otras. El nacionalismo separatista no es más que neoliberalismo insolidario: y la izquierda, en Babia.
Un último apunte para esta queja global. Tras el último atentado terrorista, las fuerzas parlamentarias y sociales se manifiestan unidas en Madrid “por la libertad y por la derrota del terrorismo”. Valoro la añorada unidad y entiendo ese lema, pero sólo cuando es pancarta de los ciudadanos de a pie, sobre todo en el País Vasco. En cambio, no sé a quién se dirige cuando lo respalda el gobierno o los partidos con representación parlamentaria: ¿a quién le piden “libertad”? ¿a ETA? ¿al Altísimo, señor de los ejércitos? ¿no son ellos los encargados de garantizar nuestras libertades y de propiciar institucionalmente la derrota del terrorismo? ¿por qué en vez de fingir una unidad postiza de niños asustados por el coco (o preocupados por la cercana cita electoral) no explicitan las razones concretas por las que no se reúne el Pacto Antiterrorista o no lo suscriben ya quienes aún lo rechazan? ¿qué sentido tiene compartir pancarta con quienes se oponen a juzgar o hacer efectiva la ilegalización del entorno terrorista? ¿hasta cuándo seguiremos con tanto libertinaje partidista en vez de luchar juntos por la verdadera libertad para todos?
lunes, 3 de diciembre de 2007
La estrategia del PNV y el terrorismo
Por Joseba Arregi en el Mundo, lunes 3 de diciembre de 2007 (leído en la página de ¡Basta ya!)
El último atentado ha sido obra de ETA. La única y exclusiva responsabilidad es de ella. El PNV ha condenado siempre los atentados de la banda. Las siguientes reflexiones se colocan en este contexto claro: no se trata de ningún intento de responsabilizar directamente al PNV del terrorismo de ETA. Aunque fuera de interés analizar la historia del posicionamiento de este partido ante la banda terrorista desde la Transición, año a año, lo que se diga en las líneas siguientes se dice desde la afirmación de que el PNV siempre ha condenado el terror de ETA.
Esa afirmación, sin embargo, no es impedimento para seguir haciéndose preguntas, para pensar más allá, para analizar si el nacionalismo vasco llamado democrático ha estado a la altura de las circunstancias en la lucha contra el terrorismo. Porque la víspera del último atentado, se produjo la detención de dirigentes del llamado entramado social, cultural e internacional de ETA, es decir, de dirigentes que no habían usado directamente la violencia y el terror. Y ante esas detenciones, y ante la sentencia en la que se fundamentan, el PNV ha hablado de «despropósito» y de «cosas del pasado».
El asesinato del miembro de la Guardia Civil Raúl Centeno muestra la nula voluntad de ETA de dejar de matar. Ese crimen ponde de manifiesto que la banda ha decidido optar por su supervivencia como organización terrorista, aun a riesgo de enterrar definitivamente sus opciones de convertirse en una apuesta política en el juego democrático, aun a riesgo de enconar el problema de sus presos, y aun a riesgo de dañar cada vez más cualquier apuesta del nacionalismo democrático.
Este miedo acompaña desde hace mucho tiempo al nacionalismo vasco. Tomó fuerza clara en los días previos y siguientes al asesinato de Miguel Angel Blanco: el PNV temió por su hegemonía social, y también temió que el terrorismo terminara por dañar a todo el nacionalismo vasco, deslegitimándolo. Pero en lugar de extraer la consecuencia de romper cualquier tipo de relación con el nacionalismo de ETA, intentando definir el suyo propio de forma radicalmente diferente al de la banda criminal, tomó la decisión contraria: para poder mantener la hegemonía social del nacionalismo necesitaba a ETA, a Batasuna y a todo el espectro nacionalista que representan, y por eso entró el PNV en la vía que está siendo su gran hipoteca: buscar el fin de ETA ofreciéndole la unidad de acción para alcanzar fines compartidos.
El fin de ETA y la consecución de fines compartidos o compartibles han pasado a formar una unidad que está dañando profundamente al PNV. Sólo desde esa perspectiva se puede entender que ese partido -tranquilamente conservador, demócratacristiano, asentado en el humanismo cristiano o como se le quiera denominar- se haya manifestado siempre en contra de todas las medidas efectivas contra el terrorismo de ETA.
No sólo afirma que la detención de los dirigentes de Batasuna es un atropello, un despropósito, una cosa del pasado, sino que el propio consejero de interior del Gobierno vasco ha afirmado recientemente que la detención de la cúpula de Batasuna no aporta nada a la lucha antiterrorista, no queriendo ver que si algo ha debilitado estructuralmente a ETA es la imposibilidad de actuar al mismo tiempo como organización terrorista y como organización política que juega al juego democrático. La ilegalización de Batasuna tiene la virtud de obligar a ETA a optar: seguir siendo organización terrorista y renegar de la posibilidad de actuar como partido político, o ser partido político y enterrar su naturaleza terrorista. Es la medida más efectiva contra la banda.
Pero estropea la estrategia del PNV: no romper con Batasuna, para así mantener la ficción de que es posible una reconducción de los terroristas a la política por medio de la promesa de compartir sus fines. Y es que la ilegalización de Batasuna no confronta sólo a ETA con una alternativa radical -o terrorismo o política-, sino que confronta también al PNV con una alternativa igual de radical: o se democratiza reformulando su nacionalismo de forma que se diferencie radicalmente del de ETA, o seguirá bajo la sospecha que la cercanía de los fines de ETA extiende sobre sus propios fines.
El peligro que intuyó el PNV en los días del asesinato de Miguel Angel Blanco sigue vigente, y por errores propios: el terrorismo de ETA puede terminar dañando al conjunto del nacionalismo, deslegitimándolo. La solución que busca el PNV a ese problema ha sido siempre imposible, y se va a poner cada vez más claramente de manifiesto. Porque pretender que ETA deje de existir porque el PNV consigue de forma pacífica lo que quiere la banda -es el núcleo del acuerdo de Estella/Lizarra, y el de los dos planes de Ibarretxe que tratan de vestir a la moda aquel acuerdo inaceptable desde la democracia- significa vincular para siempre el proyecto político del nacionalismo al terrorismo.
No son pocos los que en la sociedad vasca creen que el fin de ETA estaría garantizado si el PNV se pusiera a ello. Y que se ponga a ello pasa porque este partido se decida a romper radicalmente con ETA, con sus métodos, con sus fines, con su simbología, con su proyecto político. Pasa porque el PNV se empeñe en la deslegitimación política de ETA. El día en que el PNV se ponga manos a la obra en esa deslegitimación, ETA se ha acabado.
Pero el PNV se encuentra ante su propio abismo: cree que ello supone renunciar a sus propias esencias, sin darse cuenta de que ese miedo es el que liga sus esencias al terrorismo de ETA. Sin darse cuenta que en lugar de ser un abismo en el que pueda perder su virginidad, la lealtad con sus esencias, la ruptura radical con ETA implicaría su paso decisivo a la homologación democrática. Porque es difícil ser demócrata en una sociedad compleja y plural sin extraer de esa complejidad y de esa pluralidad las consecuencias políticas debidas: que no es posible una definición de esa sociedad única y exclusivamente desde la perspectiva nacionalista, porque implica la negación del pluralismo. Y, sin reconocimiento de ese pluralismo, no es posible ser demócrata.
No hay duda de que la persecución del terror se debe llevar a cabo dentro de los límites marcados por el Estado de Derecho. No cabe lugar a dudas de que cualquier ciudadano, y cualquier partido político, puede plantear con claridad la exigencia del respeto a las normas del Estado de Derecho, cuando de la persecución de los terroristas se trata, y también cuando de la detención de líderes de entramados civiles se trata.
Pero el recurso a las exigencias del Estado de Derecho desde la posición de no compartir ninguna de las medidas efectivas que derivan en el deblitamiento estructural de ETA puede terminar resultando sospechoso: quizá no sea tanto el respeto a la ley -el cumplimiento, por ejemplo, de la Ley de Banderas- cuanto la necesidad de no romper con ETA y con su entorno lo que lleva al PNV a declarar que las detenciones últimas de las organizaciones Ekin, Xaki y otras son cosa del pasado: de un pasado en el que ETA podía jugar en los dos campos de fútbol, en el del terrorismo y en el de la política.
Pero lo único que es del pasado es el deseo, o la necesidad del PNV, de permitir que ETA siga en su juego macabro de matar y además dedicarse a la política como si no pasara nada. Muchos dicen que ETA ha perdido todos los trenes que le podían sacar del agujero. Mucho me temo que es al PNV al que se le están escapando todos los trenes.
El último atentado ha sido obra de ETA. La única y exclusiva responsabilidad es de ella. El PNV ha condenado siempre los atentados de la banda. Las siguientes reflexiones se colocan en este contexto claro: no se trata de ningún intento de responsabilizar directamente al PNV del terrorismo de ETA. Aunque fuera de interés analizar la historia del posicionamiento de este partido ante la banda terrorista desde la Transición, año a año, lo que se diga en las líneas siguientes se dice desde la afirmación de que el PNV siempre ha condenado el terror de ETA.
Esa afirmación, sin embargo, no es impedimento para seguir haciéndose preguntas, para pensar más allá, para analizar si el nacionalismo vasco llamado democrático ha estado a la altura de las circunstancias en la lucha contra el terrorismo. Porque la víspera del último atentado, se produjo la detención de dirigentes del llamado entramado social, cultural e internacional de ETA, es decir, de dirigentes que no habían usado directamente la violencia y el terror. Y ante esas detenciones, y ante la sentencia en la que se fundamentan, el PNV ha hablado de «despropósito» y de «cosas del pasado».
El asesinato del miembro de la Guardia Civil Raúl Centeno muestra la nula voluntad de ETA de dejar de matar. Ese crimen ponde de manifiesto que la banda ha decidido optar por su supervivencia como organización terrorista, aun a riesgo de enterrar definitivamente sus opciones de convertirse en una apuesta política en el juego democrático, aun a riesgo de enconar el problema de sus presos, y aun a riesgo de dañar cada vez más cualquier apuesta del nacionalismo democrático.
Este miedo acompaña desde hace mucho tiempo al nacionalismo vasco. Tomó fuerza clara en los días previos y siguientes al asesinato de Miguel Angel Blanco: el PNV temió por su hegemonía social, y también temió que el terrorismo terminara por dañar a todo el nacionalismo vasco, deslegitimándolo. Pero en lugar de extraer la consecuencia de romper cualquier tipo de relación con el nacionalismo de ETA, intentando definir el suyo propio de forma radicalmente diferente al de la banda criminal, tomó la decisión contraria: para poder mantener la hegemonía social del nacionalismo necesitaba a ETA, a Batasuna y a todo el espectro nacionalista que representan, y por eso entró el PNV en la vía que está siendo su gran hipoteca: buscar el fin de ETA ofreciéndole la unidad de acción para alcanzar fines compartidos.
El fin de ETA y la consecución de fines compartidos o compartibles han pasado a formar una unidad que está dañando profundamente al PNV. Sólo desde esa perspectiva se puede entender que ese partido -tranquilamente conservador, demócratacristiano, asentado en el humanismo cristiano o como se le quiera denominar- se haya manifestado siempre en contra de todas las medidas efectivas contra el terrorismo de ETA.
No sólo afirma que la detención de los dirigentes de Batasuna es un atropello, un despropósito, una cosa del pasado, sino que el propio consejero de interior del Gobierno vasco ha afirmado recientemente que la detención de la cúpula de Batasuna no aporta nada a la lucha antiterrorista, no queriendo ver que si algo ha debilitado estructuralmente a ETA es la imposibilidad de actuar al mismo tiempo como organización terrorista y como organización política que juega al juego democrático. La ilegalización de Batasuna tiene la virtud de obligar a ETA a optar: seguir siendo organización terrorista y renegar de la posibilidad de actuar como partido político, o ser partido político y enterrar su naturaleza terrorista. Es la medida más efectiva contra la banda.
Pero estropea la estrategia del PNV: no romper con Batasuna, para así mantener la ficción de que es posible una reconducción de los terroristas a la política por medio de la promesa de compartir sus fines. Y es que la ilegalización de Batasuna no confronta sólo a ETA con una alternativa radical -o terrorismo o política-, sino que confronta también al PNV con una alternativa igual de radical: o se democratiza reformulando su nacionalismo de forma que se diferencie radicalmente del de ETA, o seguirá bajo la sospecha que la cercanía de los fines de ETA extiende sobre sus propios fines.
El peligro que intuyó el PNV en los días del asesinato de Miguel Angel Blanco sigue vigente, y por errores propios: el terrorismo de ETA puede terminar dañando al conjunto del nacionalismo, deslegitimándolo. La solución que busca el PNV a ese problema ha sido siempre imposible, y se va a poner cada vez más claramente de manifiesto. Porque pretender que ETA deje de existir porque el PNV consigue de forma pacífica lo que quiere la banda -es el núcleo del acuerdo de Estella/Lizarra, y el de los dos planes de Ibarretxe que tratan de vestir a la moda aquel acuerdo inaceptable desde la democracia- significa vincular para siempre el proyecto político del nacionalismo al terrorismo.
No son pocos los que en la sociedad vasca creen que el fin de ETA estaría garantizado si el PNV se pusiera a ello. Y que se ponga a ello pasa porque este partido se decida a romper radicalmente con ETA, con sus métodos, con sus fines, con su simbología, con su proyecto político. Pasa porque el PNV se empeñe en la deslegitimación política de ETA. El día en que el PNV se ponga manos a la obra en esa deslegitimación, ETA se ha acabado.
Pero el PNV se encuentra ante su propio abismo: cree que ello supone renunciar a sus propias esencias, sin darse cuenta de que ese miedo es el que liga sus esencias al terrorismo de ETA. Sin darse cuenta que en lugar de ser un abismo en el que pueda perder su virginidad, la lealtad con sus esencias, la ruptura radical con ETA implicaría su paso decisivo a la homologación democrática. Porque es difícil ser demócrata en una sociedad compleja y plural sin extraer de esa complejidad y de esa pluralidad las consecuencias políticas debidas: que no es posible una definición de esa sociedad única y exclusivamente desde la perspectiva nacionalista, porque implica la negación del pluralismo. Y, sin reconocimiento de ese pluralismo, no es posible ser demócrata.
No hay duda de que la persecución del terror se debe llevar a cabo dentro de los límites marcados por el Estado de Derecho. No cabe lugar a dudas de que cualquier ciudadano, y cualquier partido político, puede plantear con claridad la exigencia del respeto a las normas del Estado de Derecho, cuando de la persecución de los terroristas se trata, y también cuando de la detención de líderes de entramados civiles se trata.
Pero el recurso a las exigencias del Estado de Derecho desde la posición de no compartir ninguna de las medidas efectivas que derivan en el deblitamiento estructural de ETA puede terminar resultando sospechoso: quizá no sea tanto el respeto a la ley -el cumplimiento, por ejemplo, de la Ley de Banderas- cuanto la necesidad de no romper con ETA y con su entorno lo que lleva al PNV a declarar que las detenciones últimas de las organizaciones Ekin, Xaki y otras son cosa del pasado: de un pasado en el que ETA podía jugar en los dos campos de fútbol, en el del terrorismo y en el de la política.
Pero lo único que es del pasado es el deseo, o la necesidad del PNV, de permitir que ETA siga en su juego macabro de matar y además dedicarse a la política como si no pasara nada. Muchos dicen que ETA ha perdido todos los trenes que le podían sacar del agujero. Mucho me temo que es al PNV al que se le están escapando todos los trenes.
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