Para Diana, después de tanto
Salvo contados casos, el debate suscitado por el Manifiesto por la lengua común ha mostrado la poca disposición al debate de quienes criticaban el manifiesto. El manifiesto es un texto claro en sus puntos de vista y, en la medida en que le está permitido a escritos de esta naturaleza, bien argumentado. Las réplicas, en su mayoría, eran poco más que exclamaciones, consignas o proclamas desprovistas de toda estructura inferencial. Entiéndase, no es que, como el personaje cervantino, compartieran la tesis de que “ningún razonamiento es gustoso si es largo”. Es que no había tal razonamiento. Eran bucles, paráfrasis, en donde la argumentación, apenas comenzada, se detenía en unas pocas tesis que se repetían por el derecho y por el revés, pero sin avanzar un milímetro, sin que nadie se preocupase en pedir cuentas de por qué se paraba la cosa allí.
Cuatro de esas líneas rojas son las que quiero franquear en las páginas que siguen. No son todas, pero sí, a mí parecer, las más repetidas: a) las lenguas en peligro deben ser objeto de protección; b) la preservación de la pluralidad lingüística es un bien; c) el principio de igualdad justifica “la discriminación positiva” de las lenguas minoritarias; d) las políticas de “normalización” impiden el conflicto de comunidades. Las examinaré una a una, por más que muchas veces aparezcan solapadas, como sucede, sin ir más lejos, con las dos primeras, cuando, por ejemplo, se aduce que hay que defender las lenguas en peligro de desaparición porque es buena la diversidad.
Me referiré, sobre todo, al caso catalán, que, con frecuencia, ha oficiado como vanguardia de las llamadas “políticas de normalización lingüística”. La advertencia no está de más. Aunque, en la medida que se desenvuelve en el terreno de los principios lo que a continuación se dice aspira a valer para todos los casos, hay circunstancias históricas, demográficas y de vecindad lingüística que impiden la plena equiparación. Mi objetivo fundamental es mostrar que las tesis anteriores, que se dan por moneda buena, que sirven para fundamentar sin estar fundamentadas, resultan endebles, que tomadas en serio conducen a políticas incompatibles con nuestras más elementales intuiciones morales o, incluso, a políticas opuestas a las que se aplican. Por ejemplo, si hay que utilizar una única lengua en la educación para evitar “la ruptura de la sociedad”, como sostienen los nacionalistas, en tal caso, la lengua a utilizar, la que realmente asegura la cohesión, es el castellano. Al afirmar esto no estoy diciendo que comparta el punto de partida de los nacionalistas, esto es, (a) que la cohesión es un valor último y (b) que el mejor modo de asegurarla es la enseñanza en una sola lengua. A decir verdad no creo que ni una cosa ni otra. Simplemente, me sitúo en su terreno para mostrar la debilidad de sus razones. Dicho de otro modo: mi estrategia es más crítica que no positiva. Con frecuencia llevaré mis argumentos al límite, con la intención de mostrar que los principios, aplicados, tienen consecuencias absurdas o indeseables, y que por tanto no se pueden invocar como palabra última. La aclaración puede parecer innecesaria entre gentes acostumbradas a razonar. Créanme, no es así.
El peligro
Más de la mitad de las 7000 lenguas que se hablan en el mundo están amenazadas con la extinción. Según quienes apelan al argumento del peligro de desaparición, esa es una situación lamentable, un mal moral, que justificaría acciones políticas destinadas a su preservación, acciones que no pueden ser otras que asegurarles el suficiente número de hablantes. Obviamente, esa situación no es la del castellano, pero, en diverso grado, sí la de las lenguas peninsulares de menor uso, lo que justificaría un apoyo institucional destinado a garantizar su conservación como lenguas de uso.
Por respeto a la consistencia, es de esperar que este argumento no lo invoquen aquellos mismos que, cuando reclaman el reconocimiento institucional de las “lenguas propias” --por ejemplo, en la Unión Europea-- apelan a su peso demográfico, al hecho, por ejemplo, de que el catalán tiene más hablantes que el portugués o el finés. Hablantes, por cierto, entre los que se acostumbra a contabilizar a los que viviendo en Cataluña, la Comunidad valenciana y las Baleares no tienen el catalán como lengua, esto es, a aquellos mismos cuyos usos lingüísticos habituales se intenta modificar porque se juzgan inconvenientes para la preservación del catalán.
Como otros argumentos esgrimidos en el debate, éste también asume que las unidades de valoración, que lo importante, son las lenguas y no los individuos. Una tesis que, por lo menos, se enfrenta a bastantes dificultades. Pensemos en el ejemplo de la lengua Cherokee, con unos 11.000 hablantes. Los cherokees, unos 300.000, en su mayoría tienen como lengua el inglés. Con el inglés pueden viajar por el mundo, conocer gentes, acceder a importantes universidades, ganar dinero, explorar sus emociones con la ayuda de poderosas tradiciones literarias y de investigaciones académicas solventes, visitar páginas de Internet que les informan de su historia, de sus antepasados o de medicamentos con los que preservar su salud y la de los suyos. Si damos por bueno el principio de que es un deber moral preservar la lengua en peligro, estaría justificado obligar a los cherokees a educarse y “vivir” en su lengua, a mantener la lengua de sus antepasados, que ya no su lengua. O, sin ir tan lejos, aquí al lado y hace bien poco, para quienes lo importante es la lengua, el descubrimiento de la pócima de la vida eterna, sería una bendición y doña Antonia Anaut, la última hablante del roncalés, fallecida en 1976, hubiera debido tomársela. Con su vida se conservaría su lengua. Ella tendría muchas razones para salir corriendo, para no querer prolongar la cárcel de incomunicación en la que vivió sus últimos años, sin poder charlar con sus vecinos y con dificultades para entender lo que le decían. Antes de tomársela, acaso nos preguntase si no teníamos también la pócima de cambiar de lengua. Algo que deberían negarle quienes creen que tiene el deber de preservar su lengua.
En realidad, el roncalés, como lengua, murió mucho antes que Antonia Anaut. Para no desaparecer una lengua requiere un mínimo de hablantes, entre 100.000 y 200.000, según los autores. Por debajo de esas cifras, una lengua se puede dar por desaparecida, digan lo que digan los gestores de esas operaciones, no exentas de crueldad, que consisten en pasear por nuestras autonomías a los últimos hablantes de una lengua, pobres gentes incapaces de cruzar una palabra con nadie. En el caso de la lengua Cherokee estaría justificado obligar a “vivir en Cherokee” no sólo a los cherokees, sino también a otros, que no son cherokees, puesto que 300.000 hablantes está demasiado cerca del umbral de riesgo. Desde luego, ese sería el caso del arapahoe, el comanche, el apache o el Chippewa. Y de muchas otras. De las 7.000 lenguas inventariadas la mitad es hablada por menos de 10.000 personas, y 1.500, por menos de 1.000. El aranés, con sus poco más de dos mil hablantes, no sobrevivirá, por más inmersiones lingüísticas a las que se sometan los habitantes del valle de Arán, consagrados, de grado o de fuerza, a preservar una lengua que de poco les servirá (en realidad, muchos araneses con recursos, buscan, fuera del Valle, escuelas en francés o en español).
Las dificultades del argumento del peligro, si se piensa bien, son de principio. Arrancan de algo indiscutible, a saber, que el número de potenciales hablantes –como usuarios habituales-- de cualquier lengua es limitado. Obviamente, no puede superar al de los seres humanos existentes. Si por debajo de cierto número una lengua no puede sobrevivir, eso quiere decir, sencillamente, que no todas las lenguas pueden sobrevivir simultáneamente, que la supervivencia de unas requiere la desaparición de otras. No es un ejercicio de especulación; sucede cada día en muchos rincones del mundo, en los que poblaciones no muy numerosas, tribus, coexisten con sus diferentes lenguas en un espacio geográfico limitado. El 96% de las lenguas son habladas por el 4% de la población mundial, y más del 80% de los idiomas son endémicos y están confinados a un solo país. El problema no es que en México existan trescientas lenguas o en Colombia un centenar, sino que esas lenguas se extienden en una parte muy limitada del territorio. De un modo más doméstico, eso también ha sucedido entre nosotros. El euskera batúa, que unificó las diversas variantes –los diversos dialectos—del euskera, era un modo de darles su fecha y su lápida a las diversas variantes del euskera, entre ellas, el roncalés, la lengua de Antonia Anaut. La defensa honesta de las lenguas en peligro no puede ser la defensa de todas las lenguas en peligro, sino la condena de lenguas en peligro. En suma, la preservación de todas las lenguas es un imposible y, desde luego, incompatible con el objetivo de la diversidad, otra de las líneas rojas invocadas en el debate del Manifiesto.
En realidad, el argumento del peligro tiene implicaciones directamente absurdas. De tomarse en serio, supondría que la política educativa de un país depende de lo que hablen en otra parte del mundo. El hecho de que muchas gentes en México hablen en castellano y que por tanto la lengua común no esté en peligro, es lo que decide en qué lengua se estudia en Cataluña. Si en México hablaran catalán, la vida cotidiana de los catalanes tendría que ser distinta. Aún más, si el principio se aplicara en cada uno de los países que comparten la lengua, puesto que la preservación de la lengua quedaría garantizada por todos los demás, en ninguno de ellos se debería enseñar la lengua común. Y, claro, si mañana, en un rincón de una lejana galaxia se descubrieran millones de hablantes de euskera, tendría que cambiar la vida en el País Vasco, la lengua de la enseñanza, de la administración, de los medios de comunicación, etc.
La diversidad
Según este argumento la diversidad sería una riqueza y, por ende, debería ser alentada. Habría por tanto un interés intrínseco en preservar la pluralidad lingüística de España. En principio, esta tesis parece seguirse de la anterior: si se juzga que la pérdida de una lengua es un mal, parece difícil evitar la conclusión de que la ganancia de una lengua es un bien. El único modo de deslindar entre los dos argumentos, esto es, de sostener que el argumento del peligro no implica la defensa de la aparición de nuevas lenguas, es recalando en los hablantes: resultaría lamentable la desaparición porque existen hablantes que pierden su lengua, pero no cabe lamentarse de que no surja una nueva si no hay hablantes reales que puedan sufrir por ello. Pero ese territorio no le resulta cómodo transitarlo a quienes toman como unidades de valoración –de preocupación-- las lenguas y no las gentes. Si las personas son lo que importa, el argumento del peligro, como se acaba de ver, acaba por resultar tan insostenible como el de la pluralidad.
Que España sea más plural cultural o lingüísticamente que, por ejemplo, Alemania, Francia e Italia, no está fuera de discusión. Vamos, según las investigaciones más competentes, resulta bastante menos plural (Gordon, R. G., Jr. ed.), Ethnologue: Languages of the World, Dallas, Tex.: SIL International, 2005). Pero la discusión que interesa ahora no es sobre los datos, sino sobre los principios invocados, en particular en la apelación a la diversidad. Mejor dicho, a la diversidad lingüística, porque la diversidad, como buena por sí misma, no es defendida por nadie (si es que hay algo así como la diversidad sin adjetivar, sin que “la diversidad” sea diversidad de algo). En realidad, ni siquiera la algo más precisa “diversidad cultural” parece encontrar defensores. No parece que quepa lamentarse de la pérdida de feligreses de una religión y esté justificado dar subvenciones para que no decaiga su culto. Todos preferimos una sociedad menos plural que otra, si ello quiere decir que en ella no se dan el sexismo, el integrismo o el fascismo. Los antropólogos pueden estar interesados en estudiar sociedades en donde se practican sacrificios humanos, se tortura a los animales o se discrimina a las mujeres, pero, nadie duda de que la persistencia de esas prácticas resulta moralmente lamentable. Desde el punto de vista cultural, del estudioso de las comunidades urbanas, la existencia de bandas de jóvenes violentos, es un riqueza, y cuantas más, mejor. Pero desde el punto de vista moral, las cosas son bien diferentes. Porque no todo da igual nos reímos cuando en una película de Woody Allen, ante el estupor de su pareja (“¿No te parece increíble ese tipo de Indiana? Mata a doce personas, las descuartiza y se las come”), replica: “¿Si?, bueno, es un modo de vida alternativo”.
La diversidad de las lenguas es otra cosa. Mientras podemos decir que una práctica moral es mejor que otra, no cabe decir que una lengua natural sea mejor que otra en tanto que lengua, sintáctica o semánticamente. En estos menesteres, las lenguas no son diferentes de las monedas o los sistemas de pesas y medidas. Para tasar precios tan afinada era la peseta como el euro. A la hora de medir tan precisas son las leguas como los metros, las arrobas como los kilos, los azumbres como los litros. Ahora bien, las monedas y las medidas son herramientas que sirven para ciertas cosas. Una moneda, sin dejar de ser moneda, puede ser de en papel o de metal, pequeña o grande, antigua o reciente, tosca o muy elaborada, pero, sea como sea, lo único que no podrá dejar de ser es instrumento de intercambio. Del mismo modo, una lengua podrá ser más antigua o moderna, sonar mejor o peor, tener tradición literaria o carecer de ella, todo eso podrá suceder, sin que pierda su condición de lengua. Lo que no podrá dejar de ser, sin ser lengua, es un instrumento de comunicación. Y aquí sí que podemos hacer comparaciones. Nos resultan más interesantes las monedas, los sistemas de medición y las lenguas que tienen más usuarios, aquellas que nos permiten entendernos con más gentes y acceder a más información. Por ejemplo, la lengua de Antonia Anaut era una lengua inútil porque no servía para lo que sirven las lenguas.
Los nacionalistas saben bien que la “diversidad” es más un problema que una maravilla. Las políticas de “normalización”, por definición, se oponen a la diversidad. Así sucede con la invención del euskera batúa, la lengua creada para sustituir, como lengua común, a los diversos dialectos de euskera o con la insistencia en que el valenciano y el mallorquín son formas dialectales del catalán. En uno y otro caso, porque se juzga que lo importante es la comunicación, se busca reducir la diversidad, a sabiendas de que, andando el tiempo, las pequeñas diferencias, convenientemente alentadas o en circunstancias de aislamiento, pueden desembocar en lenguas diferentes, en un proceso no muy diferente a lo que los biólogos dan en llamar especiación: la aparición de nuevas especies como resultado de un aislamiento geográfico. Si los nacionalistas creyeran que la diversidad es buena, lo que deberían hacer es alentarla, exactamente lo contrario de lo que hacen.
El más competente defensor, a mi parecer, de las tesis nacionalistas, William Kymlicka, ha dado poderosas razones en contra de la pluralidad. Destacan dos. La primera se refiere a la democracia. El funcionamiento cabal de las comunidades políticas se complica cuando aumenta el número de lenguas, hasta el punto de que la deliberación democrática acaba por resultar imposible: “la participación en la deliberación política sólo es factible si los participantes se entienden y tienen confianza mutua, y sin duda esto se promueve cuando los ciudadanos comparten una lengua”. Europa con sus 225 lenguas es un ejemplo. Si en las instituciones hay que “respetar a todas las lenguas” por igual, cada una de las lenguas se tendría que traducir a cada una de las otras. Echen las cuentas: 25200 (225x224/2). Al final, si no se quiere que cada juzgado, comisaría o ayuntamiento ocupe sus recursos y su tiempo en inacabables cadenas de traducciones, hay que recalar en una lengua común, franca. La otra razón de Kymlicka apela a la igualdad: “Una economía moderna requiere una fuerza de trabajo móvil, alfabetizada e instruida. La educación pública estandarizada en un mismo idioma se ha considerado esencial si se quiere que todos los ciudadanos tengan iguales oportunidades laborales en la economía moderna. De hecho, la igualdad de oportunidades se define en razón, precisamente, del igual acceso a las principales instituciones que operan en el idioma de la mayoría”.
De modo que, al final, las razones del nacionalismo, en la práctica, conducirían a hacer del castellano la única lengua de la enseñanza y la administración, en cada una de las autonomías, en donde es la lengua común y mayoritaria, y, claro es, en España. Algo que, a mi parecer, no estaría justificado. Las consideraciones de igualdad o de democracia, como las de eficacia, han de ser ponderadas por las que apelan a los derechos. Eso sí, una vez asegurados los derechos, hay que dejar que la vida siga su curso. De otro modo, se acabará por interferir con los derechos de los demás, esto es, minando los derechos que, o son de todos, o no son. Yo puedo ser libre de querer casarme con Elsa Pataky, pero eso no quiere decir que pueda casarme con Elsa Pataky, entre otras razones porque Elsa Pataky también ha de poder casarse con quien quiera, ha de poder elegir. Por lo mismo, uno tiene derecho a hablar como quiera, pero no tiene derecho a que le aseguren los interlocutores, porque éstos tienen los mismos derechos. Otra cosa es que como consecuencia del ejercicio de los derechos de cada cual a hablar lo que quiera –que no es el derecho a tener asegurado ese ejercicio, insisto-- por la propia naturaleza de las lenguas –como las monedas y las medidas-- se acabe por converger en las que tienen más usuarios y con ello, como resultado de las decisiones de cada cual, las posibilidades –de ser leído, que no de escribir, sobre física en castellano-- se vean limitadas.
Lo que no cabe es que para que uno pueda “vivir en catalán” a otros se les obligue a “vivir en catalán”. Es algo parecido a lo que sucede en los emparejamientos. Si todos se han emparejado con mejor fortuna antes que yo, mis posibilidades de “vivir según mis preferencias” estarán limitadas. Mi situación se resultado de sus acciones, pero no porque nadie lo haya querido así. No hay imposición alguna y no hay nada que reprochar a los demás. A nadie puede prohibirle que se exprese sobre mecánica cuántica en castellano, pero quien así lo hace no puede pedir que, para que el pueda “vivir como físico de altas energías en castellano”, la comunidad científica abandone el inglés y se pase al castellano.
Y aquí las cosas son como son. Si hemos de cruzar un bosque, normalmente buscaremos las sendas más transitadas y, con ello, con nuestro caminar, sin pretenderlo, desbrozaremos el camino y facilitamos las cosas a los que vendrán después de nosotros, sin que por ello impidamos a otros ir por donde quieran. Yo y los del PNV. ¿Qué lengua utilizan los de Galeusca para entenderse y refuerzan cada vez que se reúnen para criticar la imposición del castellano? Los economistas se han referido a algo parecido a esto como economías de red, a la consolidación de las sendas con más usuarios. Ha sucedido con las tarjetas de crédito o los sistemas de video. Con una comparación más ajustada, en los túneles del metro “nos sale a cuenta” caminar por nuestra derecha, si los demás caminan por su derecha (es un equilibro de Nash, en el léxico de la teoría de juegos). Y lo mismo vale para la izquierda, si todos caminan por la izquierda. En ese sentido, la izquierda es tan buena como la derecha. Eso sí, el cambio unilateral es altamente costoso.
Por supuesto, en ocasiones hay poder desnudo, imposición, o, desde otro punto de vista, instrucción pública, educación, y administración. En ese caso, en diverso grado, se dará violencia de derechos. Es lo que parece reclamar .Kymlicka. Sucedió en Francia, en tiempos de la revolución cuando sólo uno de cada tres franceses hablaba francés o en Italia, hace apenas siglo y medio, cuando el italiano únicamente lo hablaban el 3 % de las gentes. Pero las más de las veces, priman procesos de convergencia en las sendas más transitadas. Es lo que sucede, en lo esencial, con la expansión del castellano en la península, bastante anterior a la represión franquista. En el siglo XV, Castilla, que incluía Galicia, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, tenía 4,5 millones de habitantes y la Corona de Aragón 850.000. A nadie puede extrañar que la existencia de una mínima trama política propiciara que prácticamente desde el siglo XVI el 80% de los peninsulares haya utilizado el castellano. La condición de lengua con más usuarios y el que las gentes y las mercancías hayan ido de aquí para allá, en dinámicas en la que mucho tuvieron que ver los comerciantes catalanes, hicieron bastante más que una educación pública que no se extiende hasta entrado el siglo XX. Y en ese trajín de mercancías, por cierto, se incluían los libros en la lengua común: en Cataluña, ya en el XVI, se imprimían más libros en castellano que en catalán.
En realidad, el argumento de la pluralidad es antes que otra cosa mercancía retórica de los políticos. Los nacionalistas apelan a él en un sentido puramente estratégico. Lo utilizan para reclamar pero no para gobernar. Allí donde administran poder político defienden cualquier cosa menos la pluralidad. Si se tomaran en serio el principio de la pluralidad, el que invocan en la política nacional, cuando reclaman respeto a la “identidad propia”, deberían utilizar exclusivamente el castellano –al modo como hacen en Finlandia con el sueco, en aquellos municipios donde es la lengua mayoritaria-- en buena parte de las áreas que gobiernan, sin ir más lejos, en el área metropolitana de Barcelona, con bastantes más habitantes, por cierto, que buena parte de las comunidades autónomas. Para hacer frente a la anomalía que supone que la “lengua de la nación” no sea ni siquiera la de la mayoría de los hablantes de “la nación” han inventado ese singular artificio de la “lengua propia”, un “concepto” que no excluye la posibilidad de que en un territorio se considere como lengua propia una que no tenga ningún hablante: en el caso catalán, si se piensa bien, como ha observado Santiago González, la lengua propia es el aranés, la única que se habla en Cataluña y solo en Cataluña (a no ser, claro, que definamos “Cataluña” como “los territorios en donde existe un número suficiente de catalanohablantes”, como, de facto, vienen a hacer los nacionalistas cuando hablan de “Países catalanes”: una operación, eso sí, que los enfila en un catarata de paradojas, entre ellas, la de dejarlos sin argumentos frente a quien sostuviera que “el castellano es la lengua propia de España” y que “España es un territorio en donde existe un número suficiente de castellano hablantes”).
La igualdad
Según está línea argumental, las lenguas minoritarias --a las que algunos, con astuta y truculenta adjetivación, se refieren como lenguas “minorizadas”, insinuando la existencia de una política de exterminio-- se encontrarían en una situación de desigualdad que habría que corregir, eliminando las diversas formas de discriminación y, llegado el caso, favoreciendo distintas formas de “discriminación positiva”, medidas que refuercen su presencia institucional, que corrijan su condición de excluidas.
Quienes hacen uso de este argumento, con frecuencia, acuden a reflexiones que han servido para defender los derechos de minorías (negros, indígenas) o de segmentos de población (mujeres, fundamentalmente) víctimas de diversas formas de discriminación, lo que, entre otras cosas, se ha traducido en menores niveles de rentas y de posibilidades de acceso a ciertas posiciones sociales. En el pasado los miembros de tales grupos vieron limitados sus derechos, no pudiendo votar, ocupar cargos políticos y aún hoy su presencia pública –en particular en las instancias de decisión-- es significativamente menor que su presencia en el conjunto de la población, sin que existan circunstancias razonables para esa desproporción. Mientras no podemos decir que los ciegos estén discriminados por no poder conducir un autobús –al menos, a estas alturas de nuestro desarrollo técnico-- ni que los gordos sean maltratados por no ser incluidos en los equipos ciclistas, sí que cabe pensar que hay señales de discriminación –de trato desigual arbitrario-- hacia la mujeres, en tanto su presencia en las instituciones políticas está muy alejada del 50%, su proporción, más o menos, en el seno de la población.
La primera medida para combatir tales desigualdades consiste en eliminar las barreras que discriminan, las que por ejemplo, impedían elegir o ser elegido a los de cierto sexo, color de la piel o religión. Por eso se modificaron distintas constituciones liberales de los Estados que integran Estados Unidos, que para acceder a un cargo exigían formar parte de una religión o jurar en un libro sagrado. Repárese en que se eliminaron las barreras en lugar de obligar a las gentes a entrenarse para “que estén en igual condición” que los que saltan la barrera. No se exige a los ciudadanos a convertirse a una religión, a embeberse de ciertas prácticas culturales o a cambiarse de sexo o de color de la piel sino que se elimina la exigencia.
Muchas veces los mecanismos de discriminación son sutiles, mediados por circunstancias en las que no siempre se repara, como sucedía con preguntas sesgadas racial o sexualmente, que, de matute, se colaban en pruebas de inteligencia y que colocaban en peor posición a gentes cuya vida cotidiana poco tenía que ver con el paisaje informativo de referencia. Una prueba aritmética o lógica con ejemplos de críquet, de bolsa o de póker deja a muchas gentes en inferioridad de condiciones con independencia de sus capacidades inferenciales o de cálculo. Son otras formas de discriminación, no menos arbitrarias, basadas en filtros que nada tienen que ver con la identificación de competencia.
Cuando la eliminación de barreras no basta, en ocasiones, se ha optado por políticas de discriminación positiva. Durante mucho tiempo simplemente “parecía raro” que una mujer o los miembros de ciertas minorías –no de todas-- ocuparan ciertos trabajos, que, por ejemplo, fueran médicos o abogados. Esa circunstancia, reforzada por una extendida falacia estadística que lleva a atribuir a los individuos las rasgos medios o más frecuentes en el grupo a que pertenecen (“es chino, debe comer arroz”; “es árabe, debe ser musulmán”), contribuyó a desatar un conocido círculo vicioso de discriminación. Dada su escasa presencia, muchos de los potenciales usuarios de sus servicios “no se fiaban” de su buen hacer, lo que ni siquiera concedía a los discriminados la posibilidad de competir en condiciones de igualdad y, lo que es más grave, les llevaba a alejarse de unos estudios que de nada les iban a servir, lo que, a su vez, reafirmaba su condición de “raros”.
La situación, además, se agravaba cuando eso sucedía –y sucedía-- en las instancias de decisión política, porque el problema de la discriminación no siquiera era percibido. Por falta de portavoces, ni el problema de la discriminación ni los problemas de los discriminados aparecían en el debate político, Quienes no padecen los problemas sencillamente los ignoran. No por mala fe, sino porque no forma parte de sus experiencias. Sólo quienes se desplazan en silla de ruedas caen en la cuenta del escalón de las aceras. Sólo quienes frecuentan la seguridad social perciben los problemas de la asistencia pública. Solo las mujeres se daban cuenta de que ciertas enfermedades que ellas padecen sean ignoradas en la investigación médica. Por esa razón –entre otras-- se han defendido diversas formas de trato preferente a grupos sociales tradicionalmente discriminados. La tosca metáfora de la “visibilidad” merodea las injusticias que tratan de reparar las políticas de discriminación positiva, razonables en determinados ámbitos y durante cierto tiempo, hasta naturalizar la presencia de los excluidos.
¿Y qué pasa en nuestro patio? Pues que los conceptos se han maltratado hasta ocultar la realidad. A veces parece considerarse una injusticia el que una lengua tenga más hablantes. Es cierto que merced a los mecanismos descritos más arriba, a los que nos hacen caminar por las sendas más transitadas, la desigualdad de hablantes se traduce en desigual posibilidad de comunicación –desigual número de interlocutores potenciales--, pero ya se ha visto que no hay en esa circunstancia nada que reprochar. La “desigualdad” de hablantes, como tal, no supone injusticia alguna, a no ser que, sin más precisión, equiparemos desigualdad e injusticia. Algo que no tiene ni pies ni cabeza. Una distribución desigual de la riqueza puede ser injusta. Digo “puede” porque una distribución desigual de la renta, que proporcione más recursos a los más necesitados, puede resultar justa, pace a los entusiastas de las balanzas fiscales. Ahora bien, que en el mundo haya más o menos rubios o más o menos zurdos es otra cosa. Es cierto que la proporción de rubios puede ser resultado de una injusticia anterior, de unas políticas racistas que, por ejemplo, impidieran reproducirse a los morenos. Pero, incluso si así fuera, si aquella composición no fuera resultado de emparejamientos según los gustos –determinados o no biológicamente-- de cada cual, ello no justificaría que ahora desanduviéramos el camino y, en aras de no se sabe muy bien qué, impidiéramos reproducirse a los rubios o a los diestros. En el caso de las lenguas también puede que, en el pasado, se cometieran injusticias, algunas de ellas --seguramente la mayor parte-- no asociadas propiamente a la lengua, como invasiones o guerras, pero con consecuencias en las lenguas. Vamos, seguro que sucedió así con todas las lenguas que han sobrevivido, con el castellano, el catalán o el inglés. Pero a los que padecieron las injusticia en el pasado no hay modo de compensarlos. Desandar la historia hasta un supuesto tiempo inocente (¿cuál?), no sería deshacer una injusticia sino sumar, a la anterior otra nueva, que recaería sobre los únicos en condiciones de padecerla, los que están ahora y aquí.
La “igualdad de oportunidades” es un buen ejemplo de tergiversación de principios. Más exactamente, de políticas que, en realidad, se oponen al principio invocado. Una parte importante de las defensas de las políticas de inmersión lingüística se justifican “porque debemos evitar que existan catalanes de segunda”. Quienes esto sostienen asumen como si fuera un hecho caído del cielo, y no una apuesta institucional, que el “ascenso social” está asociado al conocimiento del catalán. Primero se pone la barrera y después se sostiene que debemos prepararnos para saltarla. Y si alguien levanta la mano para preguntar por qué no se aparta el obstáculo, se apela a los deseos de los corredores de ser entrenados para el salto. Unos corredores a los que, previamente, se les ha dejado claro que si no pasan el filtro no pueden jugar. Incluso de manera bastante explícita, como sucedía con un reciente tríptico editado por la Generalidad destinado a los emigrantes: «Quien quiera prosperar, ha de aprender el catalán». Como si los norteamericanos, en lugar de eliminar las barreras religiosas de las constituciones de sus estados, hubieran optado por exigir la conversión a sus ciudadanos.
Pero hay algo más que casi siempre pasa desapercibido en las apelaciones a la igualdad de oportunidades. Quienes defienden la necesidad de entrenarse para superar el filtro toman a la comunidad autónoma como unidad territorial relevante. La única igualdad que importa es la de los catalanes, los supuestamente discriminados. Y es aquí donde se hace más evidente el mundo al revés de las apelaciones a “las minorías discriminadas”. Un repaso superficial de los gestores y protagonistas de los medios culturales y de opinión (radios, televisiones, prensa) muestra que la situación de nuestras “minorías” se parece muy poco a la de los discriminados en otras partes del mundo. Más bien al contrario. Su presencia, como mínimo, se corresponde con su proporción en el conjunto de la población. No sólo eso, sino que están en condiciones de jugar, a la vez, en dos ligas. En la de todos y en el mercado local, sobre todo en comunidades en donde la lengua común está excluida de los medios de comunicación públicos. El problema, naturalmente, no es para los cuatro gatos que se pasean de aquí para allá por emisoras, redacciones o estudios de televisión. Esa es sólo la parte visible de algo más serio que afecta al conjunto de la población. En cada vez más partes de España, y en cada vez más ámbitos laborales (sanidad, enseñanza, administración, comercio) se han establecido barreras que impiden a los ciudadanos competir en condiciones de igualdad. La exigencia en las diversas comunidades con lengua propia del nivel C --o su equivalente-- para impartir clases en la Universidad, deja fuera de la competencia a la mayor parte de los potenciales docentes, tengan la calidad que tengan. Algo que, por supuesto, a quien primero perjudica es a los estudiantes de las universidades de esas comunidades.
Ahora, con el foco ampliado, resulta más evidente la tergiversación a la que se somete la idea de igualdad de oportunidades. Si nos atenemos a las “políticas normalizadoras”, el único medio de asegurar esa igualdad es que todos, en todas partes, aprendiéramos todas las lenguas: euskera, catalán y gallego, para empezar. Bueno, existiría otra, la que hemos visto defender en el paso citado al teórico del reconocimiento: el uso de la lengua común. De nuevo: “La educación pública estandarizada en un mismo idioma se ha considerado esencial si se quiere que todos los ciudadanos tengan iguales oportunidades laborales en la economía moderna. De hecho, la igualdad de oportunidades se define en razón, precisamente, del igual acceso a las principales instituciones que operan en el idioma de la mayoría”. Desde una perspectiva liberal se podrían poner pegar a su apelación a las “mayorías”, tan descuidada “con las minorías”; pero, las que se les pueden poner, se debilitan bastante cuando la lengua de la mayoría es también la lengua común, la lengua de todos en todas las comunidades autónomas.
Kymlicka, según esto, estaría en favor de hacer del castellano la única lengua en la enseñanza y en la administración. Una propuesta que no creo que sea defendible. Sobre todo cuando no hay problemas de compatibilidad entre objetivos como sucede con la igualdad de oportunidades y el derecho a ser atendido en la propia lengua, por mencionar un ejemplo muy querido de los nacionalistas. La protección de aquel derecho no tiene por qué suponer una violencia de la igualdad entre los españoles. Uno puede ser atendido en su propia lengua por algún funcionario sin que ello quiera decir que todos los funcionarios tengan que ser competentes en todas las lenguas oficiales. Algo a lo que por cierto estamos acostumbrados, merced a los sistemas telefónicos mecanizados, cuando nos piden que pulsemos un número u otro para orientarnos según la lengua en la que queramos ser atendidos, o, todavía más recientemente, y con más posibilidades, merced a Internet, en donde cada uno puede escoger –otra cosa es que se encuentre con-- información o impresos en la lengua que desee.
El maltrato de los conceptos alcanza su grado máximo al referirse a la “discriminación positiva”. Las medidas de “discriminación positiva” se pretenden justificar en el hecho de que las “lenguas propias” tienen menos hablantes, a su condición minoritaria. Una discutible elección de perspectiva. No es cosa de recordar ahora la sofisticada discusión académica anglosajona sobre la discriminación positiva, pero hay una cosa segura y es que el acento no se pone en la distinción entre mayorías y minorías, sino entre ganadores y perdedores. Algo, por lo demás, bastante acorde con el sensato principio de que las unidades de valoración son las personas y no las culturas o las lenguas. Las minorías importan únicamente en la medida que se corresponden con los excluidos. En Estados Unidos, las mujeres no son una minoría, pero, razonablemente, se les aplican medidas de discriminación positiva. Por contra, los judíos y los asiático-americanos, aunque minorías, no forman parte de los de abajo y no gozan de ventaja alguna. Las políticas de discriminación positiva empiezan por identificar a los que están fuera de juego, a los perdedores que son discriminados por compartir algún rasgo cultural o biológico. Pero no prestan atención a los WASP, que también son minoría y con trazas parecidas, rubios como la cerveza. En nuestro caso, no hay nada parecido a eso. Al revés, la discriminación positiva ha servido, está sirviendo, para sancionar políticas manifiestamente antigualitarias e injustas, que penalizan a los peor situados. Cuando se ha traducido en política ha resultado algo peor que maltratar a las palabras, ha maltratado a las gentes. Ha consistido en dar a los que ya tienen. Miremos las cosas de cerca.
Empecemos por la cartografía y veamos luego quién cuenta y quién no: el 53,5% de los catalanes tiene como lengua materna el castellano; el 40,4 %, el catalán. Eso sin incluir en la contabilidad a los inmigrantes llegados en los últimos años, mayoritariamente de lengua castellana. La información sobre los apellidos también ayuda: los primeros veinte son los mismos que uno se encuentra en Madrid, los Pérez, Martínez y demás. García, por cierto, es el más común en cada una de las comarcas catalanas. La superestructura se parece poco a ese paisaje. Basta con examinar la composición del parlamento catalán. Hace pocos años, y las cosas no han mejorado, el 43% de la población catalana reconocía que su "identidad lingüística" era el castellano, entre los parlamentarios, cuando se les preguntaba si se consideran castellanohablantes, la cifra se quedaba en el 7,1%. Vamos, que si examinamos las señales que en otros lugares de mundo han llevado a justificar la “discriminación positiva”, no hay nada parecido a discriminación hacia “los catalanes”. En realidad, la situación es la opuesta. Si hubiera que tomarse en serio los principios que justifican la discriminación positiva, si hay que garantiza la presencia a quienes están fuera de juego, habría que hacer exactamente lo contrario de lo que hacen quienes la invocan y otorgar más representación a los que no resultan “visibles” en las instancias de poder. Sólo hay que ver las políticas culturales –lingüística, educativa, teatral, etc. - de quienes deciden para ver cuál es el paisaje cultural desatendido, la agenda política que importa. Cada cual puede interpretar como les guste el cuadro descrito, pero lo que no puede es ignorarlo. Por ejemplo, a la hora de entender por qué en Cataluña la abstención es mucho más elevada en las elecciones autonómicas que en las generales y se concentra sobre todo entre las familias castellanoparlantes, las más pobres por cierto. Blanco y en botella.
Quizá no esté de más advertir que, también ahora, la crítica anterior se ha desarrollado en el territorio elegido por los nacionalistas, cuando, en sus reivindicaciones de igualdad “de reconocimiento” y de reclamar medidas de discriminación positiva, utilizan criterios lingüísticos. La ecuación entre “Cataluña” y “la lengua catalana” es suya, es la que lleva a hablar de “lenguas propias” y, cabe pensar, “impropias”. Por lo demás, no es raro que se quiera atar la identidad a la lengua. Cuando se examina la realidad social y se rastrean comunidades de identidad vinculadas a las pautas culturales o, al modo anglosajón, a la procedencia, la “identidad nacional” se deshace como las lagrimas en la lluvia. Los catalanes somos como el resto de los españoles, si nos atenemos a las fiestas populares, los tipos de familia, los modos de vida, las pautas de consumo, incluido el cultural o el deportivo. Si utilizamos el criterio de la frecuencia de apellidos, que algo nos dice sobre orígenes, sobre raíces y sobre movilidad y mestizaje, Barcelona es, después de Madrid, la ciudad que se corresponde con más fidelidad al perfil del conjunto de España. En realidad, si hay que precisar, Lugo y Huesca, son las ciudades con más “identidad” propia. Previsible. Y es que allí el mestizaje es mínimo. Los que pueden, se marchan y sólo quedan los auténticos, las esencias.
La cohesión social
Según esta línea de argumentación, el aprendizaje de la lengua común –y, en el parecer de algunos, el paisaje cognitivo compartido asociado a ella-- queda asegurado por la sociedad, por el peso del castellano y, si no se quiere evitar la división en dos comunidades culturales, es mejor dejar a “la sociedad” la enseñanza del castellano y consagrar la escuela a las lenguas minoritarias, a la inmersión. Se contienen aquí dos tesis diferentes que, aunque con frecuencia se despachan juntas, no están exentas de problemas de compatibilidad. Una sostiene que la lengua común no es cosa de la escuela, que se aprende en la calle. La otra que cualquier otra política –distinta de la de inmersión, por ejemplo, la enseñanza bilingüe-- propiciaría el enfrentamiento cultural. Si me ciño a la educación es, de nuevo, por situarme en el terreno nacionalista: quienes acuden al argumento de la cohesión lo hacen únicamente para justificar la política educativa y, por lo común, callan a la hora de justificar otras comunes prácticas de exclusión del castellano. Por ejemplo, nunca he visto a nadie apelar a la necesidad de evitar la división para defender la políticas de utilizar únicamente “la lengua propia” en las calles, los hospitales, la administración, los comercios o los medios públicos de información.
Según el primer argumento, el peso social del castellano haría innecesaria su enseñanza. Al final de la escolarización, la combinación de la política de inmersión en la lengua propia y la exposición social a la común bastarían para que los jóvenes resultaran competentes en las dos lenguas. Una exposición social que, por cierto, los nacionalistas penalizan e intentan borrar de las prácticas sociales, por ejemplo, exigiendo a los comerciantes una determinada lengua en su trato con la administración, en sus facturas u ofertas de contratos.
El argumento, por lo común, se completa con una réplica a quienes defienden el derecho de los padres a escoger la lengua de escolarización. Del mismo modo, se nos dice, que el sistema educativo no tiene porque satisfacer el deseo de un padre de que a su hijo le enseñen la teoría del diseño inteligente, en lugar de la selección natural, o quiromancia, en lugar de medicina, tampoco tiene porque satisfacer un inexistente derecho a escoger la lengua de escolarización.
Un argumento a atender. Los hijos no son muebles. Uno no puede hacer lo que quiera con los hijos “porque son míos”. Por eso prohibimos la venta, la explotación o los abusos de niños, por los padres o por quien sea. Y, desde luego, los padres no tienen nada que decir, en tanto que padres, acerca del contenido de las enseñanzas. Tampoco, dicho sea de paso, los estudiantes: lo tendrían si fueran competentes, pero en tal caso, no serían estudiantes. También por eso, y alguna otra cosa más que no viene ahora a cuento, resulta discutible la exigencia de que en las escuelas públicas –o con cargo a los presupuestos-- se imparta enseñanza religiosa. La instrucción pública no tiene que enseñar puntos de vista, por así decir, de “parte”. Tanto da que existan más o menos católicos, islamistas o judíos o, dicho sea de paso, comunistas, democratacristianos o liberales, que al cabo también en las perspectivas políticas hay valores y concepción del mundo. El problema, obviamente, no es de número, sino de principio. Y los principios, los derechos, protegen a todos por igual. Su alcance no cambiaría si mañana, por lo que sea, proliferasen los musulmanes y decayeran los católicos. De estar justificado, el derecho a “ser educado en las propias convicciones religiosas o morales”, alcanzaría a cualquier contenido doctrinal, sin que importe, a tal efecto, que una religión tenga más o menos practicantes, ni tampoco, dicho sea de paso, si es más o menos desatinada o cruel. Se está apelando al “derecho a enseñar en los propias convicciones”, sin mención alguna a la evaluación del contenido de las enseñanzas. Cualquier mención a su contenido, a su calidad moral o, en general, intelectual, supondría, de facto, asumir una evaluación pública que es exactamente lo que rechazan los defensores del “derecho a enseñar en las propias convicciones”. Todo lo dicho, claro, vale también para el adoctrinamiento nacionalista, el explícito o el encubierto.
Ahora bien, una cosa son los contenidos, la información, y otra el instrumento mediante el cual se aprenden, la lengua. Los padres, pueden elegir llevar a sus hijos al Liceo Francés o al Instituto Goethe, aunque una vez allí no deciden qué materias –ni su contenido-- les enseñan. Hay que buscar otras razones, distintas de las anteriores, de la competencia en la materia, para negar el aprendizaje en la lengua materna, la que los niños utilizan en su trato con el mundo, al referirse a las cosas o al pedir ayuda a los padres con los deberes. Y aquí valen –o dejan de valer-- los argumentos tantas veces utilizados por los nacionalistas para defender la primera enseñanza en la lengua materna, cuando acudían a los informes de la UNESCO, o, en una escala más doméstica, a Rosa Sensat, para sostener que “no estudiar en la lengua materna, perjudica gravemente el desarrollo intelectual de los niños”. Desde luego, quien parece convencido de ello es el gobierno vasco que, sabedor de que los jóvenes de lengua castellana escolarizados en euskera obtienen peores resultados en la “lengua propia” que en la suya, “propició” que casi todos ellos realizaran en castellano las pruebas del informe PISA, que permite tasar el estado de los sistemas educativos, no sea que cayéramos en la cuenta de que se obtienen niveles de conocimiento más bajos cuando no se escolarizan en su lengua materna. En todo caso, si los argumentos cognitivos valen para defender la enseñanza en la lengua materna, valen para cualquier lengua, y, tal vez, más en el caso del castellano, que es la lengua de todos, el paisaje cognitivo con el que se relacionan con la realidad, cosa que, por cierto, dan por sentado los nacionalistas cuando insisten en que “es la lengua de la calle”.
En el caso de abandonar el argumento cognitivo, y habría que dar razones poderosas para hacerlo después de tantos años acudiendo a él, la justificación de que, puestos a sumergir en una única lengua, hay que optar por la que se utiliza menos, se queda bastante desnuda. Si hay que optar, ¿por qué en la lengua minoritaria? Pues porque la otra, se nos dice, “se aprende en la calle”. Tomada en serio, la tesis de la calle invitaría a cerrar las escuelas en la lengua común, a abandonar la enseñanza del francés en Francia o del alemán en Alemania. En España, incluso habría que abandonar la enseñanza del castellano antes en Madrid que en Tarragona puesto que allí se está más expuesto a la lengua común. Eso, claro, siempre que creamos que hay peligro de división en comunidades culturales y que la convivencia que nos preocupe sea la de todos los españoles. En realidad, si aplicamos aquel principio, el mejor modo de asegurar que todos los ciudadanos nos manejamos libres e iguales en la España plural, consistiría en sumergirnos en todas las lenguas salvo en la que todos utilizamos, en la de la calle.
Estamos ya en la otra tesis del argumento de la cohesión, según el cual, la inmersión asegura que se aprendan las dos lenguas y evita la existencia de conflictos, la consolidación de dos comunidades lingüísticas separadas. Es más, se añade, la ausencia de quejas mostraría que las cosas son de ese modo, que no se producen divisiones entre los ciudadanos. Quienes sostienen lo contrario no harían sino politizar el debate, generar un conflicto donde no lo hay.
Con independencia de que la falta de quejas no se puede tomar como indicio de justicia, a no ser que estemos dispuestos a dar por buena la situación de las mujeres en la India, muy satisfechas con la dominación que padecen, en el “debate” hay un uso particularmente cínico de la, supuesta o real, ausencia de quejas: se emplea para acallar las quejas. Cada vez que alguien critica la política lingüística se le acusa de crear una polémica inexistente o, aún más divertido, de hacer política con la lengua. Asombroso. Si a cualquiera que dice que hay conflicto se le acusa de crear conflicto, esto es, si las quejas resultan condenables en tanto que quejas, desde luego que no aparecerán las quejas. Se está sencillamente cancelando la posibilidad del conflicto. Peor aún la denuncia del conflicto se considera –la causa de– el conflicto. Es como si a quienes llaman la atención sobre la discriminación de las mujeres en la India se les reprochase generar el conflicto que denuncian.
En el trasfondo de esa prohibición del conflicto hay una confusión acaso interesada entre un problema y su denuncia, una trampa: quienes se quejan de la política lingüística no hacen política lingüística por la misma razón que las mujeres que denuncian el acoso no están acosando, ni los que se oponen a la guerra están en la guerra, ni los que critican una película hacen cine. En todo caso, resulta chocante que quienes llevan a cabo políticas lingüísticas descalifiquen a los críticos porque “hacen política con la lengua”.
Sea como sea, el argumento de la cohesión equipara cualquier forma de bilingüismo a “fractura social”, a “enfrentamiento cultural”. Una asimilación que requiere avales que no se ven por parte alguna. Desde luego, no es la experiencia de Finlandia, un país bastante cohesionado, con escuelas monolingües en finlandés, monolingües en sueco, además de bilingües. En realidad, uno tiene la impresión de que el enfrentamiento puede aparecer cuando la lengua de tantos es ninguneada por las instituciones. Por otra parte, y esto es lo fundamental, lo que habría que justificar es por qué el “argumento de la división” opera en una sola dirección, en favor de las lenguas minoritarias, y no del castellano. Si apostar por una única lengua fuera el mejor modo de evitar el conflicto, de asegurar la cohesión, el castellano debería ser la lengua de enseñanza. Valdrían las mismas razones de los nacionalistas en favor de la exclusiva enseñanza en catalán, la conveniencia de evitar la separación en líneas de educación, en comunidades culturales, y algunas otras más importantes: es la lengua mayoritaria y común en las distintas comunidades autónomas, la argamasa local, y la común a todas ellas, la argamasa nacional, y, sobre todo, la más usada por aquellos con indiscutibles problemas de integración, los emigrantes. Vamos, de nuevo las tesis de Kymlicka, que, lo que son las cosas, acabaría por resultar un fanático españolista.
Para concluir
Las políticas “de normalización lingüística” no nos han dado ni un día ni un lugar para la tregua. Esas políticas, que rigen buena parte de la vida –empezando por la laboral-- de los españoles, de todos, de los de Albacete y de los de Tarragona, son el busilis en torno al cual se han vertebrado tesis políticas que han servido para sancionar la reorganización de Estado. Los nacionalistas han transitado de las lenguas propias a la exigencia de formas más o menos encubiertas de soberanía sin perder un minuto en detallar las premisas intermedias, las que llevan de unas cosas a otras. Los nacionalistas y, vamos a decirlo todo, buena parte de una izquierda, que, a falta de mejores causas, o por lo menos más claras, se embarcó en las de los nacionalistas, sin saber muy bien lo que adquiría, como ha quedado claro cuando, con cara de tonta, ha descubierto que el lote de las identidades incluía cosas como unas singulares balances fiscales al amparo de las cuales se condenan las redistribuciones de riqueza.
Como siempre, lo primero es mirar la realidad de frente y no decorarla. Ni escamotearla ni hacer de la necesidad virtud. En muchas e importantes dimensiones de la vida, la diversidad de lenguas es, antes que otra cosa, una fuente de dificultades, un problema que hay que conllevar y al que hay que dar una solución política. En Europa nos irían las cosas bastante mejor si nos manejásemos en una lengua común o, por lo menos, en una lengua franca. Como oportunamente recordó Sánchez Ferlosio, se equivocó el presidente cuando dijo que “las lenguas están para entenderse”. Es la lengua la que está para entenderse.
Por suerte, en España disponemos de una lengua común y franca. Parece justificado utilizarla en aquellas actividades colectivas que alcanzan a todos a la vez y que no afectan a derechos. No veo a quién se deja de reconocer por utilizar una lengua común –en lugar de tres o cuatro-- en la rotulación de las carreteras, un bien público que hemos de usar todos, gentes que van de aquí para allá, y que requiere transmitir la información con la máxima economía de medios, sin distraer la atención. Tampoco creo que lo hubiera en la matriculación de los automóviles con la letra “E”, a pesar de las terribles tensiones que, según los nacionalistas, dicha medida iba a desatar, lo que animó a La Vanguardia --es de suponer que para aplacar las tensiones --a regalar adhesivos con matrículas ilegales, ante la indiferencia general de sus lectores. No había allí operación centralista alguna, sino simple sentido común, a no ser que consideremos anticentralistas las matriculas “de Franco”, las provinciales, aún más “cercanas al ciudadano” que las autonómicas.
Una reflexión más completa sobre estos asuntos debe tener en cuenta, además de la eficacia, las circunstancias particulares de cada lugar y, sobre todo, los derechos de las minorías, esos que parece olvidar Kymlicka, cuando defiende políticas que, aplicadas, conducirían a hacer de la lengua común la única lengua. Es ahí donde hay lugar para las lenguas “propias”. En atención a los derechos, lo razonable en matrículas y carreteras, puede no serlo al abordar el trato de los ciudadanos con la administración. Las consideraciones de eficacia o de cohesión pierden aquí buena parte de su peso. Es cierto que, con los soportes tecnológicos tradicionales, una documentación bilingüe es más costosa y menos eficaz, pero en la vida hay más razones que las contables. (De todos modos, tengo para mí que nuestros nacionalistas, para borrar las huellas del castellano, no perderían un instante en echar mano de los argumentos de Kymlicka, en apelar a la mayoría y a la eficacia, si, allí donde gobiernan, la “lenguas propias” fuese la de mayor uso. De hecho, sin serlo, ya sucede así en Cataluña, incluso con la mayoría de las páginas de Internet y eso que, en ese medio, el coste del bilingüismo, a largo plazo, es cero. )
Y es que no debemos confundirnos acerca de lo que está en juego. Si no para iniciar el debate siempre aplazado, el manifiesto, al menos, ha servido para mostrar que en estos asuntos hay algo más que sensibilidades ofendidas e ingenuidad. Que la identidad cotiza estratégicamente hoy lo saben todos. Como aquí el más tonto hace relojes, hoy podemos leer cosas como: "Los leoneses hemos sido capaces de desarrollar un idioma propio, el nuestro, que es el máximo exponente de nuestra cultura y el que ha dado forma a nuestra manera de ver el mundo, de sentir el mundo. Como leoneses no podemos permitir que la humanidad pierda uno de sus idiomas, el idioma propio de León, la Llingua Llïonesa." No, quienes escriben estas cosas, los de Unión del Pueblo Leonés, no han perdido el juicio, o no más que los que, echando mano del bable, el castúo o el murciano, escriben cosas parecidas.
Que nadie se engañe, aunque lo llaman identidad quieren decir poder propio o, simplemente, dinero. Los nacionalistas descubrieron el camino y los demás han tomado nota. Basta con pasearse por los barrocos preámbulos de los nuevos estatutos de autonomía para comprobarlo. Los vascos, con sus siete mil años, según Ibarretxe: unos recién nacidos.
Salvo contados casos, el debate suscitado por el Manifiesto por la lengua común ha mostrado la poca disposición al debate de quienes criticaban el manifiesto. El manifiesto es un texto claro en sus puntos de vista y, en la medida en que le está permitido a escritos de esta naturaleza, bien argumentado. Las réplicas, en su mayoría, eran poco más que exclamaciones, consignas o proclamas desprovistas de toda estructura inferencial. Entiéndase, no es que, como el personaje cervantino, compartieran la tesis de que “ningún razonamiento es gustoso si es largo”. Es que no había tal razonamiento. Eran bucles, paráfrasis, en donde la argumentación, apenas comenzada, se detenía en unas pocas tesis que se repetían por el derecho y por el revés, pero sin avanzar un milímetro, sin que nadie se preocupase en pedir cuentas de por qué se paraba la cosa allí.
Cuatro de esas líneas rojas son las que quiero franquear en las páginas que siguen. No son todas, pero sí, a mí parecer, las más repetidas: a) las lenguas en peligro deben ser objeto de protección; b) la preservación de la pluralidad lingüística es un bien; c) el principio de igualdad justifica “la discriminación positiva” de las lenguas minoritarias; d) las políticas de “normalización” impiden el conflicto de comunidades. Las examinaré una a una, por más que muchas veces aparezcan solapadas, como sucede, sin ir más lejos, con las dos primeras, cuando, por ejemplo, se aduce que hay que defender las lenguas en peligro de desaparición porque es buena la diversidad.
Me referiré, sobre todo, al caso catalán, que, con frecuencia, ha oficiado como vanguardia de las llamadas “políticas de normalización lingüística”. La advertencia no está de más. Aunque, en la medida que se desenvuelve en el terreno de los principios lo que a continuación se dice aspira a valer para todos los casos, hay circunstancias históricas, demográficas y de vecindad lingüística que impiden la plena equiparación. Mi objetivo fundamental es mostrar que las tesis anteriores, que se dan por moneda buena, que sirven para fundamentar sin estar fundamentadas, resultan endebles, que tomadas en serio conducen a políticas incompatibles con nuestras más elementales intuiciones morales o, incluso, a políticas opuestas a las que se aplican. Por ejemplo, si hay que utilizar una única lengua en la educación para evitar “la ruptura de la sociedad”, como sostienen los nacionalistas, en tal caso, la lengua a utilizar, la que realmente asegura la cohesión, es el castellano. Al afirmar esto no estoy diciendo que comparta el punto de partida de los nacionalistas, esto es, (a) que la cohesión es un valor último y (b) que el mejor modo de asegurarla es la enseñanza en una sola lengua. A decir verdad no creo que ni una cosa ni otra. Simplemente, me sitúo en su terreno para mostrar la debilidad de sus razones. Dicho de otro modo: mi estrategia es más crítica que no positiva. Con frecuencia llevaré mis argumentos al límite, con la intención de mostrar que los principios, aplicados, tienen consecuencias absurdas o indeseables, y que por tanto no se pueden invocar como palabra última. La aclaración puede parecer innecesaria entre gentes acostumbradas a razonar. Créanme, no es así.
El peligro
Más de la mitad de las 7000 lenguas que se hablan en el mundo están amenazadas con la extinción. Según quienes apelan al argumento del peligro de desaparición, esa es una situación lamentable, un mal moral, que justificaría acciones políticas destinadas a su preservación, acciones que no pueden ser otras que asegurarles el suficiente número de hablantes. Obviamente, esa situación no es la del castellano, pero, en diverso grado, sí la de las lenguas peninsulares de menor uso, lo que justificaría un apoyo institucional destinado a garantizar su conservación como lenguas de uso.
Por respeto a la consistencia, es de esperar que este argumento no lo invoquen aquellos mismos que, cuando reclaman el reconocimiento institucional de las “lenguas propias” --por ejemplo, en la Unión Europea-- apelan a su peso demográfico, al hecho, por ejemplo, de que el catalán tiene más hablantes que el portugués o el finés. Hablantes, por cierto, entre los que se acostumbra a contabilizar a los que viviendo en Cataluña, la Comunidad valenciana y las Baleares no tienen el catalán como lengua, esto es, a aquellos mismos cuyos usos lingüísticos habituales se intenta modificar porque se juzgan inconvenientes para la preservación del catalán.
Como otros argumentos esgrimidos en el debate, éste también asume que las unidades de valoración, que lo importante, son las lenguas y no los individuos. Una tesis que, por lo menos, se enfrenta a bastantes dificultades. Pensemos en el ejemplo de la lengua Cherokee, con unos 11.000 hablantes. Los cherokees, unos 300.000, en su mayoría tienen como lengua el inglés. Con el inglés pueden viajar por el mundo, conocer gentes, acceder a importantes universidades, ganar dinero, explorar sus emociones con la ayuda de poderosas tradiciones literarias y de investigaciones académicas solventes, visitar páginas de Internet que les informan de su historia, de sus antepasados o de medicamentos con los que preservar su salud y la de los suyos. Si damos por bueno el principio de que es un deber moral preservar la lengua en peligro, estaría justificado obligar a los cherokees a educarse y “vivir” en su lengua, a mantener la lengua de sus antepasados, que ya no su lengua. O, sin ir tan lejos, aquí al lado y hace bien poco, para quienes lo importante es la lengua, el descubrimiento de la pócima de la vida eterna, sería una bendición y doña Antonia Anaut, la última hablante del roncalés, fallecida en 1976, hubiera debido tomársela. Con su vida se conservaría su lengua. Ella tendría muchas razones para salir corriendo, para no querer prolongar la cárcel de incomunicación en la que vivió sus últimos años, sin poder charlar con sus vecinos y con dificultades para entender lo que le decían. Antes de tomársela, acaso nos preguntase si no teníamos también la pócima de cambiar de lengua. Algo que deberían negarle quienes creen que tiene el deber de preservar su lengua.
En realidad, el roncalés, como lengua, murió mucho antes que Antonia Anaut. Para no desaparecer una lengua requiere un mínimo de hablantes, entre 100.000 y 200.000, según los autores. Por debajo de esas cifras, una lengua se puede dar por desaparecida, digan lo que digan los gestores de esas operaciones, no exentas de crueldad, que consisten en pasear por nuestras autonomías a los últimos hablantes de una lengua, pobres gentes incapaces de cruzar una palabra con nadie. En el caso de la lengua Cherokee estaría justificado obligar a “vivir en Cherokee” no sólo a los cherokees, sino también a otros, que no son cherokees, puesto que 300.000 hablantes está demasiado cerca del umbral de riesgo. Desde luego, ese sería el caso del arapahoe, el comanche, el apache o el Chippewa. Y de muchas otras. De las 7.000 lenguas inventariadas la mitad es hablada por menos de 10.000 personas, y 1.500, por menos de 1.000. El aranés, con sus poco más de dos mil hablantes, no sobrevivirá, por más inmersiones lingüísticas a las que se sometan los habitantes del valle de Arán, consagrados, de grado o de fuerza, a preservar una lengua que de poco les servirá (en realidad, muchos araneses con recursos, buscan, fuera del Valle, escuelas en francés o en español).
Las dificultades del argumento del peligro, si se piensa bien, son de principio. Arrancan de algo indiscutible, a saber, que el número de potenciales hablantes –como usuarios habituales-- de cualquier lengua es limitado. Obviamente, no puede superar al de los seres humanos existentes. Si por debajo de cierto número una lengua no puede sobrevivir, eso quiere decir, sencillamente, que no todas las lenguas pueden sobrevivir simultáneamente, que la supervivencia de unas requiere la desaparición de otras. No es un ejercicio de especulación; sucede cada día en muchos rincones del mundo, en los que poblaciones no muy numerosas, tribus, coexisten con sus diferentes lenguas en un espacio geográfico limitado. El 96% de las lenguas son habladas por el 4% de la población mundial, y más del 80% de los idiomas son endémicos y están confinados a un solo país. El problema no es que en México existan trescientas lenguas o en Colombia un centenar, sino que esas lenguas se extienden en una parte muy limitada del territorio. De un modo más doméstico, eso también ha sucedido entre nosotros. El euskera batúa, que unificó las diversas variantes –los diversos dialectos—del euskera, era un modo de darles su fecha y su lápida a las diversas variantes del euskera, entre ellas, el roncalés, la lengua de Antonia Anaut. La defensa honesta de las lenguas en peligro no puede ser la defensa de todas las lenguas en peligro, sino la condena de lenguas en peligro. En suma, la preservación de todas las lenguas es un imposible y, desde luego, incompatible con el objetivo de la diversidad, otra de las líneas rojas invocadas en el debate del Manifiesto.
En realidad, el argumento del peligro tiene implicaciones directamente absurdas. De tomarse en serio, supondría que la política educativa de un país depende de lo que hablen en otra parte del mundo. El hecho de que muchas gentes en México hablen en castellano y que por tanto la lengua común no esté en peligro, es lo que decide en qué lengua se estudia en Cataluña. Si en México hablaran catalán, la vida cotidiana de los catalanes tendría que ser distinta. Aún más, si el principio se aplicara en cada uno de los países que comparten la lengua, puesto que la preservación de la lengua quedaría garantizada por todos los demás, en ninguno de ellos se debería enseñar la lengua común. Y, claro, si mañana, en un rincón de una lejana galaxia se descubrieran millones de hablantes de euskera, tendría que cambiar la vida en el País Vasco, la lengua de la enseñanza, de la administración, de los medios de comunicación, etc.
La diversidad
Según este argumento la diversidad sería una riqueza y, por ende, debería ser alentada. Habría por tanto un interés intrínseco en preservar la pluralidad lingüística de España. En principio, esta tesis parece seguirse de la anterior: si se juzga que la pérdida de una lengua es un mal, parece difícil evitar la conclusión de que la ganancia de una lengua es un bien. El único modo de deslindar entre los dos argumentos, esto es, de sostener que el argumento del peligro no implica la defensa de la aparición de nuevas lenguas, es recalando en los hablantes: resultaría lamentable la desaparición porque existen hablantes que pierden su lengua, pero no cabe lamentarse de que no surja una nueva si no hay hablantes reales que puedan sufrir por ello. Pero ese territorio no le resulta cómodo transitarlo a quienes toman como unidades de valoración –de preocupación-- las lenguas y no las gentes. Si las personas son lo que importa, el argumento del peligro, como se acaba de ver, acaba por resultar tan insostenible como el de la pluralidad.
Que España sea más plural cultural o lingüísticamente que, por ejemplo, Alemania, Francia e Italia, no está fuera de discusión. Vamos, según las investigaciones más competentes, resulta bastante menos plural (Gordon, R. G., Jr. ed.), Ethnologue: Languages of the World, Dallas, Tex.: SIL International, 2005). Pero la discusión que interesa ahora no es sobre los datos, sino sobre los principios invocados, en particular en la apelación a la diversidad. Mejor dicho, a la diversidad lingüística, porque la diversidad, como buena por sí misma, no es defendida por nadie (si es que hay algo así como la diversidad sin adjetivar, sin que “la diversidad” sea diversidad de algo). En realidad, ni siquiera la algo más precisa “diversidad cultural” parece encontrar defensores. No parece que quepa lamentarse de la pérdida de feligreses de una religión y esté justificado dar subvenciones para que no decaiga su culto. Todos preferimos una sociedad menos plural que otra, si ello quiere decir que en ella no se dan el sexismo, el integrismo o el fascismo. Los antropólogos pueden estar interesados en estudiar sociedades en donde se practican sacrificios humanos, se tortura a los animales o se discrimina a las mujeres, pero, nadie duda de que la persistencia de esas prácticas resulta moralmente lamentable. Desde el punto de vista cultural, del estudioso de las comunidades urbanas, la existencia de bandas de jóvenes violentos, es un riqueza, y cuantas más, mejor. Pero desde el punto de vista moral, las cosas son bien diferentes. Porque no todo da igual nos reímos cuando en una película de Woody Allen, ante el estupor de su pareja (“¿No te parece increíble ese tipo de Indiana? Mata a doce personas, las descuartiza y se las come”), replica: “¿Si?, bueno, es un modo de vida alternativo”.
La diversidad de las lenguas es otra cosa. Mientras podemos decir que una práctica moral es mejor que otra, no cabe decir que una lengua natural sea mejor que otra en tanto que lengua, sintáctica o semánticamente. En estos menesteres, las lenguas no son diferentes de las monedas o los sistemas de pesas y medidas. Para tasar precios tan afinada era la peseta como el euro. A la hora de medir tan precisas son las leguas como los metros, las arrobas como los kilos, los azumbres como los litros. Ahora bien, las monedas y las medidas son herramientas que sirven para ciertas cosas. Una moneda, sin dejar de ser moneda, puede ser de en papel o de metal, pequeña o grande, antigua o reciente, tosca o muy elaborada, pero, sea como sea, lo único que no podrá dejar de ser es instrumento de intercambio. Del mismo modo, una lengua podrá ser más antigua o moderna, sonar mejor o peor, tener tradición literaria o carecer de ella, todo eso podrá suceder, sin que pierda su condición de lengua. Lo que no podrá dejar de ser, sin ser lengua, es un instrumento de comunicación. Y aquí sí que podemos hacer comparaciones. Nos resultan más interesantes las monedas, los sistemas de medición y las lenguas que tienen más usuarios, aquellas que nos permiten entendernos con más gentes y acceder a más información. Por ejemplo, la lengua de Antonia Anaut era una lengua inútil porque no servía para lo que sirven las lenguas.
Los nacionalistas saben bien que la “diversidad” es más un problema que una maravilla. Las políticas de “normalización”, por definición, se oponen a la diversidad. Así sucede con la invención del euskera batúa, la lengua creada para sustituir, como lengua común, a los diversos dialectos de euskera o con la insistencia en que el valenciano y el mallorquín son formas dialectales del catalán. En uno y otro caso, porque se juzga que lo importante es la comunicación, se busca reducir la diversidad, a sabiendas de que, andando el tiempo, las pequeñas diferencias, convenientemente alentadas o en circunstancias de aislamiento, pueden desembocar en lenguas diferentes, en un proceso no muy diferente a lo que los biólogos dan en llamar especiación: la aparición de nuevas especies como resultado de un aislamiento geográfico. Si los nacionalistas creyeran que la diversidad es buena, lo que deberían hacer es alentarla, exactamente lo contrario de lo que hacen.
El más competente defensor, a mi parecer, de las tesis nacionalistas, William Kymlicka, ha dado poderosas razones en contra de la pluralidad. Destacan dos. La primera se refiere a la democracia. El funcionamiento cabal de las comunidades políticas se complica cuando aumenta el número de lenguas, hasta el punto de que la deliberación democrática acaba por resultar imposible: “la participación en la deliberación política sólo es factible si los participantes se entienden y tienen confianza mutua, y sin duda esto se promueve cuando los ciudadanos comparten una lengua”. Europa con sus 225 lenguas es un ejemplo. Si en las instituciones hay que “respetar a todas las lenguas” por igual, cada una de las lenguas se tendría que traducir a cada una de las otras. Echen las cuentas: 25200 (225x224/2). Al final, si no se quiere que cada juzgado, comisaría o ayuntamiento ocupe sus recursos y su tiempo en inacabables cadenas de traducciones, hay que recalar en una lengua común, franca. La otra razón de Kymlicka apela a la igualdad: “Una economía moderna requiere una fuerza de trabajo móvil, alfabetizada e instruida. La educación pública estandarizada en un mismo idioma se ha considerado esencial si se quiere que todos los ciudadanos tengan iguales oportunidades laborales en la economía moderna. De hecho, la igualdad de oportunidades se define en razón, precisamente, del igual acceso a las principales instituciones que operan en el idioma de la mayoría”.
De modo que, al final, las razones del nacionalismo, en la práctica, conducirían a hacer del castellano la única lengua de la enseñanza y la administración, en cada una de las autonomías, en donde es la lengua común y mayoritaria, y, claro es, en España. Algo que, a mi parecer, no estaría justificado. Las consideraciones de igualdad o de democracia, como las de eficacia, han de ser ponderadas por las que apelan a los derechos. Eso sí, una vez asegurados los derechos, hay que dejar que la vida siga su curso. De otro modo, se acabará por interferir con los derechos de los demás, esto es, minando los derechos que, o son de todos, o no son. Yo puedo ser libre de querer casarme con Elsa Pataky, pero eso no quiere decir que pueda casarme con Elsa Pataky, entre otras razones porque Elsa Pataky también ha de poder casarse con quien quiera, ha de poder elegir. Por lo mismo, uno tiene derecho a hablar como quiera, pero no tiene derecho a que le aseguren los interlocutores, porque éstos tienen los mismos derechos. Otra cosa es que como consecuencia del ejercicio de los derechos de cada cual a hablar lo que quiera –que no es el derecho a tener asegurado ese ejercicio, insisto-- por la propia naturaleza de las lenguas –como las monedas y las medidas-- se acabe por converger en las que tienen más usuarios y con ello, como resultado de las decisiones de cada cual, las posibilidades –de ser leído, que no de escribir, sobre física en castellano-- se vean limitadas.
Lo que no cabe es que para que uno pueda “vivir en catalán” a otros se les obligue a “vivir en catalán”. Es algo parecido a lo que sucede en los emparejamientos. Si todos se han emparejado con mejor fortuna antes que yo, mis posibilidades de “vivir según mis preferencias” estarán limitadas. Mi situación se resultado de sus acciones, pero no porque nadie lo haya querido así. No hay imposición alguna y no hay nada que reprochar a los demás. A nadie puede prohibirle que se exprese sobre mecánica cuántica en castellano, pero quien así lo hace no puede pedir que, para que el pueda “vivir como físico de altas energías en castellano”, la comunidad científica abandone el inglés y se pase al castellano.
Y aquí las cosas son como son. Si hemos de cruzar un bosque, normalmente buscaremos las sendas más transitadas y, con ello, con nuestro caminar, sin pretenderlo, desbrozaremos el camino y facilitamos las cosas a los que vendrán después de nosotros, sin que por ello impidamos a otros ir por donde quieran. Yo y los del PNV. ¿Qué lengua utilizan los de Galeusca para entenderse y refuerzan cada vez que se reúnen para criticar la imposición del castellano? Los economistas se han referido a algo parecido a esto como economías de red, a la consolidación de las sendas con más usuarios. Ha sucedido con las tarjetas de crédito o los sistemas de video. Con una comparación más ajustada, en los túneles del metro “nos sale a cuenta” caminar por nuestra derecha, si los demás caminan por su derecha (es un equilibro de Nash, en el léxico de la teoría de juegos). Y lo mismo vale para la izquierda, si todos caminan por la izquierda. En ese sentido, la izquierda es tan buena como la derecha. Eso sí, el cambio unilateral es altamente costoso.
Por supuesto, en ocasiones hay poder desnudo, imposición, o, desde otro punto de vista, instrucción pública, educación, y administración. En ese caso, en diverso grado, se dará violencia de derechos. Es lo que parece reclamar .Kymlicka. Sucedió en Francia, en tiempos de la revolución cuando sólo uno de cada tres franceses hablaba francés o en Italia, hace apenas siglo y medio, cuando el italiano únicamente lo hablaban el 3 % de las gentes. Pero las más de las veces, priman procesos de convergencia en las sendas más transitadas. Es lo que sucede, en lo esencial, con la expansión del castellano en la península, bastante anterior a la represión franquista. En el siglo XV, Castilla, que incluía Galicia, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, tenía 4,5 millones de habitantes y la Corona de Aragón 850.000. A nadie puede extrañar que la existencia de una mínima trama política propiciara que prácticamente desde el siglo XVI el 80% de los peninsulares haya utilizado el castellano. La condición de lengua con más usuarios y el que las gentes y las mercancías hayan ido de aquí para allá, en dinámicas en la que mucho tuvieron que ver los comerciantes catalanes, hicieron bastante más que una educación pública que no se extiende hasta entrado el siglo XX. Y en ese trajín de mercancías, por cierto, se incluían los libros en la lengua común: en Cataluña, ya en el XVI, se imprimían más libros en castellano que en catalán.
En realidad, el argumento de la pluralidad es antes que otra cosa mercancía retórica de los políticos. Los nacionalistas apelan a él en un sentido puramente estratégico. Lo utilizan para reclamar pero no para gobernar. Allí donde administran poder político defienden cualquier cosa menos la pluralidad. Si se tomaran en serio el principio de la pluralidad, el que invocan en la política nacional, cuando reclaman respeto a la “identidad propia”, deberían utilizar exclusivamente el castellano –al modo como hacen en Finlandia con el sueco, en aquellos municipios donde es la lengua mayoritaria-- en buena parte de las áreas que gobiernan, sin ir más lejos, en el área metropolitana de Barcelona, con bastantes más habitantes, por cierto, que buena parte de las comunidades autónomas. Para hacer frente a la anomalía que supone que la “lengua de la nación” no sea ni siquiera la de la mayoría de los hablantes de “la nación” han inventado ese singular artificio de la “lengua propia”, un “concepto” que no excluye la posibilidad de que en un territorio se considere como lengua propia una que no tenga ningún hablante: en el caso catalán, si se piensa bien, como ha observado Santiago González, la lengua propia es el aranés, la única que se habla en Cataluña y solo en Cataluña (a no ser, claro, que definamos “Cataluña” como “los territorios en donde existe un número suficiente de catalanohablantes”, como, de facto, vienen a hacer los nacionalistas cuando hablan de “Países catalanes”: una operación, eso sí, que los enfila en un catarata de paradojas, entre ellas, la de dejarlos sin argumentos frente a quien sostuviera que “el castellano es la lengua propia de España” y que “España es un territorio en donde existe un número suficiente de castellano hablantes”).
La igualdad
Según está línea argumental, las lenguas minoritarias --a las que algunos, con astuta y truculenta adjetivación, se refieren como lenguas “minorizadas”, insinuando la existencia de una política de exterminio-- se encontrarían en una situación de desigualdad que habría que corregir, eliminando las diversas formas de discriminación y, llegado el caso, favoreciendo distintas formas de “discriminación positiva”, medidas que refuercen su presencia institucional, que corrijan su condición de excluidas.
Quienes hacen uso de este argumento, con frecuencia, acuden a reflexiones que han servido para defender los derechos de minorías (negros, indígenas) o de segmentos de población (mujeres, fundamentalmente) víctimas de diversas formas de discriminación, lo que, entre otras cosas, se ha traducido en menores niveles de rentas y de posibilidades de acceso a ciertas posiciones sociales. En el pasado los miembros de tales grupos vieron limitados sus derechos, no pudiendo votar, ocupar cargos políticos y aún hoy su presencia pública –en particular en las instancias de decisión-- es significativamente menor que su presencia en el conjunto de la población, sin que existan circunstancias razonables para esa desproporción. Mientras no podemos decir que los ciegos estén discriminados por no poder conducir un autobús –al menos, a estas alturas de nuestro desarrollo técnico-- ni que los gordos sean maltratados por no ser incluidos en los equipos ciclistas, sí que cabe pensar que hay señales de discriminación –de trato desigual arbitrario-- hacia la mujeres, en tanto su presencia en las instituciones políticas está muy alejada del 50%, su proporción, más o menos, en el seno de la población.
La primera medida para combatir tales desigualdades consiste en eliminar las barreras que discriminan, las que por ejemplo, impedían elegir o ser elegido a los de cierto sexo, color de la piel o religión. Por eso se modificaron distintas constituciones liberales de los Estados que integran Estados Unidos, que para acceder a un cargo exigían formar parte de una religión o jurar en un libro sagrado. Repárese en que se eliminaron las barreras en lugar de obligar a las gentes a entrenarse para “que estén en igual condición” que los que saltan la barrera. No se exige a los ciudadanos a convertirse a una religión, a embeberse de ciertas prácticas culturales o a cambiarse de sexo o de color de la piel sino que se elimina la exigencia.
Muchas veces los mecanismos de discriminación son sutiles, mediados por circunstancias en las que no siempre se repara, como sucedía con preguntas sesgadas racial o sexualmente, que, de matute, se colaban en pruebas de inteligencia y que colocaban en peor posición a gentes cuya vida cotidiana poco tenía que ver con el paisaje informativo de referencia. Una prueba aritmética o lógica con ejemplos de críquet, de bolsa o de póker deja a muchas gentes en inferioridad de condiciones con independencia de sus capacidades inferenciales o de cálculo. Son otras formas de discriminación, no menos arbitrarias, basadas en filtros que nada tienen que ver con la identificación de competencia.
Cuando la eliminación de barreras no basta, en ocasiones, se ha optado por políticas de discriminación positiva. Durante mucho tiempo simplemente “parecía raro” que una mujer o los miembros de ciertas minorías –no de todas-- ocuparan ciertos trabajos, que, por ejemplo, fueran médicos o abogados. Esa circunstancia, reforzada por una extendida falacia estadística que lleva a atribuir a los individuos las rasgos medios o más frecuentes en el grupo a que pertenecen (“es chino, debe comer arroz”; “es árabe, debe ser musulmán”), contribuyó a desatar un conocido círculo vicioso de discriminación. Dada su escasa presencia, muchos de los potenciales usuarios de sus servicios “no se fiaban” de su buen hacer, lo que ni siquiera concedía a los discriminados la posibilidad de competir en condiciones de igualdad y, lo que es más grave, les llevaba a alejarse de unos estudios que de nada les iban a servir, lo que, a su vez, reafirmaba su condición de “raros”.
La situación, además, se agravaba cuando eso sucedía –y sucedía-- en las instancias de decisión política, porque el problema de la discriminación no siquiera era percibido. Por falta de portavoces, ni el problema de la discriminación ni los problemas de los discriminados aparecían en el debate político, Quienes no padecen los problemas sencillamente los ignoran. No por mala fe, sino porque no forma parte de sus experiencias. Sólo quienes se desplazan en silla de ruedas caen en la cuenta del escalón de las aceras. Sólo quienes frecuentan la seguridad social perciben los problemas de la asistencia pública. Solo las mujeres se daban cuenta de que ciertas enfermedades que ellas padecen sean ignoradas en la investigación médica. Por esa razón –entre otras-- se han defendido diversas formas de trato preferente a grupos sociales tradicionalmente discriminados. La tosca metáfora de la “visibilidad” merodea las injusticias que tratan de reparar las políticas de discriminación positiva, razonables en determinados ámbitos y durante cierto tiempo, hasta naturalizar la presencia de los excluidos.
¿Y qué pasa en nuestro patio? Pues que los conceptos se han maltratado hasta ocultar la realidad. A veces parece considerarse una injusticia el que una lengua tenga más hablantes. Es cierto que merced a los mecanismos descritos más arriba, a los que nos hacen caminar por las sendas más transitadas, la desigualdad de hablantes se traduce en desigual posibilidad de comunicación –desigual número de interlocutores potenciales--, pero ya se ha visto que no hay en esa circunstancia nada que reprochar. La “desigualdad” de hablantes, como tal, no supone injusticia alguna, a no ser que, sin más precisión, equiparemos desigualdad e injusticia. Algo que no tiene ni pies ni cabeza. Una distribución desigual de la riqueza puede ser injusta. Digo “puede” porque una distribución desigual de la renta, que proporcione más recursos a los más necesitados, puede resultar justa, pace a los entusiastas de las balanzas fiscales. Ahora bien, que en el mundo haya más o menos rubios o más o menos zurdos es otra cosa. Es cierto que la proporción de rubios puede ser resultado de una injusticia anterior, de unas políticas racistas que, por ejemplo, impidieran reproducirse a los morenos. Pero, incluso si así fuera, si aquella composición no fuera resultado de emparejamientos según los gustos –determinados o no biológicamente-- de cada cual, ello no justificaría que ahora desanduviéramos el camino y, en aras de no se sabe muy bien qué, impidiéramos reproducirse a los rubios o a los diestros. En el caso de las lenguas también puede que, en el pasado, se cometieran injusticias, algunas de ellas --seguramente la mayor parte-- no asociadas propiamente a la lengua, como invasiones o guerras, pero con consecuencias en las lenguas. Vamos, seguro que sucedió así con todas las lenguas que han sobrevivido, con el castellano, el catalán o el inglés. Pero a los que padecieron las injusticia en el pasado no hay modo de compensarlos. Desandar la historia hasta un supuesto tiempo inocente (¿cuál?), no sería deshacer una injusticia sino sumar, a la anterior otra nueva, que recaería sobre los únicos en condiciones de padecerla, los que están ahora y aquí.
La “igualdad de oportunidades” es un buen ejemplo de tergiversación de principios. Más exactamente, de políticas que, en realidad, se oponen al principio invocado. Una parte importante de las defensas de las políticas de inmersión lingüística se justifican “porque debemos evitar que existan catalanes de segunda”. Quienes esto sostienen asumen como si fuera un hecho caído del cielo, y no una apuesta institucional, que el “ascenso social” está asociado al conocimiento del catalán. Primero se pone la barrera y después se sostiene que debemos prepararnos para saltarla. Y si alguien levanta la mano para preguntar por qué no se aparta el obstáculo, se apela a los deseos de los corredores de ser entrenados para el salto. Unos corredores a los que, previamente, se les ha dejado claro que si no pasan el filtro no pueden jugar. Incluso de manera bastante explícita, como sucedía con un reciente tríptico editado por la Generalidad destinado a los emigrantes: «Quien quiera prosperar, ha de aprender el catalán». Como si los norteamericanos, en lugar de eliminar las barreras religiosas de las constituciones de sus estados, hubieran optado por exigir la conversión a sus ciudadanos.
Pero hay algo más que casi siempre pasa desapercibido en las apelaciones a la igualdad de oportunidades. Quienes defienden la necesidad de entrenarse para superar el filtro toman a la comunidad autónoma como unidad territorial relevante. La única igualdad que importa es la de los catalanes, los supuestamente discriminados. Y es aquí donde se hace más evidente el mundo al revés de las apelaciones a “las minorías discriminadas”. Un repaso superficial de los gestores y protagonistas de los medios culturales y de opinión (radios, televisiones, prensa) muestra que la situación de nuestras “minorías” se parece muy poco a la de los discriminados en otras partes del mundo. Más bien al contrario. Su presencia, como mínimo, se corresponde con su proporción en el conjunto de la población. No sólo eso, sino que están en condiciones de jugar, a la vez, en dos ligas. En la de todos y en el mercado local, sobre todo en comunidades en donde la lengua común está excluida de los medios de comunicación públicos. El problema, naturalmente, no es para los cuatro gatos que se pasean de aquí para allá por emisoras, redacciones o estudios de televisión. Esa es sólo la parte visible de algo más serio que afecta al conjunto de la población. En cada vez más partes de España, y en cada vez más ámbitos laborales (sanidad, enseñanza, administración, comercio) se han establecido barreras que impiden a los ciudadanos competir en condiciones de igualdad. La exigencia en las diversas comunidades con lengua propia del nivel C --o su equivalente-- para impartir clases en la Universidad, deja fuera de la competencia a la mayor parte de los potenciales docentes, tengan la calidad que tengan. Algo que, por supuesto, a quien primero perjudica es a los estudiantes de las universidades de esas comunidades.
Ahora, con el foco ampliado, resulta más evidente la tergiversación a la que se somete la idea de igualdad de oportunidades. Si nos atenemos a las “políticas normalizadoras”, el único medio de asegurar esa igualdad es que todos, en todas partes, aprendiéramos todas las lenguas: euskera, catalán y gallego, para empezar. Bueno, existiría otra, la que hemos visto defender en el paso citado al teórico del reconocimiento: el uso de la lengua común. De nuevo: “La educación pública estandarizada en un mismo idioma se ha considerado esencial si se quiere que todos los ciudadanos tengan iguales oportunidades laborales en la economía moderna. De hecho, la igualdad de oportunidades se define en razón, precisamente, del igual acceso a las principales instituciones que operan en el idioma de la mayoría”. Desde una perspectiva liberal se podrían poner pegar a su apelación a las “mayorías”, tan descuidada “con las minorías”; pero, las que se les pueden poner, se debilitan bastante cuando la lengua de la mayoría es también la lengua común, la lengua de todos en todas las comunidades autónomas.
Kymlicka, según esto, estaría en favor de hacer del castellano la única lengua en la enseñanza y en la administración. Una propuesta que no creo que sea defendible. Sobre todo cuando no hay problemas de compatibilidad entre objetivos como sucede con la igualdad de oportunidades y el derecho a ser atendido en la propia lengua, por mencionar un ejemplo muy querido de los nacionalistas. La protección de aquel derecho no tiene por qué suponer una violencia de la igualdad entre los españoles. Uno puede ser atendido en su propia lengua por algún funcionario sin que ello quiera decir que todos los funcionarios tengan que ser competentes en todas las lenguas oficiales. Algo a lo que por cierto estamos acostumbrados, merced a los sistemas telefónicos mecanizados, cuando nos piden que pulsemos un número u otro para orientarnos según la lengua en la que queramos ser atendidos, o, todavía más recientemente, y con más posibilidades, merced a Internet, en donde cada uno puede escoger –otra cosa es que se encuentre con-- información o impresos en la lengua que desee.
El maltrato de los conceptos alcanza su grado máximo al referirse a la “discriminación positiva”. Las medidas de “discriminación positiva” se pretenden justificar en el hecho de que las “lenguas propias” tienen menos hablantes, a su condición minoritaria. Una discutible elección de perspectiva. No es cosa de recordar ahora la sofisticada discusión académica anglosajona sobre la discriminación positiva, pero hay una cosa segura y es que el acento no se pone en la distinción entre mayorías y minorías, sino entre ganadores y perdedores. Algo, por lo demás, bastante acorde con el sensato principio de que las unidades de valoración son las personas y no las culturas o las lenguas. Las minorías importan únicamente en la medida que se corresponden con los excluidos. En Estados Unidos, las mujeres no son una minoría, pero, razonablemente, se les aplican medidas de discriminación positiva. Por contra, los judíos y los asiático-americanos, aunque minorías, no forman parte de los de abajo y no gozan de ventaja alguna. Las políticas de discriminación positiva empiezan por identificar a los que están fuera de juego, a los perdedores que son discriminados por compartir algún rasgo cultural o biológico. Pero no prestan atención a los WASP, que también son minoría y con trazas parecidas, rubios como la cerveza. En nuestro caso, no hay nada parecido a eso. Al revés, la discriminación positiva ha servido, está sirviendo, para sancionar políticas manifiestamente antigualitarias e injustas, que penalizan a los peor situados. Cuando se ha traducido en política ha resultado algo peor que maltratar a las palabras, ha maltratado a las gentes. Ha consistido en dar a los que ya tienen. Miremos las cosas de cerca.
Empecemos por la cartografía y veamos luego quién cuenta y quién no: el 53,5% de los catalanes tiene como lengua materna el castellano; el 40,4 %, el catalán. Eso sin incluir en la contabilidad a los inmigrantes llegados en los últimos años, mayoritariamente de lengua castellana. La información sobre los apellidos también ayuda: los primeros veinte son los mismos que uno se encuentra en Madrid, los Pérez, Martínez y demás. García, por cierto, es el más común en cada una de las comarcas catalanas. La superestructura se parece poco a ese paisaje. Basta con examinar la composición del parlamento catalán. Hace pocos años, y las cosas no han mejorado, el 43% de la población catalana reconocía que su "identidad lingüística" era el castellano, entre los parlamentarios, cuando se les preguntaba si se consideran castellanohablantes, la cifra se quedaba en el 7,1%. Vamos, que si examinamos las señales que en otros lugares de mundo han llevado a justificar la “discriminación positiva”, no hay nada parecido a discriminación hacia “los catalanes”. En realidad, la situación es la opuesta. Si hubiera que tomarse en serio los principios que justifican la discriminación positiva, si hay que garantiza la presencia a quienes están fuera de juego, habría que hacer exactamente lo contrario de lo que hacen quienes la invocan y otorgar más representación a los que no resultan “visibles” en las instancias de poder. Sólo hay que ver las políticas culturales –lingüística, educativa, teatral, etc. - de quienes deciden para ver cuál es el paisaje cultural desatendido, la agenda política que importa. Cada cual puede interpretar como les guste el cuadro descrito, pero lo que no puede es ignorarlo. Por ejemplo, a la hora de entender por qué en Cataluña la abstención es mucho más elevada en las elecciones autonómicas que en las generales y se concentra sobre todo entre las familias castellanoparlantes, las más pobres por cierto. Blanco y en botella.
Quizá no esté de más advertir que, también ahora, la crítica anterior se ha desarrollado en el territorio elegido por los nacionalistas, cuando, en sus reivindicaciones de igualdad “de reconocimiento” y de reclamar medidas de discriminación positiva, utilizan criterios lingüísticos. La ecuación entre “Cataluña” y “la lengua catalana” es suya, es la que lleva a hablar de “lenguas propias” y, cabe pensar, “impropias”. Por lo demás, no es raro que se quiera atar la identidad a la lengua. Cuando se examina la realidad social y se rastrean comunidades de identidad vinculadas a las pautas culturales o, al modo anglosajón, a la procedencia, la “identidad nacional” se deshace como las lagrimas en la lluvia. Los catalanes somos como el resto de los españoles, si nos atenemos a las fiestas populares, los tipos de familia, los modos de vida, las pautas de consumo, incluido el cultural o el deportivo. Si utilizamos el criterio de la frecuencia de apellidos, que algo nos dice sobre orígenes, sobre raíces y sobre movilidad y mestizaje, Barcelona es, después de Madrid, la ciudad que se corresponde con más fidelidad al perfil del conjunto de España. En realidad, si hay que precisar, Lugo y Huesca, son las ciudades con más “identidad” propia. Previsible. Y es que allí el mestizaje es mínimo. Los que pueden, se marchan y sólo quedan los auténticos, las esencias.
La cohesión social
Según esta línea de argumentación, el aprendizaje de la lengua común –y, en el parecer de algunos, el paisaje cognitivo compartido asociado a ella-- queda asegurado por la sociedad, por el peso del castellano y, si no se quiere evitar la división en dos comunidades culturales, es mejor dejar a “la sociedad” la enseñanza del castellano y consagrar la escuela a las lenguas minoritarias, a la inmersión. Se contienen aquí dos tesis diferentes que, aunque con frecuencia se despachan juntas, no están exentas de problemas de compatibilidad. Una sostiene que la lengua común no es cosa de la escuela, que se aprende en la calle. La otra que cualquier otra política –distinta de la de inmersión, por ejemplo, la enseñanza bilingüe-- propiciaría el enfrentamiento cultural. Si me ciño a la educación es, de nuevo, por situarme en el terreno nacionalista: quienes acuden al argumento de la cohesión lo hacen únicamente para justificar la política educativa y, por lo común, callan a la hora de justificar otras comunes prácticas de exclusión del castellano. Por ejemplo, nunca he visto a nadie apelar a la necesidad de evitar la división para defender la políticas de utilizar únicamente “la lengua propia” en las calles, los hospitales, la administración, los comercios o los medios públicos de información.
Según el primer argumento, el peso social del castellano haría innecesaria su enseñanza. Al final de la escolarización, la combinación de la política de inmersión en la lengua propia y la exposición social a la común bastarían para que los jóvenes resultaran competentes en las dos lenguas. Una exposición social que, por cierto, los nacionalistas penalizan e intentan borrar de las prácticas sociales, por ejemplo, exigiendo a los comerciantes una determinada lengua en su trato con la administración, en sus facturas u ofertas de contratos.
El argumento, por lo común, se completa con una réplica a quienes defienden el derecho de los padres a escoger la lengua de escolarización. Del mismo modo, se nos dice, que el sistema educativo no tiene porque satisfacer el deseo de un padre de que a su hijo le enseñen la teoría del diseño inteligente, en lugar de la selección natural, o quiromancia, en lugar de medicina, tampoco tiene porque satisfacer un inexistente derecho a escoger la lengua de escolarización.
Un argumento a atender. Los hijos no son muebles. Uno no puede hacer lo que quiera con los hijos “porque son míos”. Por eso prohibimos la venta, la explotación o los abusos de niños, por los padres o por quien sea. Y, desde luego, los padres no tienen nada que decir, en tanto que padres, acerca del contenido de las enseñanzas. Tampoco, dicho sea de paso, los estudiantes: lo tendrían si fueran competentes, pero en tal caso, no serían estudiantes. También por eso, y alguna otra cosa más que no viene ahora a cuento, resulta discutible la exigencia de que en las escuelas públicas –o con cargo a los presupuestos-- se imparta enseñanza religiosa. La instrucción pública no tiene que enseñar puntos de vista, por así decir, de “parte”. Tanto da que existan más o menos católicos, islamistas o judíos o, dicho sea de paso, comunistas, democratacristianos o liberales, que al cabo también en las perspectivas políticas hay valores y concepción del mundo. El problema, obviamente, no es de número, sino de principio. Y los principios, los derechos, protegen a todos por igual. Su alcance no cambiaría si mañana, por lo que sea, proliferasen los musulmanes y decayeran los católicos. De estar justificado, el derecho a “ser educado en las propias convicciones religiosas o morales”, alcanzaría a cualquier contenido doctrinal, sin que importe, a tal efecto, que una religión tenga más o menos practicantes, ni tampoco, dicho sea de paso, si es más o menos desatinada o cruel. Se está apelando al “derecho a enseñar en los propias convicciones”, sin mención alguna a la evaluación del contenido de las enseñanzas. Cualquier mención a su contenido, a su calidad moral o, en general, intelectual, supondría, de facto, asumir una evaluación pública que es exactamente lo que rechazan los defensores del “derecho a enseñar en las propias convicciones”. Todo lo dicho, claro, vale también para el adoctrinamiento nacionalista, el explícito o el encubierto.
Ahora bien, una cosa son los contenidos, la información, y otra el instrumento mediante el cual se aprenden, la lengua. Los padres, pueden elegir llevar a sus hijos al Liceo Francés o al Instituto Goethe, aunque una vez allí no deciden qué materias –ni su contenido-- les enseñan. Hay que buscar otras razones, distintas de las anteriores, de la competencia en la materia, para negar el aprendizaje en la lengua materna, la que los niños utilizan en su trato con el mundo, al referirse a las cosas o al pedir ayuda a los padres con los deberes. Y aquí valen –o dejan de valer-- los argumentos tantas veces utilizados por los nacionalistas para defender la primera enseñanza en la lengua materna, cuando acudían a los informes de la UNESCO, o, en una escala más doméstica, a Rosa Sensat, para sostener que “no estudiar en la lengua materna, perjudica gravemente el desarrollo intelectual de los niños”. Desde luego, quien parece convencido de ello es el gobierno vasco que, sabedor de que los jóvenes de lengua castellana escolarizados en euskera obtienen peores resultados en la “lengua propia” que en la suya, “propició” que casi todos ellos realizaran en castellano las pruebas del informe PISA, que permite tasar el estado de los sistemas educativos, no sea que cayéramos en la cuenta de que se obtienen niveles de conocimiento más bajos cuando no se escolarizan en su lengua materna. En todo caso, si los argumentos cognitivos valen para defender la enseñanza en la lengua materna, valen para cualquier lengua, y, tal vez, más en el caso del castellano, que es la lengua de todos, el paisaje cognitivo con el que se relacionan con la realidad, cosa que, por cierto, dan por sentado los nacionalistas cuando insisten en que “es la lengua de la calle”.
En el caso de abandonar el argumento cognitivo, y habría que dar razones poderosas para hacerlo después de tantos años acudiendo a él, la justificación de que, puestos a sumergir en una única lengua, hay que optar por la que se utiliza menos, se queda bastante desnuda. Si hay que optar, ¿por qué en la lengua minoritaria? Pues porque la otra, se nos dice, “se aprende en la calle”. Tomada en serio, la tesis de la calle invitaría a cerrar las escuelas en la lengua común, a abandonar la enseñanza del francés en Francia o del alemán en Alemania. En España, incluso habría que abandonar la enseñanza del castellano antes en Madrid que en Tarragona puesto que allí se está más expuesto a la lengua común. Eso, claro, siempre que creamos que hay peligro de división en comunidades culturales y que la convivencia que nos preocupe sea la de todos los españoles. En realidad, si aplicamos aquel principio, el mejor modo de asegurar que todos los ciudadanos nos manejamos libres e iguales en la España plural, consistiría en sumergirnos en todas las lenguas salvo en la que todos utilizamos, en la de la calle.
Estamos ya en la otra tesis del argumento de la cohesión, según el cual, la inmersión asegura que se aprendan las dos lenguas y evita la existencia de conflictos, la consolidación de dos comunidades lingüísticas separadas. Es más, se añade, la ausencia de quejas mostraría que las cosas son de ese modo, que no se producen divisiones entre los ciudadanos. Quienes sostienen lo contrario no harían sino politizar el debate, generar un conflicto donde no lo hay.
Con independencia de que la falta de quejas no se puede tomar como indicio de justicia, a no ser que estemos dispuestos a dar por buena la situación de las mujeres en la India, muy satisfechas con la dominación que padecen, en el “debate” hay un uso particularmente cínico de la, supuesta o real, ausencia de quejas: se emplea para acallar las quejas. Cada vez que alguien critica la política lingüística se le acusa de crear una polémica inexistente o, aún más divertido, de hacer política con la lengua. Asombroso. Si a cualquiera que dice que hay conflicto se le acusa de crear conflicto, esto es, si las quejas resultan condenables en tanto que quejas, desde luego que no aparecerán las quejas. Se está sencillamente cancelando la posibilidad del conflicto. Peor aún la denuncia del conflicto se considera –la causa de– el conflicto. Es como si a quienes llaman la atención sobre la discriminación de las mujeres en la India se les reprochase generar el conflicto que denuncian.
En el trasfondo de esa prohibición del conflicto hay una confusión acaso interesada entre un problema y su denuncia, una trampa: quienes se quejan de la política lingüística no hacen política lingüística por la misma razón que las mujeres que denuncian el acoso no están acosando, ni los que se oponen a la guerra están en la guerra, ni los que critican una película hacen cine. En todo caso, resulta chocante que quienes llevan a cabo políticas lingüísticas descalifiquen a los críticos porque “hacen política con la lengua”.
Sea como sea, el argumento de la cohesión equipara cualquier forma de bilingüismo a “fractura social”, a “enfrentamiento cultural”. Una asimilación que requiere avales que no se ven por parte alguna. Desde luego, no es la experiencia de Finlandia, un país bastante cohesionado, con escuelas monolingües en finlandés, monolingües en sueco, además de bilingües. En realidad, uno tiene la impresión de que el enfrentamiento puede aparecer cuando la lengua de tantos es ninguneada por las instituciones. Por otra parte, y esto es lo fundamental, lo que habría que justificar es por qué el “argumento de la división” opera en una sola dirección, en favor de las lenguas minoritarias, y no del castellano. Si apostar por una única lengua fuera el mejor modo de evitar el conflicto, de asegurar la cohesión, el castellano debería ser la lengua de enseñanza. Valdrían las mismas razones de los nacionalistas en favor de la exclusiva enseñanza en catalán, la conveniencia de evitar la separación en líneas de educación, en comunidades culturales, y algunas otras más importantes: es la lengua mayoritaria y común en las distintas comunidades autónomas, la argamasa local, y la común a todas ellas, la argamasa nacional, y, sobre todo, la más usada por aquellos con indiscutibles problemas de integración, los emigrantes. Vamos, de nuevo las tesis de Kymlicka, que, lo que son las cosas, acabaría por resultar un fanático españolista.
Para concluir
Las políticas “de normalización lingüística” no nos han dado ni un día ni un lugar para la tregua. Esas políticas, que rigen buena parte de la vida –empezando por la laboral-- de los españoles, de todos, de los de Albacete y de los de Tarragona, son el busilis en torno al cual se han vertebrado tesis políticas que han servido para sancionar la reorganización de Estado. Los nacionalistas han transitado de las lenguas propias a la exigencia de formas más o menos encubiertas de soberanía sin perder un minuto en detallar las premisas intermedias, las que llevan de unas cosas a otras. Los nacionalistas y, vamos a decirlo todo, buena parte de una izquierda, que, a falta de mejores causas, o por lo menos más claras, se embarcó en las de los nacionalistas, sin saber muy bien lo que adquiría, como ha quedado claro cuando, con cara de tonta, ha descubierto que el lote de las identidades incluía cosas como unas singulares balances fiscales al amparo de las cuales se condenan las redistribuciones de riqueza.
Como siempre, lo primero es mirar la realidad de frente y no decorarla. Ni escamotearla ni hacer de la necesidad virtud. En muchas e importantes dimensiones de la vida, la diversidad de lenguas es, antes que otra cosa, una fuente de dificultades, un problema que hay que conllevar y al que hay que dar una solución política. En Europa nos irían las cosas bastante mejor si nos manejásemos en una lengua común o, por lo menos, en una lengua franca. Como oportunamente recordó Sánchez Ferlosio, se equivocó el presidente cuando dijo que “las lenguas están para entenderse”. Es la lengua la que está para entenderse.
Por suerte, en España disponemos de una lengua común y franca. Parece justificado utilizarla en aquellas actividades colectivas que alcanzan a todos a la vez y que no afectan a derechos. No veo a quién se deja de reconocer por utilizar una lengua común –en lugar de tres o cuatro-- en la rotulación de las carreteras, un bien público que hemos de usar todos, gentes que van de aquí para allá, y que requiere transmitir la información con la máxima economía de medios, sin distraer la atención. Tampoco creo que lo hubiera en la matriculación de los automóviles con la letra “E”, a pesar de las terribles tensiones que, según los nacionalistas, dicha medida iba a desatar, lo que animó a La Vanguardia --es de suponer que para aplacar las tensiones --a regalar adhesivos con matrículas ilegales, ante la indiferencia general de sus lectores. No había allí operación centralista alguna, sino simple sentido común, a no ser que consideremos anticentralistas las matriculas “de Franco”, las provinciales, aún más “cercanas al ciudadano” que las autonómicas.
Una reflexión más completa sobre estos asuntos debe tener en cuenta, además de la eficacia, las circunstancias particulares de cada lugar y, sobre todo, los derechos de las minorías, esos que parece olvidar Kymlicka, cuando defiende políticas que, aplicadas, conducirían a hacer de la lengua común la única lengua. Es ahí donde hay lugar para las lenguas “propias”. En atención a los derechos, lo razonable en matrículas y carreteras, puede no serlo al abordar el trato de los ciudadanos con la administración. Las consideraciones de eficacia o de cohesión pierden aquí buena parte de su peso. Es cierto que, con los soportes tecnológicos tradicionales, una documentación bilingüe es más costosa y menos eficaz, pero en la vida hay más razones que las contables. (De todos modos, tengo para mí que nuestros nacionalistas, para borrar las huellas del castellano, no perderían un instante en echar mano de los argumentos de Kymlicka, en apelar a la mayoría y a la eficacia, si, allí donde gobiernan, la “lenguas propias” fuese la de mayor uso. De hecho, sin serlo, ya sucede así en Cataluña, incluso con la mayoría de las páginas de Internet y eso que, en ese medio, el coste del bilingüismo, a largo plazo, es cero. )
Y es que no debemos confundirnos acerca de lo que está en juego. Si no para iniciar el debate siempre aplazado, el manifiesto, al menos, ha servido para mostrar que en estos asuntos hay algo más que sensibilidades ofendidas e ingenuidad. Que la identidad cotiza estratégicamente hoy lo saben todos. Como aquí el más tonto hace relojes, hoy podemos leer cosas como: "Los leoneses hemos sido capaces de desarrollar un idioma propio, el nuestro, que es el máximo exponente de nuestra cultura y el que ha dado forma a nuestra manera de ver el mundo, de sentir el mundo. Como leoneses no podemos permitir que la humanidad pierda uno de sus idiomas, el idioma propio de León, la Llingua Llïonesa." No, quienes escriben estas cosas, los de Unión del Pueblo Leonés, no han perdido el juicio, o no más que los que, echando mano del bable, el castúo o el murciano, escriben cosas parecidas.
Que nadie se engañe, aunque lo llaman identidad quieren decir poder propio o, simplemente, dinero. Los nacionalistas descubrieron el camino y los demás han tomado nota. Basta con pasearse por los barrocos preámbulos de los nuevos estatutos de autonomía para comprobarlo. Los vascos, con sus siete mil años, según Ibarretxe: unos recién nacidos.
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