La mala educación

Por Jordi Soler en El País de 18 de mayo de 2008

El endurecimiento de las medidas contra los inmigrantes que aparece cíclicamente en la agenda de la Unión Europea tiene mucho de amnesia y un buen porcentaje de ingenuidad, porque si algo demuestra la historia de los flujos y reflujos migratorios de todos los tiempos es que no hay ley, ni muro, ni forma de impedir la entrada de una persona que, con el irreprochable objetivo de alimentar a su familia, pretende introducirse en un país que le ofrezca mejores oportunidades que el suyo.

Europa, y aquí viene la amnesia, le debe la vida a todos esos europeos que emigraron a otras latitudes en busca de fortuna; el soplo que trajo el Nuevo Mundo fue crucial para la consolidación del Viejo Continente. ¿Qué hubiera sido de la hoy pujante y boyante Irlanda si en el siglo XIX, durante la gran hambruna, Estados Unidos hubiera "endurecido" las medidas contra los inmigrantes? Éste es un asunto de conciencia nacional con el que tendrán que lidiar en su momento los irlandeses. En cuanto a nosotros, en España también tenemos nuestra propia cuota de amnesia, que nos lleva a hacer cosas que, si nos ajustásemos a cualquier manual de urbanidad básica, serían calificados como esos actos impropios que hace la gente maleducada y malagradecida.

Ahora voy a recordar una historia que debiera ser inolvidable, máxime en estos momentos: en el año de 1937, en la sede de la Sociedad de Naciones, en Ginebra, todas las democracias del mundo hacían la vista gorda para no condenar el golpe de Estado del general Franco, ni la intervención de Alemania e Italia en la Guerra Civil española. El silencio y la pasividad de aquellos gobiernos frente al golpe contra la República legítimamente constituida fue, y sigue siendo, una vergüenza.

Sólo un país defendió entonces, contra viento y marea, al Gobierno de la República: México. El presidente Lázaro Cárdenas, a través de su embajador en Ginebra, Isidro Fabela, dijo, ante el pasmo de todos los demás, cosas como ésta: "El Gobierno mexicano no reconoce, ni puede reconocer, otro representante legal del Estado español que el Gobierno republicano". El resto guardó silencio con tanta disciplina que, unos años más tarde, el Gobierno golpista español conseguiría un asiento en la ONU, el organismo en que se convirtió la Sociedad de Naciones, como si se tratara de un gobierno normal, legítimamente elegido por el pueblo.

Lázaro Cárdenas sostenía que las personas que, por cualquier razón, tenían que abandonar su país debían ser recibidas por otro. Esto le parecía un principio de elemental humanidad, y guiado por este principio ofreció asilo a miles de inmigrantes,entre ellos, a decenas de miles de españoles que no sólo habían perdido la guerra sino también su país. Ante el fracaso de su embajador Fabela, cuyos esfuerzos por defender el Gobierno legítimo de Manuel Azaña fueron premiados con un sonoro silencio, Cárdenas abrió las puertas de México a cualquier inmigrante español, con profesión o sin ella, sin más trámite que la necesidad, o el deseo, de rehacer su vida y labrarse un porvenir en aquel lejano país de ultramar.

En estos días en que la Unión Europea endurece, un poco más, las medidas contra los inmigrantes "sin papeles", no está de más tener presente esta historia, que tiene apenas 70 años de antigüedad, y no está de más recordarla porque las normas comunes que salen de Bruselas, que intentan controlar el flujo de emigrantes que entra todos los días a Europa, no son más que una aproximación, un tanteo, a veces bastante torpe, que con frecuencia se agita según los aires políticos del momento.

Estados Unidos, que nos lleva décadas de ventaja en este tema, se ha cansado de construir muros y leyes y de inventar cuerpos de policía especiales, y aun así no ha podido encontrar la solución para que los emigrantes latinoamericanos dejen de colarse por sus fronteras. La inmigración es el peaje inevitable que tienen que pagar los países ricos, y todo lo que puede hacerse al respecto es, más o menos, acotarla. Porque sin este margen se caería en la persecución, en la criminalización del inmigrante, en la instauración de un Estado policiaco que iría en contra de lo que es Europa, un territorio donde ante todo se practican los valores de respeto de la dignidad humana, sin los cuales este continente se convertiría en un holding de empresarios dedicados a la multiplicación de sus riquezas.

Dentro del margen que el fenómeno exige, cada país europeo debe tener presente su propio historial migratorio, que es parte indisociable de su historia, una particularidad que no puede meterse en el saco general de medidas de la Unión Europea. Por ejemplo, España tiene responsabilidades con Latinoamérica que Irlanda no tiene, porque España, guste o no, es la madre patria de aquel continente y además, a lo largo de su historia, los españoles han emigrado con bastante normalidad a aquellos países; cosa que, hasta hace unos años, también sucedía a la inversa.

Pero aquel periodo idílico, de elemental justicia, se ha terminado: la urgencia europea por controlar el aterrizaje, o el desembarco, de los inmigrantes, ha provocado, entre otras cosas, que el Gobierno español pase por alto esos años, nada remotos, en los que para progresar, para ganarse mejor la vida, había que irse de España, había que emigrar a otro país.

Pondré como ejemplo el caso de un mexicano que quiera viajar a España, porque es el que mejor conozco, porque tiene que ver con esa historia de conmovedora solidaridad que protagonizó el presidente Lázaro Cárdenas, y porque ilustra perfectamente cómo las medidas contra el inmigrante se han endurecido de manera irracional. Setenta años después de aquella historia, todo mexicano que venga, no a quedarse, sino a pasear a España tiene que someterse a un control nada cortés en el aeropuerto de Barajas o en el de El Prat; un control en el que un oficial le exigirá que enseñe el billete de vuelta, una cantidad mínima de 57 euros por cada día de estancia, el comprobante de una reserva de hotel y, si se trata de un turista que viene a visitar a un familiar o amigo, es decir, que no se hospedará en un hotel, una carta de invitación que previamente ese sufrido familiar o amigo habrá tenido que ir a tramitar a la comisaría de su barrio. Hay que añadir, porque no sobra, que los mexicanos son una minoría en España; una minoría que no sólo no amenaza la integridad de la Unión Europea, sino que ni siquiera pinta en las estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Estas medidas duras e inútiles, que se aplican sin ningún rubor tanto a los mexicanos como a la mayoría de los latinoamericanos, hijos todos de la madre patria, deberían pesar en la conciencia colectiva de España, que hoy es rica y próspera gracias a sus emigrantes y a sus inmigrantes. Olvidar esto, pasarlo por alto, es de gente mal educada.

No es tan difícil de entender

Por Soledad Gallego-Díaz en El País de 30 de mayo de 2008

Muchos políticos vascos tienen la costumbre de decir que no se puede comprender lo que ocurre en el País Vasco sin estar allí, sin compartir la realidad cotidiana de sus ciudades o pueblos o sin saber lo que pasa realmente por las cabezas de los dirigentes políticos locales. Es posible que tengan razón, pero la verdad es que, con una cierta práctica en el mundo de la política, española, europea, americana o mundial, se diría que lo que sucede ahora mismo en Euskadi es bastante fácil de entender.

Algo, sinceramente, muy poco original: un dirigente político, Juan José Ibarretxe, intenta mantenerse en el poder sea como sea, por encima de otros dirigentes de su propio partido, y por encima de sus propios compromisos anteriores. Por supuesto, la situación se reviste de una cierta épica e Ibarretxe se presenta como el paladín de una idea y un proyecto. Pero si se analiza desapasionadamente su actuación, se podría decir que Ibarretxe, que no se parece en nada a Mariano Rajoy, se está comportando en estos momentos de una manera bastante similar a la del dirigente del PP. Simplemente, está haciendo lo posible para evitar que le quiten el puesto que ocupa.

Y el PNV, que tiene una historia completamente distinta a la del PP, se está tropezando con el mismo problema que el Partido Popular. Un amplio sector piensa que sería mejor cambiar de candidato, pero al mismo tiempo sabe que no tiene a mano una alternativa mejor, capaz de desbancar al actual jefe, un jefe que ha demostrado que es bastante hábil en el manejo de aparatos, divisiones y tiempos.

El lehendakari sabe que quedará en una posición interna difícil, al alcance de sus detractores, si no consigue que el Parlamento vasco apruebe el proyecto de ley para la convocatoria de su famosa consulta. Para ello necesita el voto del Partido Comunista de la Tierras Vascas (del que ahora ya nadie duda que es una simple prolongación de Batasuna y que hará lo que ETA decida que haga). Así que, sin dudarlo un minuto, ha decidido formular dos preguntas que sean aceptables por el PCTV. La papeleta no contendrá ya una condena expresa de ETA ni del uso del asesinato político como arma electoral. Difícil mantener que todo este entramado tiene un alto contenido ético, como le gusta pregonar al lehendakari (justo cuando ETA ha comenzado una nueva etapa de asesinatos de dirigentes políticos no nacionalistas y de fuerzas de seguridad), pero no cabe duda que puede ser efectivo desde el punto de vista de sus intereses.

En cualquier caso, Ibarretxe sabe que tiene unas elecciones en puertas. Si su propuesta prospera, porque el Tribunal Constitucional paralizará la consulta. Y si no prospera, porque él mismo se ha comprometido a adelantarlas. Con las dos ambiguas preguntas de la papeleta, Ibarretxe habrá lanzado ya, una vez más, sus redes en el electorado abertzale.

¿Dónde van a ir los votos que obtuvo el PCTV en las elecciones autonómicas de 2005 si, como es probable, esa formación es declarada ilegal? Se trata nada menos que de 150.000 votos, prácticamente la mitad de los que obtuvo el propio PNV en las últimas elecciones generales. Ibarretxe, especialista en presentar simples políticas como si fueran principios, está intentado lo que ya ha hecho en otros muchos prolegómenos electorales: convertir las elecciones autonómicas en una especie de referéndum sobre la supervivencia del nacionalismo. Meter dramatismo y tensión para propiciar un clima de confrontación es algo muy antiguo y muy fácil de comprender. El objetivo es conseguir que buena parte de esos 150.000 votos vayan a parar a uno de los partidos del actual tripartito, lo que significa que terminen en el bolsillo del propio Ibarretxe. Muy sencillo y muy poco heroico.

Es posible que una parte del PNV hubiera preferido que las cosas se desarrollaran de otra manera a como se están desarrollando, pero es seguro también que no hará nada para evitarlo. Los aparatos de los partidos son generalmente muy cobardes. El recién estrenado presidente del PNV, Iñigo Urkullu, por ejemplo, ha quedado desautorizado porque aseguró públicamente hace menos de tres días que "la consulta incluirá un rechazo explícito a ETA; el PNV no puede ser ambiguo". Pero nadie espera que ese desaire se traduzca en un mal gesto. Las encuestas indican que Ibarretxe sigue siendo el político más popular del PNV y la experiencia les demuestra que el lehendakari es duro de pelar y muy capaz de aguantar (y ganar) pulsos de sus correligionarios. Así que, en realidad, en estos momentos, no importa lo más mínimo lo que ese sector piense.

La desafección catalana

Por Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital de 21 de mayo (Leído en Reggio)

La mayoría de las veces se produce un considerable desfase temporal entre las decisiones y las consecuencias, de manera que resulta fácil hacerse la ilusión de que tales resultados, sobre todo si son nocivos, no existen. Los defensores del Estatuto de Cataluña —ya lo sean por convencimiento o por necesidad— han venido repitiendo que, una vez aprobado, no se han originado los efectos negativos que se habían previsto, como si estos se fueran a manifestar inmediatamente de manera mágica por la simple firma de un papel, y no se dilatasen en el tiempo según se fuese aplicando.

Las consecuencias del Estatuto de Cataluña, y del resto de estatutos que a su rebufo se han aprobado, van a perseguir al Gobierno y a su partido a lo largo de toda esta legislatura. Nada más celebrarse las elecciones, el problema ha vuelto a surgir en su aspecto más controvertido: el de la financiación. No vale el voluntarismo ni el meter la cabeza debajo del ala. No sirven fórmulas generalistas y piadosas tales como las de Zapatero anunciando que se mantendrán los principios de cohesión y solidaridad. Lo cierto es que, tal como está planteado, el problema es bastante insoluble. Es imposible contentar a todos y, aunque el presidente del Gobierno lo niegue, sí va a darse un enfrentamiento entre territorios.

Felipe González, en su artículo del pasado día 7 en el diario El País, proponía retrasar la cuestión, pero lo hacía en unos términos profundamente equivocados, enfrentando los gastos del Estado: infraestructuras, vivienda, etc., vinculados al ciclo económico, con los gastos sociales, principalmente sanidad y educación, que corresponden mayoritariamente a las Comunidades Autónomas y que en buena medida son independientes de la mayor o menor actividad económica. La crisis, concluía González, obliga a dar prioridad a los primeros y dejar por tanto la reforma del sistema de financiación para momentos mejores.

El error de tal planteamiento ha servido de cortina de humo tras la que se han escondido, primero, el presidente de la Generalitat y, más tarde, Zapatero. Ambos han salido en defensa de los gastos sociales. Montilla afirma, con bastante razón, que “la mejor inversión económica es la social” y el presidente del Gobierno insiste en que “es un debate para las personas, para la educación y la sanidad”.

En estos términos, el dilema, sin duda alguna, está mal planteado; no se trata de contraponer gastos sociales a gastos de infraestructuras ni siquiera los recursos de la Administración Central a los de las Autonomías. El principal contencioso es saber cómo se reparte la tarta entre las distintas Comunidades y si el acuerdo tiene que ser multilateral o, por el contrario, hay alguna privilegiada que con absoluto desprecio hacia las demás pretenda entenderse en solitario con el Estado, determinando así su cuota y obligando a las otras a repartirse el resto.

La contestación del señor Montilla —El País del día 12— al artículo citado de Felipe González rebosa de sofismas. Pasaré por alto su afirmación gratuita y sin pruebas acerca de que el desarrollo económico de España en las últimas décadas se debe al proceso de descentralización. Desde el punto de vista político, se puede discutir el carácter positivo o negativo del proceso autonómico. Sin embargo resulta bastante difícil negar que, desde la perspectiva económica, la descentralización ha tenido costes evidentes y múltiples disfuncionalidades.

Pero centrémonos en el vocablo solidaridad y su utilización indebida en lugar de la palabra justicia. En la política redistributiva, función esencial del Estado social, no se puede hablar de solidaridad sino de equidad e igualdad. Nadie emplearía la palabra solidaridad cuando Botín, las Koplowitz o cualquier otro multimillonario paga sus impuestos, ni para referirse al hecho de que todos estos ciudadanos y otros muchos de ingresos superiores a la media, contribuyan al Estado en mayor cuantía que la de los servicios o prestaciones que de él reciben.

La palabra solidaridad connota voluntariedad y gratuidad. Solo quien, desde el más radical liberalismo, da por buena la distribución que realiza el mercado puede ver en la política redistributiva del Estado un acto de solidaridad graciable de los ricos y no la necesaria compensación, aun cuando sea parcial, de la injusta distribución de la renta que realizan las fuerzas económicas. Los saldos positivos o negativos de las distintas Comunidades —lo que llaman indebidamente “balanzas fiscales”— no son más que la lógica y equitativa redistribución de la renta, resultado puramente automático de la redistribución personal que practican en un Estado moderno las políticas fiscal y social. Los que piden la reducción de estos saldos, lo que están reclamando implícitamente es que ambas políticas sean más regresivas.

El señor Montilla, en su artículo, sostiene que “ejercer la solidaridad es aportar más, pero no debe significar recibir menos”. No sé lo que exige la solidaridad —para algunos políticos catalanes muy poco— aunque lo que resulta evidente es que la concepción del Estado como democrático y social demanda que aquellos cuya renta sea superior a la media coticen más y perciban menos que aquellos cuyos ingresos sean menores. El señor Botín (y que me perdone don Emilio por citarle continuamente pero viene muy a cuento) no solo debe pagar más impuestos que la casi totalidad de los contribuyentes, sino recibir menos del Estado, ya que lógicamente sus necesidades sociales son menores. ¿Cómo extrañarnos de que los territorios con renta per cápita más elevada paguen más y reciban menos? Aunque el lenguaje así empleado es ya una trampa, en puridad, las Comunidades no son las que pagan y reciben sino los ciudadanos.

Por lo visto, para el señor Montilla la defensa de estas verdades puede conducirnos a situaciones peligrosas, a la desafección de Cataluña con respecto al resto de España. Habría que preguntarse por qué en otras Autonomías con un saldo más negativo no se producen esos planteamientos victimistas. ¿No será porque en ellas están ausentes el nacionalismo y aquellos políticos que promueven demagógicamente el enfrentamiento entre los territorios explotando los sentimientos populares? Tales políticos deberían plantearse si al promover la desafección de Cataluña respecto al resto de España no promueven también la del resto de España respecto a Cataluña.

Identidad

Por Elvira Lindo en El País de 21 de mayo de 2008

Un hombre, Juan Manuel Piñuel, muere asesinado por una bomba de ETA, y otro hombre, Juan José Ibarretxe, la máxima autoridad política de la tierra en que este hombre pierde la vida, analiza el asesinato lamentándose del terrible daño que hacen los terroristas con cada acto criminal a aquellos que desean profundizar en la identidad vasca. Leo semejante análisis en Internet, desde este otro país en el que vivo, y esas palabras se me representan como lo que son, una expresión impúdica de inhumanidad. Los furiosos defensores de lo identitario sostienen que sólo aquellos que aman a su país más que a sí mismos pueden opinar sobre estos asuntos. Los demás, los que no tenemos esa tendencia romántica, estamos deslegitimados. Mentira. No hay nada más sano que alejarse para contemplar el nubarrón de tufo ideológico. Conviene irse a Málaga, por ejemplo, la ciudad a la que llegó el cadáver del guardia civil que trabajaba duro en otra tierra para volver a esta suya algún día; conviene leer la frase, por ejemplo, en el barrio de El Palo para darse cuenta de lo que significa que un responsable político analice una muerte en relación a la pérdida o ganancia que supone para su maldito proyecto. Conviene mirar la frase desde lejos, analizarla sin que esté adornada por todos los delirios locales. La frase sola, en crudo. A ver quién es capaz de digerirla. Pero nos puede la costumbre. La frase es una de tantas. El muerto, un guardia civil. No es ese atentado contra el político o el periodista que saca a un pueblo entero a la calle. Cierto es que, como dijo el otro día el guardia civil Leoncio Sanz, del desamparo que sufrieron antaño a los funerales de ahora hay un trecho. Pero aún queda un largo camino. Queda que el pueblo que rodea al lehendakari le afee su frase, que le deje claro que la única identidad sagrada es la de la vida.

La ingenuidad va por barrios

Por José María Ruiz Soroa en El Correo de 6 de mayo de 2008

Todavía queda gente que no se ha enterado de que Franco fue un enemigo declarado de las lenguas vernáculas y, entre ellas, del vascuence. Pero, por otro lado, también parecen existir entre nosotros personas que piensan que el desarrollo del conocimiento de este idioma en los últimos veinticinco años se ha debido a la voluntad entusiasta de la población. Que la matriculación masiva de los alumnos en modelos de enseñanza en euskera no ha tenido nada que ver con la obligación ni con la necesidad. Ni tampoco la reconversión de los profesores, pues ésta se habría producido por un espontáneo amor por la llamada ‘lengua propia’. Que sólo últimamente han empezado a producirse esporádicas protestas ante la obligación de estudiar en vascuence. Que antes todo habría sido paz y armonía. Uno se pregunta dónde han estado estas ingenuas personas para no enterarse de la realidad; y se responde que seguramente estaban en el mismo lugar que aquellas que no veían lo de Franco: estaban mirando para otro lado, es decir, mirando a favor de los vientos del poder.

Guste o no, la realidad es demasiado cruda para disimularla: un elevado porcentaje de población aprende y ha aprendido el euskera por pura y dura obligación. Obligación indirecta, desde luego, pero efectiva y concreta como pocas, dado que se ha instituido a través de los poderosos mecanismos del mercado laboral, cerrándolo en sus sectores más apetecibles para todo aquel que no acreditase el conocimiento de la lengua. Difundiendo entre la ciudadanía el mensaje sutil pero claro de que sin el conocimiento del vascuence sus hijos no podrían competir por el acceso a los mejores puestos de trabajo. Ni quizás a los peores. Convenciendo al profesorado de que, o se reciclaba lingüísticamente, o perdería su plaza y pasaría a desempeñar tareas de asistente de comedor. Valorando la lengua vernácula en las oposiciones por encima de los méritos profesionales ¿Para qué seguir! Tales han sido los medios utilizados para suscitar el entusiasmo de la población, desengáñense los ingenuos.

Por otro lado, a nadie se le oculta que no podía haber sido de otra manera. Siempre que pueden optar, la inmensa mayoría de las personas no aprenden un idioma distinto sino por una finalidad muy concreta: porque les aporta mayor capacidad de comunicación con más gente. La inmensa mayoría no aprendería espontáneamente un idioma como el euskera, sencillamente porque no aumenta su potencial comunicativo. ¿Para qué tener dos idiomas en una comunidad social en que todos tenemos ya el mismo? ¿Para hacer ahora en dos idiomas lo que antes ya hacíamos en uno? Extraño capricho. Sólo un pequeño sector de población, aquel para el cual el idioma tiene un valor simbólico o expresivo, lo aprendería esforzadamente aun nadando contra corriente.

Lo asombroso del caso no son los medios que se han utilizado para conseguir el espectacular incremento del euskera, dado que éstos sólo podían ser la coacción indirecta y la mezcla de palo y zanahoria. Lo asombroso es que tales medios hayan tenido y sigan teniendo pleno soporte legal y constitucional y, por ello, sean inobjetables desde un punto de vista estrictamente jurídico. Lo asombroso es que hayamos montado en España un sistema normativo que permite a las autoridades de turno organizar gigantescos experimentos de reconversión lingüística de enteras masas de población nada menos que a finales del siglo XX. Con la ley en la mano. Esto sí que es asombroso.

Desde el momento en que el art. 3º de la Constitución estableció que las lenguas de España distintas del castellano serían oficiales en cada Comunidad de acuerdo con su Estatuto, desde ese mismo momento, quedó abierto el experimento al que luego hemos asistido. Porque una vez que el euskera (pongan catalán, gallego, o bable según corresponda) se declara lengua oficial, sucede que los ciudadanos que lo hablan tienen derecho a dirigirse a la Administración en esa lengua; y a exigir que la Administración les hable en ella. Para lo cual los funcionarios deben conocerla, luego hay que exigirla como condición o mérito para el empleo. Vayan ustedes estirando del hilo de las consecuencias y llegarán a una conclusión bastante obvia: en el momento en que una lengua minoritaria se declara oficial con el mismo rango que la común, se está poniendo la primera piedra de la obligación de que a la larga todos los ciudadanos la aprendan y conozcan. Es así de inevitable.

¿Y qué se podía haber hecho, según usted? ¿Es que los euskaldunes no tienen los mismos derechos lingüísticos que los castellanohablantes? ¿Es que vamos a discriminar entre lenguas en el plano legal? Pues sí, exactamente es lo que pienso que se debería haber hecho si se hubiera atendido a la realidad sociolingüística del país, en lugar de a la voluntad nacionalista de construir la nación soñada. Tratar desigualmente a los desiguales no es discriminación, sino justicia, lo dijo ya Aristóteles. Y tanto en España como en Euskadi se ha ignorado a la hora de definir la política lingüística el dato de hecho más relevante al efecto: que todos, absolutamente todos, poseíamos ya una lengua común. Es por eso, ante todo y sobre todo, por lo que la cuestión arranca de una defectuosa conceptualización de la realidad sociolingüística vasca (o española). En efecto, se ha descrito a esta sociedad como una en que existían dos lenguas y dos clases de hablantes, los euskaldunes y los castellanoparlantes. Con lo que parecía obligado, por mor de igualdad, concederles los mismos derechos y el mismo estatus legal. Pero esta era una mala definición y peor clasificación, porque ignoraba algo trascendental: que la lengua castellana era común a todos los vascos, que todos la dominan. De manera que la forma correcta de clasificar a la sociedad era la de monolingües y bilingües, pues ese es el divisor de los ciudadanos: todos hablan castellano y algunos, además, hablan euskera.

En una sociedad así, los derechos lingüísticos no pueden por definición ser los mismos para los monolingües y los bilingües. El valor esencial de la lengua como instrumento de comunicación está garantizado para todos por la común. Todos tienen las mismas opciones de acceso a los servicios y oportunidades vitales. El valor expresivo que la otra lengua tiene para algunos (los que no desean ‘cambiar’ su habla de una a otra cuando sea necesario) es legítimo y atendible, pero nunca puede estar al mismo nivel que el derecho de los otros a no invertir tiempo, esfuerzo y oportunidades en aprenderla. Un valor simbólico para unos no puede llegar a justificar una carga tan real y pesada para otros. Conclusión: que habrían de hacerse todos los esfuerzos que demande la sociedad para conservar el euskera salvo el de imponerlo a quienes no desean conocerlo y usarlo. ¡Es que entonces casi nadie lo estudiaría!, dirán muchos con indignación. Pues sí, precisamente.

Reconozco de buen grado que mis ideas pueden resultar ofensivas, descarnadas e incluso injuriosas para muchos. Hasta tal punto el pensamiento hegemónico nacionalista se ha adueñado del imaginario colectivo que ya casi nadie es capaz de asombrarse ante hechos tan pasmosos como el de que la lengua que todos hablamos, la que nos permite entendernos a los vascos entre nosotros mismos, la lengua común universal para todos los conciudadanos, sea considerada como una ‘lengua ajena’. Y que la vernácula, que sólo una minoría conoce, sea nuestra ‘lengua propia’. Tiempos vendrán en que los estudiosos se maravillarán ante tan insólito caso de hipnosis colectiva de toda una sociedad.

Mientras tanto, y siempre con la ley en la mano, proseguirá la política lingüística asimilacionista. Como ya ha sucedido en Cataluña, la lengua vernácula mejorará de estatus y de ‘cooficial’ pasará a ser ‘la de uso preferente’. Es predecible, por lo menos mientras dure el experimento. Pero, por favor, un poco de caridad: que se nos ahorre la ingenuidad impostada de algunos cuando fingen creer en el entusiasmo de las masas.

Madrid está en Euskadi

Por Joseba Arregi en El Mundo de 20 de mayo de 2008 (Leído en Reggio)

Tenemos de nuevo al lehendakari preparando un viaje. Uno de los muchos que está realizando en los últimos años. La mayoría, hacia los lugares en los que exite diáspora vasca: ciudadanos que, perfectamente integrados en sus lugares de acogida, siendo fervientes ciudadanos estadounidenses, venezolanos, mexicanos, o argentinos -y sin ninguna tentación de dejar de serlo- mantienen una idea romántica de su País Vasco de origen, un lugar idealizado como la infancia, y de la que se aprovecha Ibarretxe para rascar los votos que quizá le hicieran falta para aprobar su plan.

Pero también ha acudido a Madrid en sus viajes, y hoy vuelve a Madrid. A hablar con Zapatero, para que éste le dé la bendición para que se vaya, pero para que se vaya con buena conciencia, con todas las bendiciones necesarias para seguir manteniendo el mito de que lo que mejor caracteriza a un nacionalista es su derecho innato a la buena conciencia.

El lehendakari acude a Madrid como si de un lugar ajeno a Euskadi se tratara. Va en busca de reconocimiento, del reconocimiento que los extraños le deben a uno mismo, en busca del que los extraños deben a los lugareños. Los lugareños son los vascos -y vascas-, pertenecientes a un pueblo milenario que ha guardado su identidad durante todo ese tiempo sin cambios, y que ahora reclaman de quien en los últimos tiempos se ha atrevido a entrometerse indebidamente en ese permanecer idéntido en el tiempo el reconocimiento para que puedan seguir su camino de permanencia en lo mismo durante todo el futuro.

Madrid se ha convertido para los nacionalistas en la metáfora de lo extraño a Euskadi, del elemento extraño en su, por lo demás, homogéneo corpus lingüístico, cultural, identitario y social. Madrid es madrastra. Madrid es opresión. Madrid es inculturación. Madrid es la bota. Madrid supone subordinación inaceptable de Euskadi a algo extraño. Madrid es la metáfora del extrañamiento del pueblo vasco para consigo mismo, parábola de la alienación que sufre el pueblo vasco. Madrid es aquello de lo que se tiene que librar Euskadi para ser ella misma, en plenitud de autorreconocimiento.

Ibarretxe acude a Madrid para recibir permiso para librarse de Madrid. Para poder volver a casa en el sentido pleno de la palabra: no sólo realizando los kilómetros que separan a la capital española de Vitoria, sino recorriendo hacia atrás, pero proyectado al futuro, el camino hacia una situación en la que el pueblo vasco lo era sin interferencia extraña alguna, en plena autoconciencia y atuoposesión de sí mismo. La vuelta de Ibarretxe del viaje de Madrid de nuevo a Euskadi es la vuelta a Itaca de Ulises como representante del pueblo griego, una vuelta que implica la adquisición de autoconciencia del pueblo griego.

Ya es contradictorio que Ibarretxe tenga que viajar a Madrid para encontrar allí el reconocimiento de lo que el pueblo vasco es, como si éste no fuera capaz de su propia autoconciencia sin que se lo refrende el extraño de los extraños, Madrid. Es como si el Athleti de Bilbao no adquiriera conciencia de su vasquidad plena si no gana la Liga española o la Copa del Rey.

Pero en realidad, Ibarretxe se podría quedar en casa. No necesitaría de tanto viaje. Lo que él considera extraño lo tiene en casa. Madrid está más cerca, lo tiene más cerca de lo que cree. Madrid está en Vitoria, está en Laguardia, está en Llodio, está en Bilbao, está en Guecho, está en Durango, está en San Sebastián, está en Lasarte, en Irún o en Pasajes. No hay sociedad vasca, no hay Euskadi sin Madrid, sin lo que para los nacionalistas representa Madrid: lo distinto al nacionalismo, lo distinto a la visión que los nacionalistas se hacen de Euskadi. No hay Euskadi sin Madrid -es decir, no hay Euskadi sin España-. Porque Madrid, y/o España, no son exteriores a la sociedad vasca, como no lo han sido en los muchos y largos últimos siglos.

Madrid y España están en Euskadi en la medida en que muchos ciudadanos vascos se sienten al mismo tiempo vascos y españoles. Madrid y España están en Euskadi en la medida en que muchos ciudadanos vascos hablan normalmente en español. Madrid y España están en Euskadi, son también Euskadi, en la medida en que más o menos la mitad de los ciudadanos vascos en las condiciones actuales -condiciones de miedo, de amenaza terrorista por quienes consideran España como la gran enemiga del pueblo vasco, condiciones de control extenso e intenso de los resortes sociales, políticos, laborales, financieros y culturales de la sociedad vasca por parte del nacionalismo imperante- son no nacionalistas, y no tienen ninguna voluntad de autolesionarse, de autodividirse, de proceder a una imposible purificación química de su compleja identidad.

Los viajes de Ibarretxe son huidas: huye de la realidad de la sociedad vasca, busca en interlocutores adecuados o imposibles lo que nunca obtendrá de la sociedad vasca en su conjunto, la renuncia a su complejidad, a su pluralismo, a su propia tradición, que no es una tradición de homogeneidad y soberanía, sino una tradición de doble lealtad, de doble patriotismo, de colaboración y de participación en ámbitos más amplios que Araba (Alava), Bizkaia (Vizcaya) y Gipuzkoa (Guipúzcoa).

La solución la tiene más cerca: en el pacto estatutario, en ese espíritu que propició el acuerdo del Estatuto de Guernica gracias al que el pueblo vasco como tal accedió a ser sujeto político unitario: unitario en la medida en que participa en el Estado español más amplio. Si no participa no es más sujeto, no llega ni siquiera a ser sujeto de nada. Porque no debiera olvidar Ibarretxe, tan dado él a recurrir a la Historia, que el pueblo vasco sólo ha estado unido como sujeto político en los dos momentos estatutarios, es decir, en los dos momentos de pacto consigo mismo: en 1936, cuando pactaron Aguirre y Prieto, y en 1979, cuando pactaron todos los partidos vascos menos AP, y con la enemiga violenta de ETA, siendo Juan Echeverría, de UCD, el encargado de llevar el pacto a Madrid, a depositarlo en el Congreso para su trámite parlamentario.

Ibarretxe se ha instalado en el centro de un torbellino que lo está consumiendo, a él y a su partido, amenazando con consumir, o al menos esterilizar, al conjunto de la sociedad vasca. Y sus muchos viajes, sus idas y venidas no son más que camuflaje de ese movimiento a toda velocidad en torno al núcleo absorbente del torbellino. La única forma que tiene de salir de esa espiral destructiva es reconociendo que fuera del torbellino de su propia argumentación autista existe una realidad, histórica, social, cultural, lingüística y política que le indica que Euskadi o es pactada internamente, o deja de existir. Y de esa alternativa no le puede sacar ningún personaje del -supuesto- exterior.

Euskadi es mucho más compleja de lo que permite el imaginario nacionalista. La sociedad vasca es mucho más rica, plural y mestiza de lo que se imagina Ibarretxe. La historia vasca es mucho más multidimensional de lo que pretende la interpretación histórica del nacionalismo y la idea simple que de la misma tiene Ibarretxe. Y a esa historia pertenencen, además, instituidos como víctimas asesinadas en nombre de un proyecto nacionalista por ETA, ciudadanos que han pasado a ser ciudadanos ejemplares por haber sido asesinados por el nacionalismo radical por ser obstáculos en el camino a un ideal de unidad, de homogeneidad, de pureza, de no mezcla, de autoafirmación simple. Son impedimentos que hacen imposible, ética y políticamente, el sueño absurdo de Ibarretxe.

Yo tampoco

Por Joseba Arregi en El Correo de 20 de mayo de 2008

El lehendakari Ibarretxe ha vuelto a pronunciar una de sus frases famosas, ha vuelto a repetir el lema fundamental de su tiempo como gobernante: 'No vamos a parar'. Se le ha llamado insistencialismo. Es una frase que viene pronunciada siempre en primera persona del plural. Descartado el plural mayestático que usa, por ejemplo, el Papa cuando dice 'nos', esa primera persona del plural de Ibarretxe implica que coinciden el yo del lehendakari con el yo colectivo de su partido, más el yo colectivo del pueblo vasco.

No soy nadie yo, como firmante de estas reflexiones, para poner en cuestión lo que constituye el yo del lehendakari. Puedo tener mis ideas explicativas respecto a su comportamiento, pero no hacen al caso. Tampoco soy nadie para referirme al yo colectivo de los miembros de su partido, del que me alejé por las razones que constituyen el núcleo de su mensaje desde hace algunos años. A pesar de todo, me permito dudar de que ese yo colectivo sea tan cerrado y sin fisuras.

Pero lo que sí reclamo es la posibilidad de poder declinar de otra forma el yo colectivo del pueblo vasco. Porque yo tampoco voy a parar. En singular. Sin saber si a ese singular le corresponde algún plural y si pudieran ser pocos o muchos quienes constituyeran ese plural. Pero yo tampoco voy a parar. No voy a parar en considerarme ciudadano. En pensar que ni el lehendakari me puede expulsar de un pueblo vasco constituido por ciudadanos. Porque yo no voy a parar en defender principios distintos a los del 'nos' del lehendakari, no voy a parar en mantener y desarrollar una visión de Euskadi distinta de la suya, una forma distinta de la suya de entender la sociedad vasca, una forma bien distinta de la suya de entender el pueblo vasco.

Sobre todo porque no voy a parar de defender la libertad ciudadana, la libertad de no sentirme incluido en ese pueblo vasco capitidisminuido que dice defender el lehendakari, no voy a parar de defender la libertad de identidad como traducción actual de la libertad religiosa. No voy a parar de defender la libertad de ser distinto, no respecto a algo exterior, no distinto a lo español -pues ello me obligaría a ser distinto respecto a un elemento constitutivo de la sociedad vasca, a jibarizarla-, sino respecto a quienes quieren imponerme una visión reduccionista de la sociedad vasca.

Y no voy a parar porque no me rindo. No me resigno a que la política vasca, el futuro de la sociedad vasca quede encerrada en el horizonte limitado de pensamiento que le ha quedado a determinado nacionalismo por no haber sabido digerir el fracaso de sus apuestas infantiles. Porque no me resigno a que el horizonte de lo pensable políticamente quede limitado a lo que el nacionalismo actual necesita para salir de un atolladero en el que se ha metido él solo.

No voy a parar -ya sé que poco puede un ciudadano contra la maquinaria institucional, contra la maquinaria partidaria y la maquinaria comunicativa pública a su servicio con la que puede contar el lehendakari- de pensar y de decir en público que no podemos seguir sometidos a la idea de que basta querer para que todo lo que se quiera sea posible. Uno está harto de escuchar que todo es cuestión de voluntad, especialmente de voluntad política: si se quiere, todo se puede cambiar, todo se puede conseguir, el cambio de marco, el cambio constitucional, decir no al Estado y decirle sí al mismo tiempo, reclamar la definición política de la sociedad vasca exclusivamente para los nacionalistas y al mismo tiempo afirmar que se quiere respetar el pluralismo y la complejidad de la sociedad vasca.

No se puede parar uno porque este tipo de omnipotencia laica, después de haber expulsado a los dioses fuera del espacio público, es peor que cualquier teocracia confesada. No puede parar uno porque ya está bien de que algunos jueguen a pequeños dioses a quienes les está permitido todo, pensar lo uno y su contrario, afirmar lo uno y su contrario, creerse con capacidad de superar todas las contradicciones. No puede uno parar porque es enfermizo tener que vivir bajo la creencia de que los nacionalistas actuales pueden conseguir lo que quieran con la bendición de quienes no son nacionalistas, porque son tan buenos ellos que la consecución de su fin será capaz de hacer felices incluso a los no nacionalistas.

No puede seguir la sociedad vasca sometida a la mentira y a la falacia de la omnipotencia laica del pensamiento nacionalista actual. No puede seguir la sociedad vasca permitiendo que su nombre sea tomado en vano. Y el lehendakari Ibarretxe toma el nombre de la sociedad -pueblo le llama siempre él- en vano cuando dice que lo que él reclama es que ese pueblo -la sociedad en términos democráticos- pueda decidir su futuro. Pero en realidad está reclamando que se convoque un referéndum en el que participan todos los ciudadanos vascos para ver quién es más grande y más fuerte, o el nacioalismo o el no nacionalismo. Y el que gane 'takes it all', se lleva todo, es decir, el derecho a decidir en solitario, sin los demás miembros de la sociedad vasca, el futuro del conjunto de la sociedad vasca. El tocomocho es más refinado que esta trampa y este engaño.

Las instituciones democráticas, los representantes institucionales, antes que nadie el propio lehendakari, debieran hacer pedagogía política: ninguna sociedad se define en términos democráticos desde la mayoría. Siempre el marco de convivencia se basa en acuerdos amplios entre diferentes concepciones de la sociedad en cuestión. Y una vez acordado el marco es cuando entra a funcionar el principio de mayoría. Entre el imposible de la voluntad general de Rousseau, construcción metafísica fuente de dictaduras, y la decisión por mayoría está el acuerdo entre diferentes como base para la definición política de una sociedad, especialmente cuando de sociedades complejas y no homogéneas se trata.

No es cuestión de miedo a la pregunta. Miedo a la pregunta la tiene aquél que permanentemente la adoba con la necesidad de la misma para conseguir la paz. Uno no puede parar, porque ya está más que harto y aburrido de este juego pornográfico entre la fórmula recetaria y cuasimilagrosa de la capacidad de decisión de los vascos y la desaparición de ETA. No debiera hacer falta ningún referéndum para aprobar no se sabe bien qué propuesta ética de rechazo a la violencia. Llega muy tarde alguno a ese rechazo, y quienes aún no han llegado deben ser apartados radicalmente, y sin recursos a la ética, del campo común de la democracia que exige -y es sobre todo y primariamente una exigencia de política democrática- la renuncia y la condena de la violencia ilegítima.

Y tampoco hace falta ningún referéndum para que los partidos vascos, los representantes de distintas formas de ver, entender, vivir e imaginarse lo que significa ser vasco, se pongan de acuerdo -recordando que ya se pusieron una vez de acuerdo, y aquel acuerdo sirvió para que hoy los nacionalistas se puedan llenar la boca de todo lo que la sociedad vasca ha conseguido-. Si el lehendakari, su partido, entienden que el pueblo vasco está subordinado a España, es porque piensan que todo lo que vincula a la sociedad vasca con España no son más que numerosos ciudadanos vascos, es que pretenden un pueblo sin esos ciudadanos, o con esos ciudadanos sometidos a la voluntad exclusivamente nacionalista.

Uno no puede parar porque está cansado de que el conjunto de la sociedad vasca esté atrapado involuntariamente en este viaje de los nacionalistas actuales hacia sí mismos, sometidos a ese ejercicio de autismo estéril, falsificador de la realidad, proclamando lengua principal a la minoritaria, llegando a exigir que los exámenes para Osakidetza se lleven a cabo en euskera, examen que, por cuestiones de lengua, dejaría a muchos miembros del propio Gobierno vasco fuera de sus puestos.

Yo no voy a parar, porque no necesito que nadie me reconozca mi identidad euskaldun, que como tal es parcial, porque convive en mí mismo perfectamente con mi identidad española, con mi identidad europea al participar también en identidades como la alemana, la francesa o la británica, por no hablar de la identidad grecorromana y hebrea. Yo no voy a parar porque no quiero que me reduzcan, que me jibaricen, que me impidan pensar la nación vasca como aquélla que es capaz de hacer sitio a los ciudadanos vascos reales, plurales y complejos cada uno en sí mismo, porque la otra, la que para ser pensada necesita renunciar a la mitad de los ciudadanos, no me interesa para nada.

Soy uno, un ciudadano, constituido por derechos y libertades, por su pertenencia a un Estado que no se reduce a una cultura y a una lengua, que no me impone una identidad, que me permite sentirme e identificarme como quiera, porque lo importante son las libertades y los derechos que como sujeto político tengo garantizados. Para reconocer todo esto el lehendakari no tiene que viajar a Madrid, a la capital del Estado, a entrevistarse con Zapatero. Basta con que mire en derredor suyo y viaje a la realidad de la sociedad vasca. Lo demás es en balde.