Balance

Por Fernando Savater en El País de 5 de septiembre de 2008

Recuerdan la anécdota del orador que se levanta para pronunciar su alocución tras el banquete y pregunta a un comensal remoto: "Usted, allí al fondo, ¿me escucha bien?". Y el otro responde: "Perfectamente, pero voy a cambiarme con aquel señor, porque parece que allí ya no se oye". También yo he estado esperando hasta que han respondido al Manifiesto por la Lengua Común incluso los que se sentaban voluntariamente allí donde es imposible escuchar lo que dice. Pensando a veces, con cierto desaliento, que es una seria objeción contra la existencia de la lengua común el que muchos que parecen comprenderla malinterpreten tan patentemente un texto sencillo como ése. Pero en todo caso me parece una obligación de cortesía intentar finalmente hacer balance y responder a quienes se han molestado en hacer objeciones inteligibles a esa propuesta. Desde luego, sólo voy a tomar en cuenta las de cierto calado, que no han sido las más numerosas. En cuanto a las demás... bueno, a pesar de la artritis estoy dispuesto a agacharme ocasionalmente un poco para quedar a la altura de ciertos argumentos y seguir la discusión, pero no pienso ponerme a cuatro patas, como se requeriría para responder a otros. Asumo mis limitaciones por arriba... y por abajo.

Tampoco me detendré en algunos reproches que considero desenfocados. Por ejemplo, los de quienes han insistido en recordar que la lengua castellana -pujante y cada vez más extendida por el planeta- no necesita defensa ninguna. El Manifiesto confirma ese punto desde su primer párrafo y evidentemente trata de otra cosa, por lo que sólo puedo rogar a los obstinados que se molesten en leer al menos sus cinco primeras líneas. Por cierto, es curioso que en el pasado mes de julio -cuando día sí y día no se nos recordaba en todos los medios de comunicación la invulnerabilidad del castellano- la Junta de Castilla-La Mancha y la Fundación Santillana otorgasen un merecido premio a Carlos Fuentes y a Lula de Silva, "por su defensa del idioma español", según dijo la prensa. Esperé sobrecogido una lluvia de protestas o la universal rechifla ante tarea tan superflua, pero nadie dijo ni pío: por lo visto, entonces no tocaba. Otros han expresado su recelo ante el apoyo que mostraron al manifiesto ciertos medios de comunicación y personas conocidas que no les parecen con suficiente garantía de salubridad progresista: por lo visto, para ellos todo lo que no se promueve desde la izquierda oficial está políticamente "manipulado", pecado grande. Reconozco ser poco sensible ante esta grave imputación. Es la costumbre: si los movimientos cívicos más activos del País Vasco, en los que he militado, hubiésemos esperado el apoyo o tan siquiera el permiso de los medios de comunicación y los intelectuales llamados "progresistas" para ponernos en marcha, todavía estaríamos en vísperas de salir por primera vez a la calle... Aún peor: si hubiéramos escuchado luego a bastantes de ellos, aún estaríamos dándonos golpes de pecho por haber salido. De modo que miren: no.

Pero pasemos a las objeciones que merecen mayor atención. Una de las más frecuentes asegura que en cualquiera de las autonomías bilingües sigue siendo el castellano la lengua mayoritariamente utilizada por los hablantes. Personalmente no lo dudo, pero... ¿es esto un pecado? ¿Es una injusticia que debe ser corregida o una enfermedad que ha de ser curada? Por razones históricas y culturales, el castellano no sólo es la lengua común de España, así establecida constitucionalmente, sino también uno de los idiomas internacionales de mayor peso presente y futuro. Ofrece ventajas evidentes respecto a otras a los empresarios y comerciantes, a los viajeros y a quienes buscan bibliografía. Los medios de comunicación de masas suelen preferirla por razones de eficacia económica: hay inmersión lingüística en la escuela, pero no en la prensa, y La Vanguardia sigue publicándose en castellano. Se trata de una primacía práctica perfectamente razonable, no de un monopolio dictatorial: las otras lenguas oficiales siguen teniendo su debido reconocimiento y su viabilidad a todos los niveles en las áreas regionales que les corresponden. Lo que resultaría un poco raro es llamar "normalización" al empeño de corregir por las bravas, a base de prohibiciones e imposiciones, esta preferencia de tantos hablantes, bilingües o no... como si se tratase de un atropello. Puede que no haya un precepto constitucional que establezca que cada cual pueda ser educado en la lengua que prefiera -es lo que el Manifiesto propone corregir-, pero aún menos en ninguna parte de la Constitución se dice que en las comunidades bilingües la lengua co-oficial deba alcanzar forzosamente un uso igual o mayor que el castellano.

Otros de nuestros críticos (por ejemplo, el propio ex presidente Pujol, en una entrevista reciente) nos recuerdan que los niños en Cataluña conocen perfectamente el castellano, aunque estudien en catalán. Incluso podríamos añadir que en los exámenes para determinar los resultados del informe PISA, los estudiantes vascos -aunque estudien en euskera- hacen las pruebas en castellano para mejorar sus resultados. Pero nada de esto tiene que ver con el fondo del asunto. No se trata de que los niños (o los ciudadanos adultos, tanto da) sepan o no castellano: lo aprenderán sin duda de un modo u otro, como terminarán adquiriendo nociones de inglés a través de las letras de sus grupos preferidos de rock, porque se trata de idiomas de comunicación internacional cuya pujanza no podrá ser cortocircuitada por ninguna burocracia etnicista local. Pero no es lo mismo conocer una lengua de modo más o menos sobrevenido que estudiar en ella y aprovechar todos sus recursos expresivos o bibliográficos, así como utilizarla habitualmente para recibir información de las autoridades o comunicarse institucionalmente. Y lo más importante, está en juego el derecho a poder utilizar siempre que uno lo desee la lengua oficial del país del que somos ciudadanos, aun allí dónde coexiste con otras regionales. Invocar este derecho no es una reminiscencia franquista, salvo para quienes han olvidado lo que estipulaba la Constitución republicana de 1931 en su artículo 4 (bastante más perentoria y nítida al respecto que la actual). Por cierto, cuando uno ve los obtusos y sectarios que son respecto al presente ciertos adalides de la memoria histórica, entran dudas respecto a la exactitud de la visión del pasado que tratan de oficializar.

¡Ah, pero hablar de derechos lingüísticos es embrollar las cosas, según dicen algunos sabios del establishment! ¡La "demagogia de los derechos" no soluciona nada! Es mejor resolver esos temas por medio de acuerdos consuetudinarios y confiar en el sentido común. Dejemos a un lado los derechos y volvamos a los apaños: insólito consejo, por cierto, para venir de profesionales de la filosofía política... Sin embargo, perdón por la insistencia: ¿hay algún otro país en la CE -dejemos a un lado la nada envidiable Bélgica- en que los ciudadanos se vean impedidos para usar normal y culturalmente la lengua mayoritaria en determinadas regiones de su territorio? ¿no es lógico que entonces invoquen su derecho a algo tan elemental, sean cuales fueren las "costumbres" que otros tratan de imponerles?

Con todo, hay algo de verdad en la teoría de los "apaños": es cierto que en las comunidades bilingües los ciudadanos conviven y se entienden con pocos roces en las lenguas co-oficiales. Los problemas vienen cuando allí se legisla de tal modo que esa armonía se rompa para obstaculizar institucionalmente el derecho a usar una de ellas. Porque el busilis de la cuestión no es el bilingüismo, desde luego, sino el biestatismo que los nacionalistas pretenden imponer en sus autonomías. Es decir, que haya dos Estados superpuestos, el local que ellos controlan más y más, junto al general que soportan y al que sólo acuden cuando esperan beneficios. En tal empeño biestatal, la marginación de todo elemento común con el resto del país -empezando por la lengua- es una herramienta esencial. Como esencial resulta para quienes pensamos de otro modo oponernos a tal tendencia y denunciarla. Se trata, en efecto, de una cuestión política, como con rara clarividencia han señalado algunos de nuestros críticos...