Por José Jiménez Villarejo en El País de 29 de noviembre de 2007
La sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la causa incoada por el salvaje crimen del 11-M ha sido ejemplar desde más de un punto de vista, por lo que la reacción que merece no es sólo la del simple acatamiento. Hay que felicitarse además por su pronunciamiento. Ante todo, por el hecho de que ha resuelto en un plazo razonable un caso de extraordinaria complejidad de cuya solución estaban pendientes todos los ciudadanos y especialmente las víctimas del atentado. En segundo lugar, porque ha puesto fin a un largo período de incertidumbre artificialmente creado pero no por ello menos socialmente intolerable. Y también porque los magistrados que la han dictado han venido a demostrar que, entre nosotros, la independencia judicial puede resistir las presiones que es capaz de ejercer, directa o indirectamente, un juicio paralelo.
En este caso un juicio paralelo, elaborado en algunos medios de comunicación y asumido por significados líderes del primer partido de la oposición, pretendió sin éxito durante más de tres años orientar interesadamente la investigación de los hechos en una dirección distinta de la que seguían, con absoluta objetividad, el juez instructor de la causa, el Ministerio Fiscal y la Policía Judicial.
En la fase plenaria del proceso esta anómala actuación dejó de ser paralela y se introdujo en los debates del juicio oral mediante ciertas acusaciones populares -que en ese momento desvelaron cuál era la verdadera finalidad de su presencia en el proceso- y defensas que cedieron a la tentación de poner al servicio de sus intereses la confusión que aquellas sedicentes acusaciones intentaron crear. Se produjo así una situación que obligó al Tribunal a desmontar en la sentencia las más llamativas falsedades de las historias confeccionadas al margen y en contra de la instrucción sumarial. Y de ese modo, ejerciendo su potestad jurisdiccional con la exclusividad que le otorga el art. 117.3 de la Constitución, el Tribunal ha puesto de manifiesto, para tranquilidad de los ciudadanos, que la independencia judicial es posible. Creo que ésta es una de las más importantes lecciones que cabe extraer de la sentencia del 11-M.
Sin duda, algún que otro aspecto de la sentencia puede ser discutible y será discutido ante el Tribunal Supremo puesto que el fiscal y otras partes han anunciado su propósito de interponer contra ella recurso de casación. Hay un punto, sin embargo, que me parece difícil pueda ser objeto de discusión y rectificación; me refiero a la declaración de hechos probados. Esta declaración es el fruto de la valoración de la prueba realizada por el Tribunal que presencia su práctica, valoración que ha de ser respetada por el Tribunal de casación si el primero la razona y su razonamiento se atiene a las reglas de la lógica y la expe-
riencia. Como la Audiencia Nacional ha razonado minuciosa e impecablemente la convicción a que ha llegado sobre los hechos tras el análisis de la prueba, es muy remota la posibilidad de que esa convicción sea sustituida por otra como resultado de las alegaciones que se hagan en el recurso de casación. Significa esto que el hecho probado que figura en la sentencia debe poner fin, ya desde ahora, a las dudas suscitadas en torno a la génesis y ejecución del atentado y producir, en consecuencia, el efecto pacificador que es propio de toda resolución judicial fundada en derecho.
A primera vista, la pacificación no parece muy segura en estos momentos porque algunos -naturalmente los que impulsaron o apoyaron el juicio paralelo- han decidido que la sentencia no cierra el conflicto porque, según dicen, no resuelve el problema de la "autoría intelectual" al haber quedado absueltos, por aplicación del principio de presunción de inocencia, los dos procesados a los que se acusaba de ser inductores del atentado. Pero como esto no es más que la expresión de un deseo frustrado, hay que confiar en que los ciudadanos de este país -los de buena fe que son la mayoría- reconozcan pronto en la sentencia la respuesta justa y equilibrada tanto a la atrocidad del atentado como a los bulos que siguieron a su comisión. Ayudará a lograrlo, en todo caso, una breve reflexión sobre extremos ya señalados en estos días que yo me limito a recordar.
1. La categoría de responsables de un delito a que se alude con la expresión "autores intelectuales" no existe en nuestro Derecho Penal. Según el art. 28 del Código Penal "son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento", y son considerados autores "los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo" y "los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado". Estos son los términos que utiliza la ley para definir, clara y precisamente, las distintas clases de autoría. Intentar sustituirlos por otros puramente retóricos, por ejemplo, hablar de "autoría intelectual" en lugar de inducción, sólo sirve para que el discurso pierda rigor jurídico.
2. La sistemática contraposición, en un lenguaje fletado ad hoc, entre autores materiales e intelectuales puede hacer creer a las personas con escasa experiencia en la práctica de la justicia penal que es constante la presencia de inductores en los delitos que se cometen y que por ello una sentencia en que estos no son condenados es en cierto modo incompleta. Lo habitual es justamente lo contrario. En la generalidad de los casos la idea criminal nace en quienes finalmente la ejecutan. Y esto es particularmente visible en los pequeños grupos terroristas, muy cohesionados por un fanatismo compartido, cuyos miembros no necesitan que desde el exterior se les instigue a cometer los hechos que constituyen precisamente la razón de ser del propio grupo.
3. Cuando un Tribunal penal declara que ha quedado probada la intervención en los hechos que juzga, como autores materiales o ejecutores, de unos determinados acusados y que, por el contrario, no se ha considerado suficientemente acreditado que otros, igualmente acusados, indujesen a aquéllos a realizarlos, no deja abierta y sin resolver cuestión alguna relacionada con la posible existencia de inductores. Con la declaración probada los jueces cierran definitivamente el debate sobre los hechos y las personas que en ellos participaron, sin que en adelante sean ya constitucionalmente legítimas elucubraciones no acogidas en el pronunciamiento judicial.
4. Con independencia de lo dicho en el apartado anterior, en la declaración de hechos probados de la sentencia del 11-M y en el análisis de la prueba que la precede hay elementos más que suficientes para que cualquier lector libre de prejuicios llegue a la conclusión de que los ejecutores del atentado estaban, desde el primer momento, absolutamente decididos a cometerlo, contaban con los medios personales y técnicos necesarios para ello y no recibieron más impulso para llevarlo a cabo que el que eventualmente pudiera derivarse de sus contactos con otros grupos terroristas del mismo signo ideológico, esto es, del islamismo radical.
A la luz de estas consideraciones, parece que el buen sentido debe hacernos confiar en un rápido cierre del conflicto que algunos desencadenaron. Seguirán alentándolo seguramente los profesionales de la mentira pero, eso sí, enfrentados a una sentencia pacificadora.
jueves, 29 de noviembre de 2007
miércoles, 28 de noviembre de 2007
Igualdad ciudadana y federalismo
De José María Ruiz Soroa en El País de 28 de noviembre de 2007
Las primeras palabras de la Constitución española, las que condensan lo que se ha llamado gráficamente "su fórmula", son que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho". Nuestro Estado de derecho no es el propio del liberalismo del siglo XIX, en el que la igualdad y la libertad tenían sólo un contenido negativo, de simple defensa ante el poder. No es ya así, sino que nuestro Estado de derecho se predica social y democrático, de forma que la libertad e igualdad deben ser reales y efectivas, y los poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (artículo 9). Por eso, afirmar como hace el profesor Sánchez Cuenca que el Estado de derecho "es neutral o indiferente en cuanto a la organización territorial del poder" constituye un serio dislate. El Estado autonómico no está al margen del Estado social de derecho, sino a su servicio: el autogobierno es instrumental respecto al principio estructural de ciudadanía igual de todos los españoles, y nadie puede discutir hoy en día que la ciudadanía se construye con derechos no sólo defensivos sino también prestacionales.
Cuando el artículo 149-1-1º de la propia Constitución proclama que el Estado debe velar por el establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales está precisamente recogiendo ese carácter totalizador del Estado social de derecho. Y esa igualdad de derechos y deberes no se circunscribe a los derechos fundamentales, como afirma el profesor Sánchez Cuenca, sino que alcanza a todos los derechos y deberes constitucionales, concepto mucho más amplio que el anterior y que incluye todos los derechos recogidos en la Constitución, incluso los prestacionales, como el derecho a la salud o a la vivienda (Juan José Solozábal). Tal como el Tribunal Constitucional ha establecido (sentencia 37/87), debe existir una igualdad sustancial o básica del estatus de ciudadanía en todas las autonomías (un mínimo común), sin perjuicio de la diferencia autonómica de regulación. Igualdad no es homogeneidad.
Lo que en realidad sucede es que todo Estado federal, y el nuestro responde a esa inspiración, combina dos principios dispares: los de igualdad y diferencia. La igualdad remite al estatus básico de la ciudadanía, que no puede depender de su ubicación territorial: por eso, precisamente, somos un Estado de ciudadanos libres e iguales y no una serie de Estados diversos. La diferencia exige respetar la autonomía de cada Estado para regular su heterogeneidad. Si sólo primara la igualdad sería más lógico un Estado centralizado y homogéneo. Si sólo la diferencia, lo sería separar a los diversos Estados como entes independientes. La conjunción de ambos principios en una tensión fructífera es la clave del éxito del modelo federal. Pero no olvidando nunca que ninguno de ambos principios puede maximizarse ilimitadamente sin merma del otro.
Hoy asistimos en España a una magnificación unilateral y excesiva del principio de diferencia, que ha llegado a poner en riesgo en algunos aspectos al principio de libertad igual de los ciudadanos. Por ejemplo, determinadas políticas asimilacionistas en lo cultural están socavando la efectividad del principio de libertad de identidad en algunas comunidades, de manera que los ciudadanos no pueden desarrollar libremente su personalidad (artículo 10 CE) sino que están sometidos al dirigismo público. Véase como botón de muestra el estridente artículo 10 del Estatuto de Andalucía recientemente aprobado, que declara que es objetivo básico del Gobierno andaluz nada menos que "el afianzamiento de la conciencia de identidad andaluza"; objetivo que, dado que esa conciencia tiene su sitio ontológico en las neuronas del cerebro de los ciudadanos, autoriza al poder a una descarada intervención en el coto vedado de la libertad de personalidad de cada uno. Y lo que Andalucía declara pomposamente como una alharaca, otros lo practican en serio.
Igualmente, está sucediendo que los resultados reales de determinadas expresiones de la diferencia territorial, como es el caso del régimen de Concierto Económico vasco y navarro, están produciendo una disparidad inadmisible en el deber igual de soportar las cargas comunes y, en definitiva, creando privilegios fiscales para ciertos ciudadanos que exceden de lo admisible en un Estado federal. Como quien esto subscribe es vasco, no le duelen prendas en reconocerlo así: una cosa es el régimen mismo de Concierto como sistema de financiación y autogobierno fiscal, y otra muy distinta el resultado real que está generando.
No resulta extraño, por ello, que algunos ciudadanos salten a la arena pública para recordar que el principio de igualdad es tan consustancial al Estado federal como el de diferencia. Sus propuestas nos gustarán más o menos, estarán probablemente escoradas por el déficit que denuncian, pero nunca podremos afirmar con seriedad que se fundamentan en principios inexistentes: la igual libertad de los ciudadanos es el rasgo esencial de nuestro Estado social y democrático de Derecho.
Las primeras palabras de la Constitución española, las que condensan lo que se ha llamado gráficamente "su fórmula", son que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho". Nuestro Estado de derecho no es el propio del liberalismo del siglo XIX, en el que la igualdad y la libertad tenían sólo un contenido negativo, de simple defensa ante el poder. No es ya así, sino que nuestro Estado de derecho se predica social y democrático, de forma que la libertad e igualdad deben ser reales y efectivas, y los poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (artículo 9). Por eso, afirmar como hace el profesor Sánchez Cuenca que el Estado de derecho "es neutral o indiferente en cuanto a la organización territorial del poder" constituye un serio dislate. El Estado autonómico no está al margen del Estado social de derecho, sino a su servicio: el autogobierno es instrumental respecto al principio estructural de ciudadanía igual de todos los españoles, y nadie puede discutir hoy en día que la ciudadanía se construye con derechos no sólo defensivos sino también prestacionales.
Cuando el artículo 149-1-1º de la propia Constitución proclama que el Estado debe velar por el establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales está precisamente recogiendo ese carácter totalizador del Estado social de derecho. Y esa igualdad de derechos y deberes no se circunscribe a los derechos fundamentales, como afirma el profesor Sánchez Cuenca, sino que alcanza a todos los derechos y deberes constitucionales, concepto mucho más amplio que el anterior y que incluye todos los derechos recogidos en la Constitución, incluso los prestacionales, como el derecho a la salud o a la vivienda (Juan José Solozábal). Tal como el Tribunal Constitucional ha establecido (sentencia 37/87), debe existir una igualdad sustancial o básica del estatus de ciudadanía en todas las autonomías (un mínimo común), sin perjuicio de la diferencia autonómica de regulación. Igualdad no es homogeneidad.
Lo que en realidad sucede es que todo Estado federal, y el nuestro responde a esa inspiración, combina dos principios dispares: los de igualdad y diferencia. La igualdad remite al estatus básico de la ciudadanía, que no puede depender de su ubicación territorial: por eso, precisamente, somos un Estado de ciudadanos libres e iguales y no una serie de Estados diversos. La diferencia exige respetar la autonomía de cada Estado para regular su heterogeneidad. Si sólo primara la igualdad sería más lógico un Estado centralizado y homogéneo. Si sólo la diferencia, lo sería separar a los diversos Estados como entes independientes. La conjunción de ambos principios en una tensión fructífera es la clave del éxito del modelo federal. Pero no olvidando nunca que ninguno de ambos principios puede maximizarse ilimitadamente sin merma del otro.
Hoy asistimos en España a una magnificación unilateral y excesiva del principio de diferencia, que ha llegado a poner en riesgo en algunos aspectos al principio de libertad igual de los ciudadanos. Por ejemplo, determinadas políticas asimilacionistas en lo cultural están socavando la efectividad del principio de libertad de identidad en algunas comunidades, de manera que los ciudadanos no pueden desarrollar libremente su personalidad (artículo 10 CE) sino que están sometidos al dirigismo público. Véase como botón de muestra el estridente artículo 10 del Estatuto de Andalucía recientemente aprobado, que declara que es objetivo básico del Gobierno andaluz nada menos que "el afianzamiento de la conciencia de identidad andaluza"; objetivo que, dado que esa conciencia tiene su sitio ontológico en las neuronas del cerebro de los ciudadanos, autoriza al poder a una descarada intervención en el coto vedado de la libertad de personalidad de cada uno. Y lo que Andalucía declara pomposamente como una alharaca, otros lo practican en serio.
Igualmente, está sucediendo que los resultados reales de determinadas expresiones de la diferencia territorial, como es el caso del régimen de Concierto Económico vasco y navarro, están produciendo una disparidad inadmisible en el deber igual de soportar las cargas comunes y, en definitiva, creando privilegios fiscales para ciertos ciudadanos que exceden de lo admisible en un Estado federal. Como quien esto subscribe es vasco, no le duelen prendas en reconocerlo así: una cosa es el régimen mismo de Concierto como sistema de financiación y autogobierno fiscal, y otra muy distinta el resultado real que está generando.
No resulta extraño, por ello, que algunos ciudadanos salten a la arena pública para recordar que el principio de igualdad es tan consustancial al Estado federal como el de diferencia. Sus propuestas nos gustarán más o menos, estarán probablemente escoradas por el déficit que denuncian, pero nunca podremos afirmar con seriedad que se fundamentan en principios inexistentes: la igual libertad de los ciudadanos es el rasgo esencial de nuestro Estado social y democrático de Derecho.
martes, 27 de noviembre de 2007
Una salida al «bloqueo» del Tribunal Constitucional
Por Andrés de la Oliva Santos, en el ABC de 26 de noviembre de 2007 (Leído en la página de ¡Basta ya!)
NI siquiera con el máximo talento pedagógico cabe describir con detalle el embrollo actual del Tribunal Constitucional sin causar al lector serias molestias psíquicas. Una descripción indolora sería errónea y defectuosa, como es erróneo y defectuoso todo tratamiento de un asunto complejo que elimine esa complejidad. Así pues, voy a exponer en síntesis la situación de parálisis o «bloqueo» parcial en que se encuentra el TC, eludiendo el relato pormenorizado de lo que ha conducido a esa situación. Y avanzaré rápidamente hacia las conclusiones.
Aparcada, por motivos que desconozco, la deliberación y fallo sobre los recursos de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de Cataluña, el TC está paralizado en lo relativo al recurso de inconstitucionalidad de una ley que reforma la Ley Orgánica del propio TC (LOTC), la L.O. 6/2007, de 24 de mayo.
El Pleno del TC, compuesto por doce magistrados, ha de resolver sobre dos escritos, uno, presentado por el Gobierno, que recusa a dos magistrados y otro, posterior, del PP, que recusa a otros tres distintos magistrados. En total, cinco recusados. A los doce miembros del TC hay que restarles dos (la actual presidenta y el actual vicepresidente, que tomaron la iniciativa de abstenerse, por entender que la cuestionada reforma de la LOTC les afectaba personalmente). Pues bien: si a diez magistrados se le restan cinco, quedan sólo otros cinco y resulta que, conforme a la LOTC (art. 14), deben ser ocho los magistrados reunidos en Pleno para resolver.
¿Por qué a los diez no abstenidos conforme a Derecho se les restarían cinco magistrados recusados y no habría «quorum» ni para echarse a andar respecto de esa L.O. 6/2007? Porque se está entendiendo que, conforme al art. 80 LOTC, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOJ) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), son de aplicación supletoria al TC y, según esas leyes (y el buen sentido), los recusados no pueden intervenir en la deliberación y en la resolución sobre su recusación. Por tanto, cinco Magistrados no podrían decidir si esas recusaciones son procedentes y sólo a partir de ahí y según lo que decidiesen, podría el Pleno resolver el recurso contra la ley reformadora de la LOTC.
Dicho todo lo anterior, lo primero que conviene tener claro es que al TC no se le pueden aplicar, en su totalidad, las normas sobre abstención y recusación de la LOPJ y de la LEC. No he dicho a la ligera que no se pueden aplicar todas esas normas. Lo he dicho porque -en paráfrasis de una célebre frase- su aplicación es materialmente imposible. Esas normas legales incluyen, en cuanto al modo de proceder ante abstenciones o recusaciones, un elemento clave, inexistente en el Tribunal Constitucional. Ese elemento es el de los sustitutos inmediatos de los recusados. Los recusados en Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción ordinaria y de la Militar cesan de inmediato, en tanto no se resuelva sobre la recusación, porque tienen, legalmente, numerosos sustitutos posibles, que ocupan inmediatamente el lugar de los recusados. En cambio, los magistrados del Tribunal Constitucional carecen de sustitutos (y no podemos inventarlos). Ergo hay normas de la LOPJ y de la LEC que no cabe aplicar al TC. Ergo, nadie debiera sentirse irracionalmente esclavo de esas normas por lo que respecta al TC.
En segundo lugar, una fundamentalísima regla de interpretación de las normas -tan fundamental que casi constituye un principio general del Derecho- es la que veda cualquier entendimiento de los preceptos jurídicos que conduzca al absurdo.
En tercer lugar, es fácil comprender que, de apegarse como hasta ahora a la interpretación de la LOPJ y de la LEC que ha situado al TC en un aparente callejón sin salida, se habría descubierto (o, cuando menos, se estaría estrenando) un sistema para paralizar al TC en innumerables asuntos: sería suficiente recusar a más de cuatro de sus doce magistrados, por muy infundada que fuese la recusación. Ni siquiera se podría resolver sobre ella y el consiguiente impasse indefinido impediría también resolver los asuntos en que se plantease la recusación.
Que el máximo órgano definidor de lo constitucional quede así paralizado es absurdo e inaceptable: sólo lo aceptan, e incluso sonríen o se mofan, quienes carecen de todo sentido del Estado y del Derecho. Por lo absurdo e inaceptable del «bloqueo», resulta obligado un esfuerzo para salir del atolladero desedificante, que transmite al común de los ciudadanos la triste impresión de que unos y otros -hoy, ciertos profesionales de la política; mañana, unos leguleyos de baja estofa- pueden neutralizar las más altas instituciones del Estado, porque les interesa a ellos y porque, en cambio, la seriedad de esas instituciones no les interesa.
A mi entender, hay un modo de salir del atolladero. La clave está en considerar que ni el Gobierno ni el PP han recusado a grupos de magistrados (pareja y trío), sino a magistrados concretos. Entonces, váyanse resolviendo, una por una, las cinco recusaciones. Y que se resuelvan, sin duda, conforme a la elemental regla de que el recusado no interviene en la decisión sobre su propia recusación.
Así, la recusación de Ticio, la resolverían los diez magistrados, menos Ticio: serían nueve y habría «quorum». Sucesivamente y de la misma forma, se resolvería la recusación de Cayo, la de Sempronio, la de Rómulo y la de Remo. Para todas, el Pleno del TC, con nueve magistrados, tendría «quorum».
Desde luego, preveo una objeción: dos magistrados por un lado y tres, por otro, han sido recusados por dos distintos sujetos jurídicos, en dos únicos escritos, con sus respectivas justificaciones (presuntas), comunes a dos y a tres magistrados. Es innegable esta realidad. Pero ¿acaso cabe negar que, por mucho que existan dos escritos de recusación, estamos ante cinco recusaciones de cinco personas diferentes? ¿No se podrían resolver, una tras otra, esas cinco recusaciones, dejando al margen de la decisión sólo al recusado en cada una de ellas, si se hubiesen presentado dos escritos de recusación del Gobierno y tres del PP, un escrito por cada magistrado recusado? ¿Va a ser una diferencia formal irrelevante (cinco papeles o dos) lo que marque la distancia entre el funcionamiento y la parálisis del TC?
No propongo, como mal menor, una pequeña irregularidad. Propongo, en orden a un gran bien, un tratamiento procedimental razonable. Desde luego, no es exactamente el previsto en la LOPJ y la LEC, parcialmente inaplicables y ya inaplicadas, insisto, respecto del TC. Pero no veo que el tratamiento que sugiero, una vez pensado y repensado, merezca reparos jurídicos serios.
Dicen que detrás del embrollo está en juego este o aquel objetivo político, Quizás. Pero, no detrás, sino en el embrollo mismo, se está jugando ya esta alternativa: o una posible reanimación del Tribunal Constitucional, sacándolo del presente «coma» terminal, o su definitiva defunción real, con el enorme problema de que, ahora, formalmente vigente la Constitución de 1978, resulta imposible enterrarlo. La indefinida exposición pública del cadáver de esa institución sería de tremendas consecuencias. Y no quiero ni pensar en lo que un entierro en debida forma le supondría al Estado español y la sociedad a la que debe servir. No estamos, hoy por hoy, para discutir una nueva Constitución y menos aún para que algunos la impongan.
NI siquiera con el máximo talento pedagógico cabe describir con detalle el embrollo actual del Tribunal Constitucional sin causar al lector serias molestias psíquicas. Una descripción indolora sería errónea y defectuosa, como es erróneo y defectuoso todo tratamiento de un asunto complejo que elimine esa complejidad. Así pues, voy a exponer en síntesis la situación de parálisis o «bloqueo» parcial en que se encuentra el TC, eludiendo el relato pormenorizado de lo que ha conducido a esa situación. Y avanzaré rápidamente hacia las conclusiones.
Aparcada, por motivos que desconozco, la deliberación y fallo sobre los recursos de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de Cataluña, el TC está paralizado en lo relativo al recurso de inconstitucionalidad de una ley que reforma la Ley Orgánica del propio TC (LOTC), la L.O. 6/2007, de 24 de mayo.
El Pleno del TC, compuesto por doce magistrados, ha de resolver sobre dos escritos, uno, presentado por el Gobierno, que recusa a dos magistrados y otro, posterior, del PP, que recusa a otros tres distintos magistrados. En total, cinco recusados. A los doce miembros del TC hay que restarles dos (la actual presidenta y el actual vicepresidente, que tomaron la iniciativa de abstenerse, por entender que la cuestionada reforma de la LOTC les afectaba personalmente). Pues bien: si a diez magistrados se le restan cinco, quedan sólo otros cinco y resulta que, conforme a la LOTC (art. 14), deben ser ocho los magistrados reunidos en Pleno para resolver.
¿Por qué a los diez no abstenidos conforme a Derecho se les restarían cinco magistrados recusados y no habría «quorum» ni para echarse a andar respecto de esa L.O. 6/2007? Porque se está entendiendo que, conforme al art. 80 LOTC, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOJ) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), son de aplicación supletoria al TC y, según esas leyes (y el buen sentido), los recusados no pueden intervenir en la deliberación y en la resolución sobre su recusación. Por tanto, cinco Magistrados no podrían decidir si esas recusaciones son procedentes y sólo a partir de ahí y según lo que decidiesen, podría el Pleno resolver el recurso contra la ley reformadora de la LOTC.
Dicho todo lo anterior, lo primero que conviene tener claro es que al TC no se le pueden aplicar, en su totalidad, las normas sobre abstención y recusación de la LOPJ y de la LEC. No he dicho a la ligera que no se pueden aplicar todas esas normas. Lo he dicho porque -en paráfrasis de una célebre frase- su aplicación es materialmente imposible. Esas normas legales incluyen, en cuanto al modo de proceder ante abstenciones o recusaciones, un elemento clave, inexistente en el Tribunal Constitucional. Ese elemento es el de los sustitutos inmediatos de los recusados. Los recusados en Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción ordinaria y de la Militar cesan de inmediato, en tanto no se resuelva sobre la recusación, porque tienen, legalmente, numerosos sustitutos posibles, que ocupan inmediatamente el lugar de los recusados. En cambio, los magistrados del Tribunal Constitucional carecen de sustitutos (y no podemos inventarlos). Ergo hay normas de la LOPJ y de la LEC que no cabe aplicar al TC. Ergo, nadie debiera sentirse irracionalmente esclavo de esas normas por lo que respecta al TC.
En segundo lugar, una fundamentalísima regla de interpretación de las normas -tan fundamental que casi constituye un principio general del Derecho- es la que veda cualquier entendimiento de los preceptos jurídicos que conduzca al absurdo.
En tercer lugar, es fácil comprender que, de apegarse como hasta ahora a la interpretación de la LOPJ y de la LEC que ha situado al TC en un aparente callejón sin salida, se habría descubierto (o, cuando menos, se estaría estrenando) un sistema para paralizar al TC en innumerables asuntos: sería suficiente recusar a más de cuatro de sus doce magistrados, por muy infundada que fuese la recusación. Ni siquiera se podría resolver sobre ella y el consiguiente impasse indefinido impediría también resolver los asuntos en que se plantease la recusación.
Que el máximo órgano definidor de lo constitucional quede así paralizado es absurdo e inaceptable: sólo lo aceptan, e incluso sonríen o se mofan, quienes carecen de todo sentido del Estado y del Derecho. Por lo absurdo e inaceptable del «bloqueo», resulta obligado un esfuerzo para salir del atolladero desedificante, que transmite al común de los ciudadanos la triste impresión de que unos y otros -hoy, ciertos profesionales de la política; mañana, unos leguleyos de baja estofa- pueden neutralizar las más altas instituciones del Estado, porque les interesa a ellos y porque, en cambio, la seriedad de esas instituciones no les interesa.
A mi entender, hay un modo de salir del atolladero. La clave está en considerar que ni el Gobierno ni el PP han recusado a grupos de magistrados (pareja y trío), sino a magistrados concretos. Entonces, váyanse resolviendo, una por una, las cinco recusaciones. Y que se resuelvan, sin duda, conforme a la elemental regla de que el recusado no interviene en la decisión sobre su propia recusación.
Así, la recusación de Ticio, la resolverían los diez magistrados, menos Ticio: serían nueve y habría «quorum». Sucesivamente y de la misma forma, se resolvería la recusación de Cayo, la de Sempronio, la de Rómulo y la de Remo. Para todas, el Pleno del TC, con nueve magistrados, tendría «quorum».
Desde luego, preveo una objeción: dos magistrados por un lado y tres, por otro, han sido recusados por dos distintos sujetos jurídicos, en dos únicos escritos, con sus respectivas justificaciones (presuntas), comunes a dos y a tres magistrados. Es innegable esta realidad. Pero ¿acaso cabe negar que, por mucho que existan dos escritos de recusación, estamos ante cinco recusaciones de cinco personas diferentes? ¿No se podrían resolver, una tras otra, esas cinco recusaciones, dejando al margen de la decisión sólo al recusado en cada una de ellas, si se hubiesen presentado dos escritos de recusación del Gobierno y tres del PP, un escrito por cada magistrado recusado? ¿Va a ser una diferencia formal irrelevante (cinco papeles o dos) lo que marque la distancia entre el funcionamiento y la parálisis del TC?
No propongo, como mal menor, una pequeña irregularidad. Propongo, en orden a un gran bien, un tratamiento procedimental razonable. Desde luego, no es exactamente el previsto en la LOPJ y la LEC, parcialmente inaplicables y ya inaplicadas, insisto, respecto del TC. Pero no veo que el tratamiento que sugiero, una vez pensado y repensado, merezca reparos jurídicos serios.
Dicen que detrás del embrollo está en juego este o aquel objetivo político, Quizás. Pero, no detrás, sino en el embrollo mismo, se está jugando ya esta alternativa: o una posible reanimación del Tribunal Constitucional, sacándolo del presente «coma» terminal, o su definitiva defunción real, con el enorme problema de que, ahora, formalmente vigente la Constitución de 1978, resulta imposible enterrarlo. La indefinida exposición pública del cadáver de esa institución sería de tremendas consecuencias. Y no quiero ni pensar en lo que un entierro en debida forma le supondría al Estado español y la sociedad a la que debe servir. No estamos, hoy por hoy, para discutir una nueva Constitución y menos aún para que algunos la impongan.
sábado, 24 de noviembre de 2007
El 'derecho a decidir'
De Javier Pérez Royo en El País de 24 de noviembre de 2007
Después de haber sido puesto en circulación por el nacionalismo vasco, le ha llegado el turno al nacionalismo catalán, que a través de su portavoz más autorizado, Artur Mas, acaba de convertir el derecho a decidir en el eje de su propuesta política de refundación del catalanismo.
Creo saber qué es el derecho a decidir. Es el derecho constitutivo de la democracia. Ni más ni menos. Democracia es el ejercicio de la autonomía personal con el límite de la voluntad general. Los ciudadanos disponemos de derechos constitucionales para poder orientar nuestra conducta de la manera que nos parezca oportuno en todos los órdenes de la vida en sociedad sin más límites que los que nos ponemos a nosotros mismos mediante la ley, aprobada por representantes democrática y periódicamente elegidos en condiciones de absoluta igualdad.
En democracia no hay ningún ciudadano, mejor dicho, no puede haber ningún ciudadano que esté privado del derecho a decidir. Democracia y privación del derecho a decidir son proposiciones incompatibles. En consecuencia, presentar el derecho a decidir como un objetivo a conseguir es un sinsentido.
Si España es un Estado social y democrático de derecho, ningún ciudadano puede estar privado del derecho a decidir y si alguno o algunos estuvieran privados del ejercicio de tal derecho, entonces tendríamos que cuestionarnos el carácter democrático de nuestra fórmula de gobierno.
El derecho a decidir tiene que estar ordenado normativamente porque, de lo contrario, su ejercicio conduciría al caos. En todas las democracias dignas de tal nombre el ejercicio de tal derecho se regula de la siguiente manera: en primer lugar, se garantiza que cada individuo pueda ordenar su vida privada y su vida social sin interferencias de los poderes públicos; y en segundo lugar, se garantiza que cada individuo pueda participar en condiciones de igualdad en el proceso de constitución de los poderes públicos en los diferentes niveles de gobierno que presiden la convivencia.
Los ciudadanos ejercemos el derecho a decidir todos los días en nuestra vida privada, familiar, profesional, etcétera y lo ejercemos periódicamente en la selección de las mayorías y minorías estatales, autonómicas o municipales, a través de las cuales se expresa la voluntad general, límite de nuestra libertad particular.
Así es como hemos convenido los españoles que se ejerce el derecho a decidir. Esa es la Constitución de España. Y nadie está privado del ejercicio de ese derecho. Todos los ciudadanos españoles ejercemos el mismo derecho en condiciones de igualdad. En consecuencia, no es admisible que nadie diga que está privado del ejercicio del derecho a decidir.
A mí me gustaría que Artur Mas me dijera en qué se diferencia su ejercicio del derecho a decidir del mío. Ambos hacemos con nuestra vida lo que nos parece apropiado, ambos votamos en las elecciones municipales en el municipio en el que estamos empadronados, en las elecciones autonómicas en la comunidad en la que vivimos y en las elecciones generales del Estado del que somos ciudadanos. No creo que sea discernible la más mínima discriminación en el ejercicio del derecho.
Si esto es así, está claro que el derecho a decidir como objetivo a alcanzar tiene que significar algo distinto de lo que entendemos por derecho a decidir en una democracia constitucionalmente ordenada.
En qué consiste ese algo distinto es lo que tiene que ser explicado. La Constitución española no priva a nadie del derecho a decidir. Al contrario. Es el presupuesto indispensable para el ejercicio de tal derecho. Nadie puede reprocharle a la Constitución que le esté privando del ejercicio de algún derecho.
Es verdad que el marco que supone la Constitución es el mismo para todos los ciudadanos. Con la reivindicación del derecho a decidir no se puede querer decir que se está privado del ejercicio de tal derecho, porque eso es tan disparatado que nadie que esté en su sano juicio puede decirlo, sino que se tiene que querer decir que no se quiere tener un marco común con los demás ciudadanos españoles para el ejercicio de tal derecho.
O dicho con otras palabras: que no se quiere ser titular y ejercer los derechos conjuntamente con los demás ciudadanos españoles sino independientemente de ellos. En términos de derecho a decidir no puede caber otra interpretación. Obviamente, Artur Mas, como antes Juan José Ibarretxe, tienen todo el derecho del mundo a formular una propuesta de esta naturaleza.
Pero que no la disfracen. Que la formulen tal como es. Presentarla como lo hacen es un insulto para los demás. Se nos está lanzando una acusación, que en modo alguno podemos aceptar. Tienen derecho a decir que quieren ser independientes, pero no porque los demás le estamos privando de algún derecho, sino porque quieren ser independientes.
Después de haber sido puesto en circulación por el nacionalismo vasco, le ha llegado el turno al nacionalismo catalán, que a través de su portavoz más autorizado, Artur Mas, acaba de convertir el derecho a decidir en el eje de su propuesta política de refundación del catalanismo.
Creo saber qué es el derecho a decidir. Es el derecho constitutivo de la democracia. Ni más ni menos. Democracia es el ejercicio de la autonomía personal con el límite de la voluntad general. Los ciudadanos disponemos de derechos constitucionales para poder orientar nuestra conducta de la manera que nos parezca oportuno en todos los órdenes de la vida en sociedad sin más límites que los que nos ponemos a nosotros mismos mediante la ley, aprobada por representantes democrática y periódicamente elegidos en condiciones de absoluta igualdad.
En democracia no hay ningún ciudadano, mejor dicho, no puede haber ningún ciudadano que esté privado del derecho a decidir. Democracia y privación del derecho a decidir son proposiciones incompatibles. En consecuencia, presentar el derecho a decidir como un objetivo a conseguir es un sinsentido.
Si España es un Estado social y democrático de derecho, ningún ciudadano puede estar privado del derecho a decidir y si alguno o algunos estuvieran privados del ejercicio de tal derecho, entonces tendríamos que cuestionarnos el carácter democrático de nuestra fórmula de gobierno.
El derecho a decidir tiene que estar ordenado normativamente porque, de lo contrario, su ejercicio conduciría al caos. En todas las democracias dignas de tal nombre el ejercicio de tal derecho se regula de la siguiente manera: en primer lugar, se garantiza que cada individuo pueda ordenar su vida privada y su vida social sin interferencias de los poderes públicos; y en segundo lugar, se garantiza que cada individuo pueda participar en condiciones de igualdad en el proceso de constitución de los poderes públicos en los diferentes niveles de gobierno que presiden la convivencia.
Los ciudadanos ejercemos el derecho a decidir todos los días en nuestra vida privada, familiar, profesional, etcétera y lo ejercemos periódicamente en la selección de las mayorías y minorías estatales, autonómicas o municipales, a través de las cuales se expresa la voluntad general, límite de nuestra libertad particular.
Así es como hemos convenido los españoles que se ejerce el derecho a decidir. Esa es la Constitución de España. Y nadie está privado del ejercicio de ese derecho. Todos los ciudadanos españoles ejercemos el mismo derecho en condiciones de igualdad. En consecuencia, no es admisible que nadie diga que está privado del ejercicio del derecho a decidir.
A mí me gustaría que Artur Mas me dijera en qué se diferencia su ejercicio del derecho a decidir del mío. Ambos hacemos con nuestra vida lo que nos parece apropiado, ambos votamos en las elecciones municipales en el municipio en el que estamos empadronados, en las elecciones autonómicas en la comunidad en la que vivimos y en las elecciones generales del Estado del que somos ciudadanos. No creo que sea discernible la más mínima discriminación en el ejercicio del derecho.
Si esto es así, está claro que el derecho a decidir como objetivo a alcanzar tiene que significar algo distinto de lo que entendemos por derecho a decidir en una democracia constitucionalmente ordenada.
En qué consiste ese algo distinto es lo que tiene que ser explicado. La Constitución española no priva a nadie del derecho a decidir. Al contrario. Es el presupuesto indispensable para el ejercicio de tal derecho. Nadie puede reprocharle a la Constitución que le esté privando del ejercicio de algún derecho.
Es verdad que el marco que supone la Constitución es el mismo para todos los ciudadanos. Con la reivindicación del derecho a decidir no se puede querer decir que se está privado del ejercicio de tal derecho, porque eso es tan disparatado que nadie que esté en su sano juicio puede decirlo, sino que se tiene que querer decir que no se quiere tener un marco común con los demás ciudadanos españoles para el ejercicio de tal derecho.
O dicho con otras palabras: que no se quiere ser titular y ejercer los derechos conjuntamente con los demás ciudadanos españoles sino independientemente de ellos. En términos de derecho a decidir no puede caber otra interpretación. Obviamente, Artur Mas, como antes Juan José Ibarretxe, tienen todo el derecho del mundo a formular una propuesta de esta naturaleza.
Pero que no la disfracen. Que la formulen tal como es. Presentarla como lo hacen es un insulto para los demás. Se nos está lanzando una acusación, que en modo alguno podemos aceptar. Tienen derecho a decir que quieren ser independientes, pero no porque los demás le estamos privando de algún derecho, sino porque quieren ser independientes.
viernes, 23 de noviembre de 2007
El currículo de la almeja
De Fernando Savater en El Correo de 23 de noviembre de 2007
La simple duración no parece un objetivo vital suficientemente atractivo: basta aburrirse para que todo dure más, pero así no se vive mejor. Recuerdan ustedes sin duda el viejísimo chiste del paciente al que su médico prohibe fumar, beber y algún otro placer carnal. La víctima pregunta, ansiosa: «¿Cree usted que así viviré más?». El galeno se encoge de hombros: «No sé si vivirá más, pero desde luego la vida se le hará mucho más larga ». Ahí tienen por ejemplo el caso del animal más longevo del que se guarda registro reciente, una almeja que por lo visto ha sobrellevado las aflicciones de este mundo durante más de cuatrocientos años. Los biólogos nos explican que el molusco ha durado tanto gracias a una existencia -me resisto a llamarla 'vida'- tan monótona y carente de ingredientes orgiásticos como la que el doctor recomendaba al paciente del chiste. Solemos poner a la ostra como antonomasia del aburrimiento, pero a partir de ahora convendrá no olvidar que la almeja tampoco se lo pasa de muerte: por eso vive tanto, digo yo. Por cierto, si no recuerdo mal el nombre de la almeja en francés es 'palourde'. De modo que ya lo saben ustedes: cuanto más palurdo, más siglos que se echa uno a las espaldas con cara de aquí no ha pasado nada.
Claro que la almeja de marras es una simple principiante en cuestión de persistencia cuando la comparamos con el pueblo vasco, al menos según el lehendakari Ibarretxe: si el prócer no nos engaña, ese pueblo incombustible al cual usted y yo fugazmente pertenecemos viene durando cosa de siete mil años, día arriba o día abajo. Y ahí lo tienen, tan sano como una manzana podrida. Los maliciosos, que nunca faltan, dirán que una duración tan prolongada -que los mismísimos egipcios faraónicos deberían envidiarnos- no puede explicarse más que gracias a una existencia tan escasa en alicientes como la de la almeja y otras palurdas o palurdos de su especie. Es impensable que un pueblo ferviente de ideas y empresas, creador e inquieto, se haya pasado siete milenios sin salir de casa ni sufrir un infarto liberador. Sinceramente, por nuestro bien y hasta por la cosa más tonta del mundo (el orgullo patriótico), espero que el maestro Ibarretxe esté mal informado. No quiero ser almeja entre almejas, ni palurdo entre palurdos.
Por la misma razón, desconfío del nuevo currículo vasco y de las justificaciones que se ofrecen para él por parte de nuestras autoridades educativas. El consejero Campos, por ejemplo, nos dice que tal plan de estudios primará «el corpus de conocimientos básicos para la ciudadanía que representa nuestra idiosincrasia como pueblo vasco». La verdad es que enseñar idiosincrasia me parece uno de los objetivos menos evidentes del Bachillerato. Según el diccionario de la RAE, idiosincrasia son los «rasgos, temperamento, carácter, etcétera, distintivos y propios de un individuo o de una colectividad». O sea, la idiosincrasia representa lo que uno ya es, para bien o para mal. Entonces ¿qué sentido tiene convertirlo en plan de estudios? Dejemos de lado por un momento una dificultad no menor, a saber: que puesto que las idiosincrasias personales son lo más diverso y peculiar del mundo, no parece claro cómo el pueblo vasco que entre todos formamos puede tener una idiosincrasia única y general. Vayamos a algo aún más elemental: si la idiosincrasia la llevamos puesta, lo que deberíamos aprender es cómo ir más allá de ella, cómo abrirnos a lo que hasta ahora nos es desconocido o nos resulta extraño, cómo alcanzar aquello que pueda permitirnos mejorar en lugar de repetirnos con bloqueada autosatisfacción. Es inútil dar clases para aprender a ser como somos de tal modo que jamás cambiemos: más atractivo sería intentar conocer otras formas de ser y de estar, a ver si por un casual nos apetece cambiar.
Esto parece tan obvio que a uno le entra la sospecha de que la 'idiosincrasia' que el currículo va a promulgar, con rango único y general según todo hace suponer, no está constituida por lo que ya somos sino por lo que deberíamos ser en opinión de las autoridades hoy vigentes. O sea, que la idiosincrasia que tenemos que aprender como pueblo vasco es aquélla que los nacionalistas han decidido que debe ser nuestra idiosincrasia. La nuestra de verdad, la que cada cual ya tenemos, vale más que vayamos olvidándola si queremos aprobar el curso. Por eso han tenido tanta importancia en la aportación de propuestas al currículo asociaciones educativas nacionalistas (EHIK, Kristau Eskola, Sortzen-Ikasbatuak) o nacionalistas a secas, como Udalbiltza, mientras que se han desatendido las protestas de marginación del sindicato CC OO y de asociaciones de directores de centros, de padres y de alumnos cuya idiosincrasia por lo visto no se correspondía al modelo requerido.
Digámoslo claramente: la ciudadanía tiene poco o nada que ver con la idiosincrasia de cada cual ni con la idiosincrasia de los pueblos (un concepto tardorromántico que sirve más para fabricar chistes xenófobos que para ninguna cosa buena). Lo que corresponde a la ciudadanía son derechos y deberes, garantías jurídicas y protección social, es decir, el marco institucional de las leyes, el cual no pertenece a la esencia sempiterna del atavismo cerrado de las almejas sino a las convenciones ilustradas conquistadas en su contra. Y esas convenciones pueden ser cambiadas por acuerdo social y legal, pero no ignoradas en nombre de algún principio previo a la Constitución y a la historia tal como efectivamente tuvo lugar. Por ejemplo: ocultar o minimizar ante los alumnos que los ciudadanos de nuestra CAV son legal, histórica, política y culturalmente ciudadanos españoles no es ni bueno ni malo, sino simple y llanamente mentira. Y no hay educación sana que pueda basarse en engañar a los alumnos, para fomentar sus frustraciones imaginarias y luego reinvertirlas políticamente.
¿Exagero o me equivoco? Ojalá. Es uno de esos casos en que me encantaría no tener razón. Pero hay síntomas tan inquietantes que no pueden ser desatendidos. Por ejemplo, el tratamiento del euskera, convertido ahora en lengua principal y prácticamente exclusiva de la enseñanza en cuanto desaparezcan como se pretende los antiguos modelos lingüísticos que sobre el papel constituyeron una norma perfectamente justa aunque temo que casi desde el principio traicionada.
Sobre esta cuestión se ha dado recientemente una polémica reveladora. 'The Wall Street Journal' publicó el 10 de noviembre un artículo ('La inquisición vasca') en el que se criticaba la imposición del euskera en el País Vasco por ser una lengua minoritaria de raigambre agropecuaria pero que carece de nombre propio para numerosas actividades modernas científicas e industriales. El viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco, Patxi Baztarrika, salió en defensa del euskera utilizando en su apoyo una cita mía de hace casi tras décadas: «Ninguna lengua puede ser descalificada por el número de sus hablantes. ( ) La tarea difícil es rescatar y consolidar el euskera, no proteger al castellano y a sus usuarios de la supuesta revancha lingüística». La recuperación de esas palabras mías -que sostengo como plenamente válidas, aunque sólo cuando fueron dichas, claro- demuestra al menos dos cosas: primera, que los no nacionalistas defendimos cuando era necesario y difícil el euskera como patrimonio de todos y sin hostilidad alguna hacia la lengua; segunda, que los nacionalistas comparten con la almeja centenaria una cierta dificultad para darse cuenta de que el paso del tiempo ha transformado radicalmente las relaciones de fuerza culturales y políticas en Euskadi. Pero ya que el viceconsejero Baztarrika tiene la amabilidad de rememorar con aprecio lo que dije hace treinta años, no parece abusivo rogarle una atención no menos caritativa para lo que digo ahora: un Estado democrático no puede renunciar por razones ya no culturales sino políticas a una lengua común para todos sus ciudadanos, aunque se respeten y cultiven también otras regionales. Por supuesto, nada tiene que ver ésto con la 'calidad' de la lengua regional en cuestión: si en el País Vasco se hablase hoy latín o griego clásico -por mencionar dos idiomas nada sospechosos de ineptitud cultural- no sería menos cierto que no puede arrinconarse la enseñanza en castellano para todos los que como ciudadanos de este Estado la soliciten. Ni negársela a nadie, porque supone hurtarle su herramienta principal de comprensión y debate político en el Estado democrático al que pertenece, es decir, España.
Regresando a la almeja, para despedirnos de ella: cuidado con las idiosincrasias inamovibles. El hatajo de brutos patrióticos (bruto más patriota, igual a fascista) que atacó el otro día a una estudiante del PP en la UPV se consideraban seguramente paladines de nuestra idiosincrasia vasca, pero ya ven las consecuencias de ese entusiasmo. Va a resultar que tenía razón el humorista donostiarra Álvaro de Laiglesia cuando tituló uno de sus desternillantes libros de manera profética: 'En el cielo no hay almejas'. Y nosotros aspiramos al cielo, faltaría más.
La simple duración no parece un objetivo vital suficientemente atractivo: basta aburrirse para que todo dure más, pero así no se vive mejor. Recuerdan ustedes sin duda el viejísimo chiste del paciente al que su médico prohibe fumar, beber y algún otro placer carnal. La víctima pregunta, ansiosa: «¿Cree usted que así viviré más?». El galeno se encoge de hombros: «No sé si vivirá más, pero desde luego la vida se le hará mucho más larga ». Ahí tienen por ejemplo el caso del animal más longevo del que se guarda registro reciente, una almeja que por lo visto ha sobrellevado las aflicciones de este mundo durante más de cuatrocientos años. Los biólogos nos explican que el molusco ha durado tanto gracias a una existencia -me resisto a llamarla 'vida'- tan monótona y carente de ingredientes orgiásticos como la que el doctor recomendaba al paciente del chiste. Solemos poner a la ostra como antonomasia del aburrimiento, pero a partir de ahora convendrá no olvidar que la almeja tampoco se lo pasa de muerte: por eso vive tanto, digo yo. Por cierto, si no recuerdo mal el nombre de la almeja en francés es 'palourde'. De modo que ya lo saben ustedes: cuanto más palurdo, más siglos que se echa uno a las espaldas con cara de aquí no ha pasado nada.
Claro que la almeja de marras es una simple principiante en cuestión de persistencia cuando la comparamos con el pueblo vasco, al menos según el lehendakari Ibarretxe: si el prócer no nos engaña, ese pueblo incombustible al cual usted y yo fugazmente pertenecemos viene durando cosa de siete mil años, día arriba o día abajo. Y ahí lo tienen, tan sano como una manzana podrida. Los maliciosos, que nunca faltan, dirán que una duración tan prolongada -que los mismísimos egipcios faraónicos deberían envidiarnos- no puede explicarse más que gracias a una existencia tan escasa en alicientes como la de la almeja y otras palurdas o palurdos de su especie. Es impensable que un pueblo ferviente de ideas y empresas, creador e inquieto, se haya pasado siete milenios sin salir de casa ni sufrir un infarto liberador. Sinceramente, por nuestro bien y hasta por la cosa más tonta del mundo (el orgullo patriótico), espero que el maestro Ibarretxe esté mal informado. No quiero ser almeja entre almejas, ni palurdo entre palurdos.
Por la misma razón, desconfío del nuevo currículo vasco y de las justificaciones que se ofrecen para él por parte de nuestras autoridades educativas. El consejero Campos, por ejemplo, nos dice que tal plan de estudios primará «el corpus de conocimientos básicos para la ciudadanía que representa nuestra idiosincrasia como pueblo vasco». La verdad es que enseñar idiosincrasia me parece uno de los objetivos menos evidentes del Bachillerato. Según el diccionario de la RAE, idiosincrasia son los «rasgos, temperamento, carácter, etcétera, distintivos y propios de un individuo o de una colectividad». O sea, la idiosincrasia representa lo que uno ya es, para bien o para mal. Entonces ¿qué sentido tiene convertirlo en plan de estudios? Dejemos de lado por un momento una dificultad no menor, a saber: que puesto que las idiosincrasias personales son lo más diverso y peculiar del mundo, no parece claro cómo el pueblo vasco que entre todos formamos puede tener una idiosincrasia única y general. Vayamos a algo aún más elemental: si la idiosincrasia la llevamos puesta, lo que deberíamos aprender es cómo ir más allá de ella, cómo abrirnos a lo que hasta ahora nos es desconocido o nos resulta extraño, cómo alcanzar aquello que pueda permitirnos mejorar en lugar de repetirnos con bloqueada autosatisfacción. Es inútil dar clases para aprender a ser como somos de tal modo que jamás cambiemos: más atractivo sería intentar conocer otras formas de ser y de estar, a ver si por un casual nos apetece cambiar.
Esto parece tan obvio que a uno le entra la sospecha de que la 'idiosincrasia' que el currículo va a promulgar, con rango único y general según todo hace suponer, no está constituida por lo que ya somos sino por lo que deberíamos ser en opinión de las autoridades hoy vigentes. O sea, que la idiosincrasia que tenemos que aprender como pueblo vasco es aquélla que los nacionalistas han decidido que debe ser nuestra idiosincrasia. La nuestra de verdad, la que cada cual ya tenemos, vale más que vayamos olvidándola si queremos aprobar el curso. Por eso han tenido tanta importancia en la aportación de propuestas al currículo asociaciones educativas nacionalistas (EHIK, Kristau Eskola, Sortzen-Ikasbatuak) o nacionalistas a secas, como Udalbiltza, mientras que se han desatendido las protestas de marginación del sindicato CC OO y de asociaciones de directores de centros, de padres y de alumnos cuya idiosincrasia por lo visto no se correspondía al modelo requerido.
Digámoslo claramente: la ciudadanía tiene poco o nada que ver con la idiosincrasia de cada cual ni con la idiosincrasia de los pueblos (un concepto tardorromántico que sirve más para fabricar chistes xenófobos que para ninguna cosa buena). Lo que corresponde a la ciudadanía son derechos y deberes, garantías jurídicas y protección social, es decir, el marco institucional de las leyes, el cual no pertenece a la esencia sempiterna del atavismo cerrado de las almejas sino a las convenciones ilustradas conquistadas en su contra. Y esas convenciones pueden ser cambiadas por acuerdo social y legal, pero no ignoradas en nombre de algún principio previo a la Constitución y a la historia tal como efectivamente tuvo lugar. Por ejemplo: ocultar o minimizar ante los alumnos que los ciudadanos de nuestra CAV son legal, histórica, política y culturalmente ciudadanos españoles no es ni bueno ni malo, sino simple y llanamente mentira. Y no hay educación sana que pueda basarse en engañar a los alumnos, para fomentar sus frustraciones imaginarias y luego reinvertirlas políticamente.
¿Exagero o me equivoco? Ojalá. Es uno de esos casos en que me encantaría no tener razón. Pero hay síntomas tan inquietantes que no pueden ser desatendidos. Por ejemplo, el tratamiento del euskera, convertido ahora en lengua principal y prácticamente exclusiva de la enseñanza en cuanto desaparezcan como se pretende los antiguos modelos lingüísticos que sobre el papel constituyeron una norma perfectamente justa aunque temo que casi desde el principio traicionada.
Sobre esta cuestión se ha dado recientemente una polémica reveladora. 'The Wall Street Journal' publicó el 10 de noviembre un artículo ('La inquisición vasca') en el que se criticaba la imposición del euskera en el País Vasco por ser una lengua minoritaria de raigambre agropecuaria pero que carece de nombre propio para numerosas actividades modernas científicas e industriales. El viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco, Patxi Baztarrika, salió en defensa del euskera utilizando en su apoyo una cita mía de hace casi tras décadas: «Ninguna lengua puede ser descalificada por el número de sus hablantes. ( ) La tarea difícil es rescatar y consolidar el euskera, no proteger al castellano y a sus usuarios de la supuesta revancha lingüística». La recuperación de esas palabras mías -que sostengo como plenamente válidas, aunque sólo cuando fueron dichas, claro- demuestra al menos dos cosas: primera, que los no nacionalistas defendimos cuando era necesario y difícil el euskera como patrimonio de todos y sin hostilidad alguna hacia la lengua; segunda, que los nacionalistas comparten con la almeja centenaria una cierta dificultad para darse cuenta de que el paso del tiempo ha transformado radicalmente las relaciones de fuerza culturales y políticas en Euskadi. Pero ya que el viceconsejero Baztarrika tiene la amabilidad de rememorar con aprecio lo que dije hace treinta años, no parece abusivo rogarle una atención no menos caritativa para lo que digo ahora: un Estado democrático no puede renunciar por razones ya no culturales sino políticas a una lengua común para todos sus ciudadanos, aunque se respeten y cultiven también otras regionales. Por supuesto, nada tiene que ver ésto con la 'calidad' de la lengua regional en cuestión: si en el País Vasco se hablase hoy latín o griego clásico -por mencionar dos idiomas nada sospechosos de ineptitud cultural- no sería menos cierto que no puede arrinconarse la enseñanza en castellano para todos los que como ciudadanos de este Estado la soliciten. Ni negársela a nadie, porque supone hurtarle su herramienta principal de comprensión y debate político en el Estado democrático al que pertenece, es decir, España.
Regresando a la almeja, para despedirnos de ella: cuidado con las idiosincrasias inamovibles. El hatajo de brutos patrióticos (bruto más patriota, igual a fascista) que atacó el otro día a una estudiante del PP en la UPV se consideraban seguramente paladines de nuestra idiosincrasia vasca, pero ya ven las consecuencias de ese entusiasmo. Va a resultar que tenía razón el humorista donostiarra Álvaro de Laiglesia cuando tituló uno de sus desternillantes libros de manera profética: 'En el cielo no hay almejas'. Y nosotros aspiramos al cielo, faltaría más.
Bandera de conveniencia
De Fernando Savater en la página de ¡Basta ya!
En los últimos meses, con motivo de la polémica sobre si las banderas deben o no figurar como la ley preceptúa en los edificios públicos, hemos hablado de la enseña nacional más que nunca… o que casi nunca. Se trata de una característica curiosa de nuestro país: en todos los demás que conozco, las leyes se dictan –tras debates más o menos prolongados entre las fuerzas políticas- para zanjar de una vez las discusiones y saber a qué atenerse. Aquí no: en España las leyes no cierran las polémicas sino que las inauguran y avivan. Que si deben aplicarse o no, que cuándo deben aplicarse, que a quién, que en qué condiciones políticas o sociales, etc… Incluso no faltan los que, muy decididos, se ponen de buena fe al margen de ellas con el consabido sonsonete de “¡a nadie se le puede obligar a…!”. Y nunca falta un catedrático de derecho constitucional para darles la razón, con argumentos ilógicos, inverosímiles pero perfectamente “técnicos”.
Uno de los últimos espacios institucionales en que se ha discutido sobre si la bandera debe estar o no dónde la ley manda es en la reunión de alcaldes de todo el Estado para elegir al presidente de la federación de municipios. Y ahí se han oído todo tipo de genialidades de los partidarios no de entrar al trapo sino de no sacarlo del armario. Desde que “no se puede pegar a nadie con el palo de la bandera”, mire usted que cosa, hasta que “no se puede imponer el sentimiento de aprecio por la bandera y que es mejor seducir que coaccionar” (esto último me parece que proviene del alcalde socialista de Vitoria, pero no me hagan ustedes mucho caso, porque oye uno tantas sandeces al cabo del día que ya hasta se confunden las fuentes). Este último razonamiento es particularmente delirante. Porque, vamos a ver: ¿hay alguien que pretenda imponer el amor a la bandera, o la emoción ante ella, o las lágrimas cuando se iza o se arría? Lo que la ley estipula es que se exhiba en los lugares debidos, no que cada cual la lleve en lugar preferente de su corazón.
A mí la bandera no me estremece ni tampoco me acalora: sólo me interesa. Quiero verla en los edificios públicos porque es señal de que allí se está a mi servicio como ciudadano y se defienden mis derechos tal como la constitución y las demás leyes establecen, no como quiera algún caprichoso caciquillo provincial.
De igual modo, cuando sufro un accidente y veo un dispensario señalado por el emblema de la cruz roja, me siento animado por tal indicación. No porque se me salten las lágrimas al pensar en Henri Dunant y la admirable organización internacional que promovió –a quien estoy desde luego agradecido- sino porque bajo esa cruz roja encontraré vendas, linimentos y antibióticos que necesito para recobrar la salud. Si la bandera española se exhibiera solamente como expresión de sentimientos más o menos edificantes y patrióticos, el primero que pediría que la retirasen de los edificios públicos sería yo. Porque los sentimientos de cada cual no se imponen, pero tampoco está claro que daban interesarnos demasiado a los demás y desde luego es evidente que no eximen de cumplir las leyes.
Es chocante, por no decir algo más fuerte sobre la educación cívica de ciertos cargos públicos, que algunos socialistas tengan respecto a la bandera la misma opinión romántica e irracional que los nacionalistas: la ven no como símbolo de libertades, garantías, derechos y deberes ciudadanos sino como arrebatada expresión de amores o pertenencias esenciales. Por eso no la exhiben, por “respeto” a quienes no la sienten así…aunque ello ofenda y amenace a quienes la reclaman como símbolo constitucional y nada más. ¡Y encima se atreverán a llamar “ultras” a quienes protestan!
En los últimos meses, con motivo de la polémica sobre si las banderas deben o no figurar como la ley preceptúa en los edificios públicos, hemos hablado de la enseña nacional más que nunca… o que casi nunca. Se trata de una característica curiosa de nuestro país: en todos los demás que conozco, las leyes se dictan –tras debates más o menos prolongados entre las fuerzas políticas- para zanjar de una vez las discusiones y saber a qué atenerse. Aquí no: en España las leyes no cierran las polémicas sino que las inauguran y avivan. Que si deben aplicarse o no, que cuándo deben aplicarse, que a quién, que en qué condiciones políticas o sociales, etc… Incluso no faltan los que, muy decididos, se ponen de buena fe al margen de ellas con el consabido sonsonete de “¡a nadie se le puede obligar a…!”. Y nunca falta un catedrático de derecho constitucional para darles la razón, con argumentos ilógicos, inverosímiles pero perfectamente “técnicos”.
Uno de los últimos espacios institucionales en que se ha discutido sobre si la bandera debe estar o no dónde la ley manda es en la reunión de alcaldes de todo el Estado para elegir al presidente de la federación de municipios. Y ahí se han oído todo tipo de genialidades de los partidarios no de entrar al trapo sino de no sacarlo del armario. Desde que “no se puede pegar a nadie con el palo de la bandera”, mire usted que cosa, hasta que “no se puede imponer el sentimiento de aprecio por la bandera y que es mejor seducir que coaccionar” (esto último me parece que proviene del alcalde socialista de Vitoria, pero no me hagan ustedes mucho caso, porque oye uno tantas sandeces al cabo del día que ya hasta se confunden las fuentes). Este último razonamiento es particularmente delirante. Porque, vamos a ver: ¿hay alguien que pretenda imponer el amor a la bandera, o la emoción ante ella, o las lágrimas cuando se iza o se arría? Lo que la ley estipula es que se exhiba en los lugares debidos, no que cada cual la lleve en lugar preferente de su corazón.
A mí la bandera no me estremece ni tampoco me acalora: sólo me interesa. Quiero verla en los edificios públicos porque es señal de que allí se está a mi servicio como ciudadano y se defienden mis derechos tal como la constitución y las demás leyes establecen, no como quiera algún caprichoso caciquillo provincial.
De igual modo, cuando sufro un accidente y veo un dispensario señalado por el emblema de la cruz roja, me siento animado por tal indicación. No porque se me salten las lágrimas al pensar en Henri Dunant y la admirable organización internacional que promovió –a quien estoy desde luego agradecido- sino porque bajo esa cruz roja encontraré vendas, linimentos y antibióticos que necesito para recobrar la salud. Si la bandera española se exhibiera solamente como expresión de sentimientos más o menos edificantes y patrióticos, el primero que pediría que la retirasen de los edificios públicos sería yo. Porque los sentimientos de cada cual no se imponen, pero tampoco está claro que daban interesarnos demasiado a los demás y desde luego es evidente que no eximen de cumplir las leyes.
Es chocante, por no decir algo más fuerte sobre la educación cívica de ciertos cargos públicos, que algunos socialistas tengan respecto a la bandera la misma opinión romántica e irracional que los nacionalistas: la ven no como símbolo de libertades, garantías, derechos y deberes ciudadanos sino como arrebatada expresión de amores o pertenencias esenciales. Por eso no la exhiben, por “respeto” a quienes no la sienten así…aunque ello ofenda y amenace a quienes la reclaman como símbolo constitucional y nada más. ¡Y encima se atreverán a llamar “ultras” a quienes protestan!
jueves, 22 de noviembre de 2007
El lujo fuiste tú
Por David Trueba en El País de 22 de noviembre de 2007
Disculpen, pero la noticia no es que Fernando Fernán-Gómez haya muerto, sino que haya existido. Y puede que la pena arrase a los que lo conocieron o a los que lo admiraron, ya fuera en la escena, en la pantalla o en la página escrita. Pero háganme caso, nada puede enturbiar el lujo de haberlo disfrutado, la suerte mayúscula de los que coincidimos en el tiempo con sus seis décadas de ininterrumpida presencia en el mundo del espectáculo.
Muere quien es, sin duda, la más importante personalidad de la historia del cine español. Las necrológicas se quedan ridículamente pequeñas. Las glosas raquíticas. Brillante, insumiso, apabullante talento sostenido hasta el último día por una cabeza prodigiosa.
Deja huérfanos amores, hijos, amigos, conocidos, colegas, admiradores, pero, y esto es lo más triste, deja huérfano a un país que no está para permitirse el lujo de derrochar seres irrepetibles. Pienso en Emma Cohen, su compañera y cómplice; también en Manolo Aleixandre, su primer amigo en el teatro;
Tantos podrían hablar de lo que Fernando significó para ellos. En el oficio fue el espejo en el que nos mirábamos, el orgullo secreto cuando venían mal dadas y todo se tambaleaba. Miren, nunca jugó al personaje popular ni al cariño fácil. Tuvo siempre discurso propio y lo que los demás esperábamos acerca de cualquier asunto era saber: ¿y de esto qué piensa Fernán Gómez?
Cuando dejó de salir por las noches, se llevó la tertulia del café a casa. Agarrado a un whisky jamás pontificó, sino que buscó la intimidad de un teatro entre amigos. Porque dedicó a la amistad sus mejores destellos. Nunca Luis Alegre y yo podremos agradecer lo suficiente al actor Juan Diego que nos llevara a su casa una Nochevieja hace 17 años y nos presentara como dos cantantes callejeros de Zaragoza en busca de dinero para pagar la pensión. Aquella fue la entrada en un privilegio que quizá ni nos merecíamos. Cómo contar su don para la conversación. Amaba el lujo, pero el lujo era él.
Sentimental disfrazado de ogro, a Fernando le divertía que se conociera su mala leche. Era su escudo antiplastas. Pero el brillo de sus ojos cuando algo lo emocionaba, lo excitaba, el centelleo juvenil ante la belleza femenina, la pícara sonrisa para servirse un vaso más o celebrar la ocurrencia o el disparate de algún contertulio, se convierten hoy en tesoros que los allí presentes guardaremos como alguna de las cosas más preciadas de nuestra existencia.
Pero no se aflijan, que deja para los que vengan detrás una obra plena y contundente. Dirigió películas como La vida por delante, El mundo sigue, El extraño viaje, El viaje a ninguna parte y le puso cara y voz al cine de nuestro país. Escribió una de las obras fundamentales del teatro contemporáneo, Las bicicletas son para el verano, y un libro básico en la literatura memorialista, El tiempo amarillo. Fue el protagonista de la aventura de la palabra en el siglo XX, así tituló su discurso de entrada en
Le gustaba el flamenco, el jazz, la literatura de entreguerras y el tango. Su favorito era Caminito, un canto a la huellas que el tiempo se encarga de borrar. Puede descansar tranquilo, tardará mucho en borrarse su largo viaje por esta tierra. Sé que le fastidiaba enormemente morirse, pero, querido Fernando, no te puedes imaginar cómo nos duele a nosotros. Buen viaje, amigo.
Esto no es una taberna
Por Patxo Unzueta en El País de 22 de noviembre de 2007
"¿Qué tal ha estado?", preguntó el director a los periodistas que regresaban de una comida con el importante político. "Muy bien, a nuestra altura", respondió uno de ellos. "Pues a mí no me ha parecido que haya estado tan mal", matizó otro.
La opinión que los periodistas tienen de los políticos es similar a la que tienen de su propio gremio, pero algo mejor que la que los políticos tienen del suyo, según se deduce cómo se tratan entre sí. Un trato que obligó no hace mucho al presidente del Congreso, Manuel Marín, a aclarar: "Esto no es una taberna".
Marín, que ayer presidió un homenaje al diputado del PP Gabriel Cisneros, recientemente fallecido, se va ofendido por la falta de tacto de quienes le buscaron sustituto antes de tiempo y hastiado por el sectarismo que domina la política española. Apenas hay otro debate político que el mantenido, por persona interpuesta, en las tertulias de radio y televisión; pero también en ellas se ha impuesto el griterío de trinchera.
En todos los países hay broncas entre la derecha y la izquierda, pero existe un reconocimiento entre los adversarios: no se llaman fascista entre sí, ni a nadie se le ocurre comparar un recurso de inconstitucionalidad con un golpe de Estado. La banalización de esos términos es un síntoma del infantilismo dominante.
Falta sentido de la continuidad del Estado democrático. Aznar no es el sucesor de Carrero Blanco, sino el de Felipe González como presidente. Por eso, y con independencia de las objeciones que puedan plantearse en el ámbito de la política exterior, estuvo en su papel el Rey ("símbolo de la unidad y permanencia" del Estado) al exigir que se dejase hablar al presidente Zapatero precisamente cuando defendía que Aznar, su antecesor, no es ningún fascista. Y estuvo en el suyo Aznar al agradecer a ambos esa defensa.
En los dos bandos hay quienes se encuentran a gusto instalados en el sectarismo, pero también otros que comparten con muchos ciudadanos el hartazgo que les provoca. Apenas hay encuestas que indaguen sobre la dimensión de ese hastío, pero el principio de acuerdo sobre el modelo territorial alcanzado por Zapatero y Rajoy en enero de 2005 fue recibido con tanta satisfacción como decepción provocó su casi inmediata ruptura. En un estudio de la Fundación Víctimas del Terrorismo presentado la semana pasada, el 61% admite que las divisiones entre los partidos producen tensión en su entorno personal. El 85% de los votantes del PSOE y el 80% de los del PP consideran indispensable el acuerdo entre ambos partidos en política antiterrorista; pero sólo el 30% lo ve probable.
El sectarismo cruzado ha cuajado en mensajes excluyentes. Aparte de Ciutadans en Cataluña, el único partido constitucional es el PP, sostenía hace poco un muy conocido portavoz del Foro Ermua en un artículo periodístico. Si así fuera, no sería posible la democracia: no habría posibilidad de alternancia en el marco constitucional. Los intentos de condenar al ostracismo político al PP (incluso mediante compromiso ante notario) responden a la misma mentalidad excluyente.
No basta con determinar quién empezó la bronca o quién es más culpable de que siga; es exigible que ambos partidos (y no sólo el de los otros) se desarmen de tanto sectarismo y recompongan el consenso sobre las cuestiones básicas, como ocurre entre Gobierno y oposición en la mayoría de las democracias. Sin disenso y confrontación política no hay democracia, pero la que hay es muy imperfecta si no hay acuerdo sobre nada. El deseable entre PP y PSOE habría permitido evitar los desbordamientos del marco en las reformas estatutarias, lo que habría ahorrado muchas tensiones actuales.
De su aval a la teoría conspiratoria a sus recursos de inconstitucionalidad contra toda ley que no hubiera votado, el PP ha cometido grandes errores, pero tal vez el más grave haya sido su renuncia a hacer valer sus 10 millones de votos para exigir ser tenido en cuenta en la negociación de las reformas. Ha preferido oponerse a todo para poder denunciar luego el resultado con gran escándalo. Eso ha favorecido el sectarismo del núcleo duro del PSOE, que ha hecho más caso a las presiones de aliados inseguros (o de un concejal) que a las recomendaciones del Consejo de Estado sobre las reformas territoriales o sobre la denominación del matrimonio homosexual, por ejemplo.
Tanto Zapatero como Rajoy se han comprometido a no pujar por la presidencia si su partido no es el más votado. Rajoy ha explicado que ese compromiso implica el de facilitar la investidura del candidato rival, para que no dependa de "las exigencias nacionalistas". Por otra parte, ha planteado al PSOE un pacto para reformar la Constitución en el sentido de cerrar definitivamente la configuración del Estado autonómico.
Más que cerrar nada, lo que cabría es abrirla en ambas direcciones, como han hecho los alemanes. Que pueda haber mayor descentralización donde la experiencia lo aconseje, pero que también sea posible la recuperación pactada por el Estado de competencias cuya dispersión se ha revelado negativa. Un acuerdo PP-PSOE sobre una reforma en esos términos podría ser la base de un pacto de legislatura entre ellos; no para excluir a los nacionalistas, pero sí para poner freno por una temporada a su tendencia a ignorar los límites. España no es una taberna, y menos una herriko-taberna.
"¿Qué tal ha estado?", preguntó el director a los periodistas que regresaban de una comida con el importante político. "Muy bien, a nuestra altura", respondió uno de ellos. "Pues a mí no me ha parecido que haya estado tan mal", matizó otro.
La opinión que los periodistas tienen de los políticos es similar a la que tienen de su propio gremio, pero algo mejor que la que los políticos tienen del suyo, según se deduce cómo se tratan entre sí. Un trato que obligó no hace mucho al presidente del Congreso, Manuel Marín, a aclarar: "Esto no es una taberna".
Marín, que ayer presidió un homenaje al diputado del PP Gabriel Cisneros, recientemente fallecido, se va ofendido por la falta de tacto de quienes le buscaron sustituto antes de tiempo y hastiado por el sectarismo que domina la política española. Apenas hay otro debate político que el mantenido, por persona interpuesta, en las tertulias de radio y televisión; pero también en ellas se ha impuesto el griterío de trinchera.
En todos los países hay broncas entre la derecha y la izquierda, pero existe un reconocimiento entre los adversarios: no se llaman fascista entre sí, ni a nadie se le ocurre comparar un recurso de inconstitucionalidad con un golpe de Estado. La banalización de esos términos es un síntoma del infantilismo dominante.
Falta sentido de la continuidad del Estado democrático. Aznar no es el sucesor de Carrero Blanco, sino el de Felipe González como presidente. Por eso, y con independencia de las objeciones que puedan plantearse en el ámbito de la política exterior, estuvo en su papel el Rey ("símbolo de la unidad y permanencia" del Estado) al exigir que se dejase hablar al presidente Zapatero precisamente cuando defendía que Aznar, su antecesor, no es ningún fascista. Y estuvo en el suyo Aznar al agradecer a ambos esa defensa.
En los dos bandos hay quienes se encuentran a gusto instalados en el sectarismo, pero también otros que comparten con muchos ciudadanos el hartazgo que les provoca. Apenas hay encuestas que indaguen sobre la dimensión de ese hastío, pero el principio de acuerdo sobre el modelo territorial alcanzado por Zapatero y Rajoy en enero de 2005 fue recibido con tanta satisfacción como decepción provocó su casi inmediata ruptura. En un estudio de la Fundación Víctimas del Terrorismo presentado la semana pasada, el 61% admite que las divisiones entre los partidos producen tensión en su entorno personal. El 85% de los votantes del PSOE y el 80% de los del PP consideran indispensable el acuerdo entre ambos partidos en política antiterrorista; pero sólo el 30% lo ve probable.
El sectarismo cruzado ha cuajado en mensajes excluyentes. Aparte de Ciutadans en Cataluña, el único partido constitucional es el PP, sostenía hace poco un muy conocido portavoz del Foro Ermua en un artículo periodístico. Si así fuera, no sería posible la democracia: no habría posibilidad de alternancia en el marco constitucional. Los intentos de condenar al ostracismo político al PP (incluso mediante compromiso ante notario) responden a la misma mentalidad excluyente.
No basta con determinar quién empezó la bronca o quién es más culpable de que siga; es exigible que ambos partidos (y no sólo el de los otros) se desarmen de tanto sectarismo y recompongan el consenso sobre las cuestiones básicas, como ocurre entre Gobierno y oposición en la mayoría de las democracias. Sin disenso y confrontación política no hay democracia, pero la que hay es muy imperfecta si no hay acuerdo sobre nada. El deseable entre PP y PSOE habría permitido evitar los desbordamientos del marco en las reformas estatutarias, lo que habría ahorrado muchas tensiones actuales.
De su aval a la teoría conspiratoria a sus recursos de inconstitucionalidad contra toda ley que no hubiera votado, el PP ha cometido grandes errores, pero tal vez el más grave haya sido su renuncia a hacer valer sus 10 millones de votos para exigir ser tenido en cuenta en la negociación de las reformas. Ha preferido oponerse a todo para poder denunciar luego el resultado con gran escándalo. Eso ha favorecido el sectarismo del núcleo duro del PSOE, que ha hecho más caso a las presiones de aliados inseguros (o de un concejal) que a las recomendaciones del Consejo de Estado sobre las reformas territoriales o sobre la denominación del matrimonio homosexual, por ejemplo.
Tanto Zapatero como Rajoy se han comprometido a no pujar por la presidencia si su partido no es el más votado. Rajoy ha explicado que ese compromiso implica el de facilitar la investidura del candidato rival, para que no dependa de "las exigencias nacionalistas". Por otra parte, ha planteado al PSOE un pacto para reformar la Constitución en el sentido de cerrar definitivamente la configuración del Estado autonómico.
Más que cerrar nada, lo que cabría es abrirla en ambas direcciones, como han hecho los alemanes. Que pueda haber mayor descentralización donde la experiencia lo aconseje, pero que también sea posible la recuperación pactada por el Estado de competencias cuya dispersión se ha revelado negativa. Un acuerdo PP-PSOE sobre una reforma en esos términos podría ser la base de un pacto de legislatura entre ellos; no para excluir a los nacionalistas, pero sí para poner freno por una temporada a su tendencia a ignorar los límites. España no es una taberna, y menos una herriko-taberna.
¿Normal o extravagante?
Por José María Ruiz Soroa en El Correo de 21 de noviembre de 2007
Sucede que la pasada semana la consejera de Cultura del Gobierno vasco intervino en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, en representación de España, designada previamente por consenso de las diecisiete comunidades autónomas. Y lo hizo en euskera, cosa que se ha celebrado como un triunfo de 'lo natural'. La propia consejera deploró que fuera noticiable algo que «debería ser normal» en el ámbito europeo. A pesar de este entusiasmo gubernamental, hay razones más que fundadas para desear que lo sucedido no se convierta en normal, sino que quede ahí como un simple hito simbólico.
Razones de pura lógica, en primer lugar. Porque, si no me equivoco, resulta que la consejera habló en representación de cuarenta millones de personas. Pero habló en un idioma que no permitía que la entendieran exactamente el 97,50% de sus representados. No digo que no la entendieran los demás países europeos, como es lógico, es que no la podía entender más que el 2,5% de aquéllos en cuyo nombre hablaba. ¿Realmente les parece a ustedes que tal cosa debe convertirse en normal? A mí me parece de lo más anormal que el portavoz de unos ciudadanos hable un idioma que es incomprensible para el 97,50% de ellos. Me resulta estrambótico que para entender lo que dice precisen un traductor, no sólo los demás europeos a quienes habla, sino también los españoles en cuyo nombre habla.
Razones económicas en segundo lugar. Porque sucede que el uso de las lenguas autóctonas en las instituciones europeas está condicionado a que sea Madrid la que proporcione, a su exclusiva costa, traducción previa de las peticiones e intervenciones a todas las lenguas oficiales de la Unión. Decir que el euskera es ya oficial en la Unión no es sino una costosa pantomima.
Más extravagante aún me resulta que, como colofón a su intervención pública, la consejera declare que «es lamentable que los representantes vascos en el Congreso y Senado españoles no puedan hablar allí en vascuence». ¿Por qué lo digo? Pues porque, en primer lugar, resulta que la mayoría de esos representantes no pueden hablar en euskera ni en Madrid, ni en Bilbao, ni en su casa del País Vasco, ni en ninguna parte, porque sencillamente no lo hablan. Sería verdaderamente milagroso que Anasagasti, Rojo o Benegas prorrumpieran a hablar en euskera en Madrid. Pero, en segundo lugar, lo que resulta anormal es el empecinamiento que demuestran continuamente los nacionalistas del tipo de la consejera en desconocer la clase de plurilingüismo que existe en España. Porque es verdad, como es obvio, que España es un país con un multilingüismo vivo, al igual que Euskal Herria es un país bilingüe. Pero no todos los países bilingües o plurilingües son iguales, como los especialistas saben. España no es como otros países plurilingües tales como Suiza, Bélgica o India, y basta reflexionar un poco para percibir la diferencia esencial con ellos: que en nuestro país existe una lengua común hablada por todos, una lengua que nos permite entendernos con independencia de cuál sea nuestra lengua 'propia' (como llaman aquí a las lenguas autóctonas). La situación de un país plurilingüe que posee una lengua común es total y absolutamente diferente de la de los países que carecen de ella, aquéllos cuyos ciudadanos no pueden entenderse sino en una tercera como el inglés. Diferente es el tratamiento administrativo de esa situación y diferente es la política sobre el uso de las diferentes lenguas en las instituciones.
El castellano es la lengua común de todos los españoles, la que nos permite entendernos entre nosotros (por cierto, también es la lengua común de todos los vascos peninsulares que nos permite entendernos, pero ésa sería otra historia). En puridad, al decir de muchos lingüistas, el castellano ha sido desde su nacimiento una lengua koinética, es decir, una lengua puente utilizada para entenderse por los hablantes de los diversos idiomas que confluían en el norte peninsular, la mayoría de ellos desaparecidos casi por completo hoy (los romances riojano, bajoaragonés, navarro, asturiano, leonés, mozárabe y el idioma vascón). Una fonética muy accesible y una sintaxis muy simple propiciaron que aquel latín deformado por los vascoparlantes de las tierras alavesas de Valpuesta se convirtiera en la 'segunda lengua' de aquel hervidero humano medieval. Y el futuro pertenece siempre a las 'segundas lenguas', como sucede hoy con el inglés.
Cuando se posee una lengua común es literalmente absurdo escenificar una situación de incomprensión, es extravagante la estampa de unos senadores o congresistas españoles con cascos de traducción simultánea para oírse entre ellos. Y, además de esperpéntico, carece de la más mínima justificación en términos políticos, pues en un Estado federal como el nuestro los órganos centrales son expresión, precisamente, de lo que nos une, no de lo que nos diferencia. Y si hay algo que nos une es la lengua común. Salvo actuaciones puramente simbólicas, la diferencia debe expresarse allí donde corresponde, en los órganos rectores o representativos de las autonomías. Y la unión en los centrales. Lo contrario es pervertir la relación típica entre unidad y diferencia que es propia de un Estado federal.
Los nacionalistas opinan lo contrario, opinan que ante todo y sobre todo debe exhibirse la diferencia, aunque sea una diferencia artificiosa e hipostasiada. Que cada uno debe hablar en 'su' idioma, aunque así no se entiendan los ciudadanos. No ven la lengua como un medio, como un herramienta, sino como un depósito sagrado de identidad. Pero que piensen así, e incluso que ese pensamiento se vaya convirtiendo en políticamente correcto en la España actual, no lo hace normal. Es una perversión enfermiza del valor de uso de las lenguas.
Lo más lógico y 'normal' sería concentrar progresivamente el lenguaje de las instituciones europeas en un solo un idioma, probablemente el inglés. Me parece que sería más práctico y sencillo para los ciudadanos europeos y ahorraría una enorme cantidad de costes de transacción entre ellos, que es de lo que se trata. ¿Qué con ello el castellano podría llegar a perder peso y atractivo en Europa? No es algo que me preocupe en absoluto. ¿Cuántas lenguas se han perdido para que usted y yo podamos llegar a entendernos, amigo lector? Pues más aún se perderán para que lo consigan los tataranietos de los actuales pobladores del mundo. ¿Saben ustedes que el 25% de las lenguas vivas en el mundo cuentan con menos de mil (1.000) hablantes? ¿Y que el 50% cuentan con menos de diez mil seres humanos que las hablan? Que hay países como Indonesia que poseen 694 lenguas, o Papúa-Nueva Guinea que tiene 673, o India 337. ¿Maravilloso o pavoroso?
Les facilito unos sencillos datos del censo actual de lenguas en el mundo: sólo el 3,4% de ellas (unas 230) corresponde al continente europeo entero (UE o no); en cambio, el 14,9% (1.013) corresponde a América, el 30,2% (2.058) a África, el 32,3% (2.197) a Asia y el 19,3% (1,311) al Pacífico. Lo curioso de estos datos es observar la enorme capacidad reductora de la multiplicidad lingüística que ha tenido Europa en comparación con otras regiones del mundo. Y la pregunta obvia es: ¿Tendrá ello algo que ver con su temprano éxito?
Las lenguas, aunque a algunos les cueste entender esa simple verdad, están hechas para que los seres humanos se entiendan, no para que se frustren entre sí, ni para que se las convierta en el reducto del narcisismo de la diferencia. Su único valor es su capacidad comunicativa, nada más.
Sucede que la pasada semana la consejera de Cultura del Gobierno vasco intervino en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, en representación de España, designada previamente por consenso de las diecisiete comunidades autónomas. Y lo hizo en euskera, cosa que se ha celebrado como un triunfo de 'lo natural'. La propia consejera deploró que fuera noticiable algo que «debería ser normal» en el ámbito europeo. A pesar de este entusiasmo gubernamental, hay razones más que fundadas para desear que lo sucedido no se convierta en normal, sino que quede ahí como un simple hito simbólico.
Razones de pura lógica, en primer lugar. Porque, si no me equivoco, resulta que la consejera habló en representación de cuarenta millones de personas. Pero habló en un idioma que no permitía que la entendieran exactamente el 97,50% de sus representados. No digo que no la entendieran los demás países europeos, como es lógico, es que no la podía entender más que el 2,5% de aquéllos en cuyo nombre hablaba. ¿Realmente les parece a ustedes que tal cosa debe convertirse en normal? A mí me parece de lo más anormal que el portavoz de unos ciudadanos hable un idioma que es incomprensible para el 97,50% de ellos. Me resulta estrambótico que para entender lo que dice precisen un traductor, no sólo los demás europeos a quienes habla, sino también los españoles en cuyo nombre habla.
Razones económicas en segundo lugar. Porque sucede que el uso de las lenguas autóctonas en las instituciones europeas está condicionado a que sea Madrid la que proporcione, a su exclusiva costa, traducción previa de las peticiones e intervenciones a todas las lenguas oficiales de la Unión. Decir que el euskera es ya oficial en la Unión no es sino una costosa pantomima.
Más extravagante aún me resulta que, como colofón a su intervención pública, la consejera declare que «es lamentable que los representantes vascos en el Congreso y Senado españoles no puedan hablar allí en vascuence». ¿Por qué lo digo? Pues porque, en primer lugar, resulta que la mayoría de esos representantes no pueden hablar en euskera ni en Madrid, ni en Bilbao, ni en su casa del País Vasco, ni en ninguna parte, porque sencillamente no lo hablan. Sería verdaderamente milagroso que Anasagasti, Rojo o Benegas prorrumpieran a hablar en euskera en Madrid. Pero, en segundo lugar, lo que resulta anormal es el empecinamiento que demuestran continuamente los nacionalistas del tipo de la consejera en desconocer la clase de plurilingüismo que existe en España. Porque es verdad, como es obvio, que España es un país con un multilingüismo vivo, al igual que Euskal Herria es un país bilingüe. Pero no todos los países bilingües o plurilingües son iguales, como los especialistas saben. España no es como otros países plurilingües tales como Suiza, Bélgica o India, y basta reflexionar un poco para percibir la diferencia esencial con ellos: que en nuestro país existe una lengua común hablada por todos, una lengua que nos permite entendernos con independencia de cuál sea nuestra lengua 'propia' (como llaman aquí a las lenguas autóctonas). La situación de un país plurilingüe que posee una lengua común es total y absolutamente diferente de la de los países que carecen de ella, aquéllos cuyos ciudadanos no pueden entenderse sino en una tercera como el inglés. Diferente es el tratamiento administrativo de esa situación y diferente es la política sobre el uso de las diferentes lenguas en las instituciones.
El castellano es la lengua común de todos los españoles, la que nos permite entendernos entre nosotros (por cierto, también es la lengua común de todos los vascos peninsulares que nos permite entendernos, pero ésa sería otra historia). En puridad, al decir de muchos lingüistas, el castellano ha sido desde su nacimiento una lengua koinética, es decir, una lengua puente utilizada para entenderse por los hablantes de los diversos idiomas que confluían en el norte peninsular, la mayoría de ellos desaparecidos casi por completo hoy (los romances riojano, bajoaragonés, navarro, asturiano, leonés, mozárabe y el idioma vascón). Una fonética muy accesible y una sintaxis muy simple propiciaron que aquel latín deformado por los vascoparlantes de las tierras alavesas de Valpuesta se convirtiera en la 'segunda lengua' de aquel hervidero humano medieval. Y el futuro pertenece siempre a las 'segundas lenguas', como sucede hoy con el inglés.
Cuando se posee una lengua común es literalmente absurdo escenificar una situación de incomprensión, es extravagante la estampa de unos senadores o congresistas españoles con cascos de traducción simultánea para oírse entre ellos. Y, además de esperpéntico, carece de la más mínima justificación en términos políticos, pues en un Estado federal como el nuestro los órganos centrales son expresión, precisamente, de lo que nos une, no de lo que nos diferencia. Y si hay algo que nos une es la lengua común. Salvo actuaciones puramente simbólicas, la diferencia debe expresarse allí donde corresponde, en los órganos rectores o representativos de las autonomías. Y la unión en los centrales. Lo contrario es pervertir la relación típica entre unidad y diferencia que es propia de un Estado federal.
Los nacionalistas opinan lo contrario, opinan que ante todo y sobre todo debe exhibirse la diferencia, aunque sea una diferencia artificiosa e hipostasiada. Que cada uno debe hablar en 'su' idioma, aunque así no se entiendan los ciudadanos. No ven la lengua como un medio, como un herramienta, sino como un depósito sagrado de identidad. Pero que piensen así, e incluso que ese pensamiento se vaya convirtiendo en políticamente correcto en la España actual, no lo hace normal. Es una perversión enfermiza del valor de uso de las lenguas.
Lo más lógico y 'normal' sería concentrar progresivamente el lenguaje de las instituciones europeas en un solo un idioma, probablemente el inglés. Me parece que sería más práctico y sencillo para los ciudadanos europeos y ahorraría una enorme cantidad de costes de transacción entre ellos, que es de lo que se trata. ¿Qué con ello el castellano podría llegar a perder peso y atractivo en Europa? No es algo que me preocupe en absoluto. ¿Cuántas lenguas se han perdido para que usted y yo podamos llegar a entendernos, amigo lector? Pues más aún se perderán para que lo consigan los tataranietos de los actuales pobladores del mundo. ¿Saben ustedes que el 25% de las lenguas vivas en el mundo cuentan con menos de mil (1.000) hablantes? ¿Y que el 50% cuentan con menos de diez mil seres humanos que las hablan? Que hay países como Indonesia que poseen 694 lenguas, o Papúa-Nueva Guinea que tiene 673, o India 337. ¿Maravilloso o pavoroso?
Les facilito unos sencillos datos del censo actual de lenguas en el mundo: sólo el 3,4% de ellas (unas 230) corresponde al continente europeo entero (UE o no); en cambio, el 14,9% (1.013) corresponde a América, el 30,2% (2.058) a África, el 32,3% (2.197) a Asia y el 19,3% (1,311) al Pacífico. Lo curioso de estos datos es observar la enorme capacidad reductora de la multiplicidad lingüística que ha tenido Europa en comparación con otras regiones del mundo. Y la pregunta obvia es: ¿Tendrá ello algo que ver con su temprano éxito?
Las lenguas, aunque a algunos les cueste entender esa simple verdad, están hechas para que los seres humanos se entiendan, no para que se frustren entre sí, ni para que se las convierta en el reducto del narcisismo de la diferencia. Su único valor es su capacidad comunicativa, nada más.
lunes, 19 de noviembre de 2007
Nuestra nostridad
Por Manuel Montero en El País de 18 de noviembre de 2007
¿Hay alguna palabra que en el País Vasco se use más que "Pueblo vasco", más que "identidad", más que "diálogo y negociación"? ¿Más incluso que "futuro ilusionante", "derecho a decidir" o "normalización política"? Aunque parezca mentira, la hay: es el vocablo "nuestro", que inunda el lenguaje vasco, es omnipresente, el corazón idiomático de nuestra vasquidad. Tenemos que degustar nuestro txakolí, apoyar a nuestro Athletic, defender lo nuestro, apoyar nuestro deporte rural, nuestra txalaparta, sostener nuestras reivindicaciones, nuestro euskera, nuestra cultura, nuestra ikurriña, añorar nuestro pasado, "decidir nuestro futuro" (nuestro lehendakari dixit), "defender a nuestro pueblo", nuestros presos, nuestros jóvenes, nuestro Concierto, nuestros derechos históricos, leer nuestra prensa, apoyar a nuestros ciclistas, nuestros arrantzales, nuestra cultura, nuestros equipos, nuestra selección, nuestras costumbres y nuestras tradiciones, a nuestra Euskal Herria, así como expresar nuestras ansias de paz, admirar nuestro caserío y sostener a nuestros baserritarras. "Es muy importante que hagamos un diagnóstico pastoral certero de la situación de nuestro pueblo vasco" empezaban nuestros curas vascos una de sus oníricos sermones. Nuestro, nuestro, nuestro, todo es nuestro. La idea de lo nuestro nos obsesiona.
La mejor forma de vender en nuestro País Vasco es convencer a nuestra gente de que compra nuestro café, nuestra telefonía móvil, nuestras alubias, nuestros kiwis, nuestra merlucita, nuestra tecnología, nuestra literatura, nuestra televisión, nuestros electrodomésticos, nuestra caja de ahorros, nuestros bancos, nuestras cooperativas -es "en Guipúzcoa donde mayor peso tienen nuestras cooperativas"-, en este caso intentando que por España no se enteren de que son tan nuestras. Nuestra lucha publicitaria y política consiste en la pelea por demostrar que se es el nuestro, de aquí, del país, de nuestra Euskal Herria. Si una empresa lograra persuadirnos de que al importar ornitorrincos y canguros de Australia nos trae nuestros ornitorrincos y nuestros canguros se forra. La competición pública en el País Vasco es un combate por definir lo nuestro, conquistarlo y acapararlo. Ya lo dijo el PNV, que es "de obediencia vasca". O sea, nuestro.
Nuestro lehendakari mismo tiene dificultades para hablar sin pronunciar la palabra nuestro. Esta misma semana: cuando ha estado en Biarritz (jueves 15) para hablar de trenes se extasió por "hacer y decidir nuestro futuro". Dos días antes (martes 13) llamaba a "defender nuestros intereses" metiendo al Concierto de epítome del Tratado de Lisboa, idea chocante pero muy nuestra.
La clave del discurso político nacionalista -e índice inigualable de su capacidad persuasiva, pues lo ha convertido en valor social generalizado- es ese "nuestro" que nos cerca. Crea proximidad y sugiere propiedad, en un curioso doble sentido: cuando el nacionalismo habla de "nuestro Pueblo vasco" no queda claro si el pueblo vasco es de todos los vascos, o sólo de los nacionalistas, que es lo literal. El equívoco le es irrelevante, pues tanto le viene a dar lo uno como lo otro.
Nuestro "nuestro" esboza un espacio simbólico colectivo, en el que estamos "nosotros" y lo que nos pertenece, material o figuradamente; y no están "ellos". En este territorio mental nuestro se separa de forma nítida lo propio y lo ajeno, y se trata de eso. Lo fundamental es el concepto separador que nos construye como un imaginario privativo: nuestro, y en todos los órdenes de la vida, sean nuestros robles, nuestra prehistoria o nuestras convicciones éticas. Cuando nuestro lehendakari dice: "tenemos en nuestra mano la posibilidad de decidir nuestro propio futuro", lo importante no es la idea de mano, ni de decidir ni de futuro. El enunciado bascula sobre "el nuestro", repetido, que por ser nuestro no se nos puede arrebatar y que implica un "nosotros".
Somos pues muy nuestros. Esta sobreabundancia del "nuestro" es una singularidad vasca. Si en cualquier lugar de España alguien dice "nuestro Rey" se hace raro. Nadie utiliza "nuestro presidente" para referirse a Zapatero, a no ser algún pelota del partido; en todo caso, no es de uso común. En este artículo he colado ya tres veces "nuestro lehendakari" y apenas va forzado. Y es que se usa tan normal, casi como jaculatoria. Como si en ese "nuestro" telúrico que define nuestra nostridad el puesto de lehendakari jugase un papel espiritual, y cerrase el universo mental que formamos nosotros, lo nuestro, el repudio de lo ajeno y la conciencia de pertenecer a algo distinto. Se dice "nuestro lehendakari" como en el Padrenuestro se dice gure Jaungoikoa. Con la misma reverencia pero más fervor, porque está más cerca.
Nuestro lehendakari mismamente usa el "nuestro" con pasión. Siempre la ha tenido, pero le va a más. Cuando le invistieron por vez primera sorprendió la cantidad de veces que empleó en el discurso el nuestro/a. Nadie había conseguido tal marca: 56 veces, para ser exactos. En la investidura de 2001 la bordó, nuevo récord: 87. La última, la de 2005, parece insuperable, 102 veces. La nostridad va calando en nuestro lehendakari. No es sólo cuestión de número, también de calidad. En 1999 el nuestro de nuestro lehendakari era técnico, inmediato, no visionario ni mesiánico: nuestro proyecto, nuestras preferencias, nuestra economía, nuestra Comunidad, nuestra riqueza, nuestra alternativa, nuestro país. Los nuestros que enunció en 2005 irradian confianza y creatividad: nuestros objetivos colectivos, nuestro compromiso ético, nuestra mano tendida, nuestra historia, nuestra identidad colectiva, nuestra sociedad que quiere la Paz y la Normalización Política, nuestra permanente disposición al diálogo y al acuerdo.
El tiempo cambia también a nuestro lehendakari. Le pervive el "nuestro" como seña de identidad verbal, pero ahora con un toque épico.
¿Hay alguna palabra que en el País Vasco se use más que "Pueblo vasco", más que "identidad", más que "diálogo y negociación"? ¿Más incluso que "futuro ilusionante", "derecho a decidir" o "normalización política"? Aunque parezca mentira, la hay: es el vocablo "nuestro", que inunda el lenguaje vasco, es omnipresente, el corazón idiomático de nuestra vasquidad. Tenemos que degustar nuestro txakolí, apoyar a nuestro Athletic, defender lo nuestro, apoyar nuestro deporte rural, nuestra txalaparta, sostener nuestras reivindicaciones, nuestro euskera, nuestra cultura, nuestra ikurriña, añorar nuestro pasado, "decidir nuestro futuro" (nuestro lehendakari dixit), "defender a nuestro pueblo", nuestros presos, nuestros jóvenes, nuestro Concierto, nuestros derechos históricos, leer nuestra prensa, apoyar a nuestros ciclistas, nuestros arrantzales, nuestra cultura, nuestros equipos, nuestra selección, nuestras costumbres y nuestras tradiciones, a nuestra Euskal Herria, así como expresar nuestras ansias de paz, admirar nuestro caserío y sostener a nuestros baserritarras. "Es muy importante que hagamos un diagnóstico pastoral certero de la situación de nuestro pueblo vasco" empezaban nuestros curas vascos una de sus oníricos sermones. Nuestro, nuestro, nuestro, todo es nuestro. La idea de lo nuestro nos obsesiona.
La mejor forma de vender en nuestro País Vasco es convencer a nuestra gente de que compra nuestro café, nuestra telefonía móvil, nuestras alubias, nuestros kiwis, nuestra merlucita, nuestra tecnología, nuestra literatura, nuestra televisión, nuestros electrodomésticos, nuestra caja de ahorros, nuestros bancos, nuestras cooperativas -es "en Guipúzcoa donde mayor peso tienen nuestras cooperativas"-, en este caso intentando que por España no se enteren de que son tan nuestras. Nuestra lucha publicitaria y política consiste en la pelea por demostrar que se es el nuestro, de aquí, del país, de nuestra Euskal Herria. Si una empresa lograra persuadirnos de que al importar ornitorrincos y canguros de Australia nos trae nuestros ornitorrincos y nuestros canguros se forra. La competición pública en el País Vasco es un combate por definir lo nuestro, conquistarlo y acapararlo. Ya lo dijo el PNV, que es "de obediencia vasca". O sea, nuestro.
Nuestro lehendakari mismo tiene dificultades para hablar sin pronunciar la palabra nuestro. Esta misma semana: cuando ha estado en Biarritz (jueves 15) para hablar de trenes se extasió por "hacer y decidir nuestro futuro". Dos días antes (martes 13) llamaba a "defender nuestros intereses" metiendo al Concierto de epítome del Tratado de Lisboa, idea chocante pero muy nuestra.
La clave del discurso político nacionalista -e índice inigualable de su capacidad persuasiva, pues lo ha convertido en valor social generalizado- es ese "nuestro" que nos cerca. Crea proximidad y sugiere propiedad, en un curioso doble sentido: cuando el nacionalismo habla de "nuestro Pueblo vasco" no queda claro si el pueblo vasco es de todos los vascos, o sólo de los nacionalistas, que es lo literal. El equívoco le es irrelevante, pues tanto le viene a dar lo uno como lo otro.
Nuestro "nuestro" esboza un espacio simbólico colectivo, en el que estamos "nosotros" y lo que nos pertenece, material o figuradamente; y no están "ellos". En este territorio mental nuestro se separa de forma nítida lo propio y lo ajeno, y se trata de eso. Lo fundamental es el concepto separador que nos construye como un imaginario privativo: nuestro, y en todos los órdenes de la vida, sean nuestros robles, nuestra prehistoria o nuestras convicciones éticas. Cuando nuestro lehendakari dice: "tenemos en nuestra mano la posibilidad de decidir nuestro propio futuro", lo importante no es la idea de mano, ni de decidir ni de futuro. El enunciado bascula sobre "el nuestro", repetido, que por ser nuestro no se nos puede arrebatar y que implica un "nosotros".
Somos pues muy nuestros. Esta sobreabundancia del "nuestro" es una singularidad vasca. Si en cualquier lugar de España alguien dice "nuestro Rey" se hace raro. Nadie utiliza "nuestro presidente" para referirse a Zapatero, a no ser algún pelota del partido; en todo caso, no es de uso común. En este artículo he colado ya tres veces "nuestro lehendakari" y apenas va forzado. Y es que se usa tan normal, casi como jaculatoria. Como si en ese "nuestro" telúrico que define nuestra nostridad el puesto de lehendakari jugase un papel espiritual, y cerrase el universo mental que formamos nosotros, lo nuestro, el repudio de lo ajeno y la conciencia de pertenecer a algo distinto. Se dice "nuestro lehendakari" como en el Padrenuestro se dice gure Jaungoikoa. Con la misma reverencia pero más fervor, porque está más cerca.
Nuestro lehendakari mismamente usa el "nuestro" con pasión. Siempre la ha tenido, pero le va a más. Cuando le invistieron por vez primera sorprendió la cantidad de veces que empleó en el discurso el nuestro/a. Nadie había conseguido tal marca: 56 veces, para ser exactos. En la investidura de 2001 la bordó, nuevo récord: 87. La última, la de 2005, parece insuperable, 102 veces. La nostridad va calando en nuestro lehendakari. No es sólo cuestión de número, también de calidad. En 1999 el nuestro de nuestro lehendakari era técnico, inmediato, no visionario ni mesiánico: nuestro proyecto, nuestras preferencias, nuestra economía, nuestra Comunidad, nuestra riqueza, nuestra alternativa, nuestro país. Los nuestros que enunció en 2005 irradian confianza y creatividad: nuestros objetivos colectivos, nuestro compromiso ético, nuestra mano tendida, nuestra historia, nuestra identidad colectiva, nuestra sociedad que quiere la Paz y la Normalización Política, nuestra permanente disposición al diálogo y al acuerdo.
El tiempo cambia también a nuestro lehendakari. Le pervive el "nuestro" como seña de identidad verbal, pero ahora con un toque épico.
viernes, 16 de noviembre de 2007
La mirada impúdica
De José María Ruiz Soroa en El País del País Vasco de 15 de noviembre de 2007
La reciente publicación del estudio del Instituto de Estudios Fiscales sobre la financiación del Estado de las Autonomías ofrece datos de interés sobre algunos aspectos de la relación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco (y Navarra) y el resto de España, que podemos calificar como territorio común (TC). Son unos datos que puede ser útil presentar a la sociedad cuando, una vez más, nuestro líder infatigable insinúa el camino hacia "la no-España".
Verán, resulta que la sobrefinanciación que recibe el País Vasco gracias a la forma en que funciona el Concierto Económico (el cálculo del Cupo) fue equivalente en 2003 al 3,4% de su Producto Interior Bruto (la diferencia entre la financiación que recibe Euskadi -14,7% PIB- y lo que reciben las comunidades de territorio común -11,4% PIB-. En euros por habitante, la sobrefinanciación equivale a 1.237 euros, pero nos quedaremos con el dato del porcentaje PIB a efectos de ulteriores comparaciones porque es más significativo: un 3,4% del PIB.
¿De dónde sale esa sobrefinanciación que recibe el País Vasco? Resulta bastante obvio: es el coste de la solidaridad interautonómica en que el País Vasco no participa, mientras que el resto de comunidades TC sí la soporta. Dicho en otros términos, el poseer la relación fiscal especial con España que tenemos nos reporta un ingreso adicional del 3,4% PIB anual. Aunque se efectúe en forma velada (como un ahorro) se trata de una auténtica transferencia financiera que va del resto de España a Euskadi.
Para llegar a comprender lo que significa esta transferencia en términos económicos podemos compararla con el volumen de las que España ha recibido de Europa desde la fecha de su ingreso en 1986. No hace falta subrayar que esas transferencias han sido un factor esencial para el crecimiento económico de España desde entonces hasta ahora mismo, porque este es un hecho tan repetido y comentado que difícilmente podría exagerarse. Pues bien, el promedio anual de transferencias Europa-España ha sido del 0,8% del PIB español, con un máximo del 1,6% del PIB en 2003.
Pongan los dos datos en relación y deduzcan la importancia del asunto: Euskadi ha recibido anualmente en transferencias de España, desde 1.980 hasta hoy, un porcentaje que triplica, medido en impacto sobre su PIB, el que España ha recibido de Europa. O sea, que para el País Vasco, la verdadera Europa de los fondos estructurales y de cohesión es... España. Ésta es nuestro auténtico plan Marshall. Y además, y esta es una feliz noticia, así como los fondos europeos se secarán para la Península en un plazo ya muy breve, la fuente española no tiene visos de dejar de manar hacia el País Vasco.
No deja de ser paradójico que una España TC con un nivel de riqueza medio de 98 (siendo 100 el del conjunto español) financie a una comunidad, el País Vasco, cuyo nivel es 124. Pero es el efecto sorprendente de poseer "derechos históricos". ¡Y luego dicen que la historia no vale para nada! En cualquier caso, lo que así se entiende mejor es la reluctancia de nuestro líder soberanista a hablar de secesión o independencia, y su insistencia en hablar del derecho a decidir una relación amable de integración. Porque ningún gobernante en su sano juicio renunciaría a una tan suculenta relación fiscal. Estar en Europa directamente, no a través de España, le supondría al País Vasco la pérdida inmediata de un 3,4% de su PIB.
No menos interesante resulta comprobar qué ha hecho nuestro Gobierno con ese exceso de financiación que posee; es decir, en qué lo hemos empleado los vascos durante todo este tiempo. Desde luego, una parte habrá ido a mejorar nuestros servicios sociales y nuestras infraestructuras, pero llama la atención que algo así como nada menos que el 40% de la sobrefinanciación se ha transferido a las empresas y empresarios vascos en forma de menor presión fiscal en el Impuesto de Sociedades. En efecto, Euskadi recauda de media por este impuesto alrededor del 2% de su PIB, mientras que la España TC recauda más del 3%: el volumen medio de la rebaja fiscal de que gozan empresas y empresarios está entre el 1 y el 1,5%, gracias a que el tipo efectivo de este impuesto (no los nominales con los que nos distraen en las Juntas Generales) está 10 puntos por debajo que en el resto de España ¿Cómo puede permitirse el País Vasco perder un 1,5% PIB de recaudación en el Impuesto de Sociedades sin aumentar la recaudación por IRPF o IVA? Sencillo: porque tiene un 3,4% PIB de exceso que le permite ser selectivamente generoso con los contribuyentes.
Otto Bauer solía decir que en cuestiones nacionales se habla mucho de identidad y autodeterminación, pero muy poco de propiedad; y que, sin embargo, ésta es la cuestión subyacente: ¿de quién va a ser la nación soñada? En nuestro caso, la pregunta indiscreta sería ¿de quién son los derechos históricos? Y la respuesta sonaría: sobre todo, de las empresas y empresarios, no de los ciudadanos de a pie. Claro que Otto Bauer era un marxista, kantiano pero marxista. Es decir, un autor que cuando analizaba las sociedades de su tiempo se preguntaba impúdicamente ¿quién obtiene qué y por qué? Una pregunta altamente pedestre y escasamente patriótica, lo reconozco, cuando estamos hablando del sagrado derecho a decidir de un pueblo. Pero que tiene su miga.
La reciente publicación del estudio del Instituto de Estudios Fiscales sobre la financiación del Estado de las Autonomías ofrece datos de interés sobre algunos aspectos de la relación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco (y Navarra) y el resto de España, que podemos calificar como territorio común (TC). Son unos datos que puede ser útil presentar a la sociedad cuando, una vez más, nuestro líder infatigable insinúa el camino hacia "la no-España".
Verán, resulta que la sobrefinanciación que recibe el País Vasco gracias a la forma en que funciona el Concierto Económico (el cálculo del Cupo) fue equivalente en 2003 al 3,4% de su Producto Interior Bruto (la diferencia entre la financiación que recibe Euskadi -14,7% PIB- y lo que reciben las comunidades de territorio común -11,4% PIB-. En euros por habitante, la sobrefinanciación equivale a 1.237 euros, pero nos quedaremos con el dato del porcentaje PIB a efectos de ulteriores comparaciones porque es más significativo: un 3,4% del PIB.
¿De dónde sale esa sobrefinanciación que recibe el País Vasco? Resulta bastante obvio: es el coste de la solidaridad interautonómica en que el País Vasco no participa, mientras que el resto de comunidades TC sí la soporta. Dicho en otros términos, el poseer la relación fiscal especial con España que tenemos nos reporta un ingreso adicional del 3,4% PIB anual. Aunque se efectúe en forma velada (como un ahorro) se trata de una auténtica transferencia financiera que va del resto de España a Euskadi.
Para llegar a comprender lo que significa esta transferencia en términos económicos podemos compararla con el volumen de las que España ha recibido de Europa desde la fecha de su ingreso en 1986. No hace falta subrayar que esas transferencias han sido un factor esencial para el crecimiento económico de España desde entonces hasta ahora mismo, porque este es un hecho tan repetido y comentado que difícilmente podría exagerarse. Pues bien, el promedio anual de transferencias Europa-España ha sido del 0,8% del PIB español, con un máximo del 1,6% del PIB en 2003.
Pongan los dos datos en relación y deduzcan la importancia del asunto: Euskadi ha recibido anualmente en transferencias de España, desde 1.980 hasta hoy, un porcentaje que triplica, medido en impacto sobre su PIB, el que España ha recibido de Europa. O sea, que para el País Vasco, la verdadera Europa de los fondos estructurales y de cohesión es... España. Ésta es nuestro auténtico plan Marshall. Y además, y esta es una feliz noticia, así como los fondos europeos se secarán para la Península en un plazo ya muy breve, la fuente española no tiene visos de dejar de manar hacia el País Vasco.
No deja de ser paradójico que una España TC con un nivel de riqueza medio de 98 (siendo 100 el del conjunto español) financie a una comunidad, el País Vasco, cuyo nivel es 124. Pero es el efecto sorprendente de poseer "derechos históricos". ¡Y luego dicen que la historia no vale para nada! En cualquier caso, lo que así se entiende mejor es la reluctancia de nuestro líder soberanista a hablar de secesión o independencia, y su insistencia en hablar del derecho a decidir una relación amable de integración. Porque ningún gobernante en su sano juicio renunciaría a una tan suculenta relación fiscal. Estar en Europa directamente, no a través de España, le supondría al País Vasco la pérdida inmediata de un 3,4% de su PIB.
No menos interesante resulta comprobar qué ha hecho nuestro Gobierno con ese exceso de financiación que posee; es decir, en qué lo hemos empleado los vascos durante todo este tiempo. Desde luego, una parte habrá ido a mejorar nuestros servicios sociales y nuestras infraestructuras, pero llama la atención que algo así como nada menos que el 40% de la sobrefinanciación se ha transferido a las empresas y empresarios vascos en forma de menor presión fiscal en el Impuesto de Sociedades. En efecto, Euskadi recauda de media por este impuesto alrededor del 2% de su PIB, mientras que la España TC recauda más del 3%: el volumen medio de la rebaja fiscal de que gozan empresas y empresarios está entre el 1 y el 1,5%, gracias a que el tipo efectivo de este impuesto (no los nominales con los que nos distraen en las Juntas Generales) está 10 puntos por debajo que en el resto de España ¿Cómo puede permitirse el País Vasco perder un 1,5% PIB de recaudación en el Impuesto de Sociedades sin aumentar la recaudación por IRPF o IVA? Sencillo: porque tiene un 3,4% PIB de exceso que le permite ser selectivamente generoso con los contribuyentes.
Otto Bauer solía decir que en cuestiones nacionales se habla mucho de identidad y autodeterminación, pero muy poco de propiedad; y que, sin embargo, ésta es la cuestión subyacente: ¿de quién va a ser la nación soñada? En nuestro caso, la pregunta indiscreta sería ¿de quién son los derechos históricos? Y la respuesta sonaría: sobre todo, de las empresas y empresarios, no de los ciudadanos de a pie. Claro que Otto Bauer era un marxista, kantiano pero marxista. Es decir, un autor que cuando analizaba las sociedades de su tiempo se preguntaba impúdicamente ¿quién obtiene qué y por qué? Una pregunta altamente pedestre y escasamente patriótica, lo reconozco, cuando estamos hablando del sagrado derecho a decidir de un pueblo. Pero que tiene su miga.
lunes, 12 de noviembre de 2007
Algunas reflexiones sobre la sentencia del 11-M
Por Luis de la Corte en Athena Intelligence (archivo pdf)
Resumen:
Este análisis extrae algunas conclusiones sobre la sentencia del 11-M. En particular, los comentarios vertidos en las siguientes páginas abordarán tres cuestiones sucesivas: el definitivo debacle de las llamadas teorías conspirativas, los aspectos explicativos del 11-M que no pudieron ser suficientemente tratados en la mencionada sentencia y los fallos que facilitaron la comisión de los atentados.
Resumen:
Este análisis extrae algunas conclusiones sobre la sentencia del 11-M. En particular, los comentarios vertidos en las siguientes páginas abordarán tres cuestiones sucesivas: el definitivo debacle de las llamadas teorías conspirativas, los aspectos explicativos del 11-M que no pudieron ser suficientemente tratados en la mencionada sentencia y los fallos que facilitaron la comisión de los atentados.
Fragmentos de realidad
Por Enric González en Domingo, suplemento de El País, de 11 de noviembre de 2007
El 16 de enero de 1959, un mendigo ciego fue recogido en una acera del Bowery neoyorquino y acompañado al St. Clare's Hospital. El hombre, de 82 años, se llamaba Laurence Stroetz y carecía de familia. Había sido violinista en la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, pero no había tocado en 30 años. La hermana Francis Marie llevó un viejo violín prestado a la habitación 203, y Stroetz, con dedos titubeantes al principio, interpretó varias piezas. Cerró el concierto privado con el Ave María, de Gounod.
Esta pequeña historia se habría perdido si Meyer Berger, el mejor reportero de todos los tiempos, no hubiera estado allí. Meyer Berger, nacido en Nueva York en 1898, era un hombre tímido y gentil, físicamente parecido a Woody Allen. Sus padres, inmigrantes checos, le buscaron un trabajo a los nueve años. A los 13 ocupaba el cargo de botones en The New York World y le encargaron, por casualidad, su primer reportaje: un tipo en los muelles estaba comiéndose todas las manzanas de un puesto callejero, 257 manzanas exactamente. Berger escribió 15 líneas, pero tenía notas para llenar cien folios.
Años más tarde cubrió el proceso a Al Capone en Chicago. Luego fue enviado a Europa para informar sobre la II Guerra Mundial, y el pobre Berger aguantó sólo dos meses: le sangraba la úlcera y añoraba Nueva York. El 7 de septiembre de 1949, un veterano de la guerra llamado Howard Unruh empezó a disparar contra sus vecinos en Camden, Nueva Jersey. Meyer Berger acudió al lugar, observó los acontecimientos (14 muertos y cuatro heridos), realizó medio centenar de entrevistas, volvió a la redacción de The New York Times y en un par de horas escribió 14 folios, sin párrafos entre comillas, suposiciones u opiniones propias. Era un relato verídico hasta la última coma. Le dieron un Premio Pulitzer, dotado con 1.000 dólares, que Berger regaló a la madre del homicida.
Berger dedicó su vida a recoger historias neoyorquinas, grandes y pequeñas. Ninguno de sus lectores, y eran millones, pudo adivinar por sus artículos si era conservador o progresista, si pensaba esto o aquello. Conseguía datos, los verificaba y escribía. Caminaba, hablaba, permanecía cerca de las cosas. No extrapolaba ni deducía.
La artesanía es rara, porque a los periodistas se nos exige una información universal e inmediata. En general, nos arreglamos con materiales aproximativos. Eso lo sabe cualquiera que, por una razón u otra, haya salido en los papeles: apenas se reconoce en la "versión periodística" de sí mismo. Manipulamos datos, impresiones e imágenes en bruto que generalmente ha obtenido alguien a quien no conocemos, y fabricamos algo más o menos verosímil. Hablo de manipulación en un sentido industrial, no malintencionada. Hablo de la necesidad de manufacturar un producto con los elementos disponibles.
Nuestro mayor error radica, quizá, en la voluntad de conectar unos datos con otros para ofrecer a nuestro cliente (usted) un relato coherente. Todo nos parece un síntoma, una tendencia. Intentamos darle un sentido a la realidad, que no suele tenerlo. Disponemos, en el mejor de los casos, de esos epifenómenos que llamamos noticia. ¿Qué hacemos? Entrecomillamos y opinamos. Reproducimos la sandez que ha dicho alguien, y en alguna columna (ésta, por ejemplo) rociamos el papel con adjetivos. Aunque no siempre podemos contarle al lector lo que pasa, siempre somos capaces de decirle si lo que pasa está bien, mal o regular.
Me gustan, como lector, las piezas artesanales y concretas, los pequeños fragmentos sin adorno. Si hay que sacar conclusiones o deducir algo, prefiero encargarme personalmente.
El artículo del violinista ciego fue uno de los últimos de Meyer Berger. El 26 de enero de 1959 contó que ocho violines habían llegado al St. Clare's Hospital, regalos de gente emocionada por la historia del ciego. A Laurence Stroetz le pusieron uno entre las manos. Siguen las palabras finales de Berger: "Tocó un rato, tierna y suavemente, y lo devolvió. Dijo: 'Es un estupendo violín antiguo, dígale al dueño que lo cuide'. La monja de blanco dijo: 'Es su violín, señor Stroetz, es un regalo'. El anciano inclinó la cabeza sobre él. Lloró".
Meyer Berger murió en 1960, a los 62 años.
El 16 de enero de 1959, un mendigo ciego fue recogido en una acera del Bowery neoyorquino y acompañado al St. Clare's Hospital. El hombre, de 82 años, se llamaba Laurence Stroetz y carecía de familia. Había sido violinista en la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, pero no había tocado en 30 años. La hermana Francis Marie llevó un viejo violín prestado a la habitación 203, y Stroetz, con dedos titubeantes al principio, interpretó varias piezas. Cerró el concierto privado con el Ave María, de Gounod.
Esta pequeña historia se habría perdido si Meyer Berger, el mejor reportero de todos los tiempos, no hubiera estado allí. Meyer Berger, nacido en Nueva York en 1898, era un hombre tímido y gentil, físicamente parecido a Woody Allen. Sus padres, inmigrantes checos, le buscaron un trabajo a los nueve años. A los 13 ocupaba el cargo de botones en The New York World y le encargaron, por casualidad, su primer reportaje: un tipo en los muelles estaba comiéndose todas las manzanas de un puesto callejero, 257 manzanas exactamente. Berger escribió 15 líneas, pero tenía notas para llenar cien folios.
Años más tarde cubrió el proceso a Al Capone en Chicago. Luego fue enviado a Europa para informar sobre la II Guerra Mundial, y el pobre Berger aguantó sólo dos meses: le sangraba la úlcera y añoraba Nueva York. El 7 de septiembre de 1949, un veterano de la guerra llamado Howard Unruh empezó a disparar contra sus vecinos en Camden, Nueva Jersey. Meyer Berger acudió al lugar, observó los acontecimientos (14 muertos y cuatro heridos), realizó medio centenar de entrevistas, volvió a la redacción de The New York Times y en un par de horas escribió 14 folios, sin párrafos entre comillas, suposiciones u opiniones propias. Era un relato verídico hasta la última coma. Le dieron un Premio Pulitzer, dotado con 1.000 dólares, que Berger regaló a la madre del homicida.
Berger dedicó su vida a recoger historias neoyorquinas, grandes y pequeñas. Ninguno de sus lectores, y eran millones, pudo adivinar por sus artículos si era conservador o progresista, si pensaba esto o aquello. Conseguía datos, los verificaba y escribía. Caminaba, hablaba, permanecía cerca de las cosas. No extrapolaba ni deducía.
La artesanía es rara, porque a los periodistas se nos exige una información universal e inmediata. En general, nos arreglamos con materiales aproximativos. Eso lo sabe cualquiera que, por una razón u otra, haya salido en los papeles: apenas se reconoce en la "versión periodística" de sí mismo. Manipulamos datos, impresiones e imágenes en bruto que generalmente ha obtenido alguien a quien no conocemos, y fabricamos algo más o menos verosímil. Hablo de manipulación en un sentido industrial, no malintencionada. Hablo de la necesidad de manufacturar un producto con los elementos disponibles.
Nuestro mayor error radica, quizá, en la voluntad de conectar unos datos con otros para ofrecer a nuestro cliente (usted) un relato coherente. Todo nos parece un síntoma, una tendencia. Intentamos darle un sentido a la realidad, que no suele tenerlo. Disponemos, en el mejor de los casos, de esos epifenómenos que llamamos noticia. ¿Qué hacemos? Entrecomillamos y opinamos. Reproducimos la sandez que ha dicho alguien, y en alguna columna (ésta, por ejemplo) rociamos el papel con adjetivos. Aunque no siempre podemos contarle al lector lo que pasa, siempre somos capaces de decirle si lo que pasa está bien, mal o regular.
Me gustan, como lector, las piezas artesanales y concretas, los pequeños fragmentos sin adorno. Si hay que sacar conclusiones o deducir algo, prefiero encargarme personalmente.
El artículo del violinista ciego fue uno de los últimos de Meyer Berger. El 26 de enero de 1959 contó que ocho violines habían llegado al St. Clare's Hospital, regalos de gente emocionada por la historia del ciego. A Laurence Stroetz le pusieron uno entre las manos. Siguen las palabras finales de Berger: "Tocó un rato, tierna y suavemente, y lo devolvió. Dijo: 'Es un estupendo violín antiguo, dígale al dueño que lo cuide'. La monja de blanco dijo: 'Es su violín, señor Stroetz, es un regalo'. El anciano inclinó la cabeza sobre él. Lloró".
Meyer Berger murió en 1960, a los 62 años.
domingo, 11 de noviembre de 2007
Memoria viva
Por Antonio Muñoz Molina en Babelia de 10 de noviembre de 2007
Escribir ficción se parece a recordar cosas que uno no ha vivido. En la memoria resuena el eco de nuestros pasos por un corredor que no llegamos a tomar, dicen los versos de Eliot, en dirección a una puerta que nunca abrimos, y que daría a una rosaleda. No escribe uno ficción para contar lo que ya sabe, sino para saber lo que tiene que contar, lo que parece que recuerda mientras lo está inventando. No cuenta entonces la inspiración, ni casi la voluntad, sino la rapidez de los dedos, la suavidad de las teclas, la lisura del papel, el flujo de la tinta que va formando las palabras. En una ocasión parecida, aunque probablemente todavía más gustosa, el músico echa hacia atrás la cabeza y aprieta los párpados sonriendo como en un sueño feliz mientras las manos se le van a lo largo de las teclas o las cuerdas o los resortes de su instrumento.
Los arrebatos de la literatura son menos evidentes, pero también dependen del juego imprevisible entre la constancia y el azar, del ir y volver entre la premeditación y lo inesperado. Dice Javier Marías que algunos novelistas trabajan con un mapa, y otros con una brújula. En el segundo caso el mapa se iría haciendo mientras progresa el viaje; es el viaje mismo el que va creando el territorio, de la misma manera que los dioses nómadas iban creando el mundo con su canto mientras caminaban, según le explicaron a Bruce Chatwin los aborígenes de Australia.
Chatwin recorrió el mundo como un explorador de otro siglo queriendo dibujar el mapa de su literatura, que exigía lugares muy lejanos y una permanente sensación de extrañeza. Daba igual que fuera la Patagonia, o Praga bajo el comunismo, o los desiertos de Australia, o los senderos milenarios de las caravanas del Asia Central. El mapamundi equivalía a las páginas en blanco de su cuaderno Moleskine: en ambos casos el territorio desconocido era el del alma sin sosiego del propio Chatwin.
Viajero medroso, más cercano a Josep Pla que a Bruce Chatwin, yo voy por paisajes y calles familiares de Madrid buscando los trazos no de una canción sino de un relato, identificando lugares donde pudieron haber sucedido cosas que yo he inventado, queriendo ver detrás del ahora mismo de la ciudad los indicios posibles de un presente de hace setenta y un años. En los libros el tiempo se fosiliza en Historia. En las imágenes documentales y en las fotografías están las sombras de los muertos pero no su presencia, salvo en esas instantáneas en las que quedó atrapado un momento marginal y verdadero de la vida, una cara que se vuelve, dos figuras que se inclinan sobre la mesa de un café, una pared cubierta de carteles desgarrados, algunos con consignas políticas y otros con publicidad de una compañía de alquiler de automóviles.
El pasado, dice un escritor americano, es otro país. Las cosas se hacen en él de manera diferente. Casi llego a visitarlo hojeando periódicos en las estancias sosegadas de la hemeroteca, que le transmiten al pasado una cualidad de papel quebradizo y silencio. El pasado, en la hemeroteca, es un país silencioso en blanco y negro, en el cual las noticias y los personajes agigantados por los libros de historia se disuelven en una cotidianidad trivial donde cuenta más o menos lo mismo el gran asesinato político que el reportaje sobre una señorita rejoneadora o el anuncio de una película hace mucho tiempo olvidada, o el de unas tabletas contra los ardores de estómago.
El pasado sólo existe de verdad en la memoria de quienes lo vivieron, tan frágil como las conexiones neuronales que la hacen posible, las infinitesimales reacciones químicas, las descargas eléctricas que estallan en el tejido cerebral relámpagos en la oscuridad de una noche de tormenta. Mis viajes por Madrid en busca de recuerdos que no son míos me llevan a casa de María, que cumplió once años en el primer verano de la guerra y ahora vive sola en su piso diminuto de clase media de los años cincuenta, rodeada de ausencias y de fotografías de muertos y de niños de comunión que ahora son hombres maduros, activa, conversadora cuando tiene con quien, aficionada a la lectura y a la música, a las clases de inglés que recibe en una escuela de adultos. El habla de María ya es de otro tiempo: un habla concienzuda y precisa, de vocales rotundas, de una distinción popular que es el reverso exacto de la chabacanería, el habla que debía de oírse hace setenta años en su calle de Madrid cercana a la Telefónica y por lo tanto especialmente vulnerable a los obuses de la artillería franquista y a las bombas que lanzaban casi cada noche los aviones. María tiene recuerdos claros, pero no prejuicios; memoria del sufrimiento, pero no rencor. La textura del tiempo que he buscado en vano en los libros está en el deje popular de sus palabras límpidas. Se acuerda de que los niños jugaban a cambiarse trozos de metralla en vez de cromos, y de que lo más valioso eran las espoletas de las bombas; del frío de las noches de invierno y de los motores de los aviones que se filtraban a lo más dulce del sueño; de los enchufados que comían y engordaban en los cafés, con pistolas al cinto y buenos chaquetones de cuero, mientras los soldados pasaban hambre en las trincheras; del ataque de risa y de extrañeza que tuvo al ver por primera vez en su vida a una mujer con pantalones, vestida de miliciana; de que la iglesia de su calle fue transformada en almacén de patatas, y al niño Jesús que había en una hornacina de la fachada le colocaron un gorro frigio en la cabeza y una bandera roja entre las manos. Una mañana llamaron con golpes violentos a la puerta y eran unos hombres armados que venían a buscar a su padre, que trabajaba en una sastrería eclesiástica y militar y nunca se había metido con nadie, pero del que se sabía que era votante de la CEDA. María se acuerda del miedo, de su padre pálido y escondido: de que uno de los hombres llevaba las iniciales U. H. P. afeitadas en la cabeza pelona. Se levantaba todavía de noche en el Madrid a oscuras para guardar la cola de la leche o del pan y al buscar su camino entre los escombros de las calles con una linterna encendida iluminaba la cara de un muerto con ojos desorbitados de pez.
Estas cosas existen porque María las recuerda. En su memoria los minutos del presente de entonces están preservados igual que una burbuja de aire o un grano de polen en un fragmento de ámbar. Luego salgo a la calle, dejándola sola con sus fotografías y sus ausencias, y el Madrid que piso es el de su infancia y el de su primera juventud, y cuando me siento a escribir, contagiado por las historias de María, lo que estoy inventando parece el recuerdo personal de algo que sucedió veinte años antes de que yo naciera.
Escribir ficción se parece a recordar cosas que uno no ha vivido. En la memoria resuena el eco de nuestros pasos por un corredor que no llegamos a tomar, dicen los versos de Eliot, en dirección a una puerta que nunca abrimos, y que daría a una rosaleda. No escribe uno ficción para contar lo que ya sabe, sino para saber lo que tiene que contar, lo que parece que recuerda mientras lo está inventando. No cuenta entonces la inspiración, ni casi la voluntad, sino la rapidez de los dedos, la suavidad de las teclas, la lisura del papel, el flujo de la tinta que va formando las palabras. En una ocasión parecida, aunque probablemente todavía más gustosa, el músico echa hacia atrás la cabeza y aprieta los párpados sonriendo como en un sueño feliz mientras las manos se le van a lo largo de las teclas o las cuerdas o los resortes de su instrumento.
Los arrebatos de la literatura son menos evidentes, pero también dependen del juego imprevisible entre la constancia y el azar, del ir y volver entre la premeditación y lo inesperado. Dice Javier Marías que algunos novelistas trabajan con un mapa, y otros con una brújula. En el segundo caso el mapa se iría haciendo mientras progresa el viaje; es el viaje mismo el que va creando el territorio, de la misma manera que los dioses nómadas iban creando el mundo con su canto mientras caminaban, según le explicaron a Bruce Chatwin los aborígenes de Australia.
Chatwin recorrió el mundo como un explorador de otro siglo queriendo dibujar el mapa de su literatura, que exigía lugares muy lejanos y una permanente sensación de extrañeza. Daba igual que fuera la Patagonia, o Praga bajo el comunismo, o los desiertos de Australia, o los senderos milenarios de las caravanas del Asia Central. El mapamundi equivalía a las páginas en blanco de su cuaderno Moleskine: en ambos casos el territorio desconocido era el del alma sin sosiego del propio Chatwin.
Viajero medroso, más cercano a Josep Pla que a Bruce Chatwin, yo voy por paisajes y calles familiares de Madrid buscando los trazos no de una canción sino de un relato, identificando lugares donde pudieron haber sucedido cosas que yo he inventado, queriendo ver detrás del ahora mismo de la ciudad los indicios posibles de un presente de hace setenta y un años. En los libros el tiempo se fosiliza en Historia. En las imágenes documentales y en las fotografías están las sombras de los muertos pero no su presencia, salvo en esas instantáneas en las que quedó atrapado un momento marginal y verdadero de la vida, una cara que se vuelve, dos figuras que se inclinan sobre la mesa de un café, una pared cubierta de carteles desgarrados, algunos con consignas políticas y otros con publicidad de una compañía de alquiler de automóviles.
El pasado, dice un escritor americano, es otro país. Las cosas se hacen en él de manera diferente. Casi llego a visitarlo hojeando periódicos en las estancias sosegadas de la hemeroteca, que le transmiten al pasado una cualidad de papel quebradizo y silencio. El pasado, en la hemeroteca, es un país silencioso en blanco y negro, en el cual las noticias y los personajes agigantados por los libros de historia se disuelven en una cotidianidad trivial donde cuenta más o menos lo mismo el gran asesinato político que el reportaje sobre una señorita rejoneadora o el anuncio de una película hace mucho tiempo olvidada, o el de unas tabletas contra los ardores de estómago.
El pasado sólo existe de verdad en la memoria de quienes lo vivieron, tan frágil como las conexiones neuronales que la hacen posible, las infinitesimales reacciones químicas, las descargas eléctricas que estallan en el tejido cerebral relámpagos en la oscuridad de una noche de tormenta. Mis viajes por Madrid en busca de recuerdos que no son míos me llevan a casa de María, que cumplió once años en el primer verano de la guerra y ahora vive sola en su piso diminuto de clase media de los años cincuenta, rodeada de ausencias y de fotografías de muertos y de niños de comunión que ahora son hombres maduros, activa, conversadora cuando tiene con quien, aficionada a la lectura y a la música, a las clases de inglés que recibe en una escuela de adultos. El habla de María ya es de otro tiempo: un habla concienzuda y precisa, de vocales rotundas, de una distinción popular que es el reverso exacto de la chabacanería, el habla que debía de oírse hace setenta años en su calle de Madrid cercana a la Telefónica y por lo tanto especialmente vulnerable a los obuses de la artillería franquista y a las bombas que lanzaban casi cada noche los aviones. María tiene recuerdos claros, pero no prejuicios; memoria del sufrimiento, pero no rencor. La textura del tiempo que he buscado en vano en los libros está en el deje popular de sus palabras límpidas. Se acuerda de que los niños jugaban a cambiarse trozos de metralla en vez de cromos, y de que lo más valioso eran las espoletas de las bombas; del frío de las noches de invierno y de los motores de los aviones que se filtraban a lo más dulce del sueño; de los enchufados que comían y engordaban en los cafés, con pistolas al cinto y buenos chaquetones de cuero, mientras los soldados pasaban hambre en las trincheras; del ataque de risa y de extrañeza que tuvo al ver por primera vez en su vida a una mujer con pantalones, vestida de miliciana; de que la iglesia de su calle fue transformada en almacén de patatas, y al niño Jesús que había en una hornacina de la fachada le colocaron un gorro frigio en la cabeza y una bandera roja entre las manos. Una mañana llamaron con golpes violentos a la puerta y eran unos hombres armados que venían a buscar a su padre, que trabajaba en una sastrería eclesiástica y militar y nunca se había metido con nadie, pero del que se sabía que era votante de la CEDA. María se acuerda del miedo, de su padre pálido y escondido: de que uno de los hombres llevaba las iniciales U. H. P. afeitadas en la cabeza pelona. Se levantaba todavía de noche en el Madrid a oscuras para guardar la cola de la leche o del pan y al buscar su camino entre los escombros de las calles con una linterna encendida iluminaba la cara de un muerto con ojos desorbitados de pez.
Estas cosas existen porque María las recuerda. En su memoria los minutos del presente de entonces están preservados igual que una burbuja de aire o un grano de polen en un fragmento de ámbar. Luego salgo a la calle, dejándola sola con sus fotografías y sus ausencias, y el Madrid que piso es el de su infancia y el de su primera juventud, y cuando me siento a escribir, contagiado por las historias de María, lo que estoy inventando parece el recuerdo personal de algo que sucedió veinte años antes de que yo naciera.
viernes, 9 de noviembre de 2007
Los tres errores del PP
De Patxo Unzueta en El País de 8 de noviembre de 2007
Sólo los muy fanáticos pueden creer que los del Partido Popular son tan fanáticos como para creerse sus teorías conspiratorias sobre el 11-M. Se las puede creer Alcaraz, presidente de la AVT, o los que llaman a las radios para decir lo que saben de buena tinta, pero sería ofensivo pensar que personas tan inteligentes como Zaplana y compañía puedan tomarse en serio historietas como que los terroristas del piso de Leganés habían "sido suicidados" o que alguien a las órdenes de Zapatero había metido falsas pistas en la furgoneta de Alcalá, etc. Nunca creyeron tales teorías, pero han seguido manteniéndolas porque pensaban que les convenía. Y ese ha sido su primer error político.
Un efecto de ello ha sido la sensación de incomodidad, incluso de envilecimiento, de sectores próximos a ese partido -en los medios de comunicación conservadores, por ejemplo- ante dirigentes que decían en público lo contrario de lo que comentaban en privado. Muchos simpatizantes del PSOE recordarán haber vivido esa misma sensación en los tiempos en que personalidades socialistas a las que admiraban negaban la evidencia a propósito de escándalos como el de Filesa, por ejemplo.
La diligencia con que actuaron las fuerzas policiales a las órdenes del Gobierno del PP tras los atentados se vio empañada por los graves desaciertos en la gestión política de la crisis. Aparte de no contar con la oposición para iniciativas como la convocatoria de la manifestación, el mantenimiento de la hipótesis de la autoría de ETA cuando ya había dejado de ser verosímil revela una confusión política de fondo: la que nace de haber dado crédito a los supuestos expertos que pronosticaron que si era ETA, ganaba Rajoy, y si los islamistas, Zapatero. Error, porque la hipótesis de ETA era para el PP aún peor que la otra en la medida en que le privaba de su principal baza electoral: que su firmeza había conseguido derrotar a ETA. Algo incompatible con que hubiera sido capaz de asesinar en una mañana a tantas personas como en los 14 años anteriores.
Pero ellos pensaban en Irak. La sentencia no establece relación entre la participación española y los atentados. Su preparación se inició bastante antes, y los mismos autores del 11-M intentaron otra matanza en el AVE Madrid-Sevilla cuando ya se había anunciado la retirada. Lo que sí había desde tiempo atrás era el llamamiento a los yihadistas afincados en países occidentales a llevar a cada uno de ellos el castigo de Alá, y es verosímil suponer -así se deduce de mensajes aparecidos en sus foros de Internet- que adaptaran su proselitismo a las circunstancias políticas internas de cada lugar.
El argumento del PP para sostener que no había mentido en vísperas de las elecciones generales del 14-M era que en ningún momento impidió o retrasó la investigación policial cuando apareció la pista islámica. Sin embargo, es el empeño posterior en mantener la hipótesis de la participación de ETA lo que da fuerza a la sospecha de manipulación. Un empeño nacido de las mentes de periodistas espabilados que buscaron y obtuvieron el aval de un partido con 146 escaños. Con el efecto de convertir al partido en rehén de los espabilados una vez que suposiciones sin mayor fundamento fueran asumidas por el sector más crédulo de su electorado (hasta un 30% de sus votantes, según una encuesta publicada en vísperas de la sentencia).
La adopción de la teoría conspiratoria fue motivada inicialmente por un equívoco: ante el acoso de los demás partidos, algunos dirigentes populares llegaron a creer que para demostrar que no habían mentido tenía que descubrirse que, finalmente, sí había intervenido la banda terrorista ETA. Ese fue el segundo error.
El PP presentó al cierre de la Comisión de investigación sobre el 11-M su propio texto de conclusiones, en el que se descartaba (con buenas razones) la relación de la matanza con la participación en Irak, pero en el que se sustituía esa motivación por la de "desalojar al PP del poder y provocar un cambio de rumbo en la política interior y exterior española". Y, para probarlo, ofrecía el dato sociológico de que hubo 1,6 millones de personas que, teniendo previsto abstenerse, decidieron, tras los atentados, ir a votar.
Rajoy dijo bastante pronto que reconocía la legitimidad de la victoria de Zapatero, pero el discurso dominante posterior la ha cuestionado: "Quiero saber exactamente quiénes fueron los terroristas que cambiaron el Gobierno de España", decía hace unos días en Televisión Española el antiguo portavoz del Gobierno de Aznar, Miguel Angel Rodríguez. Pero no fueron los terroristas sino los ciudadanos que, atendiendo a lo que pidieron los principales líderes políticos, decidieron reforzar la legitimidad del Gobierno y la oposición que salieran de las urnas acudiendo masivamente a votar: la participación fue casi nueve puntos superior a la de las anteriores elecciones.
Ese intento, nunca del todo abandonado, de atribuir el resultado electoral -"cambiar el curso político de España"- al terrorismo, y no a la respuesta ciudadana al terrorismo, es el tercer y más grave error político del PP en relación al 11-M. Aznar lo hizo suyo ayer.
Sólo los muy fanáticos pueden creer que los del Partido Popular son tan fanáticos como para creerse sus teorías conspiratorias sobre el 11-M. Se las puede creer Alcaraz, presidente de la AVT, o los que llaman a las radios para decir lo que saben de buena tinta, pero sería ofensivo pensar que personas tan inteligentes como Zaplana y compañía puedan tomarse en serio historietas como que los terroristas del piso de Leganés habían "sido suicidados" o que alguien a las órdenes de Zapatero había metido falsas pistas en la furgoneta de Alcalá, etc. Nunca creyeron tales teorías, pero han seguido manteniéndolas porque pensaban que les convenía. Y ese ha sido su primer error político.
Un efecto de ello ha sido la sensación de incomodidad, incluso de envilecimiento, de sectores próximos a ese partido -en los medios de comunicación conservadores, por ejemplo- ante dirigentes que decían en público lo contrario de lo que comentaban en privado. Muchos simpatizantes del PSOE recordarán haber vivido esa misma sensación en los tiempos en que personalidades socialistas a las que admiraban negaban la evidencia a propósito de escándalos como el de Filesa, por ejemplo.
La diligencia con que actuaron las fuerzas policiales a las órdenes del Gobierno del PP tras los atentados se vio empañada por los graves desaciertos en la gestión política de la crisis. Aparte de no contar con la oposición para iniciativas como la convocatoria de la manifestación, el mantenimiento de la hipótesis de la autoría de ETA cuando ya había dejado de ser verosímil revela una confusión política de fondo: la que nace de haber dado crédito a los supuestos expertos que pronosticaron que si era ETA, ganaba Rajoy, y si los islamistas, Zapatero. Error, porque la hipótesis de ETA era para el PP aún peor que la otra en la medida en que le privaba de su principal baza electoral: que su firmeza había conseguido derrotar a ETA. Algo incompatible con que hubiera sido capaz de asesinar en una mañana a tantas personas como en los 14 años anteriores.
Pero ellos pensaban en Irak. La sentencia no establece relación entre la participación española y los atentados. Su preparación se inició bastante antes, y los mismos autores del 11-M intentaron otra matanza en el AVE Madrid-Sevilla cuando ya se había anunciado la retirada. Lo que sí había desde tiempo atrás era el llamamiento a los yihadistas afincados en países occidentales a llevar a cada uno de ellos el castigo de Alá, y es verosímil suponer -así se deduce de mensajes aparecidos en sus foros de Internet- que adaptaran su proselitismo a las circunstancias políticas internas de cada lugar.
El argumento del PP para sostener que no había mentido en vísperas de las elecciones generales del 14-M era que en ningún momento impidió o retrasó la investigación policial cuando apareció la pista islámica. Sin embargo, es el empeño posterior en mantener la hipótesis de la participación de ETA lo que da fuerza a la sospecha de manipulación. Un empeño nacido de las mentes de periodistas espabilados que buscaron y obtuvieron el aval de un partido con 146 escaños. Con el efecto de convertir al partido en rehén de los espabilados una vez que suposiciones sin mayor fundamento fueran asumidas por el sector más crédulo de su electorado (hasta un 30% de sus votantes, según una encuesta publicada en vísperas de la sentencia).
La adopción de la teoría conspiratoria fue motivada inicialmente por un equívoco: ante el acoso de los demás partidos, algunos dirigentes populares llegaron a creer que para demostrar que no habían mentido tenía que descubrirse que, finalmente, sí había intervenido la banda terrorista ETA. Ese fue el segundo error.
El PP presentó al cierre de la Comisión de investigación sobre el 11-M su propio texto de conclusiones, en el que se descartaba (con buenas razones) la relación de la matanza con la participación en Irak, pero en el que se sustituía esa motivación por la de "desalojar al PP del poder y provocar un cambio de rumbo en la política interior y exterior española". Y, para probarlo, ofrecía el dato sociológico de que hubo 1,6 millones de personas que, teniendo previsto abstenerse, decidieron, tras los atentados, ir a votar.
Rajoy dijo bastante pronto que reconocía la legitimidad de la victoria de Zapatero, pero el discurso dominante posterior la ha cuestionado: "Quiero saber exactamente quiénes fueron los terroristas que cambiaron el Gobierno de España", decía hace unos días en Televisión Española el antiguo portavoz del Gobierno de Aznar, Miguel Angel Rodríguez. Pero no fueron los terroristas sino los ciudadanos que, atendiendo a lo que pidieron los principales líderes políticos, decidieron reforzar la legitimidad del Gobierno y la oposición que salieran de las urnas acudiendo masivamente a votar: la participación fue casi nueve puntos superior a la de las anteriores elecciones.
Ese intento, nunca del todo abandonado, de atribuir el resultado electoral -"cambiar el curso político de España"- al terrorismo, y no a la respuesta ciudadana al terrorismo, es el tercer y más grave error político del PP en relación al 11-M. Aznar lo hizo suyo ayer.
miércoles, 7 de noviembre de 2007
Ciudades expoliadas
Por Antonio Elorza en El Correo de 7 de noviembre de 2007
Una visita necesaria, mal preparada y en un tiempo poco propicio, por aquello del aniversario de la Marcha Verde, ha dado lugar a una reacción desaforada, pero por desgracia cargada de significación, a cargo del Gobierno de Mohamed VI. En principio, la reivindicación marroquí de los 'presidios' corría vías paralelas a la española de Gibraltar, hasta que Moratinos resolvió la cuestión a su modo, es decir, cediendo sin reservas a la perpetuación deseada por el Gobierno del Peñón y por Tony Blair. Aunque no existiera esperanza alguna de sacar otra cosa que concesiones de forma, el mantenimiento de la reivindicación tenía una virtud: poner ante la mirada de Marruecos una situación paralela, con el añadido de que la conquista de Gibraltar era mucho más reciente y además tuvo lugar cuando ya el reino de España se encontraba del todo consolidado en el plano institucional. ¿Cómo iba España a aceptar siquiera que el tema de Ceuta y Melilla se pusiera sobre la mesa si al otro lado del Estrecho la colonia de Gibraltar seguía estando separada de España? Una buena coartada para defender el 'estatus quo'.
Pero ya Gibraltar se ha escapado de modo definitivo, y de paso el Gobierno español ha dejado claro que lo suyo es ceder y ceder para que la opinión pública no esté satisfecha, y que lo estén las potencias amigas, y las que no son potencias ni amigas. En Cuba, olvido total a lo que supuso la represión de 2003 y recepciones masivas el 12 de octubre a los notables del régimen, para así sellar una amistad que ni siquiera contempla la devolución a nuestro país del local del Centro Cultural español, en el Malecón habanero, ocupado como represalia entonces y que tampoco es recuperado a golpe de favores internacionales y de ayudas económicas. Con los saharauis, menosprecio de sus derechos y entrega total a las tesis de Marruecos, poco tentado además según se ve a devolver la gentileza. De cara a Pakistán, concesión de la más prestigiosa condecoración española, el Toisón de Oro, al general Musharraf, llegado al poder por un golpe de Estado y promotor ahora de otro. Por el asunto de las caricaturas danesas sobre el Islam, Moratinos no dudó en suscribir durante su visita a Islamabad una propuesta de persecución judicial a los 'blasfemos', secundando al ministro de Exteriores paquistaní. Y en general, despliegue de una actitud cordial y obsequiosa por parte del Gobierno y de los medios españoles con la espera de que los ejecutivos musulmanes respondieran a la iniciativa de estrechar lazos y coordinar actuaciones.
Todo en nombre del pragmatismo, pero el resultado de tales operaciones no ha correspondido a las expectativas del Gobierno. Especialmente por lo que toca a Marruecos, entra en juego la constatación de que Zapatero se mueve en un perfil muy bajo en la cuestión de la identidad nacional española y que en caso de conflicto incidente sobre su supervivencia presidencial opta por la línea de las concesiones para no pagar en votos perdidos el precio de la firmeza. Además el nuevo presidente francés, Nicolas Sarkozy, acaba de confirmar la alianza privilegiada con nuestro vecino del Sur, lo cual supone implícitamente garantías de que en caso de confrontación se repetirá la escena del lío de Perejil con Francia en actitud de impedir toda solidaridad de la UE con España. Y ya no contamos con la posibilidad de que Colin Powell nos saque las castañas del fuego, por haber confundido la necesaria rectificación del vasallaje de Aznar con un objetivo de distanciamiento de Estados Unidos demasiado visible. Mohamed VI se siente así en condiciones de repetir la política de su padre, jugando con el irredentismo frente a España para que sea olvidada la doble frustración, política y económica, ante el fracaso de las expectativas de reforma suscitadas por su llegada al trono. No es cuestión de 'tristeza del Rey' por no haber visto reconocidos sus actos de generosidad hacia España. Tampoco servirán de nada las exhibiciones folclóricas en Marrakech, a cargo del presupuesto andaluz y con Moratinos en el palco.
Es una cuestión de fuerza y de inteligencia políticas. También de percibir que el 'nacionalismo de evasión' marroquí ha vulnerado el principio de respeto y el sentido del equilibrio que deben presidir las relaciones entre países civilizados. Nadie protesta porque Kaliningrado siga siendo rusa, la Silesia polaca o el Tirol del Sur italiano, enclaves o anexiones ejecutadas contra la geografía o contra la historia, o contra ambas a la vez. Por 'derechos históricos', y con base asimismo lingüística, Dinamarca tendría que reivindicar Malmö y Lund, 'expoliadas' por Suecia en 1658. Siempre hubo un momento en que las fronteras fueron de otro modo y la adscripción de Ceuta y Melilla a España cuenta con un derecho histórico de medio milenio. En cualquier caso, una reivindicación territorial no puede confundirse con el derecho de ingerencia, representado por la adopción de represalias y gestos desafiantes contra quien ejerce la soberanía de forma legal y con pleno respaldo democrático por parte de los ciudadanos de ambas ciudades.
El hecho de que esa retórica irredentista venga de atrás explica lo de la 'provocación inadmisible', no lo justifica. Hay que tratar de que las aguas vuelvan a su cauce y que una cordialidad efectiva caracterice las relaciones entre los dos países, pero la gravedad de la manifestación ultranacionalista, presidida por el hijo de Hassan II, no por ello desaparece. Tampoco conviene celebrar como signo de moderación la retirada temporal del embajador en Madrid. En cambio, ahí está la coincidencia en el tiempo y en los temas -la comparación de las dos ciudades con Palestina- con los llamamientos reiterados de Al-Zawahiri y de Bin Laden en nombre de Al-Qaida para expulsar a los españoles de esos dos territorios pertenecientes a Dar al-islam. No hace falta que Mohamed VI y su Gobierno echen aceite al fuego del terrorismo islamista y tampoco es digno que compartan camino con él. Por ello, antes que con un malestar pasajero, nos tropezamos con un mal presagio que el Ejecutivo Zapatero debe afrontar, desoyendo tanto las invocaciones patrioteras como los consejos procedentes de quienes en el tema marroquí representan el 'remake' en caricatura del apolillado conde don Julián. Urge una declaración conciliadora y terminante del Gobierno sobre el tema.
Una visita necesaria, mal preparada y en un tiempo poco propicio, por aquello del aniversario de la Marcha Verde, ha dado lugar a una reacción desaforada, pero por desgracia cargada de significación, a cargo del Gobierno de Mohamed VI. En principio, la reivindicación marroquí de los 'presidios' corría vías paralelas a la española de Gibraltar, hasta que Moratinos resolvió la cuestión a su modo, es decir, cediendo sin reservas a la perpetuación deseada por el Gobierno del Peñón y por Tony Blair. Aunque no existiera esperanza alguna de sacar otra cosa que concesiones de forma, el mantenimiento de la reivindicación tenía una virtud: poner ante la mirada de Marruecos una situación paralela, con el añadido de que la conquista de Gibraltar era mucho más reciente y además tuvo lugar cuando ya el reino de España se encontraba del todo consolidado en el plano institucional. ¿Cómo iba España a aceptar siquiera que el tema de Ceuta y Melilla se pusiera sobre la mesa si al otro lado del Estrecho la colonia de Gibraltar seguía estando separada de España? Una buena coartada para defender el 'estatus quo'.
Pero ya Gibraltar se ha escapado de modo definitivo, y de paso el Gobierno español ha dejado claro que lo suyo es ceder y ceder para que la opinión pública no esté satisfecha, y que lo estén las potencias amigas, y las que no son potencias ni amigas. En Cuba, olvido total a lo que supuso la represión de 2003 y recepciones masivas el 12 de octubre a los notables del régimen, para así sellar una amistad que ni siquiera contempla la devolución a nuestro país del local del Centro Cultural español, en el Malecón habanero, ocupado como represalia entonces y que tampoco es recuperado a golpe de favores internacionales y de ayudas económicas. Con los saharauis, menosprecio de sus derechos y entrega total a las tesis de Marruecos, poco tentado además según se ve a devolver la gentileza. De cara a Pakistán, concesión de la más prestigiosa condecoración española, el Toisón de Oro, al general Musharraf, llegado al poder por un golpe de Estado y promotor ahora de otro. Por el asunto de las caricaturas danesas sobre el Islam, Moratinos no dudó en suscribir durante su visita a Islamabad una propuesta de persecución judicial a los 'blasfemos', secundando al ministro de Exteriores paquistaní. Y en general, despliegue de una actitud cordial y obsequiosa por parte del Gobierno y de los medios españoles con la espera de que los ejecutivos musulmanes respondieran a la iniciativa de estrechar lazos y coordinar actuaciones.
Todo en nombre del pragmatismo, pero el resultado de tales operaciones no ha correspondido a las expectativas del Gobierno. Especialmente por lo que toca a Marruecos, entra en juego la constatación de que Zapatero se mueve en un perfil muy bajo en la cuestión de la identidad nacional española y que en caso de conflicto incidente sobre su supervivencia presidencial opta por la línea de las concesiones para no pagar en votos perdidos el precio de la firmeza. Además el nuevo presidente francés, Nicolas Sarkozy, acaba de confirmar la alianza privilegiada con nuestro vecino del Sur, lo cual supone implícitamente garantías de que en caso de confrontación se repetirá la escena del lío de Perejil con Francia en actitud de impedir toda solidaridad de la UE con España. Y ya no contamos con la posibilidad de que Colin Powell nos saque las castañas del fuego, por haber confundido la necesaria rectificación del vasallaje de Aznar con un objetivo de distanciamiento de Estados Unidos demasiado visible. Mohamed VI se siente así en condiciones de repetir la política de su padre, jugando con el irredentismo frente a España para que sea olvidada la doble frustración, política y económica, ante el fracaso de las expectativas de reforma suscitadas por su llegada al trono. No es cuestión de 'tristeza del Rey' por no haber visto reconocidos sus actos de generosidad hacia España. Tampoco servirán de nada las exhibiciones folclóricas en Marrakech, a cargo del presupuesto andaluz y con Moratinos en el palco.
Es una cuestión de fuerza y de inteligencia políticas. También de percibir que el 'nacionalismo de evasión' marroquí ha vulnerado el principio de respeto y el sentido del equilibrio que deben presidir las relaciones entre países civilizados. Nadie protesta porque Kaliningrado siga siendo rusa, la Silesia polaca o el Tirol del Sur italiano, enclaves o anexiones ejecutadas contra la geografía o contra la historia, o contra ambas a la vez. Por 'derechos históricos', y con base asimismo lingüística, Dinamarca tendría que reivindicar Malmö y Lund, 'expoliadas' por Suecia en 1658. Siempre hubo un momento en que las fronteras fueron de otro modo y la adscripción de Ceuta y Melilla a España cuenta con un derecho histórico de medio milenio. En cualquier caso, una reivindicación territorial no puede confundirse con el derecho de ingerencia, representado por la adopción de represalias y gestos desafiantes contra quien ejerce la soberanía de forma legal y con pleno respaldo democrático por parte de los ciudadanos de ambas ciudades.
El hecho de que esa retórica irredentista venga de atrás explica lo de la 'provocación inadmisible', no lo justifica. Hay que tratar de que las aguas vuelvan a su cauce y que una cordialidad efectiva caracterice las relaciones entre los dos países, pero la gravedad de la manifestación ultranacionalista, presidida por el hijo de Hassan II, no por ello desaparece. Tampoco conviene celebrar como signo de moderación la retirada temporal del embajador en Madrid. En cambio, ahí está la coincidencia en el tiempo y en los temas -la comparación de las dos ciudades con Palestina- con los llamamientos reiterados de Al-Zawahiri y de Bin Laden en nombre de Al-Qaida para expulsar a los españoles de esos dos territorios pertenecientes a Dar al-islam. No hace falta que Mohamed VI y su Gobierno echen aceite al fuego del terrorismo islamista y tampoco es digno que compartan camino con él. Por ello, antes que con un malestar pasajero, nos tropezamos con un mal presagio que el Ejecutivo Zapatero debe afrontar, desoyendo tanto las invocaciones patrioteras como los consejos procedentes de quienes en el tema marroquí representan el 'remake' en caricatura del apolillado conde don Julián. Urge una declaración conciliadora y terminante del Gobierno sobre el tema.
lunes, 5 de noviembre de 2007
Esta temporada, Sarkozy
Por Félix Ovejero Lucas en El País de 3 de noviembre de 2007 (de pago, creo)
Según parece, todos queremos ser Sarkozy. Con la extendida disposición a identificar tendencias -algo que sólo debería estar permitido a unos pocos en condiciones de hacer prognosis medianamente fundadas, si acaso, a los demógrafos- a partir de cuatro datos espigados aquí y allá, se presenta al presidente francés como un nuevo fenómeno político. Otro más.
Como es costumbre, cada uno lo ilumina con su particular foco para que el resultado final se acomode a la lección que quiere extraer. La que traía aprendida desde casa, claro. Entre ellas, una de las más repetidas consiste en empaquetar bajo el sello de "transversalidad" tanto a Sarkozy, que se describe a sí mismo como "de derechas, pero no conservador", como a Angela Merkel, que encabeza en Alemania un Gobierno de coalición, y también al Partido Demócrata Europeo, que aspira a acoger en su seno a la izquierda y a la derecha.
Entre nosotros, Pascual Maragall ha reclamado la necesidad de dar el finiquito al PSC, de disolverlo dentro de un partido demócrata catalán. Maragall es pionero en ocurrencias, pero esta vez su originalidad es menor. A Perón lo que es de Perón. En realidad, su partido no sería más que la presentación pública de lo que se ha dado en llamar el PUC, el Partido Unificado de Cataluña, que tuvo su acto fundacional en el Parlament a cuenta del 3%, y su manifiesto ideológico en la recomendación de "dejar reposar el soufflé, porque si no nos haremos daño unos y otros y no sacaremos nada bueno".
No sorprende el entusiasmo por la "transversalidad" del transitorio presidente de la Generalitat. El primer mandamiento de los nacionalistas es escamotear los problemas de las gentes en nombre de la patria... y achacar a los otros los problemas de la patria. En Cataluña la apelación al expolio fiscal por "España" es la formulación más tramposa y eficaz de esa falacia. Pareciera que los catalanes no pagamos los impuestos según nuestros ingresos, cada cual según los suyos, sino en una suerte de declaración conjunta, como pueblo. Una contabilidad que debería llevar a Marbella a considerar la hipótesis de su independencia. Dada la cantidad de ricos que por allí paran, su balanza fiscal debe ser estremecedora. E identidad propia no les falta según confirman semanalmente esos insuperables documentos antropológicos que son las revistas de las peluquerías.
Desde una perspectiva diferente, más cabal, como corresponde a las circunstancias y a la calidad de sus promotores, la "transversalidad" ha aparecido también al rotular a Unión, Progreso y Democracia (UPD), el partido encabezado por Rosa Díez. La argumentación sostiene que la distinción entre izquierda y derecha no se sabe muy bien qué significa cuando vemos partidos de izquierda suscribir proyectos tradicionalmente defendidos por la derecha más reaccionaria. La "transversalidad" superaría la vieja distinción, bien porque se situaría más allá de ella, bien porque la fagocitaría al acogerla en su seno. Los partidos "transversales"
Pasa a la página siguienteescogerían las propuestas más interesantes de unos y de otros.
Poco que añadir a la crítica a nuestra izquierda. Están a la vista las consecuencias de su proyecto más importante, la política territorial: identidades recreadas que son fuente de discriminación, desigualdades distributivas entre los ciudadanos, prioridad de las buenas aldabas sobre el debate democrático, atrofia de los instrumentos públicos de intervención y vaciamiento de los derechos sociales como resultado de la competencia entre comunidades autónomas. Poco que ver con los ideales clásicos de la izquierda, con la igualdad, la extensión del control democrático y la erradicación de las diversas fuentes de despotismo.
En lo que cuesta coincidir es en la conclusión "transversal". Como recordó madame Roland camino de la guillotina ("Ô Liberté, que de crimes on commet en ton nom!"), el maltrato de las palabras deja intactos los conceptos. La República Democrática Alemana no ensució la democracia, y la idea de progreso no la deciden los contenidos de El Plural. Periódico digital progresista. En realidad, la crítica de UPD, cuando pone a nuestra izquierda ante el espejo de las ideas de izquierda, confirma que esas ideas tienen contenido.
La propia tesis de la "transversalidad" depende de la distinción que pretende superar. Al igual que "centro" es una noción subordinada, sin contenido propio. No hay "centro" si previamente no hay izquierda y derecha. Si en la "transversalidad" caben la izquierda y la derecha, se puede distinguir entre izquierda y derecha. Pero para escoger "lo mejor de cada casa" necesitamos un punto de vista. Ese punto de vista, al final, tiene que ver con ciertas ideas, con un ideario. No hay soluciones incondicionalmente mejores, sino mejores conforme a un conjunto de principios.
Un partido no es un Parlamento. No todo cabe. Aunque los miembros de un partido no tienen que compartir una concepción del mundo, sí han de compartir un ideario y unas propuestas institucionales que lo precisan. Los partidos no recogen los puntos de vista presentes en la sociedad, sino que dotan de coherencia los distintos puntos de vista. Más tarde, en los foros públicos, articulados en forma de propuestas, se debaten. Es la democracia. Cuando estas cosas se descuidan, las organizaciones políticas acaban en patios de monipodios. Se discuten a la vez los grandes principios y las propuestas, sin que los primeros sirvan para cribar las segundas. No hay modo de saber a qué atenerse y las disputas se multiplican sin que exista forma de resolverlas, al menos en escalas temporales humanas. Podemos reunirnos muchos "para practicar un deporte", bastantes más "para realizar una actividad", o un mayor número aún "para reunirnos". Pero de poco servirá. Si queremos jugar al fútbol, podemos ponernos de acuerdo en la táctica, pero no hay modo de ponerse de acuerdo si, a la vez, estamos decidiendo el deporte a que jugamos.
En política hay pocas cosas que inventar. Lo más antiguo del mundo es la "ilusión de la novedad", de hacer las cosas "como nadie lo ha intentado hasta ahora". Podemos intentar cambiar las reglas. Pero ésa es otra liga, que exige apuestas fuertes, con éxito improbable y que, además, requiere incluso mayor cohesión ideológica. Entretanto, podemos hacer pocas cosas, muy pocas. Entre las pocas que podemos hacer, y que debemos hacer, está el de procurar conservar el exacto sentido de las palabras. Es posible que "las palabras puedan modelarse hasta volver irreconocibles las ideas que vehiculan". Es posible. Pero hay que resistirse. Eso lo dijo Goebbels y quería hacer trampas.
Según parece, todos queremos ser Sarkozy. Con la extendida disposición a identificar tendencias -algo que sólo debería estar permitido a unos pocos en condiciones de hacer prognosis medianamente fundadas, si acaso, a los demógrafos- a partir de cuatro datos espigados aquí y allá, se presenta al presidente francés como un nuevo fenómeno político. Otro más.
Como es costumbre, cada uno lo ilumina con su particular foco para que el resultado final se acomode a la lección que quiere extraer. La que traía aprendida desde casa, claro. Entre ellas, una de las más repetidas consiste en empaquetar bajo el sello de "transversalidad" tanto a Sarkozy, que se describe a sí mismo como "de derechas, pero no conservador", como a Angela Merkel, que encabeza en Alemania un Gobierno de coalición, y también al Partido Demócrata Europeo, que aspira a acoger en su seno a la izquierda y a la derecha.
Entre nosotros, Pascual Maragall ha reclamado la necesidad de dar el finiquito al PSC, de disolverlo dentro de un partido demócrata catalán. Maragall es pionero en ocurrencias, pero esta vez su originalidad es menor. A Perón lo que es de Perón. En realidad, su partido no sería más que la presentación pública de lo que se ha dado en llamar el PUC, el Partido Unificado de Cataluña, que tuvo su acto fundacional en el Parlament a cuenta del 3%, y su manifiesto ideológico en la recomendación de "dejar reposar el soufflé, porque si no nos haremos daño unos y otros y no sacaremos nada bueno".
No sorprende el entusiasmo por la "transversalidad" del transitorio presidente de la Generalitat. El primer mandamiento de los nacionalistas es escamotear los problemas de las gentes en nombre de la patria... y achacar a los otros los problemas de la patria. En Cataluña la apelación al expolio fiscal por "España" es la formulación más tramposa y eficaz de esa falacia. Pareciera que los catalanes no pagamos los impuestos según nuestros ingresos, cada cual según los suyos, sino en una suerte de declaración conjunta, como pueblo. Una contabilidad que debería llevar a Marbella a considerar la hipótesis de su independencia. Dada la cantidad de ricos que por allí paran, su balanza fiscal debe ser estremecedora. E identidad propia no les falta según confirman semanalmente esos insuperables documentos antropológicos que son las revistas de las peluquerías.
Desde una perspectiva diferente, más cabal, como corresponde a las circunstancias y a la calidad de sus promotores, la "transversalidad" ha aparecido también al rotular a Unión, Progreso y Democracia (UPD), el partido encabezado por Rosa Díez. La argumentación sostiene que la distinción entre izquierda y derecha no se sabe muy bien qué significa cuando vemos partidos de izquierda suscribir proyectos tradicionalmente defendidos por la derecha más reaccionaria. La "transversalidad" superaría la vieja distinción, bien porque se situaría más allá de ella, bien porque la fagocitaría al acogerla en su seno. Los partidos "transversales"
Pasa a la página siguienteescogerían las propuestas más interesantes de unos y de otros.
Poco que añadir a la crítica a nuestra izquierda. Están a la vista las consecuencias de su proyecto más importante, la política territorial: identidades recreadas que son fuente de discriminación, desigualdades distributivas entre los ciudadanos, prioridad de las buenas aldabas sobre el debate democrático, atrofia de los instrumentos públicos de intervención y vaciamiento de los derechos sociales como resultado de la competencia entre comunidades autónomas. Poco que ver con los ideales clásicos de la izquierda, con la igualdad, la extensión del control democrático y la erradicación de las diversas fuentes de despotismo.
En lo que cuesta coincidir es en la conclusión "transversal". Como recordó madame Roland camino de la guillotina ("Ô Liberté, que de crimes on commet en ton nom!"), el maltrato de las palabras deja intactos los conceptos. La República Democrática Alemana no ensució la democracia, y la idea de progreso no la deciden los contenidos de El Plural. Periódico digital progresista. En realidad, la crítica de UPD, cuando pone a nuestra izquierda ante el espejo de las ideas de izquierda, confirma que esas ideas tienen contenido.
La propia tesis de la "transversalidad" depende de la distinción que pretende superar. Al igual que "centro" es una noción subordinada, sin contenido propio. No hay "centro" si previamente no hay izquierda y derecha. Si en la "transversalidad" caben la izquierda y la derecha, se puede distinguir entre izquierda y derecha. Pero para escoger "lo mejor de cada casa" necesitamos un punto de vista. Ese punto de vista, al final, tiene que ver con ciertas ideas, con un ideario. No hay soluciones incondicionalmente mejores, sino mejores conforme a un conjunto de principios.
Un partido no es un Parlamento. No todo cabe. Aunque los miembros de un partido no tienen que compartir una concepción del mundo, sí han de compartir un ideario y unas propuestas institucionales que lo precisan. Los partidos no recogen los puntos de vista presentes en la sociedad, sino que dotan de coherencia los distintos puntos de vista. Más tarde, en los foros públicos, articulados en forma de propuestas, se debaten. Es la democracia. Cuando estas cosas se descuidan, las organizaciones políticas acaban en patios de monipodios. Se discuten a la vez los grandes principios y las propuestas, sin que los primeros sirvan para cribar las segundas. No hay modo de saber a qué atenerse y las disputas se multiplican sin que exista forma de resolverlas, al menos en escalas temporales humanas. Podemos reunirnos muchos "para practicar un deporte", bastantes más "para realizar una actividad", o un mayor número aún "para reunirnos". Pero de poco servirá. Si queremos jugar al fútbol, podemos ponernos de acuerdo en la táctica, pero no hay modo de ponerse de acuerdo si, a la vez, estamos decidiendo el deporte a que jugamos.
En política hay pocas cosas que inventar. Lo más antiguo del mundo es la "ilusión de la novedad", de hacer las cosas "como nadie lo ha intentado hasta ahora". Podemos intentar cambiar las reglas. Pero ésa es otra liga, que exige apuestas fuertes, con éxito improbable y que, además, requiere incluso mayor cohesión ideológica. Entretanto, podemos hacer pocas cosas, muy pocas. Entre las pocas que podemos hacer, y que debemos hacer, está el de procurar conservar el exacto sentido de las palabras. Es posible que "las palabras puedan modelarse hasta volver irreconocibles las ideas que vehiculan". Es posible. Pero hay que resistirse. Eso lo dijo Goebbels y quería hacer trampas.
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